STC12775-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12775-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01033-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 3 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que el Instituto Financiero de Casanare \u2013IFC – le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Primero Laboral del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Yopal, Aura Roc\u00edo P\u00e9rez Rojas y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo laboral n\u00b0 2011-185. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abbuena fe\u00bb, \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que, en consecuencia, se \u00abdeclare la NULIDAD de la sentencia de Casaci\u00f3n laboral SL4818-2020 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que la Magistratura cuestionada, ante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por P\u00e9rez Rojas, cas\u00f3 parcialmente el fallo de segunda instancia y concedi\u00f3 el reintegro reclamado (SL4818, 4 nov. 2020). <\/p>\n
Acus\u00f3 esa decisi\u00f3n de incurrir env\u00eda de hecho, \u00abpor flagrante defecto factico por cuanto el juez del litigio desconoci\u00f3 a pesar de estar acreditado con la Resoluci\u00f3n 108 que la Dra. AURA ROCIO P\u00c9REZ ROJAS era empleada p\u00fablica, jefe de la Oficina Jur\u00eddica, c\u00f3digo 006 y grado 001 y no trabajadora oficial como concluy\u00f3 la decisi\u00f3n, en este sentido el problema jur\u00eddico debi\u00f3 girar en dos momentos: i) Hasta cuando fue trabajadora oficial y; ii) En qu\u00e9 momento adquiere la condici\u00f3n de Empleada P\u00fablica\u00bb y, \u00abal apoyarse probatoriamente en la Certificaci\u00f3n del sindicato que referencia la vinculaci\u00f3n de la Dra. AURA ROCIO P\u00c9REZ con la agremiaci\u00f3n sindical, ninguna de las manifestaciones expuestas en este documento, se\u00f1ala expresamente la condici\u00f3n de aforada del jefe de la oficina jur\u00eddica, para ser beneficiara de protecci\u00f3n sindical alguna\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Casaci\u00f3n Laboral defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, en tanto \u00abel juzgador de segunda instancia se equivoc\u00f3 al razonar de la manera en que lo dispuso en la sentencia objeto del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en la medida en que su decisi\u00f3n, desconoci\u00f3 el acervo probatorio aportado al plenario judicial, que comprobaban que \u00abel despido ilegal o sin justa causa del trabajador\u00bb, y en esa medida daba lugar al reintegro\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal Superior y el Juzgado Primero Laboral, ambos de Yopal afirmaron haber respetado el \u00abdebido proceso\u00bb de las partes. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el auxilio porque encontr\u00f3 razonable la providencia fustigada. <\/p>\n
Recurri\u00f3 la precursora apoyada en los mismos argumentos inaugurales, agregando que \u00ab(\u2026) en realidad la sentencia SL4818-2020 se censur\u00f3 por incurrir en flagrantes defectos tanto facticos como org\u00e1nicos que la convert\u00edan en v\u00eda de hecho, derivados de reconocerle a la demandante doctora AURA ROCIO PEREZ la calidad de trabajadora oficial, cuando en realidad era empleada p\u00fablica y conocer en consecuencia de un asunto que no era de la competencia de la Corte Suprema de Justicia, sino por el contrario de la jurisdicci\u00f3n contenciosos administrativa\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Constituye regla invariable la improcedencia de este instrumento residual para disentir o revisar las resoluciones de los jueces, sendero especial que tan s\u00f3lo se abre paso cuando quien est\u00e1 llamado a dispensar justicia socava o pone en riesgo las garant\u00edas superiores de los litigantes, es decir, frente a un obrar a todas luces arbitrario, grosero o ajeno a la ley, dado que no cualquier animadversi\u00f3n tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les asigna. <\/p>\n
As\u00ed lo ha esbozado de tiempo atr\u00e1s esta Sala, al se\u00f1alar que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC 7 mar. 2008. rad. 2007-00514-01, citada en STC6153-2021), toda vez que debe tenerse en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28 mar. 2012, rad. 2012-00022-01, reiterada en STC6153-2021). <\/p>\n
2.- En el sub lite la sentencia SL4818 de 4 noviembre 2020 dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, no luce antojadiza, ni caprichoso; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
En ella, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abNo sobra recordar, que el Tribunal revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, que consideraba que la actora ostentaba la condici\u00f3n de empleada publica, para en su lugar concluir, que la misma se desempe\u00f1\u00f3 como trabajadora oficial, en atenci\u00f3n a que la entidad demandada era una Empresa Industrial y Comercial del Departamento del Casanare, y que por lo tanto, conforme al inciso 2\u00ba del art\u00edculo 233 de Decreto 1222 de 1986, en concordancia con el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 3135 de 1968, la regla general era que su funcionarios fueran considerados trabajadores oficiales, y que la excepci\u00f3n es que ostentaran \u00abla calidad de empleados p\u00fablicos, pero que para esto \u00faltimo [era] necesario: i) que las actividades desarrolladas por esas personas sean de aquellas que impliquen direcci\u00f3n o confianza y, ii) que la empresa en sus estatutos tenga especificado cu\u00e1les de tales actividades ser\u00e1n ejercidas por personas que deber\u00e1n ser catalogadas como empleados p\u00fablicos\u00bb; de manera que al encontrar que en los estatutos de la demandada, no se consagr\u00f3 que las actividades desempe\u00f1adas por la actora eran de aquellas que siendo de direcci\u00f3n y confianza se ejercieran por personas con car\u00e1cter de empleado p\u00fablico, aquella deb\u00eda tenerse como una trabajadora oficial\u00bb. <\/p>\n
Luego sostuvo que dicho planteamiento se encontraba acorde con el sostenido por esa Corporaci\u00f3n, puesto que <\/p>\n
\u00ablos servidores de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, del orden Departamental por regla general, son trabajadores oficiales y, excepcionalmente, seg\u00fan sus estatutos, empleados p\u00fablicos cuando ejerzan funciones de direcci\u00f3n y confianza, por lo que no se equivoc\u00f3 dicho juzgador al concluir que la demandante ostentaba la condici\u00f3n de trabajadora oficial en atenci\u00f3n a que los estatutos de la entidad no clasific\u00f3 su cargo como de aquellos que se encuentran inmersos dentro de la excepci\u00f3n prevista en el inciso 3.\u00b0 del art\u00edculo 233 del Decreto 1222\/86\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 afirmando, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) trat\u00e1ndose de la acciones derivadas del fuero sindical, tanto para su levantamiento por justa causa por parte del empleador, como para el restablecimiento a su cargo de aquel trabajador al que se le haya terminado el v\u00ednculo laboral, sin los requisitos previstos por el legislador, el ordenamiento jur\u00eddico del trabajo, previ\u00f3 un procedimiento especial, expedito y sumario, en atenci\u00f3n a la particularidad del bien jur\u00eddico de que pretende proteger, como es el derecho de asociaci\u00f3n sindical, sin que sea dable acudir a otro tipo de tr\u00e1mite para promoverlas\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, esboz\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se infiere sin esfuerzo alguno, que, si se comprueba que, para el despido del trabajador, no medio una justa causa, tal y como lo advirti\u00f3 el Tribunal en el presente asunto, surge el derecho a ser reintegrado al cargo que desempe\u00f1aba o a otro de igual categor\u00eda y al pago de los salarios y prestaciones correspondiente al periodo que estuvo cesante. Luego entonces, el juez de segunda instancia err\u00f3 al no haber dado por demostrado, est\u00e1ndolo que la demandante ten\u00eda derecho al reintegro convencional deprecado, puesto que evidenci\u00f3 que su contrato termin\u00f3 de manera unilateral y sin fundamento en alguna de las justas causas consagradas en el 48 del Decreto 2127 de 1945. <\/p>\n
Concluy\u00f3, entonces <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se tiene acreditado que la demandante estuvo vinculada a la entidad llamada a juicio, a trav\u00e9s de un contrato de trabajo, entre el 14 de enero de 2004 y el 21 de junio de 2010, en calidad de trabajadora oficial; que es beneficiaria de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, y, en consecuencia, de lo dispuesto en su art\u00edculo 4\u00ba. Por tanto, al disponer la citada cl\u00e1usula convencional que al comprobarse \u00abel despido ilegal o sin justa causa del trabajador\u00bb se tendr\u00e1 derecho al reintegro, la demandante resulta titular de dicha prerrogativa, al no haberse configurado ninguna de las causales contenidas en el art\u00edculo 48 del Decreto 2127 de 1945, y adem\u00e1s, por no haberse cumpli\u00f3 el tr\u00e1mite establecido para dar por terminada la relaci\u00f3n laboral, pues, como qued\u00f3 visto el finiquito contractual se hizo mediante la expedici\u00f3n de un acto administrativo, que declar\u00f3 a la accionante insubsistente en su cargo\u00bb. <\/p>\n
3.- En ese orden de ideas, independientemente de que se comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhela la sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la pugna, sin que dicho prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la entidad jurisdiccional en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
4.- Ergo, se avalar\u00e1 el prove\u00eddo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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