STC12807-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-03398-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Francisco Botero Ortiz contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que, en su calidad de acreedor de Hern\u00e1n Dar\u00edo Villarraga Hurtado, inici\u00f3 proceso compulsivo en su contra, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga (radicaci\u00f3n 2013-00173), en el que se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, para lo cual se remiti\u00f3 al hom\u00f3logo Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa localidad, el cu\u00e1l estar\u00eda siendo \u00abtorpedeado por la abogada del demandado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, precis\u00f3 que, el 26 de abril de 2019, el deudor present\u00f3 ante la Notar\u00eda Sexta de Bucaramanga una \u00absolicitud de insolvencia de persona natural no comerciante\u00bb, la cual, en su criterio, es \u00abfraudulenta\u00bb. Adelantadas algunas diligencias, el operador de insolvencia, \u00abestableciendo la calidad de comerciante del deudor\u00bb, envi\u00f3 la foliatura a reparto, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma urbe (radicaci\u00f3n 2019-00156), quien decret\u00f3 \u00abla nulidad oficiosa de lo actuado notarialmente y avoc\u00f3 el procedimiento de insolvencia de persona natural comerciante\u00bb, inadmitiendo la solicitud para que fuera subsanada. <\/p>\n
Por lo anterior, el se\u00f1or Villarraga Hurtado interpuso acci\u00f3n de tutela contra la enunciada providencia, la cual fue dirimida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la plurimencionada ciudad, concediendo la protecci\u00f3n deprecada y ordenando al estrado \u00abgarantizar para los intervinientes, previo al decreto de la nulidad oficiosa, la pr\u00e1ctica de pruebas\u00bb. Inconforme, impugn\u00f3 la determinaci\u00f3n, en virtud de lo cual esta Corporaci\u00f3n la confirm\u00f3. <\/p>\n
Seguidamente, en acatamiento de la citada directriz, el despacho \u00abdecret\u00f3 y practic\u00f3 las pruebas pedidas para, en definitiva, se\u00f1alar fecha para la audiencia en la que nuevamente declar\u00f3 la nulidad oficiosa y mantuvo la competencia para conocer del procedimiento de reorganizaci\u00f3n, inadmitiendo entonces la solicitud v\u00eda se\u00f1alamiento de caras falencias advertidas\u00bb. Apelada esa decisi\u00f3n, el tribunal la revoc\u00f3 y, en su lugar, orden\u00f3 remitir el expediente a reparto de los jueces civiles municipales, por ser los competentes. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 que \u00abdejar sin efecto la totalidad de actuaciones verificadas por el TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA SALA CIVIL FAMILIA, Magistrado Sustanciador Dr. RAM\u00d3N ALBERTO FIGUEROA ACOSTA, por ser violatorias de la normatividad procesal civil que es de orden p\u00fablico y de obligatorio cumplimiento, disponiendo a su vez que el JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO de Bucaramanga, deber\u00e1 continuar con el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n del comerciante deudor o en su lugar ordenar al tribunal que dentro del t\u00e9rmino que as\u00ed se disponga proceda de conformidad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, ponente de la resoluci\u00f3n confutada, manifest\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n reprochada no entra\u00f1a un criterio arbitrario o caprichoso que demande la intervenci\u00f3n del juez constitucional, todo lo contrario, es el producto de la aplicaci\u00f3n de la Ley y la jurisprudencia en el caso concreto, en ejercicio de la autonom\u00eda judicial, tal como se desprende su lectura\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n a\u00f1adi\u00f3 que, \u00abcontrario a lo arg\u00fcido por el actor, este juzgador no incurri\u00f3 en contradicci\u00f3n al desatar la alzada, de ello dan cuenta las actuaciones surtidas en segunda instancia. De un lado, en auto adiado 21 de mayo de 2021 declar\u00e9 estar incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 12 del art\u00edculo 141 del C.G. del P. para conocer el asunto, manifestaci\u00f3n que fue declarada infundada por el Magistrado Hom\u00f3logo Jos\u00e9 Mauricio Mar\u00edn Mora en prove\u00eddo del 2 de agosto de 2021; y por otra parte, en la providencia reprochada, expres\u00e9 las razones por las cuales las argumentaciones all\u00ed expuestas no contradicen la postura sentada en la sentencia del 11 de diciembre de 2019\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad expuso que \u00abla censura del tutelante se enfila \u00fanicamente contra la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de este Distrito Judicial en donde el suscrito ninguna injerencia tiene, as\u00ed mismo, ning\u00fan reproche se hace frente a las actuaciones que he adelantado. Corolario de lo expuesto depreco se declare improcedente el amparo pedido en lo que ata\u00f1e a las actuaciones por m\u00ed adelantadas\u00bb. <\/p>\n
3. El hom\u00f3logo Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de sentencias de Bucaramanga se\u00f1al\u00f3 que \u00aba este estrado judicial le correspondi\u00f3 el conocimiento del proceso radicado 68001-31-03-007-2013-00173-01, adelantado por CARLOS FRANCISCO BOTERO ORTIZ en contra de HERNAN DARIO VILLARRAGA HURTADO y NANCY LARIOS QUIJANO, seg\u00fan remisi\u00f3n que efectuare el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA13-9984 de 2013 emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. El tr\u00e1mite se avoc\u00f3 con sentencia y\/o auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n debidamente ejecutoriado, mediante auto del 24 de octubre de 2014, momento desde el cual se ha dado impulso procesal siguiendo los lineamientos de la norma procesal vigente y con respeto a las garant\u00edas fundamentales de las partes\u00bb. <\/p>\n
5. La Alcald\u00eda de Bucaramanga precis\u00f3 que \u00abse permite apartarse de las pretensiones solicitadas por la parte accionante, y as\u00ed solicitar de manera respetuosa se exhorte al JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO de Bucaramanga y a los dem\u00e1s intervienes dentro del proceso que se adelanta, a cumplir de manera inmediata lo ordenado por el MAGISTRADO PONENTE RAM\u00d3N ALBERTO FIGEROA ACOSTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA SALA CIVIL \u2013 FAMILIA, en auto de fecha 02 de septiembre de 2021, mediante el cual resuelve revocar la decisi\u00f3n de nulidad proferida el 14 febrero del 2020, por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga y as\u00ed mismo remitir el expediente del se\u00f1or HERNAN DARIO VILLARRAGA HURTADO a los Jueces Civiles Municipales en su correspondiente oficina de reparto. Dicha decisi\u00f3n es respaldada contundentemente seg\u00fan lo predicado en el art\u00edculo 534 de la ley 1564 2012\u00bb. <\/p>\n
6. La Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Direcci\u00f3n de Tr\u00e1nsito de Bucaramanga exterioriz\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de la referencia (radicaci\u00f3n 2019-00156), por resolver el recurso de apelaci\u00f3n formulado en ese asunto, revocando la decisi\u00f3n recurrida y ordenando la remisi\u00f3n de la foliatura a reparto de los jueces civiles municipales. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad \u2013que, a su vez, declar\u00f3 la nulidad de lo actuado ante la Notar\u00eda Sexta de esa urbe, por encontrar acreditada la calidad de \u00abcomerciante\u00bb de Villarraga Hurtado\u2013, en tanto \u00abel juez de la primera instancia, como el Operador de Insolvencia de la Notar\u00eda, incurrieron en un desatino de orden procesal, como que ninguno de estos dos ten\u00edan la competencia para dirimir dicha controversia y definir si el deudor en realidad tiene o no la calidad de comerciante\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al analizar el marco normativo y jurisprudencial sobre el tema, especialmente las sentencias CSJ, STC9150-2021, 22 jul. y STC17137-2019, 16 dic., la c\u00e9lula encartada reliev\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abConforme el nuevo r\u00e9gimen de insolvencia de persona natural no comerciante introducido con el C\u00f3digo General del Proceso, se otorg\u00f3 la posibilidad a aquellas personas que no ejercen el comercio y que se encuentran en cesaci\u00f3n de pagos de sus acreencias (i) negociar sus deudas a trav\u00e9s de un acuerdo con sus acreedores para obtener la normalizaci\u00f3n de sus deudas; (ii) convalidar los acuerdos privados celebrados con sus acreedores o, (iii) liquidar su patrimonio. La competencia para conocer de estos tr\u00e1mites conforme lo previsto en el art\u00edculo 533 del estatuto general del proceso, est\u00e1 radicada en (i) los centros de conciliaci\u00f3n del lugar del domicilio del deudor, (ii) las notar\u00edas del lugar del domicilio del deudor, a trav\u00e9s de sus notarios y conciliadores inscritos. A la par, el juez civil municipal del domicilio del deudor, conocer\u00e1 en \u00fanica instancia, de las controversias previstas en el tr\u00e1mite o que se originen durante el mismo, funcionario judicial que igualmente ser\u00e1 competente para conocer del procedimiento de liquidaci\u00f3n patrimonial, por as\u00ed disponerlo el art\u00edculo 534 del C. G. del P. <\/p>\n
Frente al contenido de esta regla adjetiva, la Sala de Casaci\u00f3n Civil del la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de tutela STC9150-2021 de fecha 22 de julio de 2021 siendo Magistrado Ponente Dr. Luis Alonso Rico Puerta, al analizar un asunto de similar catadura, defini\u00f3 el alcance y efectos de la citada norma, as\u00ed: <\/p>\n
\u201c(\u2026) dado que, habi\u00e9ndose presentado una controversia sobre la calidad de comerciante de la deudora dentro del proceso de negociaci\u00f3n, la convocada omiti\u00f3 remitir el asunto ante el juez civil municipal para dirimirla. Lo anterior, con la finalidad de que dicha autoridad procediera a determinar si concurr\u00edan o no las condiciones para que Rosmary \u00c1vila Guevara pudiera acogerse al procedimiento de negociaci\u00f3n de deudas y convalidaci\u00f3n de acuerdos de que trata el Libro Tercero, Secci\u00f3n Tercera, T\u00edtulo IV del C\u00f3digo General del Proceso; o si, por el contrario, se acredita su calidad de comerciante y, en consecuencia, debe someterse al procedimiento previsto en la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
Lo anterior, en tanto esta circunstancia no es un aspecto menor, si se tiene en cuenta su estrecha relaci\u00f3n con un derecho fundamental de deudores y acreedores: el consagrado en el canon 29 de la Carta Pol\u00edtica, a cuyo tenor \u00ab[n]adie podr\u00e1 ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u00bb. Por ello el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha venido relievando la importancia de acudir a las herramientas legales que facilitan la subsunci\u00f3n de cada caso concreto en los distintos reg\u00edmenes de insolvencia, y as\u00ed establecer a qui\u00e9n corresponde el conocimiento del asunto; por lo que, v.gr., en la definici\u00f3n de la condici\u00f3n de comerciante la autoridad puede hacer uso de las presunciones \u2013iuris tantum\u2013 que consagra el canon 8 del C\u00f3digo de Comercio14, y comparar la actividad de la que deriva sus ingresos el deudor con las rese\u00f1adas en los art\u00edculo 20 (que establece cu\u00e1les actos son considerados mercantiles) y 23 (actos no mercantiles) ejusdem. <\/p>\n
Por \u00faltimo, recu\u00e9rdese que el numeral 1 del canon 550 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que, en la audiencia de negociaci\u00f3n de deudas en la insolvencia de persona natural no comerciante, \u00abel conciliador pondr\u00e1 en conocimiento de los acreedores la relaci\u00f3n detallada de las acreencias y les preguntar\u00e1 si est\u00e1n de acuerdo con la existencia, naturaleza y cuant\u00eda de las obligaciones relacionadas por parte del deudor y si tienen dudas o discrepancias con relaci\u00f3n a las propias o respecto de otras acreencias (\u2026)\u00bb; lo cual no obsta para que el operador d\u00e9 el tr\u00e1mite correspondiente a las controversias que se susciten sobre otros aspectos que no est\u00e1n expresamente consagrados en dicha normativa, como podr\u00eda ser \u2013y sucede en este asunto\u2013 la calidad del deudor, con el fin de que el juez civil municipal los dirima seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 534 ib\u00eddem.\u201d. <\/p>\n
Postura que no se torna como un pronunciamiento insular, si en cuenta se tiene que, este mismo criterio ya hab\u00eda sido plasmado en oportunidad anterior en la sentencia STC17137- 2019 de fecha 16 de diciembre de 2019\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
En ese sentido, determin\u00f3 como problema jur\u00eddico a resolver \u00absi fue atinada la decisi\u00f3n adoptada por el Juez Sexto Civil del Circuito de esta ciudad al decretar la nulidad de todo lo actuado al interior del tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas adelantado ante la Notar\u00eda Sexta de Bucaramanga, respecto del deudor HERN\u00c1N DAR\u00cdO VILLARRAGA HURTADO, por encontrar acreditada su calidad de comerciante\u00bb, en virtud de lo cual sostuvo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el presente asunto arrib\u00f3 al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga, en raz\u00f3n a la determinaci\u00f3n que en su momento adoptara el Operador de Insolvencia designado al interior del tr\u00e1mite de Negociaci\u00f3n de Deudas adelantado ante la Notar\u00eda Sexta de Bucaramanga, mediante decisi\u00f3n adoptada en la audiencia celebrada el d\u00eda 19 de junio de 2019, al resolver \u201cTrasladar el expediente completo\u201d ante los Jueces Civiles del Circuito de Bucaramanga, para que conocieran el proceso de negociaci\u00f3n de pasivos, al concluirse que, el deudor tiene la calidad de comerciante y por tanto, debe acogerse al r\u00e9gimen de insolvencia previsto en la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
Que, en virtud de tal remisi\u00f3n de las diligencias, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la ciudad decide acoger el conocimiento del asunto e imprimirle el tr\u00e1mite previsto en la mencionada Ley 1116 de 2006 para personas naturales comerciantes, no sin antes decretar la nulidad de todo lo actuado ante la Notar\u00eda Sexta de esta localidad, luego de agotar el tr\u00e1mite propio de la nulidad previsto en los art\u00edculos 134 y siguientes del C. G. del P. <\/p>\n
Partiendo de esto pre\u00e1mbulo y aterrizada la posici\u00f3n de la jurisprudencia citada en el ac\u00e1pite anterior, respecto del alcance y efectos del art\u00edculo 534 del C. G. del P., frente a la competencia del Juez Civil Municipal para conocer de las controversias que al interior del tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas surjan, para la Sala Unitaria pronto sale a descampado que, tanto el juez de la primera instancia, como el Operador de Insolvencia de la Notar\u00eda Sexta de Bucaramanga, incurrieron en un desatino de orden procesal, como que ninguno de estos dos ten\u00edan la competencia para dirimir dicha controversia y definir si el deudor VILLARRAGA HURTADO en realidad tiene o no la calidad de comerciante, dado que el conocimiento de ese puntual aspecto, est\u00e1 radicado en el Juez Civil Municipal de esta ciudad, tal como acaba de verse. <\/p>\n
Si se repara en las numerables solicitudes radicadas por el acreedor CARLOS FRANCISCO BOTERO ORTIZ y el CONJUNTO RESIDENCIAL NEPTUNO, sin duda alguna, todas ellas estaban encaminadas a controvertir o demostrar la calidad de comerciante del deudor HERNAN DARIO VILLARRAGA HURTADO y, por consiguiente, tal debate deb\u00eda cumplirse, no por el Operador de Insolvencia como aqu\u00ed se hizo, ni mucho menos por v\u00eda de nulidad por el Juez Civil del Circuito de Bucaramanga, sino por el Juez Civil Municipal de esta ciudad, al ser aquella discusi\u00f3n una verdadera controversia, tal como lo pregona la pluricitada regla 534 del C. G. del P. <\/p>\n
Ahora bien, no huelga aclarar que, si bien en pret\u00e9rita oportunidad este Tribunal Superior al interior del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de radicaci\u00f3n 2019-00517-00 conoci\u00f3 del presente proceso y, mediante sentencia de fecha 11 de diciembre de 201916 decidi\u00f3 amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la administraci\u00f3n de justicia del accionante, ordenando dejar sin efecto las decisiones adoptadas al interior del proceso por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta localidad, entre ellas, el que decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, y en su lugar dispuso, que el juzgado de conocimiento repusiera la actuaci\u00f3n, para que se agotara el tr\u00e1mite de la nulidad previsto en el art\u00edculo 134 del C. G. del P.; lo cierto es que, lo all\u00ed resuelto no va en contra v\u00eda de lo que en esta oportunidad decide esta Sala Unitaria, por cuanto la competencia del Tribunal en aquel momento \u00fanicamente estaba orientada a amparar los derechos fundamentales del promotor de la acci\u00f3n que se encontraron vulnerados y no, como en esta oportunidad, donde la atenci\u00f3n de la Sala deb\u00eda concentrarse en analizar si fue o no acertada la decisi\u00f3n del Juez Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga al decidir la nulidad por \u00e9l tramitada, encontrando que frente al punto, dicho operador judicial carece de competencia para asumir el conocimiento del asunto, tal y como viene de verse\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
De esta manera, concluy\u00f3 que \u00abdados los alcances que para el efecto la jurisprudencia a otorgado al art\u00edculo 534 del C. G. del P., no queda la menor duda que la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 decretar la nulidad de todo lo actuado al interior del tr\u00e1mite de Negociaci\u00f3n de Deudas adelantado ante la Notaria Sexta de Bucaramanga, adoptada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga en la audiencia celebrada el 14 de febrero de 2020, no estuvo ajustada a derecho y por lo mismo, merece ser revocada, y en su lugar, se ordenar\u00e1 que por intermedio del juzgado de primera instancia se ordene la remisi\u00f3n del expediente a los Jueces Civiles Municipales \u2013Oficina de Reparto- para la asignaci\u00f3n de su conocimiento\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada resulta razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12807-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-03398-00 (Aprobado en Sala de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Francisco Botero Ortiz contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57831","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57831","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57831"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57831\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57831"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57831"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57831"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}