STC12768-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12768-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-10-000-2021-00104-01 <\/p>\n
(Aprobado en sala virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 31 de agosto de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la tutela que Carlos Arturo Cano Bedoya le instaur\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esa capital, extensiva a los involucrados en el consecutivo 76001311000720200005000. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, petici\u00f3n, informaci\u00f3n, m\u00ednimo vital y m\u00f3vil\u00bb, para que se ordenara la \u00ab(\u2026) correcci\u00f3n del Oficio n\u00ba 345 de fecha 31 de agosto de 2020 y que d\u00e9 respuesta [de] fondo a lo solicitado en los derechos de petici\u00f3n de fecha 16 de Julio y 09 de agosto del a\u00f1o en calenda\u00bb y, en consecuencia, se dispusiera la \u00absuspensi\u00f3n de la medida de embargo\u00bb y \u00absi esta no decide corregir el oficio n\u00ba 345 de fecha 31 de agosto de 2020, de acuerdo con su facultad discrecional y Constitucional que le asiste decretar la nulidad del oficio n\u00ba 345 de fecha 31 de agosto de 2020, proferido por la Juez s\u00e9ptima de Oralidad de Cali\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que en el juicio de alimentos que en su contra formul\u00f3 Mar\u00eda Enith Montoya (rad. 2020-00050), solicit\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cali copia del expediente digital (31 may. 2021), y al remit\u00edrsele de manera incompleta, insisti\u00f3 \u00ab[en] el envi\u00f3 de los audios y filmaciones que fueron realizadas el d\u00eda de la audiencia llevada a cabo con fecha 04 de mayo del a\u00f1o en calenda\u00bb (9 jun.) <\/p>\n
Asever\u00f3 que por tercera ocasi\u00f3n reclam\u00f3 la correcci\u00f3n del oficio n\u00ba 345 de fecha 31 de agosto de 2020 y la expedici\u00f3n de duplicado de este, en raz\u00f3n a que \u00abel valor incongruente descrito en el mismo no guarda una relaci\u00f3n de causalidad por los valores adeudados\u00bb (16 jul.) y, posteriormente, envi\u00f3 dos nuevos pedimentos similares (9 y 11 ag.), suplicando respuesta a sus anteriores requerimientos, \u00absin que se haya obtenido una respuesta efectiva y eficaz y diligente por parte del Juzgado 7\u00ba de Familia de Oralidad de Cali\u00bb, porque el 19 de agosto hoga\u00f1o, se pronunci\u00f3 de manera parcial \u00absin dar contestaci\u00f3n de fondo y lo m\u00e1s grave no aporta copia del oficio n\u00ba 0345 de fecha 31 de agosto de 2020, con lo solicitado en los derechos de petici\u00f3n de fecha 16 de julio y 09 de agosto del a\u00f1o en calenda\u00bb. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que se transgredieron sus garant\u00edas fundamentales \u00abante la medida cautelar desproporcionada y desmedida expresada por el juzgado 7\u00ba de familia de oralidad de Cali a trav\u00e9s del oficio No. 0345 de fecha 31 de agosto de 2020, que fue expedido por el despacho sin haber hecho la correcci\u00f3n solicitada (\u2026) porque se le ha embargado una cuenta de ahorros donde se haya depositados un valor de $ 64.000.000 Millones, que fueron concedidos por una entidad bancaria en este caso por el Banco de Colombia de Agua Chica Cesar, para poder pagar todas sus obligaciones bancarias, como lo adeudado a la demandante que no suman m\u00e1s de 12.000.000\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cali inform\u00f3 que \u00abel d\u00eda 24 de agosto de 2021 (\u2026) profiri\u00f3 auto que se est\u00e1 notificando a las partes por estado\u00bb y aport\u00f3 copia digitalizada del infolio. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cali desestim\u00f3 el ruego, tras advertir la carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto \u00abla Sala al revisar el expediente digital encuentra que el oficio al que hace menci\u00f3n el accionante, solo trata del embargo y retenci\u00f3n de las sumas de dinero que se encuentren en las cuentas de ahorro, corriente o cualquier t\u00edtulo bancario que sean susceptibles de embargo y que pertenezcan al se\u00f1or CARLOS ARTURO CANO BEDOYA, por lo que la suma indicada en l\u00edneas pasadas y motivo de solicitud carece de fundamento (\u2026) se advierte de la respuesta dada por el accionado que en la actualidad se encuentran satisfechas las inquietudes del accionante y que calific\u00f3 como trasgresoras de sus derechos fundamentales, habida cuenta que en providencia del 24 de agosto de la presente anualidad orden\u00f3 el desembargo de los dineros recaudados en exceso; dispuso el fraccionamiento un t\u00edtulo a efectos de retornar a la cuenta del accionante la suma superior a los treinta y nueve millones de pesos; le concedi\u00f3 cita para que tuviera acceso al expediente, etc., encontrando la Sala que, como se advirti\u00f3, los hechos que motivaron la acci\u00f3n ya fueron superados\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el precursor, aduciendo que el a quo desconoci\u00f3 en la lid debatida, que (i) \u00abEl poder que fue debidamente otorgado al profesional de derecho, en este caso al Dr. JOS\u00c9 MANUEL ALMARIO GALVIZ, Q.E.P.D, fue \u00fanicamente para que en su nombre solicitara el levantamiento de la medida de alimentos que reca\u00eda a favor de sus dos hijas, de conformidad con lo ordenado por el Juzgado 2\u00ba de Familia de Oralidad de Cali, pero nunca a favor de la madre de sus hijas, por no existir prueba alguna que as\u00ed lo haya acreditado u ordenado\u00bb; (ii) La \u00abfalta de asistencia t\u00e9cnica en virtud de que, si bien es cierto que le hab\u00eda dado poder al profesional del derecho en cita, este no cumpli\u00f3 con lo encomendado y decidi\u00f3 realizar otro mandato que no estaba consagrado en el poder otorgado, (\u2026) Como tampoco valor\u00f3 las dos pruebas documentales ya citadas, como es el caso sub examine del Poder que fue otorgado al togado Dr. JOS\u00c9 MANUEL ALMARIO GALVIZ Q.E.P.D, pues seg\u00fan \u00e9l, para solicitar la terminaci\u00f3n del proceso y de paso levantar la medida cautelar hab\u00eda que convocar a una conciliaci\u00f3n, cosa que no era as\u00ed, bastaba tan solo presentar los registros civiles para demostrar la mayor\u00eda de edad de sus hijas, probar que no estaban estudiando, como tambi\u00e9n probar su emancipaci\u00f3n de hac\u00eda ya unos tantos a\u00f1os\u00bb; y (iii) \u00abTampoco le dio valor probatorio a la citaci\u00f3n que fue realizada por parte de la Abogada Conciliadora de la Personer\u00eda Municipal de Santiago de Cali; citaci\u00f3n esta que era suficientemente clara, toda vez que se cit\u00f3 a las hijas y a la madre quien para la \u00e9poca representaba a sus dos hijas menores en calidad de demandante, con el \u00fanico prop\u00f3sito de solicitar el levantamiento de Alimentos que ya exist\u00eda a favor de sus hijas\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, aleg\u00f3 que no hay lugar al \u00abhecho superado\u00bb, comoquiera que el Tribunal de Cali inobserv\u00f3 (i) \u00abLas dos pretensiones importantes, como fueron la Solicitud de la Suspensi\u00f3n de la Medida de Embargo hasta tanto se resolviera la demanda de Nulidad que cursa dentro del Juzgado 26 Civil Municipal de Cali desde el a\u00f1o 2020\u00bb; (ii) Que \u00abse encuentra hospitalizado en una cl\u00ednica de Bucaramanga como consecuencia del stress y de sentirse peor que un indigente con la actitud de falta de valoraci\u00f3n de la pruebas de manera integral y con la afectaci\u00f3n de su mesada (\u2026) con relaci\u00f3n al no expedir los referidos oficios rectificando su grave error que fue cometido por ella\u00bb y, (iii) Porque la funcionaria acusada asegur\u00f3 haber solventado sus rogativas en auto de 24 de agosto \u00faltimo, situaci\u00f3n cierta parcialmente, pues lo emiti\u00f3 \u00abde manera apresurada (\u2026) como consecuencia de la Segunda Acci\u00f3n de Tutela que fue presentada por hechos y situaciones absolutamente diferentes por violaci\u00f3n de los derechos de Petici\u00f3n que fueron incoados con fecha 31 de mayo, junio julio y agosto ante el Juzgado 7\u00ba de Familia de Oralidad de Cali (\u2026), sin que se haya resuelto de fondo el tema de la violaci\u00f3n del Principio de Proporcionalidad, en raz\u00f3n que mi mandante se desplaz\u00f3 hoy al Banco con base a ese oficio y no pudo ser desembargado las cuentas bancarias del demandado a pesar que as\u00ed lo dejo entrever la Juez de manera silenciosa pero poco eficaz, donde decide fraccionar el valor de los $ 64.000.000 Millones a favor del demandado el Valor de $ 39.000.000 y Los otros $ 24.000.000 Millones de Pesos los deja en suspenso pero estos famosos oficios no le han llegado al Banco para que el accionante pueda disponer de estos dineros, afectando el M\u00ednimo Vital y M\u00f3vil por parte del entidad accionada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente, se aclara que cuando se hacen \u00absolicitudes\u00bb a las autoridades judiciales calificadas por los interesados como \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb, concernientes con procesos a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales el querellante busca adelantar una actuaci\u00f3n propia del rito o la emisi\u00f3n de una determinada providencia, de aqu\u00e9llas cuando se pretende un proceder administrativo. <\/p>\n
Las primeras se relacionan con el dossier y se rigen bajo las reglas de este. Las segundas, por el contrario, se enmarcan en el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb y son susceptibles de custodiarse por esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
Por tanto, el atributo consagrado en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no tiene cabida en la \u00f3rbita de los \u00abprocesos\u00bb, salvo en lo relativo a gestiones de linaje \u00abadministrativo\u00bb. Ello se explica porque son las normas procedimentales las que regulan las respuestas otorgadas a las exigencias de los sujetos procesales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026\u201d (STC8023-2020, reiterada en la STC6517-2021). <\/p>\n
2.- En el sub lite, centrada la atenci\u00f3n de la Sala en lo que fue materia de impugnaci\u00f3n, esto es, la negaci\u00f3n del resguardo frente a la \u00abcorrecci\u00f3n del oficio n\u00ba 345 de fecha 31 de agosto de 2020 y le expidiera copia de este, en raz\u00f3n a que el valor incongruente descrito en el mismo no guarda una relaci\u00f3n de causalidad por los valores adeudados\u00bb y, dado que se refieren a cuestiones de car\u00e1cter jurisdiccional ante el estrado reprochado, no habr\u00eda lugar, eventualmente, a establecer el quebranto del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, sino al \u00abdebido proceso\u00bb. <\/p>\n
2.1.- Es as\u00ed, como de la contestaci\u00f3n ofrecida por el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cali, se vislumbra, ab initio, la convalidaci\u00f3n del veredicto opugnado, porque se advierte la \u00abcarencia actual de objeto por hecho superado\u00bb. <\/p>\n
Se predica lo anterior, en la medida que se acredit\u00f3 que, durante el tr\u00e1mite de este mecanismo excepcional, la autoridad convocada dict\u00f3 el prove\u00eddo de 24 de agosto del a\u00f1o en curso, notificado en estado n\u00ba 138 del d\u00eda 26 siguiente, en el que dispuso: <\/p>\n
\u00ab3. En relaci\u00f3n con la petici\u00f3n relativa al oficio 345, que se evidencia corresponde a la comunicaci\u00f3n del embargo decretado frente a las cuentas del demandado, se considera: <\/p>\n
i) que el mismo se diligenci\u00f3 en acatamiento de la orden de embargo decidida en el auto de mandamiento de pago, del 21 de julio de 2020, y que del mismo se enter\u00f3 el demandado, pues contest\u00f3 la demanda refiri\u00e9ndose al mandamiento de pago, concretamente en el punto 4 de sus PETICIONES, luego es evidente que lo conoci\u00f3 desde entonces y no fue objeto de recurso alguno, pues su defensa se centr\u00f3 en la inexistencia de la deuda; <\/p>\n
ii) que la petici\u00f3n que presenta ahora se entender\u00e1 como una petici\u00f3n de reducci\u00f3n de embargo, a t\u00e9rminos de lo establecido en el art\u00edculo 600 del C.G.P., que encuentra viable el despacho decretar de plano, toda vez que los dineros recaudados hasta el momento, exceden el doble del cr\u00e9dito cobrado inicialmente, las costas y la liquidaci\u00f3n provisional que efect\u00faa el despacho (aproximado de $25.000.000 a la fecha), s\u00f3lo para efectos de adoptar esta determinaci\u00f3n, se dispone EL DESEMBARGO de los dineros recaudados en exceso, es decir, del valor de $39.428.909,06, que por tanto se ordena devolver a la cuenta de la que fue remitido el \u00faltimo t\u00edtulo del 30 de junio de 2021. Se dispondr\u00e1 entonces el fraccionamiento del aludido dep\u00f3sito judicial en dos valores de $24.780.832.13 y $39.428.909.06. Adicionalmente, se dispondr\u00e1 con ese mismo fundamento EL DESEMBARGO de todas las cuentas bancarias a las que se refiri\u00f3 el mandamiento de pago. L\u00edbrense las comunicaciones necesarias\u00bb (Negrilla Adrede). <\/p>\n
La citada resoluci\u00f3n dirimi\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 de lo peticionado por el sedicente en este especial sendero, en tanto, no s\u00f3lo orden\u00f3 la correcci\u00f3n del oficio de embargo, sino que interpret\u00f3 su \u00absolicitud\u00bb como \u00abreducci\u00f3n de embargos, a voces del art\u00edculo 600 del C.G.P\u00bb, y con ello, enmend\u00f3 cualquier yerro o incongruencia frente a los valores retenidos al demandado (aqu\u00ed actor) con ocasi\u00f3n de las medidas decretadas en el pleito n\u00ba 2020-00050-00. <\/p>\n
2.2.- Significa entonces, que la queja superlativa en lo atinente a lo antes analizado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, en virtud de que, los hechos que originaron esta acci\u00f3n, a la hora de hoy no tiene relevancia jur\u00eddica y, en esa medida, \u00ab(\u2026) ning\u00fan sentido tiene que aqu\u00ed se imparta cualquier tipo de orden en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales\u00bb (CSJ STC4943-2019 y STC9008-2021). <\/p>\n
3.- En lo que concierne a las afirmaciones de Cano Bedoya relacionadas con que el a quo ignor\u00f3 en el litigio combatido que el poder otorgado fue \u00fanicamente para \u00absolicitar el levantamiento de la medida de alimentos que reca\u00eda a favor de sus dos hijas (\u2026)\u00bb; la \u00abfalta de asistencia t\u00e9cnica (\u2026)\u00bb; no dio \u00abvalor probatorio a la citaci\u00f3n que fue realizada por parte de la Abogada Conciliadora de la Personer\u00eda Municipal de Santiago de Cali (\u2026)\u00bb y, que \u00abse encuentra hospitalizado en una cl\u00ednica de Bucaramanga (\u2026)\u00bb; constituyen nuevas alegaciones de las cuales no tuvo conocimiento el juzgado encartado, por tanto, no pueden ser examinadas en esta instancia, ya que afectar\u00eda la garant\u00eda de defensa de quien no tuvo la oportunidad de controvertir concretamente dichos aspectos. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido al respecto, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u00bb (CSJ. STC de 10 de mayo de 2011, exp. 00416-01, reiterada STC175-2017, 19 enero 2017, rad. 2016-02054-01 y STC8838-2021). <\/p>\n
4.- Finalmente, en torno al descontento del impugnante, porque \u00abse desplaz\u00f3 hoy al Banco con base a ese oficio y no pudo ser desembargado las cuentas bancarias del demandado a pesar que as\u00ed lo dejo entrever la Juez de manera silenciosa pero poco eficaz, (\u2026) pero estos famosos oficios no le han llegado al Banco para que el accionante pueda disponer de estos dineros, afectando el M\u00ednimo Vital y M\u00f3vil por parte del entidad accionada\u00bb, cabe precisar que, es al juez de la causa a quien compete dilucidar ese inquietud, para lo cual, deber\u00e1 pon\u00e9rsela en conocimiento. <\/p>\n
5.- Como colof\u00f3n, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n confutada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
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