STC12815-2021 <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12815-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01377-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de julio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Alberto Mart\u00edn Guerrero contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de la misma urbe, as\u00ed como las partes e intervinientes del juicio penal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, a la defensa y a \u00ablas pruebas\u00bb, presuntamente conculcadas por las autoridades jurisdiccionales convocadas, en el marco de la causa que se promovi\u00f3 en su contra, radicada bajo el consecutivo n.\u00ba 2018-00057-00. <\/p>\n
Solicita entonces, en lo cardinal, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que \u00abse ordene archivar por preclusi\u00f3n la acci\u00f3n penal que recae sobre mi prohijado, se\u00f1or CARLOS ALBERTO MART\u00cdN GUERRERDO, identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 2.937.909 de Bogot\u00e1, de acuerdo a la atipicidad de la conducta penal, al Acuerdo conciliatorio que se alleg\u00f3 entre mi prohijado y la supuesta v\u00edctima, tal como as\u00ed se encuentra probado con el recibo de conciliaci\u00f3n entre las partes inmersas en el proceso penal, el cual tiene el radicado: Causa 057-2018 (Sumario 805908) Sindicado Carlos Alberto Mart\u00edn <\/p>\n
Guerrero, radicado n\u00famero: 11001310404920180005701\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo y del farragoso escrito tutelar se extrae, que al interior del aludido juicio el actor fue condenado por el punible de fraude procesal, sin reparar en la indebida notificaci\u00f3n de la audiencia de \u00abformulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n\u00bb y la falta de defensa t\u00e9cnica, situaciones que, dice, le impidieron pedir la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, as\u00ed como aportar las pruebas conducentes para demostrar el acuerdo conciliatorio al que previamente llegaron las partes, y que redundaron en la afectaci\u00f3n sus garant\u00edas superiores, vicisitudes \u00e9stas que, en su criterio, hacen viable la revisi\u00f3n de la determinaci\u00f3n de segunda instancia proferida el 19 de mayo de los corrientes, a trav\u00e9s de la cual se mantuvo la condena impuesta el 26 de marzo de 2019. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 dijo, que el 19 de mayo de los corrientes se resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta en contra de la sentencia condenatoria, oportunidad en la que modific\u00f3 la sanci\u00f3n y concedi\u00f3 el subrogado de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
b. El Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de esta capital, simplemente remiti\u00f3 copia digital del expediente que origin\u00f3 el resguardo. <\/p>\n
c. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 denegar el auxilio solicitado, por considerar que ninguna prerrogativa fundamental se trasgredi\u00f3 en el presente asunto. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, al advertir que se desconoci\u00f3 el presupuesto de la subsidiariedad, puesto que \u00aba la fecha los mecanismos judiciales para la defensa de sus derechos no han sido agotados, en este caso, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb; de este modo, entonces, como \u00abla sentencia de segunda instancia se haya (sic) en tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n, (\u2026) ser\u00e1 ese el escenario id\u00f3neo a fin de que el actor debata las inconformidades que por este mecanismo residual plantea, instrumento que se ofrece adecuado, para propiciar un pronunciamiento al interior del cauce natural del diligenciamiento\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante se mostr\u00f3 inconforme con la anterior decisi\u00f3n, pues seg\u00fan su dicho, \u00abno se les notific\u00f3 en debida forma de las actuaciones procesales, para que en su lugar hiciera valer sus derechos a la defensa y al debido proceso\u00bb; y de cara a la interposici\u00f3n del recurso extraordinario anot\u00f3, que \u00abde acuerdo a la agenda que toma la corte en las decisiones, dicho caso podr\u00eda demorarse m\u00e1s de dos a\u00f1os en resolverse el presente caso a fondo, con la decisi\u00f3n que se tome en dicho recurso, que muy seguramente es no casando la sentencia, porque el ad quem hizo unas precisiones ajustadas en derecho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para alcanzar la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, pero de car\u00e1cter subsidiario y residual, dado que solamente puede acudirse a ella en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo \u00e9stos, el amparo se tramita como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
De lo anterior se desprende entonces, que la acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador, y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que el se\u00f1or Mart\u00edn Guerrero se duele a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, en lo esencial, de la presunta irregularidad en la que incurrieron los jueces convocados al condenarlo a la pena de 79 meses de prisi\u00f3n, tras ser hallado autor responsable del delito de fraude procesal, sin reparar en la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, la indebida notificaci\u00f3n en la que se incurri\u00f3 al interior del asunto, y, la falta de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
3. Revisado el escrito de tutela, las documentales e informes allegados a las presentes diligencias, resultan importantes los siguientes hechos probados, a saber: <\/p>\n
3.1. En el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1, se tramit\u00f3 el proceso penal en contra del aqu\u00ed accionante por el delito de fraude procesal ,el cual finaliz\u00f3 con sentencia condenatoria del 26 de marzo de 2019, a trav\u00e9s de la cual se dispuso \u00abCONDENAR a CARLOS ALBERTO MART\u00cdN GUERRERO, identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 2.947.909 (\u2026) a las penas principales de setenta y dos (72) meses de prisi\u00f3n, multa de doscientos (200) S.M.L.M.V. vigentes para el a\u00f1o 2019, e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por cinco (5) a\u00f1os, en calidad de autor responsable del delito de fraude procesal\u00bb. <\/p>\n
3.2. Esa decisi\u00f3n fue objeto de apelaci\u00f3n, la que se desat\u00f3 mediante providencia del 19 de mayo de 2021, oportunidad en la que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 dispuso confirmar la providencia confutada, pero \u00abcon la modificaci\u00f3n consistente en imponer como pena la de 48 meses de prisi\u00f3n. Lo anterior, conforme a las razones anotadas en precedencia\u00bb. <\/p>\n
3.3. El apoderado del condenado pidi\u00f3 copias de la sentencia en cuya oportunidad inform\u00f3 que presentar\u00eda el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y ante dicho requerimiento, la Secretar\u00eda del Tribunal dej\u00f3 constancia del env\u00edo de aqu\u00e9llas \u00abal correo institucional el 28 de mayo de 2021\u00bb. <\/p>\n
3.4. El 12 de julio actual, se fij\u00f3 edicto de notificaci\u00f3n de esa providencia, el cual a su turno fue desfijado el 14 de julio siguiente; as\u00ed mismo, el expediente permaneci\u00f3 en la secretar\u00eda de esa Corporaci\u00f3n para surtir \u00abla ejecutoria formal de la sentencia de segunda instancia\u00bb, conforme al art\u00edculo 200 de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n
3.5. De la consulta de procesos no se advierte ning\u00fan tipo de actuaci\u00f3n posterior; sin embargo, por solicitud de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 a estas diligencias, que \u00aben el proceso de la referencia el defensor del se\u00f1or Carlos Eduardo Monta\u00f1o G\u00f3mez (sic) present\u00f3 escrito interponiendo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, sin embargo a la fecha a\u00fan no ha presentado la demanda\u00bb. <\/p>\n
4. Pues bien, revisados los elementos de juicio obrantes en las diligencias digitales, observa la Corte que en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo especial\u00edsimo de protecci\u00f3n, resulta improcedente la salvaguarda rogada frente a la citada autoridad judicial, teniendo en cuenta la premura con la que acudi\u00f3 al resguardo, comoquiera que contra el fallo condenatorio proferido el 19 de mayo actual, se interpuso recurso de casaci\u00f3n, el cual se encuentra en tr\u00e1mite ante esa Magistratura. <\/p>\n
Entonces, se est\u00e1 a la espera de lo que decida la Corte, si es que la demanda de casaci\u00f3n se presenta en tiempo, siendo esa la herramienta procesal con la cuenta el actor para poner de relieve las quejas que ahora pretende se revisen en sede de tutela, raz\u00f3n por la cual se concluye, que inane resultar\u00eda emitir cualquier orden al interior del asunto, cuando existe la posibilidad que sea revocada la sentencia condenatoria, que es en \u00faltimas la aspiraci\u00f3n del quejoso, pues, mem\u00f3rese, no puede el Juez de tutela anticiparse a la adopci\u00f3n de la determinaci\u00f3n que deber\u00e1 tomar el respectivo funcionario, en raz\u00f3n a que vedado tiene arrogarse facultades ajenas, m\u00e1xime cuando, se insiste, no se tiene certeza en este momento acerca de pronunciamiento alguno en este particular sentido. <\/p>\n
5. Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n que: \u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, (\u2026) en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC6624-2021). <\/p>\n
Y por ello es que ha dicho esta Sala de tiempo atr\u00e1s, que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
6. Ahora, frente a la presunta irregularidad en que se incurri\u00f3 en el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n que defini\u00f3 la instancia, basta con verificar el Sistema de Gesti\u00f3n de Procesos de la Rama Judicial para advertir, que esa determinaci\u00f3n se notific\u00f3 por edicto, e incluso, las copias de esa particular providencia fueron enviadas al apoderado del actor, luego aqu\u00e9l tuvo pleno conocimiento del contenido de esa decisi\u00f3n que ahora fustiga; adicionalmente, no resulta admisible prohijar que las posibles \u00abdemoras\u00bb al desatar la casaci\u00f3n y las probables resultas de la misma sean \u00f3bice para aceptar la intervenci\u00f3n del juez de tutela, como al parecer lo pretende el promotor del auxilio, pues se trata de hechos inciertos que de modo alguno constituyen afectaci\u00f3n de sus garant\u00edas ius fundamentales, y, como se dijo, ese remedio extraordinario resulta ser la herramienta eficaz con la que cuenta el quejoso para ventilar las quejas que aqu\u00ed expone. <\/p>\n
7. Finalmente, sobre la falta de defensa t\u00e9cnica alegada por el gestor es preciso se\u00f1alar, que del escrito de tutela y de las actuaciones surtidas en el proceso penal referido se colige, que el inconforme s\u00ed fue representado por abogado, tanto as\u00ed que tuvo la oportunidad de promover recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera de instancia y de instaurar el mecanismo extraordinario de casaci\u00f3n, y, si bien el actor endilga la presunta negligencia a quien ejerc\u00eda su defensa en el proceso penal, ello no resulta suficiente para omitir la incuria y estudiar de fondo la queja constitucional, pues en dicho sentido, la Sala de vieja data ha se\u00f1alado que \u00ab\u201cAhora bien, en cuanto hace referencia a la precaria intervenci\u00f3n de quien tuvo a su cargo la defensa t\u00e9cnica del actor ha de decirse que la pretensi\u00f3n formulada a partir de dicho aspecto se opone por completo a los fines de la acci\u00f3n de tutela, pues resulta del todo claro que se emplea como \u00faltimo recurso en el anhelo de contrarrestar la condena que se le impuso al actor en una actuaci\u00f3n regida por las normas del debido proceso y en la cual se le aseguraron sus derechos fundamentales, de manera que por v\u00eda de tutela no puede disponerse la revisi\u00f3n indiscriminada del proceso y la consecuente repetici\u00f3n de actuaciones v\u00e1lidamente cumplidas, m\u00e1xime que la observancia de dicha garant\u00eda se alcanza no solo a partir de la participaci\u00f3n activa que el defensor despliegue, pues ella tambi\u00e9n recae sobre el procesado, quien, obviamente dentro de los l\u00edmites de sus conocimientos en derecho puede intervenir al interior del proceso en pro de sus intereses, y es por ello que no puede dejarse de lado que por voluntad propia el actor se sustrajo al desarrollo del proceso renunciando al ejercicio de su defensa material.\u201d\u00bb (CSJ STC6015-2021). <\/p>\n
La Sala en un asunto de contornos id\u00e9nticos al presente, se\u00f1al\u00f3 recientemente que \u00abaunque el gestor evidenci\u00f3 su descontento con la actuaci\u00f3n realizada por los abogados que lo representaron, quienes seg\u00fan \u00e9l dejaron de pedir y aportar las pruebas necesarias para su defensa, ha sido reiterada la posici\u00f3n de la Corte en punto a se\u00f1alar que las discrepancias originadas en la estrategia de defensa desarrollada por los abogados de las partes, no da lugar a la revocatoria de las decisiones judiciales por v\u00eda de tutela. <\/p>\n
En otras palabras, los reparos existentes frente el ejercicio de la labor de un abogado, no configuran (\u2026)suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC, 18 may. 2009, rad. 00508 -01)\u00bb (STC19505-2017, STC265-2020, STC STC3173-2021, STC4704-2021). <\/p>\n
De otro lado, frente a la pretensi\u00f3n principal del actor referente a que se deje sin valor y efecto lo actuado en el proceso penal que se sigui\u00f3 en su contra, ha de se\u00f1alarse que tal pedimento no cumple con el requisito de subsidiariedad, si en cuenta se tiene el recurso extraordinario de casaci\u00f3n impetrado fue fundado en similares reparos a los aqu\u00ed expuestos y el mismo no fue admitido (10 marzo de 2021). Luego, no puede el actor promover acci\u00f3n de tutela \u00fanicamente con el fin de remediar aquellas fallas que dieron lugar a la inadmisi\u00f3n del recurso aludido, pues como es sabido, el ejercicio de la presente acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional\u00bb (CSJ STC6383-2021). <\/p>\n
8. Corolario de lo anterior y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo de tutela refutado, por las razones expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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