STC12822-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12822-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2021-00253-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juli\u00e1n Alberto Caballero Campo contra los Juzgados Cuarto y Quinto Civil del Circuito, la Secretar\u00eda de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Subsecretar\u00eda de Servicios de Acceso a la Justicia, la Personer\u00eda Municipal, todos de esa misma urbe, as\u00ed como la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Categor\u00eda Especial Casa de Justicia de Silo\u00e9, y, el se\u00f1or Benedicto Benjam\u00edn Figueroa Ojeada, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto verbal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo demanda la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la igualdad, a la equidad y al m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, al comisionar la diligencia de entrega del bien rematado en el marco del proceso divisorio que Mar\u00eda Teresa Rengifo de Perlaza adelant\u00f3 en contra de Amparo Rengifo D\u00edaz y Fernando Orteg\u00f3n Fl\u00f3rez, con radicado n.\u00ba. 2002-00254-00. <\/p>\n
Entonces, pretende a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite especial\u00edsimo la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, y consecuencialmente, que se disponga \u00abNO AUTORIZAR Y\/O NEGAR QUE SE PUEDA PRACTICAR CUALQUIER TIPO DE DILIGENCIA DE LANZAMIENTO EN EL REFERIDO BIEN INMUEBLE, HASTA TANTO NO SE RESUELVA PROCESOS PENALES EN CURSO Y SE ME INICIO DEMANDA DE RESTITUCI\u00d3N DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO QUE <\/p>\n
DEBE INTERPONER LA SE\u00d1ORA AMPARO RENGIFO D\u00cdAZ\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su queja dijo, que el 1\u00b0 de febrero de los corrientes suscribi\u00f3 contrato de arrendamiento con la se\u00f1ora Amparo Rengifo D\u00edaz respecto del inmueble ubicado en \u00abla calle 8 n.\u00ba 19-119 y 117\u00bb del Barrio Alameda de la ciudad de Cali; que 27 de julio actual se enter\u00f3 que frente a ese particular predio se adelanta un juicio divisorio ad valorem, al interior del cual ya se realiz\u00f3 la diligencia de remate, siendo adjudicado al se\u00f1or Benedicto Benjam\u00edn Figueroa, sin que la pr\u00e1ctica de la diligencia de lanzamiento le hubiese sido debidamente enterada, quebrantando as\u00ed sus garant\u00edas superiores, m\u00e1xime cuando tampoco se convoc\u00f3 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y dem\u00e1s entes de control a fin que garantizaran sus derechos y los de los dem\u00e1s ocupantes del predio en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, afirm\u00f3 que la convenci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual ingres\u00f3 al predio se encuentra vigente, por lo que para poder finiquitar la misma debe iniciarse un juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, y no con un simple lanzamiento como se pretende, m\u00e1xime si se repara en que cursan \u00abdos procesos penales en curso, uno en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, fiscal 36 seccional (GRUPO Indagaci\u00f3n Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica, contra la eficaz y recta impartaci\u00f3n (sic) de la justicia y libertad), con el radicado N\u00b0 20380 \u2013 01 \u2013 02 \u2013 36 \u2013 12378, por el presunto delito de fraude procesal en contra del demandante en proceso divisorio de nombre RAMIRO ANTONIO PERLAZA RENGIFO y MARTHA LUCIA PERLAZA RENGIFO\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Inspector de Polic\u00eda de Silo\u00e9 asegur\u00f3, que desde el 18 de febrero de los corrientes fij\u00f3 fecha y hora para la pr\u00e1ctica de la diligencia de entrega, oportunidad en la que fij\u00f3 aviso de notificaci\u00f3n \u00aben la puerta principal del inmueble\u00bb, pero en una primera oportunidad se suspendi\u00f3 por temas de orden p\u00fablico, por lo que se reprogram\u00f3 para el 27 de julio actual; que esa nueva notificaci\u00f3n la debi\u00f3 materializar con el acompa\u00f1amiento de la fuerza p\u00fablica, pues los moradores del predio \u00abse negaron a atender al citador\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, refiri\u00f3 que el d\u00eda de la diligencia el aqu\u00ed querellante \u00abpresent\u00f3 oposici\u00f3n a la diligencia (\u2026) aduciendo tener un presunto contrato de arrendamiento\u00bb, pretextando ausencia de notificaci\u00f3n de la diligencia; empero, en dicha oportunidad se dej\u00f3 en claro que s\u00ed hab\u00eda sido debidamente enterado, por lo que se rechaz\u00f3 su oposici\u00f3n. Finalmente, el 23 de agosto siguiente se continu\u00f3 con el adelantamiento de la diligencia, pero no fue posible finiquitar la misma por no contar con el apoyo del ICBF y de la Secretar\u00eda de Bienestar Social del adulto mayor, lo que una vez m\u00e1s oblig\u00f3 a su suspensi\u00f3n, la cual se continuar\u00e1 el \u00b0 de octubre del cursante. En ese orden, consider\u00f3 que ninguna garant\u00eda fundamental se quebrant\u00f3 y, por lo tanto, pidi\u00f3 denegar el resguardo. <\/p>\n
b. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali tras historial el asunto asegur\u00f3, que en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo CSJVA17-48 del 12 de julio de 2017, remiti\u00f3 el asunto a su hom\u00f3logo Cuarto. <\/p>\n
c. La Personer\u00eda Municipal de la capital del Valle del Cauca puso de presente, que ha prestado el debido acompa\u00f1amiento a las diferentes diligencias programadas verificando el cabal cumplimiento de los derechos de las partes; con todo, pidi\u00f3 que en lo sucesivo y para \u00abejecutar la diligencia de entrega\u00bb, se verifique la presencia de todas las autoridades necesarias a fin de garantizar las prerrogativas fundamentales de los moradores del bien. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, luego de advertir que \u00ablos razonamientos expuestos por parte de la autoridad municipal comisionada al anunciar el rechazo de la oposici\u00f3n que en iguales t\u00e9rminos a los aqu\u00ed propuestos plante\u00f3 quien dice actuar como tenedor del bien -aqu\u00ed accionante- los mismos no lucen como resultado de un criterio subjetivo que implique una flagrante desatenci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y que habilite la injerencia de esta sede constitucional, pues para arribar a ello consider\u00f3 que \u201cde no hacer entrega de forma voluntaria del inmueble en la fecha 20 [sic] de agosto, que de conformidad con lo expuesto con el Art. 456 del C.G.P., en [esa] diligencia de entrega de bien inmueble rematado no se aceptar\u00e1 ninguna oposici\u00f3n, raz\u00f3n por la cual se proceder\u00e1 a ordenar la restituci\u00f3n de este inmueble, para lo cual se proceder\u00e1 a dar un plazo de una hora [\u2026]\u201d\u00bb. <\/p>\n
El gestor de la salvaguarda replic\u00f3 el anterior fallo, con similares argumentos a los indicados en primigenia oportunidad, e insisti\u00f3 en que los entes de control no fueron debidamente convocados a la diligencia, situaci\u00f3n con la que no solo, dice, se quebrantan sus garant\u00edas, sino las de los dem\u00e1s ocupantes del predio; por lo dem\u00e1s, asegur\u00f3 que en el asunto no se ha secuestrado debidamente el inmueble por \u00e9l tomado en arrendamiento, raz\u00f3n por la cual, s\u00ed resultaba viable la oposici\u00f3n que en anterior oportunidad le fue negada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que se somete a consideraci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Caballero Ocampo cuestiona, en lo fundamental, que la diligencia de entrega cuya comisi\u00f3n correspondi\u00f3 al Inspector de Polic\u00eda de Silo\u00e9 respecto del inmueble que ocupa en calidad de arrendatario, no le fue debidamente comunicada previo a su realizaci\u00f3n, y tampoco se cont\u00f3 con el acompa\u00f1amiento de los diferentes entes de control para que propendan no s\u00f3lo por el respecto de sus derechos fundamentales, sino tambi\u00e9n las dem\u00e1s personas que all\u00ed residen, entre ellos, un menor de edad y una adulta mayor. <\/p>\n
3. Sin embargo, no cabe duda acerca del fracaso de la salvaguarda por esta v\u00eda reclamada, pues en la tramitaci\u00f3n de la pr\u00e1ctica de la comisi\u00f3n que ahora reprocha el gestor del resguardo, no se advierte el quebrantamiento de sus garant\u00edas superiores. As\u00ed, en punto al rechazo de la oposici\u00f3n que \u00e9ste present\u00f3, pretextando la calidad de tenedor del predio a nombre de una de las demandadas en el marco del juicio divisorio donde se remat\u00f3 el inmueble, luce como una debida aplicaci\u00f3n de los derroteros consagrados por el canon 456 del C\u00f3digo General del Proceso que a la saz\u00f3n dispone: \u00abSi el secuestre no cumple la orden de entrega de los bienes dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al recibo de la comunicaci\u00f3n respectiva, el rematante deber\u00e1 solicitar que el juez se los entregue, en cuyo caso la diligencia deber\u00e1 efectuarse en un plazo no mayor a quince (15) d\u00edas despu\u00e9s de la solicitud. En este \u00faltimo evento no se admitir\u00e1n en la diligencia de entrega oposiciones, ni ser\u00e1 procedente alegar derecho de retenci\u00f3n por la indemnizaci\u00f3n que le corresponda al secuestre en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 2259 del C\u00f3digo Civil, la que ser\u00e1 pagada con el producto del remate, antes de entregarlo a las partes\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, contrario a lo afirmado por el quejoso, s\u00ed fue debidamente enterado de la pr\u00e1ctica de la diligencia, tal y como da cuenta el acta de esa actuaci\u00f3n realizada por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda convocada, la cual se encuentra signada por el pretensor,1 oportunidad en la que se puso de presente el env\u00edo oportuno del aviso; luego tal y como lo ha considerado esta Sala, para la procedencia de la protecci\u00f3n superior es indispensable acreditar \u00abla existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC8277-2021, entre otras). <\/p>\n
4. Y no se diga que sus las garant\u00edas del aqu\u00ed interesado, as\u00ed como las de los dem\u00e1s moradores del predio, se quebrantaron por la falta de acompa\u00f1amiento de las autoridades administrativas, pues fue precisamente esta \u00faltima raz\u00f3n que motiv\u00f3 al inspector a se\u00f1alar una nueva fecha para la continuaci\u00f3n de la diligencia, luego ser\u00e1 en esa oportunidad (1 de octubre de 2021), que se verifique la necesidad de su comparecencia; al paso que el aparente agenciamiento de derechos que pretende desplegar el pretensor, no se advierte que los titulares de \u00e9stos no cuenten con las condiciones para ejercerlos (art. 10 Decreto 2591 de 1991), pues m\u00edrese que ni siquiera se realiz\u00f3 alguna manifestaci\u00f3n al respecto. <\/p>\n
5. Por otra parte no est\u00e1 de dem\u00e1s advertir, que de modo alguno la acci\u00f3n de tutela fue concebida para impedir la pr\u00e1ctica de la diligencia de entrega al rematante, la que a la fecha no se ha realizado \u00abpor no contar con el apoyo del ICBF y (..) la Secretar\u00eda de Bienestar Social Adulto-Mayor\u00bb, toda vez que el amparo \u00abno se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (\u2026). Tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 \u00bb (CSJ STC5905-2021). <\/p>\n
6. Ahora, en punto a las presuntas irregularidades en que se incurri\u00f3 en el tr\u00e1mite, dado que el predio objeto de entrega, seg\u00fan dijo, no se encuentra debidamente secuestrado, se advierte que tales alegatos se cimientan en hechos nuevos exteriorizados en esta instancia, por lo que no pueden ser analizados por la Corte, pues los querellados no tuvieron la oportunidad de ejercer su leg\u00edtimo derecho de contradicci\u00f3n y defensa frente a los mismos. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que, si bien \u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad\u2013deber del fallador de sentenciar extra y ultrapetita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la transgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos de superiores (…) tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se desata el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (CSJ STC10926-2021) <\/p>\n
7. Finalmente, frente a la petici\u00f3n de suspensi\u00f3n de la tantas veces diligencia de entrega en comento, por una presunta prejudicialidad (existencia de un proceso penal), suficiente con advertir, que nada obsta para que el gestor acuda directamente ante el Despacho cognoscente del proceso divisorio y realice las solicitudes que considera convenientes, comoquiera que la que la acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador, y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
8. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo de tutela atacado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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