STC12829-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12829-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 50001-22-14-000-2021-00202-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, principio de publicidad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad judicial acusada en los procesos con radicaci\u00f3n 2020-00016-00 y 2021-00185-00. <\/p>\n
2. En sustento de su queja expuso que, ejerciendo la representaci\u00f3n judicial de Luz Yakeline Olarte G\u00f3mez y luego de la terminaci\u00f3n del proceso de divorcio con radicado 2020-00016, present\u00f3 una demanda de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal conformada entre su poderdante y el se\u00f1or Edison Romero Abello, ante el Juzgado Tercero de Familia de Villavicencio. <\/p>\n
Por otra parte, como apoderada de John Jairo Romero Valera, radic\u00f3 una demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos, que fue asignada al mismo Juzgado bajo el radicado 2021-000185. <\/p>\n
Desde el momento en que se impetraron las dos acciones verific\u00f3 el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, pero no fue posible hacer el seguimiento respectivo, por lo que el 7, el 15 y el 30 de julio de esta anualidad contact\u00f3 al Juzgado de conocimiento, a trav\u00e9s de la l\u00ednea de WhatsApp, informando que no se hab\u00edan registrado actuaciones, frente a lo cual, en la \u00faltima de las fechas mencionadas, el Juzgado le indic\u00f3 que los procesos se pod\u00edan revisar en los estados electr\u00f3nicos. <\/p>\n
Hecha la revisi\u00f3n de los referidos estados encontr\u00f3 que, el 7 de mayo del a\u00f1o en curso, el Juzgado accionado hab\u00eda inadmitido la demanda de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, prove\u00eddo \u00abque no fue registrado en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial Siglo XXI, raz\u00f3n por la cual la suscrita accionante no tuve la oportunidad de proceder a subsanar la misma\u00bb, por lo cual se rechaz\u00f3 el 27 de mayo siguiente. De otro lado, el 4 de junio se inadmiti\u00f3 la demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos y, el 24 de junio posterior, se rechaz\u00f3, por no haberse corregido, situaci\u00f3n que acaeci\u00f3, igualmente, porque no se hizo la publicaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n en el referido sistema de consulta. <\/p>\n
La accionante argument\u00f3 que los operadores judiciales estaban obligados a registrar todas sus actuaciones en el Sistema de Consulta Siglo XXI de la Rama Judicial, por ser el medio m\u00e1s id\u00f3neo para que los abogados hicieran el seguimiento a los tr\u00e1mites respectivos, aspecto que resulta necesario, por la situaci\u00f3n generada por la pandemia y en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, por lo que, en su opini\u00f3n, la falta de publicaci\u00f3n en dicho sistema vulner\u00f3 sus derechos. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que i) se declare la nulidad de los autos del 7 y el 27 de mayo de 2021, mediante los cuales se inadmiti\u00f3 y rechaz\u00f3 la demanda en el proceso 2020-00016-00, y los prove\u00eddos del 4 y el 24 de junio de 2021, que inadmitieron y rechazaron, en su orden, la demanda en el proceso 2021-0085-00 y que ii) se ordene al accionado registrar en el sistema de consulta Siglo XXI \u00abtodas las actuaciones que se surtan dentro del tr\u00e1mite\u00bb de los referidos juicios. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero de Familia de Villavicencio manifest\u00f3 que la accionante no acredit\u00f3 la legitimaci\u00f3n para actuar, pues no present\u00f3 poder especial. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo, por cuanto la accionante carece de legitimidad en la causa por activa, \u00abpues, aunque actu\u00f3 en el proceso cuestionado como representante judicial de los demandantes, no integra ninguno de los extremos procesales, es decir, no es parte o sujeto titular de los derechos reclamados, ni receptora de las consecuencias jur\u00eddicas y patrimoniales que generan las decisiones proferidas dentro de los tr\u00e1mites judiciales criticados\u00bb; adem\u00e1s, tampoco alleg\u00f3 poder especial conferido por los se\u00f1ores Luz Yakeline Olarte G\u00f3mez y Jhon Jairo Romero Varela, para impulsar la s\u00faplica, ni realiz\u00f3 referencia alguna a la figura de la agencia oficiosa. Y, si bien la actora manifest\u00f3 que actuaba en causa propia, no se advierte la vulneraci\u00f3n de ninguna de sus garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la gestora, quien reiter\u00f3 que actuaba en nombre propio, \u00abacorde con el poder que se me hab\u00eda conferido para instaurar las demandas (\u2026) atendiendo a que en desarrollo de mi actividad profesional como abogada me encontraba afectada con el hecho de no haberse publicado las actuaciones (\u2026)\u00bb, circunstancia que \u00abs\u00ed conlleva a la vulneraci\u00f3n de mis derechos fundamentales puesto que s\u00ed hay un evidente cercenamiento de enteramiento de las decisiones judiciales\u00bb, lo que le imposibilit\u00f3 subsanar las demandas en su oportunidad. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende que se amparen sus derechos fundamentales vulnerados, en raz\u00f3n a que el Juzgado Tercero de Familia de Villavicencio no public\u00f3, en el sistema de consulta de procesos Siglo XXI de la Rama Judicial, los autos que inadmitieron y, posteriormente, rechazaron las demandas en los procesos de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal 2020-00016-00 y exoneraci\u00f3n de alimentos 2021-00185-00, omisi\u00f3n que impidi\u00f3 la subsanaci\u00f3n oportuna. <\/p>\n
2. Advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que la promotora actu\u00f3 en calidad de apoderada judicial de Luz Yakeline Olarte G\u00f3mez y Jhon Jairo Romero Varela en los referidos procesos, sin embargo, no alleg\u00f3 a esta causa poder especial que la facultara a actuar y tampoco aleg\u00f3 ni demostr\u00f3 que interven\u00eda como agente oficiosa de aqu\u00e9llos. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 se\u00f1ala que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
2.2. En ese aspecto, debe se\u00f1alarse que, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha establecido: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
De manera que son los poderdantes, esto es, las personas cuyos intereses representan los abogados en los respectivos juicios, quienes pueden resultar afectados con las actuaciones all\u00ed surtidas. Por tanto, para acudir a la acci\u00f3n de tutela sus representantes judiciales deben contar con poder especial. Al respecto, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab\u2026La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
\u00abLa falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
2.3. En cuanto al poder especial, de conformidad con la postura de la Corte Constitucional, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T\u001f001\/97) (Se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
2.4. En este caso, dado que la gestora no alleg\u00f3 el poder especial para reclamar la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de quienes son los verdaderos titulares de los derechos presuntamente vulnerados, esto es, las partes a quienes la apoderada representa en los respectivos tr\u00e1mites, ni acredit\u00f3 que se dieran las condiciones para actuar como su agente oficiosa, no pod\u00eda invocar la salvaguarda pretendida, de modo que resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado. <\/p>\n
3. Con base en estas consideraciones, la Sala denegar\u00e1 el amparo solicitado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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