STC12806-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12806-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 29 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo Morales Cano como agente oficioso de Marlon \u00c1lzate Jim\u00e9nez, contra los Juzgados Noveno Penal Municipal de Cartagena y Quinto Penal del Circuito de la misma ciudad, ambos con funciones de control de garant\u00edas, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la causa penal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo en la citada condici\u00f3n, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de su agenciado, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, al negar la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, en el marco de las diligencias que se siguen la supuesta comisi\u00f3n de los delitos concierto para delinquir agravado, homicidio, fabricaci\u00f3n, trafico, porte de arma de fuego, amenaza a testigo y extorsi\u00f3n agravada. <\/p>\n
Solicita entonces, para la protecci\u00f3n de las prerrogativas superiores, que se ordene \u00abresolver de manera concreta y satisfactoria los puntuales cuatro motivos que la defensa le ha planteado para la concesi\u00f3n de la libertad\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce, en lo esencial, que pese a que en la Ley 1908 de 2018 se incluy\u00f3 el delito de concierto para delinquir pero con car\u00e1cter de comisi\u00f3n \u00abpermanente\u00bb, y, los hechos que dieron lugar a la detenci\u00f3n de su agenciado fue que por la intervenci\u00f3n de miembros del Clan del Golfo bajo amenazas, y el homicidio de uno de los empleados del supermercado \u00abLos Chagualos\u00bb, logr\u00f3 que le pagaran la deuda de $200.000.000,oo el 11 de diciembre del 2017, es decir, \u00ablas cosas terminaron para el procesado quien se alej\u00f3 de todo escenario y por eso es que no se le vincula ni como autor, coautor o participe en los delitos posteriores de los verdaderos miembros del clan del Golfo que inclusive se tramitan ante otro juez y en otro proceso\u00bb, luego, dice, la citada norma \u00abes inaplicable (\u2026) por[que] (\u2026) la misma se dict\u00f3 (\u2026), para poder atender con t\u00e9rminos m\u00e1s flexibles los procesos con plurales procesados, que por su complejidad estaban generando vencimiento de t\u00e9rminos inaguantables\u00bb, el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Cartagena confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del Juez Noveno Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de esa urbe, que neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la libertad de su prohijado por vencimiento de t\u00e9rminos. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en las anteriores decisiones se omiti\u00f3 no solo que la citada Ley \u00abno tiene caso que en un proceso simple con un procesado unitario\u00bb, sino que \u00abni en el acto de imputaci\u00f3n ni en el de acusaci\u00f3n se mencion\u00f3 para nada la ley 1908 por lo que no puede sorprenderse al procesado para aludirla y aplicarla solo para atajarle su libertad, m\u00e1xime si tenemos en cuenta que esa ley subdivide en dos los grupos delictivos y nunca se le dijo entonces al procesado en cu\u00e1l de ellos es que se le incluye\u00bb, circunstancias \u00e9stas que, dice, hace necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, vinculada a la presente acci\u00f3n, precis\u00f3 que conoci\u00f3 del h\u00e1beas corpus que present\u00f3 el se\u00f1or \u00c1lzate Jim\u00e9nez y si \u00e9ste cuestiona esas decisiones, la protecci\u00f3n rogada es improcedente. <\/p>\n
b. El Juzgado Noveno Penal Municipal de Cartagena con funciones de Control de Garant\u00edas puntualiz\u00f3, que \u00abrealiz\u00f3 audiencia de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos el d\u00eda 31 de agosto del 2020, en la cual el fiscal y el representante del Ministerio P\u00fablico se opusieron a la petici\u00f3n del actor, luego de lo cual (\u2026) decidi\u00f3 negar la libertad, al considerar que se estaba frente a un caso de la ley 1908 de 2018\u00bb. <\/p>\n
c. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma ciudad indic\u00f3, que la protecci\u00f3n invocada est\u00e1 llamada al fracaso, porque no \u00abse cumple la subsidiariedad y excepcionalidad de la tutela, pues el procesado puede pedir la sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento, exaltando que los jueces que en su momento resolvieron los HABEAS CORPUS invocados dentro de este caso contra ese juzgado, no observaron la existencia de una v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
d. El titular del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la mentada urbe indic\u00f3, que conoce de la causa que se sigue en contra del agenciado, tr\u00e1mite que se encuentra en fase de juicio; que la \u00abprocedencia de esta acci\u00f3n se encuentra supeditada a que el afectado con la privaci\u00f3n ilegal de la libertad o con su il\u00edcita prolongaci\u00f3n, haya acudido y agotado primero los medios previstos en el ordenamiento legal dentro del proceso que se le adelanta\u00bb. <\/p>\n
e. La Fiscal 15 Especializada de la aludida localidad, despu\u00e9s de relacionar las actuaciones que conoce de las indagaciones que dieron lugar a la captura del se\u00f1or \u00c1lzate, se\u00f1al\u00f3, en suma, que \u00abel presente mecanismo constitucional no est\u00e1 para revivir debates ya superados por las instancias ordinarias, en casos como el presente, donde la causal alegada ya fue decidida, sin que esta acci\u00f3n constitucional pueda utilizarse como una instancia adicional ante la falta de prosperidad de las pretensiones de la defensa, toda vez que ya por la v\u00eda ordinaria los se\u00f1ores jueces se han pronunciado, considerando con todo respeto, que el accionante esta des-naturalizando el fin constitucional para el que fue creada esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras considerar que la decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n que neg\u00f3 la libertad del agenciado por vencimiento de t\u00e9rminos, \u00abse sustent\u00f3 en la valoraci\u00f3n objetiva y razonable de las circunstancias f\u00e1cticas y jur\u00eddicas puestas de presente por la fiscal\u00eda en su respuesta, tanto en la imputaci\u00f3n, como en la acusaci\u00f3n y en los fundamentos de la teor\u00eda del caso expuesta al inicio del juicio oral, as\u00ed como en los documentos obrantes en el expediente, permitieron inferir la forma en que operaba el grupo delincuencial el \u201cCLAN DEL GOLFO\u201d integrado por 41 personas que lograron se identificadas, dentro de las cuales se encuentra el procesado, resultando aplicable la Ley 1908 de 2018, en lo que respecta al delito de concierto para delinquir agravado\u00bb; adem\u00e1s, \u00abse advierte que a lo largo de la actuaci\u00f3n, y la acusaci\u00f3n tambi\u00e9n enmarc\u00f3 circunstancias de participaci\u00f3n previstas en la Ley 1908 de 2018, al hacer parte el procesado de una organizaci\u00f3n delincuencial, y aunque hubo una ruptura de la unidad procesal, de ello no es posible predicar su separaci\u00f3n de los hechos que lo ligan con la organizaci\u00f3n criminal a la cual presuntamente perteneci\u00f3, para considerar como lo expone el agenciante que hay un solo proceso con un \u00fanico procesado, lo que impide la aplicaci\u00f3n de la referida ley\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando argumentos similares a los expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable instaurarla contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en causal de procedencia del amparo, vale decir, cuando su obrar es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, sin que el afectado cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas. <\/p>\n
2. Adem\u00e1s, en relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que: <\/p>\n
\u00ab[L]a legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (subraya la Sala, C. C. ST-878 de 2007). <\/p>\n
Y respecto de los presupuestos para que proceda el reconocimiento de la agencia oficiosa se ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab[E]n materia de tutela son: \u201c(i) la manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal; [y] (ii) la circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa\u201d. Solo cuando estos dos requisitos se presentan simult\u00e1neamente, puede concluirse que el agente est\u00e1 legitimado por activa para solicitar la garant\u00eda de derechos fundamentales de los cuales no es titular\u00bb (subraya la Sala, C. C. ST-1075 de 2012). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, sin duda alguna, para esta Sala el se\u00f1or Ricardo Morales Cano, solicitante del amparo, no est\u00e1 facultado para promover \u00e9ste en nombre del ciudadano Marlon \u00c1lzate Jim\u00e9nez, as\u00ed invoque la calidad de agente oficioso, habida cuenta de la detenci\u00f3n de \u00e9ste en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cartagena, pues la privaci\u00f3n de la libertad de manera alguna limita al confinado y afectado en sus derechos, a promover su propia defensa, y aunque se adujo el padecimiento de una patolog\u00eda f\u00edsica, c\u00e1ncer de piel, n\u00f3tese que no solo el oficio arrimado con el escrito de tutela, presuntamente del m\u00e9dico tratante, no tiene firma ni sello de \u00e9ste, sino que la historia cl\u00ednica registra como que la \u00faltima novedad data del a\u00f1o 2017, calenda en la que se generaron los hechos punibles que dieron lugar a la captura alegada, sin que por dem\u00e1s, exista alg\u00fan tipo de incapacidad del agenciado, luego en tal orden, se itera, nada obsta para que el susodicho ciudadano acuda por la protecci\u00f3n de sus derechos, ya sea, a trav\u00e9s de las dependencias existentes en el centro reclusorio, o en su defecto, a trav\u00e9s del Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
4. Ahora en abstracci\u00f3n de lo anterior, y comoquiera que, en \u00faltimas, de lo que se queja el se\u00f1or Cano es de la aplicaci\u00f3n de la Ley 1908 de 2018, tras considerar que la conducta de su agenciado ces\u00f3 con antelaci\u00f3n de la expedici\u00f3n de la citada norma, basta con advertir, que los errores de linaje legal presuntamente cometidos por las autoridades jurisdiccionales convocadas, pueden ser, pues as\u00ed lo establece el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, corregidos a trav\u00e9s de los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico (v. gr. el instituto de las nulidades, de que tratan los art\u00edculos 456 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Penal), siendo entonces, por mandato normativo, otro el escenario en el que debe discutirse lo concerniente a la falta de competencia y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que presuntamente de all\u00ed se deriva, n\u00f3tese que precisamente el art\u00edculo 457 de la citada codificaci\u00f3n prev\u00e9 la nulidad por \u00abviolaci\u00f3n del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales\u00bb; de este modo, antes de acudir al presente mecanismo, el interesado debe hacer uso de las herramientas que el legislador dispuso para la defensa de sus intereses, inclusive, cuando en el juicio a\u00fan cuenta con la posibilidad de ventilar la particular tem\u00e1tica, a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n en contra de la sentencia de primer grado, en caso de resultar condenado, sin contar, adem\u00e1s, con el recurso de extraordinario de casaci\u00f3n en contra del fallo de segundo grado. <\/p>\n
4.1. As\u00ed las cosas, queda al descubierto la no viabilidad de lo pretendido, por cuanto estando el proceso penal en curso, se estar\u00eda interfiriendo en el marco de competencia del juez natural previsto en el ordenamiento jur\u00eddico, y naturalmente el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que va en contrav\u00eda de los dictados de la doctrina constitucional, en raz\u00f3n a que cuestiones de esos singulares perfiles, evidentemente deben discutirse en el escenario procesal adecuado, a trav\u00e9s de los recursos pertinentes, y, ante los funcionarios acusados; admitir que mediante una tutela se adelante un juicio constitucional para examinar situaciones que son objeto de juzgamiento en un proceso en curso por las autoridades competentes, conforme al tr\u00e1mite establecido por el legislador y las normas sustanciales que regulan el decurso seguido frente al gestor del amparo, es desconocer los principios de juez natural, competencia y debido proceso, lo cual es constitucionalmente improcedente. <\/p>\n
5. Por los argumentos anotados, se impone mantener la providencia examinada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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