STC12814-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12814-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03471-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Winder Chac\u00f3n Ortega y Sa\u00fal Chac\u00f3n Dom\u00ednguez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes de la tutela 2021-00186. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, actuando en su propio nombre, acuden a esta herramienta constitucional para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos \u00aba la administraci\u00f3n de justicia y al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recaudados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
En el Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple curs\u00f3 la acci\u00f3n de tutela 2014-00161 promovida por Sa\u00fal Chac\u00f3n Dom\u00ednguez contra el Municipio de Floridablanca (Santander) y otros por la presunta lesi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental a la vivienda digna. <\/p>\n
En dicha actuaci\u00f3n, la Corte Constitucional en sede de revisi\u00f3n profiri\u00f3 el fallo T-109 de 2015, en el cual imparti\u00f3 una serie de \u00f3rdenes que, seg\u00fan dicen los gestores, no se han materializado. <\/p>\n
Comoquiera que el Juzgado Tercero de Peque\u00f1as no ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto por la Tribunal Constitucional, los ac\u00e1 accionantes promovieron la acci\u00f3n de tutela 2021-00186, que correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, despacho que emiti\u00f3 fallo estimatorio el pasado 3 de agosto. <\/p>\n
La anterior providencia fue impugnada por la c\u00e9lula judicial all\u00ed accionada y el apoderado de la Alcald\u00eda de Floridablanca, correspondiendo su conocimiento a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, la que, con fallo del 10 de septiembre del a\u00f1o en curso, la revoc\u00f3 para, en su lugar, denegar el resguardo suplicado. <\/p>\n
3. La queja de los accionantes gravita en torno a que el tribunal ac\u00e1 convocado desconoci\u00f3 \u00abque el Juzgado 3 de peque\u00f1as causas y competencia m\u00faltiple\u2026 ten\u00eda el deber constitucional de hacer cumplir las \u00f3rdenes impartidas en la sentencia T-109 del 2015 y que hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de 3 meses sin que profiriera un fallo decisorio que ordenara el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia en menci\u00f3n [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicitaron \u00abrevocar el fallo de segunda instancia proferido por el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga\u2026 y confirmar el fallo de primera instancia [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n recriminada resalt\u00f3 que \u00abel estudio del caso concreto se hizo de manera juiciosa y detallada, conforme a las pruebas obrantes en el expediente y dentro del marco del Decreto 2591 de 1991\u2026 sin que el an\u00e1lisis jur\u00eddico all\u00ed efectuado resulte contrario a las garant\u00edas contenidas en nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Segunda Civil del Circuito de Bucaramanga se\u00f1al\u00f3 que le correspondi\u00f3 el conocimiento, en segunda instancia, de la acci\u00f3n de tutela 2014-00161 dentro de la cual la Corte Constitucional profiri\u00f3 la sentencia T-109 de 2015, as\u00ed como del grado jurisdiccional de consulta en dos incidentes de desacato promovidos por quienes fungieron como accionantes en aquella oportunidad; empero no se refiri\u00f3 a las circunstancias que rodearon el resguardo objeto de la presente queja (2021-00186). <\/p>\n
3. La apoderada del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin presentar consideraci\u00f3n alguna frente a los hechos en que se fundamento la interposici\u00f3n de la actual acci\u00f3n de tutela, centr\u00f3 su extensa intervenci\u00f3n en el aparente cumplimiento de la sentencia T-109 de 2015, tema completamente ajeno a la presente salvaguarda y que debe ser ventilado ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4. El director general del Banco Inmobiliario de Floridablanca se opuso a la prosperidad de este instrumento pues \u00abno existe acci\u00f3n u omisi\u00f3n por parte de los juzgados accionados [sic] que se erijan como una causal espec\u00edfica de procedibilidad de acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial, situaci\u00f3n que deja sin sustento o virtualidad la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por los accionantes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Bucaramanga vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de los accionantes al revocar el fallo estimatorio proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de aquella ciudad dentro de la acci\u00f3n de tutela 2021-00186. <\/p>\n
2. La improcedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
3.1. Con sujeci\u00f3n a las anteriores premisas, observa la Corte que no se abre paso el amparo propuesto comoquiera que, en esta oportunidad, los querellantes pretenden quebrantar el fallo proferido en virtud de una acci\u00f3n de tutela y ello significa desatender una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad ya que, de permitirse, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto (ver, entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01). <\/p>\n
Sobre la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela en estos casos, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que es un aspecto unificado y constante que debe ser atendido, ya que \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Insiste la Sala en que para cuestionar lo resuelto en un tr\u00e1mite de tutela el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Significa lo anterior que el mecanismo de resguardo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n de tutela, como lo precis\u00f3 esta Corte, acogiendo precedentes jurisprudenciales de la misma Corporaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ SC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289, 22 jun. 2016). <\/p>\n
3.2. S\u00famese a lo dicho, que no hay prueba de que hubiera concluido el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de all\u00ed que los quejosos a\u00fan cuenten con ese instrumento para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, as\u00ed como tambi\u00e9n con la formulaci\u00f3n de la insistencia en caso de no resultar seleccionada la salvaguarda, por lo que se incumple tambi\u00e9n el requisito de procedibilidad citado. <\/p>\n
Tal instrumento dise\u00f1ado para la revisi\u00f3n de los fallos de tutela por parte del Tribunal de cierre en materia de derechos fundamentales es eficaz porque, como lo ha sostenido esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que no se diga que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras) <\/p>\n
Y, en otras oportunidades, se agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia\u00bb (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 00561-01; 14 oct. 2004, rad. 1120; 8 mar. 2006, rad. 00263-00; y 7 mar. 2013, rad. 00122-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, se aprecia que ante dicho Tribunal se est\u00e1 adelantando el tr\u00e1mite de cumplimiento del fallo T-109 de 2015, iniciado mediante auto del pasado 13 de agosto, en el cual Winder Chac\u00f3n Ortega y Sa\u00fal Chac\u00f3n Dom\u00ednguez pueden intervenir para velar por la materializaci\u00f3n de las \u00f3rdenes impartidas en la sentencia que dicen no ha sido acatada. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se desestimar\u00e1 el resguardo en atenci\u00f3n a que no se cumplen las exigencias jurisprudenciales que habilitan la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra una decisi\u00f3n adoptada en un tr\u00e1mite de similar naturaleza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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