STC12767-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12767-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00615-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00b0 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hernando Mej\u00eda Bonilla y Mar\u00eda Patricia Rojas Londo\u00f1o, contra la Sala Especializada en lo Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la defensa, a la igualdad y de petici\u00f3n, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco de la salvaguarda que promovieron contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, con radicado No. 2020-02046-00. <\/p>\n
Solicitan entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, \u00abconceder la tutela al derecho fundamental al debido proceso (\u2026) y tener como \u201cciertos\u201d y en \u201cderecho\u201d lo alegado \u201cdentro del derecho de petici\u00f3n\u201d invocado y se declare la nulidad de lo actuado con las consecuencias previstas en el c\u00f3digo civil y C\u00f3digo contencioso administrativo\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aducen en compendio, que dentro del referido amparo presentaron una petici\u00f3n el 12 de enero del presente a\u00f1o, que no fue respondida por la Corporaci\u00f3n convocada, por lo que se configur\u00f3 el \u00absilencio administrativo positivo\u00bb, solicitud a trav\u00e9s de la cual insistieron en que se accediera a la nulidad, a la postre negada en prove\u00eddo ATL126 del 3 de febrero de 2021. <\/p>\n
Narran que en la solicitud de invalidaci\u00f3n hab\u00edan insistido con escrito del 19 de noviembre y 1\u00ba de diciembre de 2020, que la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte hab\u00eda decidido la tutela en primera instancia \u00abcon objeto y causa il\u00edcita para favorecer a un tercero\u00bb, raz\u00f3n por la cual no se pod\u00eda negar su solicitud con sustento en que no estaba expresamente se\u00f1alada en el ordenamiento procesal civil, ya que lo que pidieron fue la \u00abnulidad absoluta\u00bb que contemplan los art\u00edculo 1742 a 1746 del C\u00f3digo Civil, circunstancias que, en su criterio, justifican la intervenci\u00f3n en el asunto por parte de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). El Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga inform\u00f3, que all\u00ed Jos\u00e9 Ramiro Betancur P\u00e9rez adelant\u00f3 proceso ejecutivo en contra de los aqu\u00ed accionantes, radicado 2009-00131-00, que termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito y se encuentra archivado, y que, de otro lado, fue vinculado a otra acci\u00f3n de tutela contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa ciudad, que se tramit\u00f3 por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte, bajo el consecutivo 2020-02046-00, dentro de la cual el 2 de septiembre de 2020 se neg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
b). Las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral limitaron su intervenci\u00f3n a remitir copia de las decisiones que emitieron dentro de la acci\u00f3n constitucional de la referencia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n de Penal de esta Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, al no encontrar que \u00abel auto controvertido configure alguna de las causales especiales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, pues, sin lugar a dudas, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad amparada en el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, corresponde tal actuaci\u00f3n cuando \u00abla solicitud (\u2026) se funde en causal distinta de las determinadas en este cap\u00edtulo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, destac\u00f3 la Corporaci\u00f3n judicial accionada que HERNANDO MEJ\u00cdA BONILLA y MAR\u00cdA PATRICIA ROJAS DE LONDO\u00d1O denunciaron una incorrecci\u00f3n inexistente con el firme prop\u00f3sito de insistir en las alegaciones e inconformidades planteadas tanto en la demanda de tutela como en la impugnaci\u00f3n propuesta, desconociendo con ello que corresponde a la Corte Constitucional, en sede de revisi\u00f3n, examinar las decisiones judiciales controvertidas. <\/p>\n
Ante tal panorama, no es posible atribuir a la autoridad judicial que conforma el extremo pasivo de esta acci\u00f3n la violaci\u00f3n de derechos fundamentales denunciada. Se negar\u00e1, por ende, el amparo pretendido. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron los promotores de la protecci\u00f3n, haciendo \u00e9nfasis en que pidieron protecci\u00f3n sobre el derecho de petici\u00f3n ante la falta de respuesta por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte a la solicitud que le elevaron el 12 de enero del presente a\u00f1o, lo cual dejaron claro en el escrito inicial al se\u00f1alar que no estaban \u00abpresentando \u201crecursos\u201d contra la \u201csentencia\u201d ni contra el \u201cincidente de nulidad\u201d \u2026\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende entonces, pronta resoluci\u00f3n, respuesta de fondo, y, notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n
2. Sin embargo, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC064-2021). <\/p>\n
En igual sentido se ha precisado, que \u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Cit.). <\/p>\n
Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva. <\/p>\n
3. En el presente caso, los ciudadanos Hernando y Mar\u00eda Patricia se quejan, en suma, porque la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no emiti\u00f3 pronunciamiento alguno frente a la \u00abpetici\u00f3n\u00bb elevada el 12 de enero del presente a\u00f1o, para que se declarara la nulidad del tr\u00e1mite de la tutela que presentaron contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, lo que, en su sentir, tiene efectos de \u00absilencio administrativo positivo\u00bb. <\/p>\n
4. Bajo esa perspectiva, aprecia la Corte sin lugar a dudas, que lo pretendido por los gestores del amparo se refiere a temas propios del tr\u00e1mite constitucional en comento, por lo que debe ser analizada en el marco legal del mismo, y no como el ejercicio del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional; de modo que, m\u00e1s all\u00e1 que aquellos hayan formulado la solicitud memorada por v\u00eda del derecho de petici\u00f3n, no pueden pretender que a su requerimiento deba d\u00e1rsele respuesta bajo la perspectiva de tal garant\u00eda, y por ende, que su inobservancia constituya un quebrantamiento de la misma. <\/p>\n
6. Bajo este panorama, al haberse cumplido lo puntualmente solicitado por los actores a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n desde antes de presentarse la tutela el 25 de marzo pasado, en el marco de las reglas del referido proceso, tal como correspond\u00eda, la Corte colige que no existe acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna por parte del Despacho accionado que amerite la intervenci\u00f3n excepcional e impostergable del juez de tutela. <\/p>\n
Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que \u00abel objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d\u00bb (T-130 2014). <\/p>\n
7. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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