STC12804-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12804-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hel\u00ed Jurado Sierra contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1\u00b8 tr\u00e1mite al que se vincularon las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama por intermedio de apoderada judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al m\u00ednimo vital, a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, a la igualdad y al \u00abprincipio del in dubio pro operario\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, dentro del proceso ordinario laboral que tramit\u00f3 contra Colpensiones, identificado con el radicado No. 2010-00896-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, se ordene a la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, \u00abdejar sin efecto la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n (\u2026) proferida el 27 de marzo de 2019, que se identifica con Radicaci\u00f3n No. 58362 y SL1405-2019, y se le ordene confirmar el fallo de primer grado\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos aduce, en lo esencial, que promovi\u00f3 el referido juicio para reclamar a Colpensiones le pagara la pensi\u00f3n como sobreviviente de su compa\u00f1era Rita Delmira Reyes Moncada, pedimento al cual accedi\u00f3 el 7 de marzo de 2011 el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, decisi\u00f3n que apel\u00f3 su contraparte y fue \u00edntegramente revocada el 29 de junio de 2012 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad <\/p>\n
Sostiene que el 27 de marzo de 2019, la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte desat\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso contra el fallo del Tribunal, y resolvi\u00f3 no casar lo all\u00ed decidido, con lo cual, dice, se desconoci\u00f3 el precedente establecido por la Corte Constitucional sobre la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y el principio de favorabilidad en materia pensional, caus\u00e1ndole un grave perjuicio, porque es una persona de 69 a\u00f1os de edad, con varios problemas de salud, que no cuenta con recurso econ\u00f3micos, al punto que ha visto afectado su m\u00ednimo vital, todo lo cual, asegura, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pidi\u00f3 que no se acceda a la protecci\u00f3n reclamada, porque la decisi\u00f3n que tom\u00f3 dentro del proceso cuestionado es acorde con el criterio jurisprudencial que tiene la Sala Permanente de la especialidad, sobre \u00abla delimitaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa a la norma inmediatamente anterior en pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb, como es el caso de la sentencia SL1884-2020, donde esa autoridad argument\u00f3 porqu\u00e9 se aparta de los precedentes que sobre la tem\u00e1tica tiene la Corte Constitucional. <\/p>\n
b.) El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales -P.A.R.I.S.S, indic\u00f3 que no fue parte dentro del juicio objeto de cuestionamiento. <\/p>\n
c.) El Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, envi\u00f3 copia de las decisiones de fondo emitidas dentro del decurso reprochado y resalt\u00f3 que dentro del mismo todas las partes tuvieron garantizadas sus garant\u00edas superiores. <\/p>\n
d.) Martha Luc\u00eda D\u00edaz Ot\u00e1lora inform\u00f3, que desde el a\u00f1o 2012 o funge como apoderada judicial de Colpensiones ni del Instituto de Seguros Sociales. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras establecer que \u00abdesde la emisi\u00f3n de la \u00faltima de las providencias que se tilda como lesiva de los derechos del promotor del amparo (27 de marzo de 2019) hasta la formulaci\u00f3n de esta demanda de tutela, han pasado m\u00e1s de dos a\u00f1os. Por tanto, el amparo deviene absolutamente improcedente, pues, aunque presenta algunas patolog\u00edas de base, ello no es raz\u00f3n suficiente que justifique la mora en activar el aparato judicial en procura de salvaguardar sus prerrogativas fundamentales, proceder m\u00ednimo que se esperar\u00eda de una persona que afirma haber sido afectada por la decisi\u00f3n emitida por las Corporaciones accionadas\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 adem\u00e1s, que el promotor \u00abno demostr\u00f3 que se configure alguno de los defectos espec\u00edficos, que estructure la denominada v\u00eda de hecho, es decir, no acredit\u00f3 que las providencias reprobadas, esto es, las emitidas en segunda instancia y en sede extraordinaria de casaci\u00f3n, est\u00e9n fundadas en conceptos irrazonables o arbitrarios de tal trascendencia, que corresponda al juez constitucional conjurarlos mediante este excepcional instrumento de amparo para los derechos fundamentales invocados\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor, insistiendo en similares motivos a los que expuso en su escrito inicial, pero haciendo \u00e9nfasis en que lo decidido contradice lo decidido en casos similares por la Corte Constitucional y la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, sin que pueda anteponerse el requisito de la inmediatez, debido a que est\u00e1n reclamando derechos pensionales, que son imprescriptibles, adem\u00e1s de su condici\u00f3n delicada de salud y de vulnerabilidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por excepci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, ya que s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n alejada del r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En este asunto, el ciudadano Jurado Sierra cuestiona la decisi\u00f3n del 27 de marzo de 2019 de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de no casar la sentencia proferida el 29 de junio de 2012 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, para entonces, negarle las pretensiones que elev\u00f3 dentro del proceso ordinario laboral para reclamaci\u00f3n de pensi\u00f3n de sobreviviente que tramit\u00f3 contra Colpensiones, pues seg\u00fan su dicho, aquella autoridad no aplic\u00f3 en su decisi\u00f3n la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa que impon\u00eda regular el caso por los requisitos que para la pensi\u00f3n de sobreviviente establece el Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplirse con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n de la Sala Hom\u00f3loga Laboral data del 27 de marzo 2019; mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 15 de abril pasado, es decir, transcurridos dos (2) a\u00f1os, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito del actor es reprochar la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n en Descongesti\u00f3n antes individualizada, de no casar la sentencia emitida dentro del referido proceso por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de esa actuaci\u00f3n, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que la tardanza en el reclamo por la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales se explique claramente por los problemas de salud y econ\u00f3micos que dice padecer, pues no resulta claro como los mismos resultaron ser un obst\u00e1culo insalvable para haber acudido antes a la solicitud de protecci\u00f3n, adem\u00e1s, a diferencia de lo considerado por el gestor, el comentado requisito de procedibilidad de la tutela no puede soslayarse por el solo hecho de que las quejas constitucionales recaigan o tengan injerencia sobre un derecho pensional, pues en este caso no se constata un motivo con trascendencia ius fundamental con entidad suficiente para as\u00ed proceder, tal como se explicar\u00e1 m\u00e1s adelante. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
Teniendo en cuenta que no se discute el hecho de que la causante falleci\u00f3 el 18 de junio de 2008 y que no ten\u00eda semanas cotizadas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a su muerte, no encuentra la Sala que el Tribunal hubiere incurrido en infracci\u00f3n directa del art\u00edculo 25 del Acuerdo 049 de 1990 como se acusa, pues el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no supone una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de normas, con el fin de conseguir aquella que se acomode de mejor manera a las circunstancias personales de cada asegurado <\/p>\n
La anterior afirmaci\u00f3n la Corporaci\u00f3n accionada la respald\u00f3 en jurisprudencia emitida sobre el particular, para en seguida anotar, que \u00abno pod\u00eda el Tribunal dar aplicaci\u00f3n directa de las normas del Acuerdo 049 de 1990, que regulaban la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en tanto tales disposiciones fueron derogadas por los art\u00edculos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, preceptos que a su vez fueron modificados por los art\u00edculos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
En igual manera, esta Sala se ha inclinado por reglar la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, cuando la muerte del causante ha sucedido en vigencia de la Ley 797 de 2003 precis\u00e1ndose, en sentencia CSJ SL4650-2017, que los efectos temporales del mismo se surten hasta el 29 de enero de 2006, por lo cual tampoco hubiese sido posible reconocer la prestaci\u00f3n pensional en el tr\u00e1nsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y la ya referida. <\/p>\n
Precisado lo anterior, es claro insistir en que no era procedente que el Tribunal considerara los requisitos para la pensi\u00f3n de sobrevivientes del Acuerdo 049 de 1990, como lo pretende la censura, ni siquiera bajo el argumento de acudir al principio de favorabilidad contemplado en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, porque su mandato parte de la existencia de duda en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de normas vigentes, lo que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
En forma adicional, el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, tampoco le es aplicable al actor, en tanto que el Juez colegiado estableci\u00f3 que la causante no acumul\u00f3 el n\u00famero de semanas de cotizaci\u00f3n necesarias para adquirir el derecho a la pensi\u00f3n de vejez conforme al Acuerdo 049 de 1990, al ser beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n pensional, elemento f\u00e1ctico que no fue cuestionado en la demanda de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. De este modo, constata la Sala que la decisi\u00f3n criticada a la Corporaci\u00f3n jurisdiccional accionada emergi\u00f3 soportada en el razonable entendimiento de las normas sustanciales aplicables al caso concreto, y el atendible an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n, todo al tamiz de la jurisprudencia emitida sobre la tem\u00e1tica en particular, raz\u00f3n por la cual, que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, siendo claro entonces que lo expuesto por el inconforme ata\u00f1e m\u00e1s a diferencias con el criterio expuesto en la comentada decisi\u00f3n, que a la configuraci\u00f3n de alguna de las causales de procedencia del amparo contra decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
6. De ah\u00ed que la citada postura, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar, no merece reproche en este escenario, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
7. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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