STC12816-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12816-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2021-00148-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de agosto de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Gerardo Morales contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de la Dorada, Caldas, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con la sentencia proferida dentro del proceso ejecutivo de alimentos que en su contra adelanta Yineth Andrea Rodr\u00edguez Ortiz en representaci\u00f3n del menor XXX identificado con el radicado No. 2020-00079-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, se ordene al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada, Caldas, \u00abdejar sin efectos la decisi\u00f3n del 28 de junio de 2021 (\u2026) por haber incurrido en defecto f\u00e1ctico\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos aduce, en lo esencial, que en acta de conciliaci\u00f3n No. 0191 de 9 de septiembre de 2013 qued\u00f3 plasmado el acuerdo a que lleg\u00f3 con Yineth Paola Rodr\u00edguez Ortiz, en el Centro Zonal Oriente del ICBF, Regional Caldas, respecto de los alimentos del menor hijo que tienen en com\u00fan. <\/p>\n
Sostiene que la prenombrada promovi\u00f3 en su contra la referida ejecuci\u00f3n, y mediante sentencia de 28 de junio del a\u00f1o en curso, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada desestim\u00f3 sus excepciones y orden\u00f3 seguir adelante con el cobro, teniendo en cuenta \u00abcomo t\u00edtulo ejecutivo base de recaudo, el documento del 09 de octubre de 2013 aportado por la ejecutante, el cual difiere al acta original firmada por cuanto la fecha real es del 9 de septiembre de 2013\u00bb, situaci\u00f3n por la cual tach\u00f3 de falso el t\u00edtulo exigido, \u00abhabida cuenta que la ejecutante adulter\u00f3 la fecha del acta de conciliaci\u00f3n que allega como t\u00edtulo ejecutivo\u00bb; no obstante, su alegaci\u00f3n no fue atendida, y tampoco se tuvieron en cuenta todos los pagos que de mesadas que acredit\u00f3, situaciones por las cuales, asegura, se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) La titular del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada, Caldas, tras hacer un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del proceso cuestionado, se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada por el gestor emergi\u00f3 del an\u00e1lisis de las pruebas, en procura de garantizar los alimentos del menor involucrado. Adem\u00e1s explic\u00f3, que neg\u00f3 la tacha de falsedad propuesta por el aqu\u00ed interesado, porque el contenido del documento base del cobro, fue cotejado con el acta allegada al proceso por \u00e9ste y por la Defensor\u00eda de Familia. <\/p>\n
b.) El Defensor de Familia de la Regional Caldas Centro Zonal Oriente del ICBF indic\u00f3, que no tiene competencia para emitir valoraciones sobre la decisi\u00f3n cuestionada, por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, allegando copia del acta 191 de 2013, que sirvi\u00f3 como t\u00edtulo base del cobro del ep\u00edgrafe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, tras hacer un recuento del fundamento del fallo reprochado, neg\u00f3 la salvaguarda, al encontrar que \u00abla juzgadora accionada fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en los elementos probatorios tra\u00eddos al proceso en concordancia con los preceptos normativos que, a su juicio, se aplicaban en el asunto y no a su mero capricho o veleidad; de all\u00ed, que el hecho de estar inconforme con la decisi\u00f3n tomada no constituye una vulneraci\u00f3n a las prerrogativas fundamentales (\u2026) n\u00f3tese que para sus excepciones de cara a las pruebas recogidas, fueron relacionados de manera detallada los valores que resultaron demostrados y reconocidos por la accionante en aquella causa y respecto a ellos se orden\u00f3 hacer las adecuaciones pertinentes. Por otro lado, no se evidencia desacuerdo alguno susceptible de correcci\u00f3n en la determinaci\u00f3n respecto a la tacha de falsedad, pues lo cierto es que, la tachadura en la fecha no desvirt\u00faa su contenido obligacional y la exigibilidad del mismo, m\u00e1xime cuando, tal como lo advirti\u00f3 la juzgadora de instancia, fue allegada copia del acta tanto por la defensor\u00eda como por la misma parte demandada, toda coincidentes entre s\u00ed\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor, insistiendo \u00fanicamente en que no se tuvieron en cuenta todos los alimentos que prob\u00f3 haber suministrado a su hijo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por excepci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, ya que s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n alejada del r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte al motivo puntual de inconformidad expuesto en la impugnaci\u00f3n por el ciudadano Luis Gerardo Morales, se observa que recae en la sentencia proferida el 28 de junio de los corrientes por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada, Caldas, con que se resolvi\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n por alimentos que en su contra sigue Yineth Andrea Rodr\u00edguez Ortiz en representaci\u00f3n del menor XXX, pues seg\u00fan su dicho, aquella autoridad incurri\u00f3 en su decisi\u00f3n en el defecto f\u00e1ctico, al no valorar adecuadamente los medios de prueba que dan cuenta de los alimentos suministrados a su descendiente. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n criticada al Despacho convocado, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca el impulsor de la queja constitucional, lo cual se observa porque dicha autoridad en su decisi\u00f3n, tras exponer los motivos por los cuales el t\u00edtulo sustento del cobro prestaba m\u00e9rito ejecutivo, analiz\u00f3 y clasific\u00f3 los muchos recibos de pago aportados por el aqu\u00ed interesado, y descart\u00f3 varios de los mismos porque no era posible determinar que soportaran gastos de la manutenci\u00f3n del menor, sin que las pruebas testimoniales recaudadas dieran luz sobre el particular, ni la progenitora del menor aceptara en su interrogatorio la destinaci\u00f3n de los pagos; no obstante, si tuvo por acreditados varios pagos por concepto de gastos escolares y mudas de ropa, motivo por el cual orden\u00f3 seguir con el cobro, teniendo en cuenta esa satisfacci\u00f3n parcial de lo reclamado. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, se advierte que la decisi\u00f3n del Juzgado de Familia criticado, de seguir adelante con el cobro compulsivo aceptando el pago parcial de la obligaci\u00f3n reclamada, no obedeci\u00f3 al capricho o la arbitrariedad de aquella juzgadora, sino que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis de las pruebas y el razonable entendimiento de la normatividad procesal aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n normativa realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, la autoridad jurisdiccional criticada s\u00ed analiz\u00f3 las probanzas que el gestor acusa de omitidas, solo que las descart\u00f3 porque no era posible acreditar que tuvieran como destino la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n perseguida en el cobro judicial. <\/p>\n
5. De ah\u00ed que la citada postura, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar, no merece reproche en este escenario, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
6. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentra involucrado un menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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