STC12818-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12818-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-01824-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 1\u00b0 de septiembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Disama Medic S.A.S. contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo singular n\u00b0 2019-00469. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de su representante legal, la sociedad solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada al dejar inc\u00f3lume el mandamiento de pago librado en el asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que con observancia en el art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso, interpuso recurso de reposici\u00f3n contra la orden de pago librada el 9 de diciembre de 2019, dentro del pleito seguido en su contra por IBM de Colombia y C\u00eda. S.C.A., aduciendo sendas \u00abfalencias de los requisitos formales enrostradas a los t\u00edtulos ejecutivos\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que mediante providencia del 6 de mayo de 2021, el juzgado \u00abse refiri\u00f3 a unos requisitos formales del t\u00edtulo contemplados en el art\u00edculo 422 del CGP, referidos a la claridad y exigibilidad [empero] no realiz\u00f3 lo propio con la exigencia legal de constatar la autenticidad (\u2026), tampoco se refiri\u00f3, ni mucho menos motiv\u00f3, el no acogimiento de todas las aristas en las que soportamos el incumplimiento de esos requisitos formales\u00bb, pese a \u00ablos repetidos ruegos\u00bb para que se adicionara dicho pronunciamiento. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, en la ejecuci\u00f3n bajo examen, \u00abnecesariamente debe tenerse en cuenta que el t\u00edtulo ejecutivo se trata de uno enmarcado en la modalidad de (\u2026) complejo, toda vez que as\u00ed est\u00e1 reflejado en cada una de las facturas que se aportaron [las cuales] derivan de un contrato de arrendamiento. En suma, los documentos aportados para recaudo no pueden examinarse con exclusi\u00f3n de lo pactado por las partes en el contrato de arrendamiento que estipul\u00f3 IBM en cada uno de los textos de las facturas\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que por este sendero jur\u00eddico se disponga \u00abdejar sin efectos [el] auto de 06 de mayo de 2021 [y] ordenar al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que profiera una providencia valorando adecuadamente los t\u00edtulos ejecutivos presentados para recaudo por la sociedad IBM de Colombia y C\u00eda. S.C.A. como fundamento del proceso ejecutivo que promovi\u00f3 en contra de Disama Medic S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El titular del despacho accionado se opuso a lo pretendido, aduciendo en el auto en cuesti\u00f3n, \u00abse evaluaron todos los argumentos de la recurrente para arribar a la conclusi\u00f3n que la orden de pago se deb\u00eda mantener dado que los documentos allegados como prueba de las obligaciones demandadas cumpl\u00edan con los requisitos normados en el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, siendo por ello que bajo las previsiones del art\u00edculo 430 \u00eddem se libr\u00f3 la orden de pago invocada e impugnada, habi\u00e9ndose controvertido en dicho pronunciamiento la totalidad de argumentos del extremo censor (\u2026) para concluir de la manera como se hizo en su parte resolutiva, previo a lo cual, se precis\u00f3 en la parte considerativa que anticipadamente se hab\u00eda revisado puntualmente el cumplimiento de los requisitos formales de los t\u00edtulos allegados como base de la obligaci\u00f3n, habi\u00e9ndose incluso encontrado que algunos de ellos no los cumpl\u00edan a cabalidad siendo as\u00ed como se orden\u00f3 la exclusi\u00f3n de los mismos (\u2026), adem\u00e1s, se ahond\u00f3 y se hizo menci\u00f3n precisa del cumplimiento de los requisitos atinentes a dichos t\u00edtulos en los art\u00edculos 773 y 774 del C\u00f3digo de Comercio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al se\u00f1alar que \u00abla mera discrepancia de criterios, reflejada en el fracaso de los recursos promovidos contra la orden de pago, no constituye per se transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales para los que se ruega protecci\u00f3n\u00bb, ello, porque \u00abal examinar el prove\u00eddo de 6 de mayo mediante el cual se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n presentado contra el auto de apremio, se observa que el juzgado fustigado analiz\u00f3 cada uno de los aspectos formales de los documentos presentados como base de la ejecuci\u00f3n; le dio aplicaci\u00f3n a la normativa pertinente\u00bb. Adicionalmente, indic\u00f3 que \u00abno se satisface el requisito de subsidiariedad referido, pues no se han agotado los mecanismos procesales con los que cuenta la tutelante, tales como las excepciones de m\u00e9rito presentadas el 21 de mayo de 2021 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el promotor del resguardo para afirmar que lo perseguido con el recurso es que se los t\u00edtulos ejecutivos \u00abse valoren en forma adecuada\u00bb y con ello \u00abque el se\u00f1or juez se ajuste a todas las aristas o temas que comprenden nuestro medio de defensa\u00bb que en su sentir no fueron analizados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante, al desestimar el recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago librado dentro del ejecutivo n\u00b0 2019-0469. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Realizado el estudio pertinente a la queja constitucional elevada por la demandante, a la informaci\u00f3n proporcionada por la autoridad convocada y a las piezas procesales allegadas, la Corte encuentra que el fallo desestimatorio habr\u00e1 de ser confirmado, precisando que lo ser\u00e1 porque la tutela no alcanza a superar el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto la acci\u00f3n se torna prematura. <\/p>\n
3.1. En efecto, al encaminarse la querella a que se ordene al despacho judicial accionado que realice un examen \u00abadecuado\u00bb de los t\u00edtulos base de ejecuci\u00f3n, porque en criterio de la quejosa los documentos adosados presentan sendas \u00abfalencias\u00bb, ello constituye una pretensi\u00f3n cuya definici\u00f3n desborda la actual competencia del sentenciador constitucional, en la medida en que anticipar\u00eda la resoluci\u00f3n de fondo que habr\u00eda de adoptar el juez de conocimiento, ya que con similares argumentos, el all\u00ed demandado plante\u00f3 sus defensas al interior del juicio. <\/p>\n
Ciertamente, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que la oportunidad para verificar las formalidades del t\u00edtulo ejecutivo, no concluyen con la decisi\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n o definici\u00f3n de las excepciones previas referidas a la ineptitud de la demanda, sino que se extienden al momento de dictar el fallo, pues en ese escenario el juzgador est\u00e1 llamado a volver a revisar, inclusive de oficio, los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo y los par\u00e1metros del mandamiento de pago, ello, en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada. <\/p>\n
Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2 y 430 inciso 1\u00ba ejusdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido\u00bb (CSJ STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 00440-01, citada y reiterada en STC4808-2017, 5 abr. 2017, rad. 00694-00, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
As\u00ed, como al definirse una ejecuci\u00f3n, los jueces deben verificar nuevamente los presupuestos de los instrumentos de pago, pues tal potestad deber contenida en el anterior estatuto adjetivo, se mantiene en el actual, mientras no se pronuncie de fondo el juez ordinario, a quien el ordenamiento legal le asign\u00f3 la funci\u00f3n de dirimir la controversia conforme al procedimiento preestablecido, no es dable que los aspectos cardinales del pleito sean tra\u00eddos a definici\u00f3n en sede constitucional, pues ello torna prematura la tutela en tanto la competencia del fallador excepcional se restringe por la naturaleza subsidiaria y residual de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre la invocaci\u00f3n de la salvaguarda en las circunstancias anotadas, esta Corte ha dicho que mientras est\u00e9n en tr\u00e1mite otros instrumentos encaminados a corregir los defectos endilgados al acusado, la tutela resulta impertinente, toda vez que, \u00ab(\u2026) no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada en STC11349-2020, 10 dic. 2020, rad. 00467-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. Por lo dem\u00e1s, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio, porque, seg\u00fan la decantada jurisprudencia constitucional, estar\u00eda encaminado a evitar un perjuicio irremediable, definido como tal por la jurisprudencia constitucional, cuando: <\/p>\n
\u00aben el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado. (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
Entonces, por estar en curso el proceso tendiente a definir el punto que motiva la inconformidad, cuya idoneidad y eficacia no est\u00e1 en entredicho, sin que a\u00fan se conozca resultado, el auxilio deviene improcedente bajo la aludida modalidad, ya que la actora no prob\u00f3 que se hubieran configurado las exigencias de existencia, gravedad e inminencia del da\u00f1o, as\u00ed como la urgencia de adoptar medidas impostergables para remediarlo. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con las precisiones se\u00f1aladas en precedencia, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo implorado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, toda vez que, por tornarse prematura, no se satisface el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por la raz\u00f3n explicada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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