STC12771-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12771-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00499-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 13 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la tutela que Eliberto Figueroa Sierra y Mar\u00eda Laid P\u00e9rez Dur\u00e1n le instaur\u00f3 a los Juzgado Doce Civil Municipal y Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 68001 40 03 012 2019 00329. <\/p>\n
1.- Los libelistas reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abigualdad\u00bb, \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que, en consecuencia, se revocara la sentencia que el Juzgado del Circuito emiti\u00f3 el 21 de agosto de 2021 y, por tanto, se declarara la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria directa, ejecutiva y ordinaria frente a los pagares n\u00ba 4801-500-869-0 y 4802-000869-3. Subsidiariamente, que se ordenara a dicho estrado dictar un nuevo veredicto en el que \u00abrevoquen\u00bb los veredictos de ambas instancias (10 feb. y 21 ag. 2021), reconociendo la configuraci\u00f3n del t\u00e9rmino extintivo. <\/p>\n
En sustento adujeron que el 30 de enero de 2006, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga termin\u00f3 el juicio hipotecario n\u00ba 1999-00173 que el Banco Popular les promovi\u00f3 con base en los pagar\u00e9s n\u00ba 4801-500-869-0 y 4802-000869-3 (art. 42 Ley 546 de 1999 y la C-955 de 2000). <\/p>\n
Indicaron que, posteriormente, el 24 de enero de 2018, el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga declar\u00f3 la nulidad de lo actuado y finalizado el litigio hipotecario n\u00ba 2008-00283 que la misma entidad financiera les adelant\u00f3 con fundamento en los citados t\u00edtulos valores (par. 3\u00ba art. 42 Ley 546 de 1999 y la C-955 de 2000). <\/p>\n
Se\u00f1alaron que el 10 de febrero de 2021 el Juzgado Doce Civil Municipal de Bucaramanga desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda verbal sumaria que le interpusieron al mencionado Banco en aras de obtener la \u00abdeclaratoria de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria directa, ejecutiva y ordinaria\u00bb de los referidos pagar\u00e9s (rad. 2019-00329), determinaci\u00f3n confirmada por el superior (19 ag.). <\/p>\n
Acusaron las dos \u00faltimas providencias de incurrir en v\u00eda de hecho por dejar de lado los argumentos que expusieron en los alegatos de conclusi\u00f3n y el recurso de apelaci\u00f3n, concernientes a que: i) Al decretarse \u00abla nulidad de todo lo actuado, a partir del mandamiento de pago del 16 de diciembre de 2008, por el juzgado de conocimiento del proceso (\u2026) 2008-00283-00, mediante auto de fecha 24 de enero de 2018, Los t\u00e9rminos de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, al tenor de lo establecido en el art. 789 del c\u00f3digo de comercio, se empezaban a contabilizar, (\u2026) a partir del auto de fecha 30 de enero de 2006, proferido (\u2026) [en el] rad. 1999-00173 (\u2026)\u00bb, encontr\u00e1ndose, por tanto, vencidos para la fecha de formulaci\u00f3n del libelo (24 abr. 2019); ii) La propuesta de pago no interrumpe el t\u00e9rmino extintivo; iii) Al haberse \u00abhecho efectiva la cl\u00e1usula aceleratoria\u00bb en el pleito n\u00ba 1999-00173 \u00abel Banco Popular S.A., qued\u00f3 impedido para exigir el pago de los Pagares (\u2026), al haber operado la prescripci\u00f3n (\u2026), quedando impedido para restituir nuevamente el plazo\u00bb (art. 789 C. Co., 69 Ley 45 de 1990 y art. 2536 C.C.); iii) No \u00abexiste ninguna norma que establezca que se deba integrar el titulo ejecutivo\u00bb, pues los mismos satisfacen las exigencias de los t\u00edtulos valores (art. 621 y 709 del C. Co); iv) En raz\u00f3n a que el Banco popular no present\u00f3 \u00abdemanda de reconvenci\u00f3n\u00bb al contestar la demanda n\u00ba 2019-00329, exigiendo el pago de los valores contenidos en los pagares \u00abno se configur\u00f3 ninguna interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo\u00bb y, v) Con la contestaci\u00f3n de la demanda no se aportaron los originales de los pagar\u00e9s. <\/p>\n
2.- Los Juzgados Doce Civil Municipal y Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga defendieron la legalidad de las determinaciones controvertidas y, por tanto, se opusieron a la prosperidad del auxilio. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Bucaramanga neg\u00f3 el ruego porque \u00ablos t\u00e9rminos previstos en los art\u00edculos 789-3 del C\u00f3digo de Comercio y 25364 del C\u00f3digo Civil, \u00fanicamente empezaban a despuntar a partir de la ejecutoria de una decisi\u00f3n proferida en el a\u00f1o 2018 por parte del Juzgado Doce Civil del Circuito de esta ciudad, hacia el futuro; es decir, irretroactivamente y, en ese orden de ideas, al haberse presentado la demanda en el a\u00f1o 2019, ninguno de los tiempos establecidos en las normas que pasan de citarse, hab\u00edan acaecido\u00bb. <\/p>\n
4.- Los precursores impugnaron destacando que el a quo no tuvo en cuenta los cuestionamientos planteados en torno al fallo del Juzgado Doce Municipal de Bucaramanga. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La Sala precisa que, no obstante, la queja se dirige tambi\u00e9n contra la sentencia expedida en la primera instancia del litigio 2019-00329, se analizar\u00e1 \u00fanicamente la emitida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga el 19 de agosto de 2021, por ser la que resolvi\u00f3 de manera definitiva el asunto controvertido. <\/p>\n
2.- Revisada dicha providencia, se evidencia el decaimiento de la \u00abtutela\u00bb y, por ende, la convalidaci\u00f3n del fallo de primer grado, por cuanto se avizora que no luce antojadiza, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb las pruebas que soportaron el proceso de cara a la estructuraci\u00f3n de \u00abla prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria directa, ejecutiva y ordinaria\u00bb de los pagares n\u00ba 4801-500-869-0 y 4802-000869-3, confront\u00e1ndolas con los preceptos y jurisprudencia que rigen la materia. <\/p>\n
Para arribar a dicha conclusi\u00f3n, el estrado querellado aclar\u00f3 que el an\u00e1lisis de tales t\u00edtulos valores \u00abno se centrara en establecer si los mismos cumpl\u00edan con el requisito de exigibilidad o si se trataban de t\u00edtulos complejos, como lo hizo el a-quo, sino [que se abordara] desde la \u00f3rbita de las prescripciones invocadas y soportadas en la normas sustanciales de derecho Comercial y Civil, que solo exigen el simple transcurso del tiempo y su proposici\u00f3n oportuna, ya sea por v\u00eda de acci\u00f3n o excepci\u00f3n, dado que al fallador le est\u00e1 vedado declararla de oficio\u00bb. <\/p>\n
Luego, cit\u00f3 los art\u00edculos 789 del C\u00f3digo de Comercio Co., seg\u00fan el cual \u00abLa acci\u00f3n cambiaria directa prescribe en tres a\u00f1os a partir del d\u00eda del vencimiento\u00bb y el 673 ib\u00eddem, predicable al pagar\u00e9 por mandato del canon 711 \u00eddem, que enlista las modalidades del vencimiento, a saber, \u00ab1) A la vista; 2) A un d\u00eda cierto, sea determinado o no; 3) Con vencimientos ciertos sucesivos, y 4) A un d\u00eda cierto despu\u00e9s de la fecha o de la vista\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, sostuvo que el \u00abc\u00f3mputo para el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n en los casos de los procesos ejecutivos hipotecarios terminados por mandato legal, es a partir del d\u00eda siguiente a la ejecutoria de la providencia\u00bb, pero en el sub judice el mismo no puede contarse desde el 30 de enero de 2006, en tanto <\/p>\n
(\u2026) existe otra providencia de 24 de enero de 2018, proferida en segunda instancia por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga, mediante la cual se declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado y por ende la terminaci\u00f3n de un segundo proceso ejecutivo Hipotecario N\u00b0 2008-00283-01, adelantado en primera instancia por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Piedecuesta (Santander) y promovido por Banco Popular S.A., contra los aqu\u00ed demandantes, cuya decisi\u00f3n tuvo como fundamento en el par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 y la sentencia SU-813 de 2007, y por consiguiente le es aplicable la misma regla del c\u00f3mputo para el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n de los procesos ejecutivos hipotecarios terminados por mandato legal, siendo as\u00ed que, es a partir del d\u00eda siguiente a la ejecutoria de dicho auto que debe contarse el t\u00e9rmino prescriptivo, el cual empez\u00f3 a correr de nuevo, a partir de cero. <\/p>\n
(\u2026) es a partir del d\u00eda siguiente a la ejecutoria de la providencia adiada 24 de enero de 2018, (\u2026) es decir desde el 30 de enero de 2018 hasta el 24 de abril de 2019, esta \u00faltima fecha que corresponde a la presentaci\u00f3n de la demanda declarativa objeto de estudio y que permite aseverar que no han transcurrido los 3 a\u00f1os que exige el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio, ni mucho menos los 5 y 10 a\u00f1os para la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva y ordinaria respectivamente. <\/p>\n
En tal sentido reliev\u00f3 que <\/p>\n
Incluso, si se contara desde el d\u00eda siguiente a la ejecutoria del auto calendado 30 de enero de 2006, dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, que es el primer proceso ejecutivo hipotecario que se promovi\u00f3, esto es, desde el d\u00eda 7 de febrero de 2006 hasta el d\u00eda 31 de octubre de 2008, fecha en que se radic\u00f3 por segunda vez la demanda ejecutiva con t\u00edtulo hipotecario ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Piedecuesta (Santander), para cuando se realiz\u00f3 ese acto de presentaci\u00f3n del libelo, no hab\u00eda sucedido el t\u00e9rmino prescriptivo trienal, ni mucho menos los dem\u00e1s invocados para la acci\u00f3n ejecutiva y ordinaria. <\/p>\n
Finalmente, en punto a las consideraciones que el juzgador de primer grado expuso frente a \u00abla reestructuraci\u00f3n de los pagar\u00e9s y el cumplimiento de sus requisitos al tenor del art\u00edculo 422 del C.G.P.\u00bb, aclar\u00f3 que \u00abindependientemente de que no se comparta la conclusi\u00f3n hecha por el a-quo – el t\u00edtulo valor es un t\u00edtulo complejo y que para ser exigible debe tener la reestructuraci\u00f3n de la Ley 546 de 1999 y los lineamientos SU-813 de 2007 -\u00bb, cierto es que, dicho argumento no resulta suficiente para que se acceda a las pretensiones extintivas, ya que \u00absi la prescripci\u00f3n es una de las formas de extinguir las obligaciones o mutarlas en naturales, para que este efecto liberatorio se produzca, basta el simple transcurso del tiempo y la proposici\u00f3n oportuna\u00bb, y por tal raz\u00f3n fue que \u00abadverti[do] desde el inicio (\u2026) que [la sentencia del a quo] ser\u00eda confirmada pero por las razones de este juzgado\u00bb. <\/p>\n
3. En ese orden, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quieren los sedicentes, quienes buscan imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la pugna, sin que dicho anhelo se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
4.- Ahora, precisa la Sala que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga al dirimir la alzada, observ\u00f3 los l\u00edmites trazados por los apelantes, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 320 del C.G.P. pues circunscribi\u00f3 su estudio y pronunciamiento a los contornos que sirvieron de fundamento a los reparos concretos formulados por los impugnantes, sin que pueda concluirse que desbord\u00f3 el \u00e1mbito de su competencia sobre aspectos que no hacen parte de la \u00abpretensi\u00f3n impugnativa\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, si se tiene en cuenta que los reparos impugnativos no versaron sobre: 1) La \u00abinterrupci\u00f3n del t\u00e9rmino extintivo con ocasi\u00f3n de la propuesta de pago\u00bb, 2) Las implicaciones que trae la \u00abefectividad de la cl\u00e1usula aceleratoria en el litigio 1999-00173\u00bb y \u00abla ausencia de demanda de reconvenci\u00f3n en el juicio 2019-00329\u00bb de cara a la prescripci\u00f3n y, 3) La falta de \u00aboriginales de los pagares\u00bb en el plenario, y por tanto, el juzgador de segundo grado no ten\u00eda el deber de abordarlos y solventarlos en el veredicto combatido, como erradamente lo requieren los tutelantes. <\/p>\n
Sobre la \u00abpretensi\u00f3n impugnativa\u00bb se ha sostenido que <\/p>\n
En materia de apelaci\u00f3n es indiscutible que con el advenimiento del C\u00f3digo General del Proceso se introdujo la cultura de la \u2018pretensi\u00f3n impugnaticia\u2019, en virtud de la cual, en principio, el funcionario de segundo grado s\u00f3lo deber\u00e1 ocuparse de los temas que sean propuestos por el o los inconformes, como ant\u00edtesis a la visi\u00f3n panor\u00e1mica que en dicho marco imper\u00f3 en antiguos sistemas adjetivos, pues no cosa distinta brota de la lectura literal de los art\u00edculos 320 y 328 ib\u00eddem (\u2026). <\/p>\n
Sin embargo, tambi\u00e9n es paladino que semejante regla encuentra salvedades cuando, como esos preceptos lo anotan, es menester adoptar \u2018decisiones de oficio\u2019, lo que conviene armonizar con el canon 282 ej\u00fasdem que trata de la \u00abresoluci\u00f3n de excepciones de m\u00e9rito\u00bb. De modo que, s\u00ed hay eventos en que el ad quem est\u00e1 habilitado para abordar \u00edtems motu proprio sin que de all\u00ed pueda predicarse alg\u00fan desafuero por carencia de competencia, ya que la misma ley lo autoriza y las circunstancias espec\u00edficas del caso as\u00ed lo exigen (\u2026) \u2018por regla general la competencia del superior est\u00e1 restringida a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin embargo, tambi\u00e9n existen excepciones a esa restricci\u00f3n, tales como: (i) cuando las dos partes impugnan, pues en este caso se debe resolver sin limitaciones; y (ii) en aquellas oportunidades en que debe darse un pronunciamiento de oficio atendiendo lo dispuesto en la ley, que generalmente se da cuando la determinaci\u00f3n de segunda instancia conlleva a que deba decidirse sobre temas \u00edntimamente relacionados con \u00e9sta (STC4271-2018)\u2026\u00bb (CSJ STC1424-2020, reiterada en STC3004-2020, STC7609-2020, STC3556-2021 y STC8093-2021, entre otras). <\/p>\n
5.- As\u00ed las cosas, se avalar\u00e1 el prove\u00eddo recurrido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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