STC12833-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12833-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03300-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gustavo Adolfo Dom\u00ednguez Feris contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la salvaguarda constitucional del derecho fundamental de petici\u00f3n, que dice vulnerado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se le ordene a la accionada \u00abcontestar el derecho de petici\u00f3n, conforme las certificaciones solicitadas el 1 de Julio de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 el accionante que en su contra se adelanta un juicio penal por el delito de fraude procesal; que se encuentra detenido en la carc\u00e9l de V\u00e9lez; y que el 1\u00ba de julio de 2021 su abogado remiti\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia la petici\u00f3n que \u00e9l formul\u00f3 deprecando constancias y certificaciones de lo acontecido en el proceso. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que a la fecha no se les ha notificado respuesta a la solicitud presentada en los correos denunciados ni en el establecimiento carcelario. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda 1\u00aa Delegada contra la Criminalidad Organizada de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que las peticiones del gestor alud\u00edan a temas ventilados en el juicio; y que inform\u00f3 del presente asunto al Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de Conocimiento, as\u00ed como a la defensa de las v\u00edctimas. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que con prove\u00eddo de 27 de enero de 2021 inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n del gestor y de otros procesados, as\u00ed como admiti\u00f3 unos cargos de otros libelos presentados; que luego de haberse promovido sin \u00e9xito el mecanismo de insistencia, as\u00ed como resuelto distintas solicitudes, el expediente se encontraba en turno para fallo; que una de esas peticiones fue la del gestor, la que resolvi\u00f3 en auto de 7 de julio de 2021 se\u00f1alandole que deb\u00eda estarse a lo resuelto en respuestas anteriores frente a id\u00e9ntica petici\u00f3n y que el expediente estaba a su disposici\u00f3n en la Secretar\u00eda para que obtuviera copias y\/o la informaci\u00f3n requerida; que dichos documentos los pod\u00eda hacer valer ante las diferentes autoridades; que el proceso hab\u00eda estado a disposici\u00f3n del procesado por m\u00e1s de dos a\u00f1os, sin que advirtiera que \u00e9l o su apoderado se hubieren acercado a la Secretar\u00eda de la Sala para retirar las copias respectivas; y que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia refiri\u00f3 que desconoc\u00eda los hechos en los que se fundaba la petici\u00f3n de amparo constitucional, as\u00ed como las supuestas violaciones descritas; y que no se cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues el promotor pudo pedirle a la autoridad convocada que le informara sobre el tr\u00e1mite impartido a su solicitud. <\/p>\n
4. El Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta ciudad adujo que el 18 de noviembre de 2018 dict\u00f3 sentencia, en la que conden\u00f3 al accionante y otros coprocesados a la pena de 126 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que fue apelada; que el actor se encontraba en prisi\u00f3n domiciliaria conforme a lo dispuesto en auto de 24 de septiembre de 2021; que las diligencias estaban en la Corte Suprema de Justicia, por lo que desconoc\u00eda si se le hab\u00eda dado tr\u00e1mite a la petici\u00f3n de copias; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n excepcional, pues no evidenciaba conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales del gestor. <\/p>\n
5. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, como quiera que la solicitud presentada por el promotor ante la Corporaci\u00f3n acusada, no constituye el ejercicio del derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, se advierte que acorde con la consistente jurisprudencia de esta Sala, en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha precisado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
3. Ahora bien, tampoco se advierte vulneraci\u00f3n al debido proceso del gestor, pues auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, se vislumbra que con auto de 7 de julio de 2021 se resolvi\u00f3 la solicitud elevada y puso a disposici\u00f3n del gestor el expediente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del promotor que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que esa situaci\u00f3n denunciada fue superada, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional del peticionario, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que la autoridad criticada se pronuncie frente a la solicitud presentada. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si la actuaci\u00f3n de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada, en el sentido de que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la acci\u00f3n de tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez constitucional carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 3 jul. 2009, rad. 00080-01; reiterada en CSJ STC, 2 feb. 2012, rad. 2011-00541-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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