STC12820-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12820-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01790-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 1\u00ba de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Cecilia Campos Serrato contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, Sexto Civil Municipal ambos de la citada ciudad y Bancolombia S.A., tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la defensa, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, con las decisiones proferidas en el marco del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que Bancolombia S.A. promovi\u00f3 frente a Alfonso Fonseca L\u00f3pez. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que pese a que su esposo no solo desde el a\u00f1o 2014 ha cancelado la cuotas del cr\u00e9dito hipotecario, sino que, por \u00abla confianza depositada en los funcionarios de Bancolombia y las dificultades econ\u00f3micas (\u2026) no pudo contratar un abogado para la defensa judicial\u00bb, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 comision\u00f3 la diligencia de secuestro del inmueble en el que habita, circunstancia que, dice, le causa un perjuicio irremediable. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencia de Bogot\u00e1 precis\u00f3, en suma, que la protecci\u00f3n rogada esta llamada al fracaso, pues a m\u00e1s que la actora carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, lo cierto es que el ejecutado, a pesar de que se notific\u00f3 por avis\u00f3 del mandamiento de pago librado en su contra guard\u00f3 silencio, raz\u00f3n por la cual dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
b. El Juez Sexto Civil Municipal de esta capital se\u00f1al\u00f3, de cara a la diligencia de secuestro que le fue comisionada, que \u00absin dilaci\u00f3n alguna se le ha impreso el tr\u00e1mite previsto por nuestra codificaci\u00f3n procesal civil, pues se se\u00f1al\u00f3 fecha para la diligencia y la cual se encuentra a la espera de llevarse a cabo, encontr\u00e1ndose, por tanto, respetados los presupuestos legales, procedimentales y constitucionales del accionante, resultando evidente que la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales que alega, no recae sobre acci\u00f3n alguna desplegada por este Juzgador\u00bb. <\/p>\n
c. La apoderada judicial de Bancolombia S.A., despu\u00e9s de referirse a los hechos expuestos por la actora, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela es improcedente en esta oportunidad, en raz\u00f3n a que, existen otros mecanismos a los cuales puede acudir la accionante para solicitar informaci\u00f3n relacionada con el proceso que se adelanta en contra del se\u00f1or Jos\u00e9 Alfonso Fonseca L\u00f3pez\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras advertir que la se\u00f1ora Serrato carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, pues \u00abno es parte ni tercero reconocida dentro del citado proceso ejecutivo, y en esa senda, no cuenta con un leg\u00edtimo inter\u00e9s jur\u00eddico respecto de las decisiones all\u00ed emitidas y en general frente a las actuaciones surtidas, espec\u00edficamente, en lo que hace a la aludida falta de defensa t\u00e9cnica del demandado, y los cuestionamientos sobre la no terminaci\u00f3n del proceso y la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando en lo fundamental, que no se puntualiz\u00f3 qu\u00e9 v\u00edas son las id\u00f3neas para la garant\u00eda de sus prerrogativas superiores. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente asunto se advierte, que lo pretendido por la se\u00f1ora Campos Serrato, en lo fundamental, es que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, suspender no solo la diligencia de secuestro, sino adem\u00e1s, el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo con garant\u00eda real que Bancolombia S.A. promovi\u00f3 en contra de Alfonso Fonseca L\u00f3pez, pues seg\u00fan su dicho, su c\u00f3nyuge careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica y se encuentra al d\u00eda en sus obligaciones. <\/p>\n
3. Sin embargo, la Sala considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, de cara a las inconformidades aducidas respecto omisi\u00f3n endilgada al Juez convocado, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales derivada de actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o son terceros con inter\u00e9s. <\/p>\n
En el caso concreto, se advierte de entrada que la se\u00f1ora Cecilia Campos Cerrato no es parte ni tercera con inter\u00e9s reconocido en el proceso que concita la atenci\u00f3n de esta Corte, por lo que carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar, en sede de tutela, lo actuado en la susodicha controversia y pedir que se impartan \u00f3rdenes tendientes a la suspensi\u00f3n de actuaciones procesales, pues tal y como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s la Sala, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (CSJ STC831-2021). <\/p>\n
Lo anterior, bajo el entendido que \u00abno es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley\u00bb (cit.). <\/p>\n
3.2. Por otra parte, en cuanto refiere a la petici\u00f3n subsidiaria dirigida a que se le indique a la se\u00f1ora Cecilia el medio eficaz al que puede acudir para la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales por cuenta de las decisiones judiciales criticadas, basta decir, que la acci\u00f3n de tutela es un medio preferente y sumario para la protecci\u00f3n inmediata de las prerrogativas superiores, a voces del art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, y, contrario a lo que pretende la actora, sin que sea reconocida en dicho juicio, se itera, como parte o tercera con inter\u00e9s, no se entiende de qu\u00e9 manera las decisiones all\u00ed proferidas afecten sus garant\u00edas ius fundamentales, sin que sea dable adem\u00e1s, utilizar este mecanismo para consultas y anticipar los pronunciamientos del juez natural. <\/p>\n
3.4. Finalmente, resulta oportuno citar lo dicho por esta Sala cuando se pretende por v\u00eda de tutela atacar una diligencia de secuestro o entrega, so pretexto del acaecimiento de un da\u00f1o irreparable: \u00abtampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, comoquiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019\u00bb (CSJ STC838-2021). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 ART. 42. La acci\u00f3n de tutela proceder\u00e1 contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:1. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de educaci\u00f3n para proteger los derechos consagrados en los art\u00edculos 13, 15, 16, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonom\u00eda. <\/p>\n
3. Cuando aqu\u00e9l contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos (domiciliarios). <\/p>\n
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organizaci\u00f3n privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situaci\u00f3n que motivo la acci\u00f3n, siempre y cuando el solicitante tenga una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n con tal organizaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace el art\u00edculo 17 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas corpus, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 15 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
7. Cuando se solicite rectificaci\u00f3n de informaciones inexactas o err\u00f3neas. En este caso se deber\u00e1 anexar la transcripci\u00f3n de la informaci\u00f3n o la copia de la publicaci\u00f3n y de la rectificaci\u00f3n solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. <\/p>\n
8. Cuando el particular act\u00fae o deba actuar en ejercicio de funciones p\u00fablicas, en cuyo caso se aplicar\u00e1 el mismo r\u00e9gimen que a las autoridades p\u00fablicas. <\/p>\n
9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n respecto del particular contra el cual se interpuso la acci\u00f3n. Se presume la indefensi\u00f3n del menor que solicite la tutela. <\/p>\n
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