STC12805-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12805-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00709-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 22 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. \u2013INASSA, contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Barranquilla, as\u00ed como la Fiscal\u00eda 36 Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio y las partes e intervinientes del juicio penal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo a trav\u00e9s de su representante legal, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al buen nombre, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional de segundo grado accionada, con la providencia del 3 de diciembre de 2020, mediante la cual, en sede de apelaci\u00f3n, confirm\u00f3 la denegaci\u00f3n del control de legalidad por ella solicitado, frente a las medidas cautelares decretadas en el marco de la investigaci\u00f3n radicada con el No. 2029099921-00 de la que conoce la Fiscal\u00eda 36 de Extinci\u00f3n de Dominio en su contra. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce, en lo esencial, que, en el marco de la mencionada investigaci\u00f3n, mediante auto adiado 3 de octubre de 2018, el ente investigador decret\u00f3 las \u00abmedidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo y secuestro del 82% de la composici\u00f3n accionaria que INASSA posee en la sociedad TRIPLE A S.A.\u00bb, decisi\u00f3n aclarada mediante auto del d\u00eda inmediatamente posterior, en el sentido de indicar que el porcentaje a embargar ser\u00eda del 82.16%. <\/p>\n
Refiere que el asunto correspondi\u00f3 conocer por reparto al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Barranquilla, quien en memorial del 4 de abril de 2019 solicit\u00f3 que se ejerciera \u00abcontrol de legalidad\u00bb acerca de las mentadas cautelas, pedimento desestimado en auto del 16 de mayo postrero, por lo que contra esa decisi\u00f3n present\u00f3 recurso de alzada, que fue zanjado por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en prove\u00eddo del 3 de diciembre de 2020, motivo por el cual, acude a la presente v\u00eda residual, en tanto que \u00ablos derechos e intereses de INASSA en lo que respecta a su participaci\u00f3n accionaria del 82.16% en TRIPLE A se encuentran completamente limitados en la actualidad y desde hace m\u00e1s de 2 a\u00f1os, lo cual implica una grave afectaci\u00f3n no \u00fanicamente a INASSA sino a sus accionistas, as\u00ed como tambi\u00e9n \u2013tal y como se ha reiterado a lo largo del Proceso de Extinci\u00f3n de Dominio\u2013 a los propios usuarios de los servicios p\u00fablicos domiciliarios que presta TRIPLE A\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Magistrada Sustanciadora de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dijo atenerse a los motivos en los que se cimento la determinaci\u00f3n adoptada el 3 de diciembre de 2020, a trav\u00e9s de la cual se mantuvo inc\u00f3lume el auto que declar\u00f3 la legalidad de las medidas cautelares impuestas por la Fiscal\u00eda frente a las acciones de la sociedad actora, adem\u00e1s de se\u00f1alar que con lo all\u00ed decidido no se incurri\u00f3 en ning\u00fan yerro capaz de configurar una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, b\u00e1sicamente porque \u00aba pesar que la parte demandante presenta la declaratoria de legalidad de las accionadas, como trasgresora de sus garant\u00edas fundamentales, lo cierto es que su pretensi\u00f3n es expuesta m\u00e1s como un recurso ordinario, que como una real afectaci\u00f3n habilitante de la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb, pues lo que \u00abpretende, es que el juez de tutela valore los argumentos ya expuestos ante las autoridades demandadas, como se verifica del escrito de impugnaci\u00f3n impetrado ante el Tribunal accionado y, que en esta sede finalmente se acepte sus pedimentos, convirtiendo con su actuar, el mecanismo de amparo en una tercera instancia donde se haga eco de sus pretensiones, pero ello es improcedente, pues el amparo no es una fase adicional en la que se intente revivir etapas procesales ya fenecidas y que se sustentan en decisiones amparadas bajo las presunciones de acierto, legalidad y constitucionalidad\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, \u00ab[e]ntendiendo, como se debe, que la acci\u00f3n de tutela no es una herramienta jur\u00eddica complementaria, que en este evento, se convertir\u00eda pr\u00e1cticamente en una instancia adicional, no es adecuado plantear por esta senda la incursi\u00f3n en causales de procedibilidad, originadas en la supuesta arbitrariedad de las determinaciones mediante las cuales se declar\u00f3 la legalidad de las medidas cautelares. Res\u00e1ltese que el asunto en el que est\u00e1n involucradas las referidas acciones apenas est\u00e1 iniciando, pues se encuentra en fase de investigaci\u00f3n, ello demuestra que el asunto aun no concluido\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora de la salvaguarda recurri\u00f3 el anterior fallo, esgrimiendo como sustento de su inconformidad, similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. De entrada se advierte que la decisi\u00f3n de primer grado debe mantenerse, ello porque el an\u00e1lisis efectuado por el ad quem a trav\u00e9s de la determinaci\u00f3n datada 3 de diciembre de 2020, en la que se resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n propuesto contra el auto en el que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Barranquilla, fue concienzudo y detallado, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, acerca de la legalidad de las medidas cautelares decretadas por la Fiscal\u00eda 36 Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio empez\u00f3 por se\u00f1alar, que el estudio de la alzada, deb\u00eda recaer sobre los siguientes puntos, a saber: \u00abdeterminar, (i) si el ente instructor cuenta con los elementos de convicci\u00f3n suficientes para inferir la probabilidad de los presupuestos para la extinci\u00f3n, (ii) si la imposici\u00f3n de las medidas cautelares se ajusta a los criterios descritos en los art\u00edculos 89 y 112 numeral 2\u00b0 de la Ley 1708 de 2014 y, (iii) si se aviene pertinente ejercer control sobre la SAE en su calidad de administradora de las acciones secuestradas. Temas que, por motivos de utilidad, se abordaran en este mismo orden\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, empez\u00f3 por indicar, que el canon 111 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio \u00abcontempla la activaci\u00f3n, ante el juez de conocimiento, del control formal y material como medio para que el sujeto pasivo de la acci\u00f3n extintiva evite la arbitrariedad por parte del Estado en su labor de restringir transitoriamente la disposici\u00f3n de las propiedades perseguidas. <\/p>\n
As\u00ed, el legislador equilibra los instrumentos de defensa respecto de las atribuciones del acusador en la fase inicial, en tanto habilita el examen jurisdiccional que permite modular y orientar la determinaci\u00f3n de la medida cautelar m\u00e1s apropiada para asegurar los bienes y al mismo tiempo afectar en la menor medida posible los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n
Lo anterior, en el entendido que la imposici\u00f3n de restricciones a los derechos reales deben propender por la tutela judicial efectiva del patrimonio presuntamente derivado de actos criminales o en contra de la moral social, en caso de que se emita sentencia ordenando el despojo, esto es, atender las finalidades de evitar que los bienes que se cuestionan puedan ser ocultados, negociados, gravados, distra\u00eddos, transferidos o puedan sufrir deterioro, extrav\u00edo o destrucci\u00f3n; o con el prop\u00f3sito de cesar su uso o destinaci\u00f3n il\u00edcita -articulo 87-\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n expuso, que corresponde entonces al inconforme, demostrar objetivamente la concurrencia de uno o varios de los eventos que dar\u00edan lugar al levantamiento de las cautelas, taxativamente descritos en el art\u00edculo 112 de la Ley 1708 de 2014: <\/p>\n
1. Cuando no existan los elementos m\u00ednimos de juicio suficientes para considerar que probablemente los bienes afectados con la medida tengan v\u00ednculo con alguna causal de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
2. Cuando la materializaci\u00f3n de la medida cautelar no se muestre como necesaria, razonable y proporcional para el cumplimiento de sus fines. <\/p>\n
3. Cuando la decisi\u00f3n de imponer la medida cautelar no haya sido motivada. <\/p>\n
4. Cuando la decisi\u00f3n de imponer la medida cautelar est\u00e9 fundamentada en pruebas il\u00edcitamente obtenidas. <\/p>\n
En el mismo sentido, en raz\u00f3n a que el ente acusador discrecionalmente puede decretar tales grav\u00e1menes antes de que se instaure la demanda de extinci\u00f3n, el legislador opt\u00f3 por condicionar tal prerrogativa a los eventos en que sea de \u2018evidente urgencia o cuando existan serios motivos fundados que permitan considerar como indispensable y necesario\u2019 -art\u00edculo 89-. <\/p>\n
Respecto al supuesto de hecho descrito en el numeral primero ha de se\u00f1alarse que, si se pretende imponer suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo y secuestro, es funci\u00f3n inherente y obligatoria del instructor sustentar la posible ocurrencia de la circunstancia de extinci\u00f3n de dominio a partir de los elementos de juicio suficientes recaudados en la fase investigativa -art\u00edculo 88-. <\/p>\n
Y, es del juez, en el marco del control de legalidad, de car\u00e1cter excepcional e incidental, apreciarlos con el objetivo de establecer si estos alcanzan \u00edndices de acierto, esto es, si hacen que las afirmaciones de cargo sean m\u00e1s o menos factibles. Tal grado de conocimiento fue definido en la exposici\u00f3n de motivos de la Ley 1708 de 2014 como aquel que se cumple cuando: la Fiscal\u00eda expone las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que tiene para sostener, provisionalmente, que concurre alguna de las causales de extinci\u00f3n de dominio. As\u00ed mismo deber\u00e1 ubicar e identificar los bienes afectados dentro del proceso, y se\u00f1alar las pruebas recaudadas en que se funda su decisi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed mismo anot\u00f3, que conforme a la jurisprudencia penal aplicable a la materia se tiene, que \u00aben lo que tiene que ver con la valoraci\u00f3n probatoria regulada en el cap\u00edtulo 1\u00b0 del t\u00edtulo 5\u00b0 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n, ha indicado que tal est\u00e1ndar corresponde: al marco te\u00f3rico delimitado en esos instantes [que] permite anticipar lo que ser\u00e1 objeto de discusi\u00f3n, controversia y contradicci\u00f3n dial\u00e9ctica en el juicio oral, acorde con la construcci\u00f3n paulatina del conocimiento que supone el agotamiento de cada una de esas fases. <\/p>\n
Lo cual, dicho de paso, no implica la inviabilidad de arrimar pruebas al presente tr\u00e1mite, por cierto necesarias para cumplir con el par\u00e1metro de objetividad exigido para la aducci\u00f3n de algunas de las circunstancias de ilegalidad. No obstante, en el evento en que el solicitante pretenda exponer la carencia, por parte del instructor, del nivel suasorio para imponer las medidas, asume la carga argumentativa de sustentar que estas ni siquiera logran colegir la existencia del hecho extintivo como una alternativa razonable y, por tanto, las causales al respecto atribuidas son ostensiblemente arbitrarias y hu\u00e9rfanas de fundamentaci\u00f3n. <\/p>\n
A la luz del art\u00edculo 392 de la Ley 600 de 2000, tal ejercicio implica atacar \u2018la legalidad material de la prueba m\u00ednima\u2019 esto es, exponer: <\/p>\n
2. Cuando aparezca clara y ostensiblemente demostrado que se distorsion\u00f3 su contenido o la inferencia l\u00f3gica en la construcci\u00f3n del indicio, o se desconocieron las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
3. Cuando es practicada o aportada al proceso con desconocimiento de alg\u00fan requisito condicionante de su validez.\u201d\u00bb. <\/p>\n
De este modo, entonces, en la etapa en la que se encuentra el citado proceso penal \u00abno es la oportunidad para someter a contradicci\u00f3n los elementos de convicci\u00f3n de la Fiscal\u00eda, menos confrontarlos con los aportados por los perjudicados, considerando que tal ejercicio es propio del juicio donde se lleva a cabo la controversia entre los intereses contrapuestos que cada uno de ellos representa, con el prop\u00f3sito de dar al funcionario judicial las herramientas para alcanzar el grado de discernimiento que le permita decidir de fondo. <\/p>\n
En el asunto bajo an\u00e1lisis, durante la fase inicial fueron decretados la suspensi\u00f3n del poder dispositivo, el embargo y secuestro respecto de las acciones tipo C que detenta INASSA sobre el capital social de Triple A, por cuanto existe la probabilidad de que esta fue utilizada \u2018como instrumento de varias actividades il\u00edcitas, por parte de los gerentes y\/o directivos de la Compa\u00f1\u00eda, tendientes a apropiarse de recursos p\u00fablicos provenientes y con destino a la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de acueducto en la ciudad de Barranquilla\u2019. <\/p>\n
Espec\u00edficamente la resoluci\u00f3n fiscal se\u00f1ala, que la perjudicada pese a que le fue desembolsada aproximadamente la suma de \u2018236 mil millones de pesos, sin ninguna justificaci\u00f3n, con detrimento al patrimonio de la \u00faltima sociedad\u2019, no prest\u00f3 el servicio de asistencia t\u00e9cnica contratada. Circunstancia sustentada en indagatorias e informes de polic\u00eda, recopilados dentro del proceso penal radicado bajo n\u00b0 2528, por cuyo medio fueron confirmadas las acusaciones realizadas por autoridades espa\u00f1olas en virtud del Convenio de Cooperaci\u00f3n Judicial. <\/p>\n
Como l\u00edneas atr\u00e1s se dijo, estos elementos suasorios fueron v\u00e1lidamente incorporados al torrente probatorio del proceso extintivo de conformidad con el art\u00edculo 156 del C\u00f3digo que rige esta materia, sin que implique forma alguna la transgresi\u00f3n al principio de autonom\u00eda respecto de la jurisdicci\u00f3n penal, m\u00e1xime cuando en la etapa del juicio pueden ser debatidas por los afectados. <\/p>\n
Y si bien, aunque los mentados tr\u00e1mites tienen origen en igual situaci\u00f3n f\u00e1ctica, el primero mencionado -extinci\u00f3n de dominio- pretende establecer si el ejercicio del derecho de propiedad por parte de INASSA cumple la funci\u00f3n social que impone el art\u00edculo 58 constitucional, en contraste con el \u00faltimo -penal-, de finalidad sancionatoria frente a la responsabilidad de las personas naturales que incurrieron en los delitos de \u2018concierto para delinquir con fines de enriquecimiento il\u00edcito de particulares a favor de terceros\u2019. Por manera que, estima la Sala, dichas pruebas son suficientes para acreditar la probable configuraci\u00f3n de la causal descrita en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 16 \u00eddem, enrostrada conforme a la tesis expuesta en la demanda, toda vez que se \u2018logr\u00f3 determinar\u2019 que un grupo de ciudadanos espa\u00f1oles dise\u00f1aron \u2018una estructura societaria internacional donde estar\u00edan integradas entre si una sociedad paname\u00f1a, una espa\u00f1ola y otra colombiana, con el fin de poder hacerse al negocio de servicios p\u00fablicos\u2019 especialmente en nuestro pa\u00eds. <\/p>\n
De ah\u00ed que, se reitera al censor, el juez de primera instancia en ning\u00fan yerro incurri\u00f3 al abstenerse de abordar las elucubraciones y elementos de prueba que refieran directamente a la prestaci\u00f3n o no del contrato de asistencia t\u00e9cnica, dado que estas deber\u00e1n ser presentadas ante el juez cognoscente en virtud a la carga din\u00e1mica de la prueba -art. 152 C.E.D.-\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s concluy\u00f3, que \u00abel ejercicio de razonamiento del director de la fase inicial se ajusta a los requerimientos legales, su metodolog\u00eda y estructura permite avizorar la proporcionalidad y razonabilidad de cada medida cautelar de forma independiente\u00bb porque, \u00aben la resoluci\u00f3n fiscal fue plasmado que los servicios dejados de proveer por parte de la sociedad perjudicada, en todo caso \u2018fueron gestados y desarrollados por la gerencia de planeaci\u00f3n de Triple A, con funcionarios de Triple A\u2019, al tiempo que fueron reportados y pagados \u2018autom\u00e1ticamente\u2019 a \u2018cuentas de empresas particulares y una cuenta de compensaci\u00f3n en Miami\u2019, sin previa constataci\u00f3n de su efectivo suministro. <\/p>\n
Aunado, advierte la Colegiatura, se acredit\u00f3 que, en septiembre de 2000, entre las mentadas personas jur\u00eddicas fue suscrito contrato de \u201clicencia de uso\u201d de software de soporte del \u00e1rea comercial de Triple A, que pese a ser desarrollado por ingenieros vinculados a la compa\u00f1\u00eda barranquillera, los derechos quedaron en cabeza de la afectada, a quien, por dem\u00e1s, deb\u00eda pag\u00e1rsele por su utilizaci\u00f3n. <\/p>\n
De lo cual se concluye la factibilidad de que INASSA ser\u00e1 utilizada en pos de acudir a similares argucias, esto es, para permitir que terceros se apropien de los dineros de la sociedad prestadora de servicios p\u00fablicos; y durante el tiempo que tome el juzgamiento, con el objetivo de obstruir el debido ejercicio de la justicia. De ah\u00ed que, obliga aclarar al fallador la incorreci\u00f3n que supone requerir la comprobaci\u00f3n de que actualmente o \u2018en el futuro\u2019 la masa societaria se constituir\u00e1 en un medio para la comisi\u00f3n de delitos, ya que implica solicitarle a la Fiscal\u00eda alcanzar grados de conocimientos ajenos a la labor investigativa -fase inicial o pre procesal-, que redundan en perjuicio del principio del derecho, seg\u00fan el cual \u2018nadie est\u00e1 obligado a lo imposible\u2019\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n expres\u00f3, que como la queja del recurrente se cierne sobre la protecci\u00f3n que se debe brindar al \u00abaporte econ\u00f3mico del Estado espa\u00f1ol en las negociaciones que la afectada celebr\u00f3 con la compa\u00f1\u00eda objeto de corrupci\u00f3n, este debe plantearse de conformidad con el tr\u00e1mite descrito en el art\u00edculo 113 del Estatuto de Extinci\u00f3n de Dominio, una vez sea reconocido como parte, pues, su inter\u00e9s cobija el capital invertido para ejecutar los convenios de prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos en Barranquilla. <\/p>\n
Mal har\u00eda esta Corporaci\u00f3n en analizar las supuestas consecuencias de los instrumentos precautorios sobre el patrimonio de quien no se ha constituido como perjudicado en el proceso, pues, se advierte, los planteamientos del citado interesado pueden, eventualmente, re\u00f1ir con los de Inassa, pues, de ser vinculada al tr\u00e1mite, su intervenci\u00f3n responder\u00eda a la calidad de tercera de buena fe exenta de culpa que deviene de su presunta ajenidad a las conductas delictivas cometida a trav\u00e9s de aquella. <\/p>\n
De modo que resulta totalmente impertinente acudir a principios de Derecho Internacional, con el objetivo de obstaculizar procedimientos originados en actividades il\u00edcitas descubiertas, en todo caso, por las autoridades de dicho pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
De aceptarse la postura del censor, adem\u00e1s de faltar al axioma seg\u00fan el cual \u2018la disposici\u00f3n relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga car\u00e1cter general\u2019 -prevista en el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 57 de 1887-, decaer\u00eda en el absurdo de decretar medidas cautelares sin materializar su ejecuci\u00f3n, dejando en manos de los perjudicados la garant\u00eda del cumplimiento de la sentencia y la protecci\u00f3n del bien. <\/p>\n
En ese entendido, contrario a lo indicado en la impugnaci\u00f3n, el secuestro sobre las acciones es indispensable a fin de incorporar los haberes de la empresa al FRISCO – Fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha Contra el Crimen Organizado-, en consecuencia, dejarlos a disposici\u00f3n exclusiva de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 104 del Estatuto en menci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Corolario de lo expuesto, no es posible sostener que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo invocadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le abre paso al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, acci\u00f3n que no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, en raz\u00f3n a que \u00abal juez constitucional le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC717-2021). <\/p>\n
4. As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
5. Por expuesto, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC12805-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC12805-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00709-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57829","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57829","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57829"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57829\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57829"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57829"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57829"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}