STC12835-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12835-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03399-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00c1lvaro Antonio Navia Reyes contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada, por lo que solicit\u00f3 \u00abse decrete la nulidad a partir del traslado para interponer la impugnaci\u00f3n contra la primera sentencia condenatoria\u2026, que corresponde al fallo\u2026 de\u2026 28 de mayo de 2018\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra \u00c1lvaro Antonio Navia Reyes se adelant\u00f3 proceso penal por el delito de \u00abinvasi\u00f3n de tierras o edificaciones agravada\u00bb, del que fue absuelto con sentencia del primero de marzo de 2018, decisi\u00f3n que apelaron las v\u00edctimas reconocidas, siendo revocada con providencia del 28 de mayo siguiente, para en su lugar condenar al acusado a 48 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Frente a esa determinaci\u00f3n, el procesado formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue desestimado con sentencia del 30 de junio de 2021. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que la sede judicial acusada, \u00abde manera oficiosa, hace unas consideraciones en torno a desatar una supuesta doble [conformidad]; sin embargo, lo que hace es desconocer un acto de parte, como es el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que la prenotada prerrogativa se \u00abcercen\u00f3\u2026 en tres momentos espec\u00edficos\u00bb: (i) \u00aben la audiencia de sustentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, cuando concede doce minutos para sustentar oralmente esta demanda y el mismo tiempo para alegar la doble conformidad, pues era para sustentar la casaci\u00f3n el asunto para el cual [fueron] citados\u2026, pero no para sustentar impugnaci\u00f3n\u00bb; (ii) \u00abla Corte en la sentencia de casaci\u00f3n\u2026, eval\u00faa motu proprio algunos puntos de controversia del proceso, como si los mismos hubiesen sido objeto de impugnaci\u00f3n especial\u00bb; y (iii) cuando se resuelve en el \u00abpunto segundo de la parte resolutiva de la sentencia confirmar [el fallo] de segundo grado\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia destac\u00f3 que el tutelante \u00abno acudi\u00f3 a la impugnaci\u00f3n especial, sino que escogi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb; que \u00aben la audiencia de sustentaci\u00f3n\u2026, en la que le hubiera bastado simplemente exponer que ratificaba todos los planteamientos de la demanda, bien habr\u00eda podido adicionar argumentos sobre aspectos diversos, porque as\u00ed se le permiti\u00f3, en garant\u00eda de la doble conformidad, pero decidi\u00f3 no hacerlo\u00bb; y que \u00abmediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n se le garantiz\u00f3 plenamente el derecho fundamental a la doble conformidad, ya que la primera condena dictada en su contra en segunda instancia se examin\u00f3 en forma integral\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena manifest\u00f3 que \u00abal momento de emitirse la decisi\u00f3n por [su] superior jer\u00e1rquico, se atendieron cada uno de los ataques que fueron formulados por el actor, en donde, a la saz\u00f3n, se analizaron los mismos bajo la \u00f3ptica del recurso extraordinario de casaci\u00f3n y en aplicaci\u00f3n a la garant\u00eda de la doble conformidad\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. Fiduagraria SA, \u00abcomo vocera y administradora del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes INCODER en Liquidaci\u00f3n\u00bb, dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, lo que tambi\u00e9n adujo la Agencia Nacional de Tierras. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal destac\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026no se advierte la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados, referentes al debido proceso, incoada por el accionante, toda vez que con las sentencias del 28 de mayo de 2018, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena y del 30 de junio de 2021, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, se corrobor\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, la responsabilidad penal en el delito por el cual fue acusado y finalmente condenado en segunda instancia y se garantiz\u00f3 a su vez el principio de doble conformidad judicial. <\/p>\n
5. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, revisada la demanda de tutela, se verifica que la queja del tutelante se circunscribe a predicar que la autoridad accionada desconoci\u00f3 el principio de doble de conformidad, al proferir la sentencia de 30 de junio de 2021. <\/p>\n
En este orden de ideas, considera la Sala que no le asiste raz\u00f3n al accionante, habida cuenta que la sede judicial acusada, tras resolver los reparos que, en sede de casaci\u00f3n, formul\u00f3 el procesado, procedi\u00f3 a examinar la legalidad del fallo condenatorio dictado el 28 de mayo de 2018, an\u00e1lisis con el que acat\u00f3 el prenotado principio de doble conformidad. <\/p>\n
En efecto, en la prenotada providencia de 30 de junio de 2021, luego de desechar la nulidad que invoc\u00f3 el recurrente en casaci\u00f3n, destac\u00f3 el despacho judicial accionado que: <\/p>\n
El casacionista, al amparo del art\u00edculo 181-1 de la Ley 906 de 2004, propone una censura por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, consistente en la err\u00f3nea selecci\u00f3n, adecuaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 263 del C\u00f3digo Penal, que consagra el delito de usurpaci\u00f3n de tierras o edificaciones. <\/p>\n
En criterio del demandante, como el bien jur\u00eddico protegido por la normatividad penal sustantiva es el patrimonio econ\u00f3mico, su titular es el propietario del inmueble y, por ende, en este caso se debi\u00f3 tener en cuenta el concepto de dominio que trae el C\u00f3digo Civil, pues el objeto material de la conducta punible debe ser un inmueble sobre el cual el sujeto pasivo ejerza el derecho real de dominio. <\/p>\n
En su lugar, agrega, el tribunal aplic\u00f3 err\u00f3neamente el requisito del tipo penal atinente a la propiedad de los bienes ra\u00edces, pues en este caso \u00e9sta no la detentan\u2026 Juan Pablo V\u00e9lez Castellanos y Johnny Saverio Minervini Borresen, como tampoco el INCODER, ya que los predios no son bald\u00edos sino de uso p\u00fablico, al encontrarse en terreno de bajamar. <\/p>\n
De lo anterior deriva que Juan Pablo V\u00e9lez Castellanos, Johnny Saverio Minervini Borresen ni el INCODER son querellantes leg\u00edtimos. <\/p>\n
El cargo acabado de sintetizar tampoco est\u00e1 llamado a prosperar, por las razones que se plasman a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
Aunque es cierto que el art\u00edculo 263 del C\u00f3digo Penal se encuentra ubicado en el T\u00edtulo VII del Libro Segundo del C\u00f3digo Penal, que trata de los delitos contra el patrimonio econ\u00f3mico, la realidad es que el titular de dicho bien jur\u00eddico tutelado no lo es con exclusividad el propietario o titular del derecho real de dominio, como de anta\u00f1o lo tiene esclarecido la Corte: <\/p>\n
El \u00faltimo cargo formulado a la sentencia por el impugnador se apoya en el desacierto de afirmar que s\u00f3lo el propietario del bien puede resultar perjudicado con el delito, sin reparar que en los il\u00edcitos contra el patrimonio econ\u00f3mico de que se ocupa el t\u00edtulo XIV del C\u00f3digo Penal, la tutela penal no solo cobija el derecho de propiedad, entendido con el significado que le da el C\u00f3digo Civil, sino que tambi\u00e9n se extiende a la posesi\u00f3n, la tenencia de la cosa, los derechos pecuniarios y los bienes inmateriales de valor econ\u00f3mico, es decir, que cualquiera de los titulares de tales derechos est\u00e1 legitimado para reclamar el resarcimiento de los perjuicios cuando por un hecho punible ha sufrido mengua o quebranto en su patrimonio econ\u00f3mico entendido como una universalidad de derechos y obligaciones del individuo. (CSJ SP, 9 jul. 1993, rad. 7309. Gaceta Judicial Tomo CCXXVII, N\u00b02466, p\u00e1ginas 170 a 179). <\/p>\n
En pronunciamiento del 22 de mayo de 2013, dictado dentro del radicado 40830, la Corporaci\u00f3n, trayendo a cita sentencias de la Corte Constitucional, recalc\u00f3 que \u201c(\u2026) el t\u00e9rmino patrimonio frente al de propiedad tiene un contenido jur\u00eddico amplio, en cuanto comprende tanto los activos como los pasivos de su titular (\u2026)\u201d. En consecuencia, la equiparaci\u00f3n que hace el censor entre patrimonio econ\u00f3mico y propiedad no tiene asidero, pues el patrimonio econ\u00f3mico es una universalidad jur\u00eddica conformada, en el activo, no s\u00f3lo por cualquier derecho real (no exclusivamente el de dominio), sino tambi\u00e9n por derechos personales. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no puede olvidarse que el derecho real de dominio que, en principio, encierra para su titular las facultades de disposici\u00f3n, uso y goce de la cosa, puede sufrir desmembraciones (como expresaba el tratadista Arturo Valencia Zea), de tal forma que en ocasiones el due\u00f1o conserva \u00fanicamente la mera o nuda propiedad, mientras que otro sujeto de derechos es titular de la tenencia del bien. Es lo que sucede en el arrendamiento de cosas, en el que entregar la cosa arrendada: <\/p>\n
Constituye la principal obligaci\u00f3n del arrendador, pues f\u00e1cilmente se entiende que sin la entrega de la cosa no puede el arrendatario entrar a gozar de ella. No se trata de tradici\u00f3n sino de simple entrega, pues como se sabe la tradici\u00f3n supone un t\u00edtulo traslaticio de dominio (art. 745), y el contrato de arrendamiento no es t\u00edtulo traslaticio sino de mera tenencia1. <\/p>\n
En consecuencia, mientras el arrendador retiene la mera o nuda propiedad (es decir, la facultad de disposici\u00f3n separada del uso y del goce), el arrendatario adquiere la tenencia del bien, la cual tiene una connotaci\u00f3n patrimonial, pues a cambio de ella debe pagar el precio o renta (art. 2000 del C.C.). <\/p>\n
Ahora bien, el C\u00f3digo Civil dispone que \u201c(\u2026) si el arrendatario es turbado en su goce por v\u00edas de hecho de terceros, que no pretenden derecho a la cosa arrendada, el arrendatario a su propio nombre perseguir\u00e1 la reparaci\u00f3n del da\u00f1o\u201d (inciso primero del art\u00edculo 1988 del C\u00f3digo Civil; se subraya) \u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Entonces, si el C\u00f3digo Civil le reconoce al arrendatario la facultad de perseguir en nombre propio el amparo e indemnizaci\u00f3n contra las perturbaciones de terceros, ejecutadas mediante v\u00edas de hecho, que le impidan el goce del bien, y que el arrendador no tenga que enfrentar en desarrollo de su obligaci\u00f3n de librar al arrendatario de toda turbaci\u00f3n o embarazo en el goce de la cosa arrendada (art. 1982-3 del C.C.), ninguna raz\u00f3n existe para que el derecho penal no lo ampare cuando el acto que causa la perturbaci\u00f3n se encuentre previsto como conducta punible. <\/p>\n
En resumen, el arrendatario, tambi\u00e9n puede ser sujeto pasivo del delito de invasi\u00f3n de tierras o edificaciones, por detentar la tenencia del terreno o edificaci\u00f3n invadido y, dada tal calidad, est\u00e1 legitimado para presentar la correspondiente querella (art. 71 de la Ley 906 de 2004). <\/p>\n
Querella que, d\u00edgase de una vez, dada la necesidad de satisfacer la garant\u00eda de la doble conformidad, y puesto que se ha insistido en controvertir tal aspecto, se present\u00f3 en forma oportuna, vale decir, dentro del t\u00e9rmino indicado por el art\u00edculo 73 de la Ley 906 de 2004, ya que se radic\u00f3 el 29 de octubre de 2009 y los hechos acaecieron el 29 de septiembre del mismo a\u00f1o. Igualmente, en debida forma porque los se\u00f1ores V\u00e9lez y Minervini designaron con ese espec\u00edfico prop\u00f3sito a la abogada Irma Escamilla Rosales para que los representara en ese acto, aspecto que ya ha sido dilucidado por la jurisprudencia: <\/p>\n
Tan clara e inequ\u00edvoca debe ser la exteriorizaci\u00f3n de la voluntad por parte de quien funge como querellante, que seg\u00fan ha dicho esta Colegiatura, no basta con que el sujeto pasivo del delito haya otorgado un poder general, para que con base en \u00e9ste el apoderado se entienda legitimado para formular querella en nombre de aqu\u00e9l, en atenci\u00f3n a que se trata de derechos personal\u00edsimos cuya protecci\u00f3n s\u00f3lo puede ser activada a instancia de su titular y dadas las facultades que la ley le confiere al mismo frente al ejercicio y disposici\u00f3n de la acci\u00f3n, por ejemplo el desistimiento o la conciliaci\u00f3n. En tal caso, ser\u00eda necesario que el poderdante hubiera precisado claramente que faculta a su mandatario para poner en marcha el aparato judicial cuando tenga la condici\u00f3n de titular de un bien jur\u00eddico que ha sido lesionado con ocasi\u00f3n de una conducta penal. (CSJ SP, 15 may. 2013, rad. 39929). <\/p>\n
(\u2026) la ley no prev\u00e9 en forma expresa la posibilidad de que el sujeto pasivo del delito formule la querella mediante apoderado, pero tampoco proh\u00edbe esa alternativa y no es posible dificultarle a la v\u00edctima el acceso a la administraci\u00f3n de justicia imponi\u00e9ndole cargas injustificadas. <\/p>\n
En art\u00edculo 71 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal anticipa quienes pueden ser los posibles querellantes y, de acuerdo con esa previsi\u00f3n y categorizaci\u00f3n, adopta algunas determinaciones, as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Si es persona natural y capaz: debe formularla directamente.<\/p>\n
ii. Si es persona natural e incapaz: debe presentarla su representante legal.<\/p>\n
iii. Si es persona jur\u00eddica: tambi\u00e9n debe obrar por intermedio de quien ejerza su representaci\u00f3n legal.<\/p>\n
iv. Si la persona natural falleci\u00f3: les corresponde a sus herederos. <\/p>\n
En los siguientes eventos est\u00e1n autorizados a instaurar la querella el Defensor de Familia, el Agente del Ministerio P\u00fablico y los perjudicados directos: <\/p>\n
v. V\u00edctima imposibilitada para hacerlo. Se trata de imposibilidad f\u00edsica o mental.<\/p>\n
vi. Persona natural, incapaz y sin representante legal.<\/p>\n
vii. Persona natural, incapaz y cuyo representante legal es autor o part\u00edcipe del delito. <\/p>\n
Tambi\u00e9n el Defensor de Familia: <\/p>\n
viii. Cuando se trate del delito de inasistencia alimentaria. <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n: <\/p>\n
ix. Cuando se afecte el inter\u00e9s p\u00fablico o colectivo. <\/p>\n
La primera previsi\u00f3n (i) no tiene por qu\u00e9 limitar las formas en que normalmente los sujetos de derecho expresan su voluntad y se obligan. Lo que interesa es que exista la seguridad de que la decisi\u00f3n de poner los hechos en conocimiento del \u00f3rgano de persecuci\u00f3n penal y activar su intervenci\u00f3n efectivamente provenga de quien est\u00e1 legitimado para ello, esto es, del sujeto pasivo de la conducta punible. Y al logro de ese fin no se opone el mandato con representaci\u00f3n, que es posible gracias a que en esta hip\u00f3tesis la persona natural es capaz: (\u2026). (CSJ AP1634-2018, 25 abr., rad. 48789). <\/p>\n
Volviendo al tipo penal del art\u00edculo 263 del C\u00f3digo Penal, debe acotarse que el mismo no exige que el objeto material de la acci\u00f3n sea de propiedad del sujeto pasivo, sino que respecto del sujeto activo el terreno o la edificaci\u00f3n invadido tengan la calidad de \u201cajenos\u201d, esto es, que \u00e9ste no tenga derecho sobre ellos\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En el evento en examen, las declaraciones de Juan Pablo V\u00e9lez Castellanos, Jhonny Saverio Minervini Borresen y del testigo presencial Juan Bautista Piedrahita, en conjunto con la prueba documental, evidencian que los dos primeros ven\u00edan ejerciendo tenencia sobre los predios y ten\u00edan construcciones asentadas en ellos; igualmente, que el 29 de septiembre de 2009 \u00c1lvaro Antonio Navia Reyes penetr\u00f3 a dichos terrenos con cuadrillas de trabajadores y por orden suya fueron demolidas las construcciones mencionadas, procediendo a llevarse los materiales de que estaban compuestas. As\u00ed mismo, meses despu\u00e9s, cuando\u2026 Jhonny Saverio Minervini Borresen volvi\u00f3 al lugar y reconstruy\u00f3, con vegetaci\u00f3n nativa, los cercos que ten\u00eda, los mismos fueron retirados por decisi\u00f3n de \u00c1lvaro Antonio Navia Reyes. <\/p>\n
Ahora bien, al proceso no ingresaron como medios de prueba certificados de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, aunque, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento N\u00b0000206 del 27 de diciembre de 2007 se consagr\u00f3 como obligaci\u00f3n del arrendatario inscribir ese negocio jur\u00eddico en dicha dependencia (cl\u00e1usula sexta, literal i). Lo anterior se debi\u00f3 a que la Fiscal\u00eda no los aport\u00f3 y la defensa tampoco, pues renunci\u00f3 a presentar pruebas. <\/p>\n
A la jurisdicci\u00f3n penal ordinaria no le corresponde definir si unos bienes son bald\u00edos o si son terrenos de bajamar y, por consiguiente, de uso p\u00fablico. Para el efecto, el a quo orden\u00f3 oficiar a la DIMAR para que defina ese aspecto de una vez por todas, decisi\u00f3n que se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume. <\/p>\n
Lo cierto es que en el proceso obran unos actos administrativos y contratos que no han sido invalidados. Por medio de los primeros, que gozan de presunci\u00f3n de legalidad, se declara que los Islas del Rosario, entre ellas Isla Grande, en donde se encuentran ubicados los predios \u201cEl Carey\u201d y \u201cEl Refugio\u201d, son bienes bald\u00edos y le pertenecen a la Naci\u00f3n, correspondiendo su administraci\u00f3n al INCODER (hoy liquidado). Y por medio de los segundos, se conceden dichos predios en arrendamiento a\u2026 Juan Pablo V\u00e9lez Castellanos y Jhonny Saverio Minervini Borresen y se materializa su entrega. <\/p>\n
Conforme a esos t\u00edtulos, que son los \u00fanicos que obran en la actuaci\u00f3n, es claro que a \u00c1lvaro Antonio Navia Reyes no le asist\u00eda ninguna prerrogativa sobre tales terrenos y que quienes ten\u00edan derecho a conservar su tenencia, sin ninguna clase de perturbaci\u00f3n, eran\u2026 Juan Pablo V\u00e9lez Castellanos y Jhonny Saverio Minervini Borresen. <\/p>\n
Ahora bien, el ingrediente subjetivo, esto es, el prop\u00f3sito de obtener provecho il\u00edcito para s\u00ed o para un tercero, consisti\u00f3, seg\u00fan la Fiscal\u00eda en el aprovechamiento que \u00c1lvaro Antonio Navia Reyes quer\u00eda hacer de los terrenos invadidos en pro de su predio y actividad comercial tur\u00edstica \u201cGente de Mar\u201d, obteniendo paso al mar. <\/p>\n
Este tambi\u00e9n es un aspecto plenamente acreditado, pues en el proceso obra prueba documental que vincula a\u2026 \u00c1lvaro Antonio Navia Reyes con el inmueble denominado \u201cGente de Mar\u201d, v. gr., actos administrativos que se refieren a su indebida ocupaci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n el testimonio de Jos\u00e9 Tadeo Zakzuk Mart\u00ednez, criminalista al servicio del C.T.I. que practic\u00f3 visita a los terrenos materia de este proceso. Dicho funcionario refiri\u00f3 entrevista que sostuvo con la hija de \u00c1lvaro Antonio Navia Reyes y aport\u00f3 un \u00e1lbum fotogr\u00e1fico en el que detalla la ocupaci\u00f3n actual de los predios que ocupan la atenci\u00f3n de la Sala \u201c(\u2026) por GENTE DE MAR, quienes tienen en uso la playa para atenci\u00f3n del turismo\u201d (fol. 164 de la carpeta N\u00b04). <\/p>\n
Lo anterior explica con mucha claridad el af\u00e1n por destruir las construcciones edificadas en los terrenos: despejarlos para aprovecharlos en su actividad econ\u00f3mica dedicada al turismo. <\/p>\n
No cabe duda, entonces, que se satisfacen los presupuestos necesarios para dictar sentencia condenatoria (art\u00edculo 381 de la Ley 906 de 2004), como en efecto lo hizo el tribunal. Por tanto, el fallo recurrido no ser\u00e1 casado y, en desarrollo de la garant\u00eda a la doble conformidad se le impartir\u00e1 confirmaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed pues, evidente es que el estudio que, en sede de casaci\u00f3n y de oficio, efectu\u00f3 el despacho judicial accionado, cumpli\u00f3 con la finalidad de garantizar el principio de la doble conformidad del promotor del resguardo, toda vez que su primera condena fue revisada por una autoridad diferente a la que la profiri\u00f3 y, adem\u00e1s, se realiz\u00f3 un examen de fondo de la controversia jur\u00eddica suscitada en torno a la responsabilidad penal a \u00e9l atribuida. <\/p>\n
3. En este punto, importante es memorar que, si bien la Sala ven\u00eda sosteniendo una tesis distinta a la aqu\u00ed expuesta, lo cierto es que con sentencia del 14 de septiembre de los corrientes (CSJ STC11947-2021), la Sala decidi\u00f3 acoger la postura que sostuvo la Corte Constitucional en sentencias SU397-2019, SU454-2019 y SU488-2020, providencias que respaldan lo aqu\u00ed decidido. <\/p>\n
En efecto, en el referido pronunciamiento, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 no desconoce la Sala que, en pret\u00e9rita oportunidad, en asuntos con alguna similitud sostuvo que, en aras de respetar la garant\u00eda de la doble conformidad, los recursos de impugnaci\u00f3n especial y de casaci\u00f3n deb\u00edan tramitarse de manera independiente y sucesiva, por tanto, la casaci\u00f3n s\u00f3lo proceder\u00eda despu\u00e9s de la impugnaci\u00f3n. As\u00ed, en el fallo STC16778 del 12 de diciembre de 2019, la Sala indic\u00f3 que \u00abse debi\u00f3 realizar, primero, el an\u00e1lisis de la \u2018impugnaci\u00f3n especial\u2019 y, luego, lo atinente a la demanda de casaci\u00f3n en aras de garantizar mayor seguridad jur\u00eddica al condenado\u00bb y que \u00abel mecanismo extraordinario no resulta ser id\u00f3neo para la protecci\u00f3n del derecho a la \u2018doble conformidad\u2019\u00bb. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
4.1.- En relaci\u00f3n con lo anterior es pertinente destacar que, en contraste con la postura de esta Sala, la Corte Consitucional ha aceptado los remedidos y acciones adoptadas por la Sala Casaci\u00f3n Penal de la Corte, a efectos de garantizar el derecho a la impugnaci\u00f3n especial\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Finalmente, en la sentencia SU-488 de 2020, la Corte Constitucional, al resolver un asunto en el cual el tutelante alegaba la vulneraci\u00f3n de su derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria, en virtud de que la Sala de Casaci\u00f3n Penal no habr\u00eda efectuado un an\u00e1lisis de la doble conformidad en el fallo que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, consider\u00f3 que, en suma, de acuerdo con el entendimiento actual de la jurisprudencia constitucional, la garant\u00eda reclamada exige: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que la primera sentencia condenatoria pueda ser revisada por una autoridad distinta a la que profiri\u00f3 la condena y mediante un recurso que garantice un examen integral, que permita cuestionar aspectos f\u00e1cticos, probatorios y jur\u00eddicos, con independencia de la nominaci\u00f3n del medio judicial, recurso o procedimiento que se utilice. Por tanto, a pesar de las limitaciones del dise\u00f1o legal del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en caso de que la sentencia que lo resuelva satisfaga estas condiciones materiales, no se desconocer\u00eda el derecho a la doble conformidad. Esta valoraci\u00f3n, se reitera, es material y no formal; por tanto, pudo haber tenido como causa una revisi\u00f3n oficiosa por parte de la Corte Suprema de Justicia, o, a pesar de tratarse de un recurso extraordinario sometido a causales, el recurrente pudo haber encausado sus discrepancias por medio de los cargos formulados, y estos pudieron haber sido efectivamente valorados por la Sala de Casaci\u00f3n Penal\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
4.2.- En esta medida, acogiendo la postura planteada por la Corte Constitucional en las sentencias referidas, esta Sala recoge las tesis planteadas con anterioridad y unifica su criterio, en procura de salvaguardar el principio de seguridad jur\u00eddica y de hacer efectiva la garant\u00eda de doble conformidad. As\u00ed las cosas, se advierte que, en asuntos como el que ahora se decide, corresponde al juez constitucional verificar si se respet\u00f3 la garant\u00eda en menci\u00f3n al resolver el recurso de casaci\u00f3n, en el sentido de que la primera condena haya sido revisada por una autoridad distinta a la que la profiri\u00f3 y que se hubiere efectuado un estudio de fondo de la controversia jur\u00eddica subyacente. <\/p>\n
4. Las consideraciones precedentes, resultan suficientes para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, niega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
1\u0002 G\u00d3MEZ ESTRADA, C\u00e9sar. DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS CIVILES. 4\u00aa edici\u00f3n. Editorial Temis. Bogot\u00e1, D. C., 2008. P\u00e1g. 207. <\/p>\n
9 <\/p>\n
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STC12835-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12835-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03399-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00c1lvaro Antonio Navia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57857","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57857","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57857"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57857\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57857"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57857"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57857"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}