STC12801-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12801-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03401-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Constructora Hermanos Furlanetto Compa\u00f1\u00eda An\u00f3nima \u2013 Confurca Sucursal Colombia \u2013 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo radicado n\u00ba 2018-00362. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La compa\u00f1\u00eda solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, las sociedades Confurca Sucursal Colombia y Cosacol, constituyeron un consorcio que logr\u00f3, a trav\u00e9s de proceso de licitaci\u00f3n, la adjudicaci\u00f3n de la construcci\u00f3n del gasoducto \u00abGibraltar Bucaramanga\u00bb adelantado por Transoriente S.A. ESP (hoy en d\u00eda Promioriente S.A.). <\/p>\n
Sin embargo, refiere que el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, mediante laudo del 18 de junio de 2014 dirimi\u00f3 la controversia entre las partes y fall\u00f3 a favor de las demandantes, condenando a Promioriente S.A. a pagar la suma de \u00ab$25.622\u2019380.531,67\u00bb m\u00e1s los intereses de mora a partir del 11 de julio de 2014 (el recurso de anulaci\u00f3n impetrado por Promioriente no prosper\u00f3). <\/p>\n
Como la entidad condenada no respondi\u00f3 a los requerimientos sobre las formas de pago, la demandaron ejecutivamente, en este caso, Confurca Sucursal Colombia, por el 50% de lo reconocido en el laudo arbitral. <\/p>\n
Destaca que, mediante auto del 22 de noviembre de 2018 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga libr\u00f3 mandamiento de pago por la suma exigida, empero, omiti\u00f3 los intereses a que se refiere el art\u00edculo 886 del C\u00f3digo de Comercio, motivo por el cual, formularon recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. El despacho mantuvo su postura, y concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, el 15 de marzo de 2021 el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil Familia, ratific\u00f3 lo dispuesto por el a quo en el sentido de negar mandamiento de pago por el cobro de los intereses pretendidos. <\/p>\n
Acusa las anteriores determinaciones de constituir v\u00edas de hecho por defecto sustantivo, espec\u00edficamente por omitir aplicar lo indicado en el art\u00edculo 886 del C\u00f3digo de Comercio relacionado con los \u00abintereses pendientes\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que, aunque la colegiatura acusada soport\u00f3 su providencia en precedentes de esta Corte, \u00ab[los] supuestos f\u00e1cticos no resultan aplicables (por no tener identidad alguna) a los que ocupan el caso concreto, y [\u2026] no constituyen doctrina probable\u00bb, y adem\u00e1s que, la Corte Suprema de Justicia \u00abno ha fallado un caso con hechos similares o an\u00e1logos a los expuestos\u00bb. <\/p>\n
Alega por su parte que, la norma cuya consideraci\u00f3n reclama \u00abno hace distinci\u00f3n entre intereses remuneratorios y moratorios, raz\u00f3n por la cual, al tenor literal de esta disposici\u00f3n, todos los intereses pendientes producir\u00e1n intereses desde la fecha de la demanda judicial, siempre y cuando sean debidos con un a\u00f1o antes de anterioridad o m\u00e1s [\u2026] se trata de intereses causados, devengados y no pagados con m\u00e1s de siete (7) a\u00f1os de antig\u00fcedad\u00bb. <\/p>\n
Manifiesta que, la interpretaci\u00f3n que el tribunal hizo de la norma es restrictiva \u00aben detrimento de los derechos del recurrente\u00bb y agrega que, su reclamo fue respaldado por el representante del Ministerio P\u00fablico en el tr\u00e1mite del recurso de reposici\u00f3n ante el juez a quo, y tambi\u00e9n lo validan varios doctrinantes. <\/p>\n
3. Por lo anterior, piden, se ordene \u00abal juez de conocimiento del proceso [2018-00362-00] proceso ejecutivo de mayor cuant\u00eda, que incluya en el mandamiento de pago, seg\u00fan las pretensiones de la demanda, los intereses a que se refiere el art\u00edculo 886 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La empresa Promioriente ESP, se opuso a la prosperidad de la demanda por cuanto, aunque la accionante \u00ab(\u2026) discrepe de la decisi\u00f3n tanto de los jueces del conocimiento, como de la Sentencias de la Corte Suprema de Justicia en la que se fundamentan, y que la misma no se adec\u00fae a sus intereses econ\u00f3micos, pero esto no implica, ni de esto determina que el argumento haya sido arbitrario, contrario a la constituci\u00f3n o contrario a la ley, como de manera ligera se afirma en la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Quinta Civil del Circuito de Bucaramanga, no se pronunci\u00f3 en relaci\u00f3n con las pretensiones de la acci\u00f3n, y manifest\u00f3 atenerse a que lo resuelva esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El magistrado Giovanni Yair Guti\u00e9rrez G\u00f3mez, del Tribunal Superior de Bucaramanga y ponente de la providencia recriminada, solicit\u00f3 se deniegue el resguardo pues \u00abla tutela es un mecanismo sumario y excepcional, por lo que no es dable acudir a ella como una instancia adicional, cuando no se comparte los argumentos que llevaron a la resoluci\u00f3n del asunto\u00bb; y agreg\u00f3 que, se le respetaron a la accionante todas las garant\u00edas \u00abno siendo la decisi\u00f3n caprichosa, temeraria o contraria a derecho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron la garant\u00eda constitucional denunciada en el juicio coercitivo radicado n\u00ba 2018-00362, promovido por la sociedad actora contra Promioriente S.A., al librar mandamiento de pago (autos del 22 de noviembre de 2018 del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga y el proferido el 15 de marzo de 2021 por el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n) omitiendo la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 886 del C\u00f3digo de Comercio en relaci\u00f3n con el cobro de los intereses pendientes, incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defecto sustantivo. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se formula contra el mandamiento de pago del 22 de noviembre de 2018 (y la decisi\u00f3n de no reponerlo, de 17 de mayo de 2019) emitido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al prove\u00eddo del 15 de marzo de 2021 que dict\u00f3 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga (en Sala unitaria), confirmatorio del anterior, en tanto que, fue el pronunciamiento que en \u00faltimas defini\u00f3 el debate. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. La razonabilidad de la providencia atacada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no se advierte procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
En efecto, para dirimir la discusi\u00f3n planteada en el recurso de alzada por la sociedad accionante, en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n de lo contemplado en el canon 886 de la codificaci\u00f3n comercial, el tribunal explic\u00f3 que dicha norma dispone que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u201clos intereses pendientes no producir\u00e1n intereses sino desde \u2013 1 \u2013 la fecha de la demanda judicial del acreedor, \u2013 2 \u2013 o por acuerdo posterior al vencimiento, siempre que \u2013 3 \u2013 en uno y otro caso se trata de intereses debidos con un a\u00f1o de anterioridad, por lo menos\u201d. Norma cuyo texto original se preserva desde su expedici\u00f3n con el Decreto 410 de 1971 y sobre la cual cuestiona el recurso, que la misma no hace diferencia sobre la clase de intereses que generar\u00edan intereses sobre intereses o capitalizaci\u00f3n de estos. <\/p>\n
Al respecto, a\u00f1adi\u00f3 que, el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 1454 de 1989 defini\u00f3 qu\u00e9 se entiende por intereses pendientes o atrasados, indicando que son, <\/p>\n
\u00ab\u2026aquellos que sean exigibles, es decir, los que no han sido pagados oportunamente\u201d, y la oportunidad tiene que ver apod\u00edcticamente con el plazo, de donde imperioso es colegir que la norma se refiere a los intereses corrientes o de plazo, pues solo estos son susceptibles de caer en mora, como tambi\u00e9n lo revela su sentido l\u00f3gico, dado que no existe una mora de la mora y menos un nuevo plazo para su cumplimiento. Ahora, que de acuerdo al inciso 2\u00ba parte in fine de la misma norma, \u201c\u2026trat\u00e1ndose de obligaciones mercantiles, solamente el retardo en el pago de las cuotas de intereses resultantes da lugar a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 886 del C\u00f3digo de Comercio\u201d, aspecto que reitera la necesariedad del retardo sobre lo que denomina cuotas de intereses, que sugieren su alusi\u00f3n a intereses remuneratorios, de plazo o corrientes, pues solo estos se generan en obligaciones a largo o mediano plazo a trav\u00e9s de cuotas, porciones o partes de capital al cual se integran\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido complement\u00f3 que, el art. 65 de la Ley 45 de 1990 dispone: <\/p>\n
\u00ab\u201cCausaci\u00f3n de intereses de mora en las obligaciones dinerarias. En las obligaciones mercantiles de car\u00e1cter dinerario el deudor estar\u00e1 obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella. Toda suma que se cobre al deudor como sanci\u00f3n por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligaci\u00f3n dineraria se tendr\u00e1 como inter\u00e9s de mora, cualquiera sea su denominaci\u00f3n\u201d. Aspecto este que pone de relieve que cualquier valor que se cobre adicional a un capital por retardo o extemporaneidad en el plazo como pena o sanci\u00f3n, debe tenerse como inter\u00e9s moratorio sin salvedad alguna, de donde en trat\u00e1ndose de inter\u00e9s moratorio cuya capitalizaci\u00f3n se persiga, por antonomasia y definici\u00f3n cae en el desbordamiento de los l\u00edmites legales al armonizarse con los preceptos del p\u00e1rrafo anterior. <\/p>\n
Este es pues el sentido de la Corte Suprema de Justicia al decir: \u201cTampoco puede pretender sobre los intereses moratorios causados nuevos intereses remuneratorios, los cuales retribuyen al capital durante el plazo y, con m\u00e1s ver\u00e1s, moratorios constitutivos de la sanci\u00f3n e indemnizaci\u00f3n del perjuicio causada por la mora, por se incompatibles, tanto cuanto m\u00e1s que con esta pr\u00e1ctica se desconocer\u00edan incluso los l\u00edmites tarifados imperativos regulados por la ley. \u2026 Captada en estos t\u00e9rminos la norma, los intereses moratorios no pueden generar nuevos intereses. S\u00f3lo los remuneratorios. No de otra forma puede entenderse el precepto, porque con absoluta claridad y precisi\u00f3n, precept\u00faa que los pendientes \u201cno producir\u00e1n intereses\u201d, vinculando a la producci\u00f3n del dinero y no a la mora, la causa primaria, genuina e indiscutible de su generaci\u00f3n, concibi\u00e9ndolos como frutos o productos del dinero y no como sanci\u00f3n de la mora\u201d (sentencia del 27 de agosto de 2008 con ponencia del Magistrado William Nam\u00e9n Vargas radicado No 1997-14171-01)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que, \u00abEn suma, el art. 886 del C. de Co. habilita el cobro de intereses compuestos, pero solo sobre los que son susceptibles de retardo o mora, esto es, los corrientes, de acuerdo al Decreto 1454 de 1989 y a la ley 45 de 1990, por lo que la decisi\u00f3n tomada por el Juzgado de conocimiento es acorde a derecho y ser\u00e1 confirmada, sin lugar a condena en costas por no aparecer causadas\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia desfasada o caprichosa, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la compa\u00f1\u00eda peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
En todo caso, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela cuando el prop\u00f3sito que se revela del accionante es el de recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador cuestionado una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o enfoque del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento o de la normativa aplicable. <\/p>\n
En tal sentido, se ha indicado: <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Ahora, el que el precursor del auxilio disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. En lo concerniente, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Al respecto tambi\u00e9n se ha puntualizado de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, el resguardo examinado no est\u00e1 llamado a abrirse paso y ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Al margen del criterio que esta Sala pudiera tener frente a la postura de la colegiatura accionada, mientras la decisi\u00f3n que se ataca v\u00eda tutela no se observe infundada, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible desafuero judicial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
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