STC12845-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12845-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03267-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Inverluz S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abtrato igualitario en la aplicaci\u00f3n de la ley\u00bb y \u00abacceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcados por la Colegiatura acusada al emitir sentencia de segunda instancia en el juicio recriminado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, en consecuencia, \u00abdejar sin efectos la totalidad de la parte resolutiva de la sentencia de\u2026 (18) de marzo de\u2026 (2021), proferida por el Tribunal [acusado]\u00bb; y i) \u00ab[e]n caso de encontrar demostrado el defecto procesal absoluto alegado, \u2026[ordenarle que] rechace la demanda por incumplimiento de los requisitos ordenados en el auto admisorio (sic) y\u2026 la cancelaci\u00f3n de las medidas ejecutivas decretadas y consumadas\u00bb; o ii) \u00ab[e]n caso de que el derecho fundamental conculcado derive de un defecto f\u00e1ctico o defecto sustantivo, \u2026[ordenarle] que resuelva nuevamente la apelaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 12 de diciembre de 2019\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo para la efectividad de la garant\u00eda real seguido por el Banco de Bogot\u00e1 contra la accionante e Inverluna y C\u00eda. S.A.S., con apoyo en unas hipotecas abiertas sin l\u00edmite de cuant\u00eda sobre seis (6) inmuebles y tres (3) pagar\u00e9s suscritos por \u00e9sta mas no por ella, surtidas las etapas de rigor, el 12 de diciembre de 2019 el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia, en la cual dispuso continuar la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n que el 18 de marzo \u00faltimo modific\u00f3 el Tribunal convocado, en el sentido de \u00abprecisar que con el producto del remate de la cuota de propiedad de la demandada Inverluz Sas, que ostenta respecto de los predios identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias Nos. 50C-502896, 50C-502891, 50C-509701, 50C-502895, 50C-502905 y 50C-502897, deber\u00e1 pagarse la obligaci\u00f3n, pero debe tenerse en cuenta que tal demandado solo responde hasta el valor de los inmuebles, por no ser el deudor de la obligaci\u00f3n principal\u00bb. <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de tutela la accionante critic\u00f3 que con esa providencia la Colegiatura enjuiciada incurri\u00f3 en defectos procedimental absoluto, sustantivo, f\u00e1ctico y de carencia de motivaci\u00f3n, en lo medular, porque: <\/p>\n
i) Nunca debi\u00f3 librar mandamiento de pago en su contra porque, inadmitida la demanda por haberse dirigido contra, adem\u00e1s de Inverluna, una persona natural que no era propietaria de los inmuebles, no fue debidamente subsanada, en tanto que no se excluy\u00f3 a \u00e9sta ni se adecuaron los hechos y las pretensiones para incluir a Inverluz como ejecutada, de donde, en su contra, \u00abno se aleg\u00f3 ning\u00fan hecho ni se formul\u00f3 pretensi\u00f3n alguna\u00bb, evidenci\u00e1ndose la insatisfacci\u00f3n del \u00abprincipio de la carga de la afirmaci\u00f3n\u00bb respecto de ella y, por ende, la ineptitud formal del libelo y su carencia de legitimaci\u00f3n en la causa, por lo que aqu\u00e9lla debi\u00f3 rechazarse, lo que dej\u00f3 de hacerse, contrariando lo reglado en los preceptos 82, 90, 93 y 430 del C\u00f3digo General del Proceso, afectando su ejercicio de los derechos de defensa y contradicci\u00f3n, m\u00e1xime cuando esas alegaciones no fueron atendidas oportunamente por el a-quo, llevando, por dem\u00e1s, a la emisi\u00f3n de un fallo incongruente. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, en el caso concreto, era inviable adecuar el proceso aduciendo aplicaci\u00f3n del canon 468 ib\u00eddem, por cuanto dicha norma est\u00e1 restringida a los asuntos en que var\u00eda el propietario \u00fanico de los predios gravados, acorde con el derecho de persecuci\u00f3n contemplado en el art\u00edculo 2452 del C\u00f3digo Civil, que no cuando se trata de derechos de cuota y \u00absolo alguno o algunos de los comuneros hipotecaron su cuota parte para garantizar determinadas obligaciones, propias o de terceros\u00bb, como aqu\u00ed ocurri\u00f3, de donde el contenido de las dos \u00faltimas reglas era inaplicable, debiendo atenderse lo signado en las 2439 y 2442 ib\u00eddem. <\/p>\n
ii) En el a\u00f1o 2003 se levantaron las hipotecas sobre dos (2) de los inmuebles denunciados, por lo cual \u00e9stos no pod\u00edan verse comprometidos en el juicio criticado, al no pesar ning\u00fan gravamen sobre ellos, sin que pudiese entenderse que nuevamente fueron afectados con el acto escriturario de ratificaci\u00f3n realizado en el a\u00f1o 2009, en tanto que no puede revalidarse algo inexistente. <\/p>\n
iii) Las garant\u00edas hipotecarias de que se trata eran de car\u00e1cter individual, siendo patente que cualquiera de las propietarias pod\u00eda obligarse de forma separada pero ello no compromet\u00eda a la otra, lo que precisamente ocurri\u00f3 en este caso con Inverluna y C\u00eda. S.A.S., en tanto que \u00e9sta fue la que se oblig\u00f3, sin que ello le resultara extensivo y oponible a Inverluz S.A.S., m\u00e1xime cuando para que los pagar\u00e9s contentivos de la obligaci\u00f3n se entendieran garantizados con los referidos grav\u00e1menes, \u00abera indispensable la suscripci\u00f3n de los documentos de cr\u00e9dito por el representante legal de Inverluz\u00bb, lo que nunca acaeci\u00f3; todo lo cual se hubiera detectado por el juzgador encartado de haber efectuado una adecuada \u00abinterpretaci\u00f3n gramatical y sistem\u00e1tica del instrumento p\u00fablico que contiene la garant\u00eda hipotecaria que se hace valer\u00bb, pero como ello no ocurri\u00f3, el sentenciador se vio impedido de arribar a la leg\u00edtima conclusi\u00f3n de que se hab\u00eda desatendido el canon 1541 del C\u00f3digo Civil, en torno a la satisfacci\u00f3n cabal de las condiciones pactadas. <\/p>\n
iv) Su representante legal carec\u00eda no s\u00f3lo de facultades para obligarla por fuera de su objeto social sino para comprometerla como garante de obligaciones de terceros, m\u00e1xime cuando hipotecar sus bienes no hac\u00eda parte de aqu\u00e9l y la asamblea de accionistas nunca lo autoriz\u00f3 \u00abpara garantizar con hipoteca obligaciones a cargo de Inverluna y C\u00eda. S.A.S. ni de Jes\u00fas Guerrero\u00bb, por lo que cualquier pacto efectuado por \u00e9l al respecto y en ese sentido le era inoponible a la sociedad, al exceder la capacidad de \u00e9sta, lo que desconoci\u00f3 la Colegiatura acusada, omitiendo valorar algunas de las pruebas recaudadas (como la confesi\u00f3n de su antagonista en torno a la no exigencia de autorizaci\u00f3n de la asamblea de accionistas de Inverluz para otorgar garant\u00eda en favor de cr\u00e9ditos de Inverluna), dando un alcance errado a otras (entre ellas las documentales), pasando por alto la jurisprudencia sobre la materia, generando un injustificado trato desigual, bajo una errada interpretaci\u00f3n del contenido de los preceptos 99, 110, 196, 883 y 1266 del C\u00f3digo de Comercio, y 640 del C\u00f3digo Civil, confundiendo \u00abla capacidad de la sociedad para contraer obligaciones en el marco de su objeto social con las facultades del representante legal para obligar a la sociedad\u00bb. <\/p>\n
v) No se orden\u00f3 la reducci\u00f3n de las hipotecas como lo impon\u00eda el art\u00edculo 2455 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con lo reglado en el canon 425 del C\u00f3digo General del Proceso, advirtiendo que la obligaci\u00f3n principal ascend\u00eda a $19.828.251.628 mientras que el valor de los predios gravados superaba los $147.295.880.000. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de esa ciudad limitaron su intervenci\u00f3n a informar los datos de contacto de las partes e intervinientes en el asunto recriminado. <\/p>\n
2. El profesional del derecho Jorge Armando \u00c1vila Hern\u00e1ndez, quien dijo actuar como \u00abapoderado judicial, del Banco de Bogot\u00e1, dentro del proceso ejecutivo [recriminado]\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin allegar el mandato especial que \u00e9ste le confiri\u00f3 para intervenir en su representaci\u00f3n en el tr\u00e1mite constitucional del ep\u00edgrafe, motivo por el cual su manifestaci\u00f3n no puede ser tenida en cuenta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2.1. En efecto, all\u00ed el cuerpo colegiado atacado, con el fin de generar \u00abun mayor entendimiento de las vicisitudes que rodearon la constituci\u00f3n de la garant\u00eda real sobre los inmuebles por parte de los ejecutados y a favor del Banco de Bogot\u00e1\u00bb, de entrada, hall\u00f3 oportuno efectuar \u00abuna breve referencia a lo acontecido a lo largo del tiempo, espec\u00edficamente respecto a los actos contenidos en las m\u00faltiples escrituras p\u00fablicas que obran en el expediente\u00bb; lo cual hizo en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u2026como soporte de las pretensiones de la demanda se acompa\u00f1\u00f3 copia de las Escrituras P\u00fablicas N\u00b0 683 de 16 de marzo de 1995, N\u00b0 382 de 16 de febrero de 1996 y N\u00b0 7754 de 28 de diciembre de 2009, otorgadas en las Notar\u00edas 11 y 24 de Bogot\u00e1. A su turno, la parte ejecutada ados\u00f3 copia de la Escritura P\u00fablica N\u00b0. 2840 de 2 de octubre de 2003, tambi\u00e9n conferida en la Notar\u00eda 11 de esta ciudad. De todo ello se tiene que: <\/p>\n
En el documento No. 683 de 16 de marzo de 1995\u2026 Jes\u00fas Guerrero Hern\u00e1ndez constituy\u00f3 hipoteca abierta a favor de la entidad financiera sobre los predios identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias Nos. 50C-502897, 50C-502905, 50C-502896, 50C-502891, 50C-509701 y 50C-502895; all\u00ed se mencion\u00f3 adem\u00e1s que la garant\u00eda ten\u00eda por objeto cubrir cualquier obligaci\u00f3n del otorgante y de la sociedad Servientrega Ltda., en un tope m\u00e1ximo de $6.500.000.000. <\/p>\n
Posteriormente y en virtud de la sobrevenida transmisi\u00f3n del derecho de propiedad a favor de Servientrega Ltda., se suscribi\u00f3 la E.P. No. 382 de 16 de febrero de 1996, en la que se ratific\u00f3 por el nuevo titular de dominio -por medio de su representante legal\u2026-, la garant\u00eda sobre los bienes ya mencionados, respaldando deudas tanto de la sociedad ahora due\u00f1a como del otrora Jes\u00fas Guerrero Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
Seguidamente el Banco de Bogot\u00e1 en la E.P. No. 2840 de 2 de octubre de 2003, cancel\u00f3 parcialmente la hipoteca que reca\u00eda sobre los predios de las matr\u00edculas 50C-502905 y 50C-502897. <\/p>\n
Por \u00faltimo, a trav\u00e9s de la E.P. 7754 de 28 de diciembre de 2009, documento en el que se concentran gran parte de los reparos, las sociedades Inverluna y C\u00eda. Sas e Inverluz Sas, nuevas propietarias de los seis inmuebles, ratificaron \u2018en todas y cada una de sus partes haci\u00e9ndola a su vez suya, la garant\u00eda hipotecaria constituida a favor del Banco de Bogot\u00e1 S.A.\u2019, incluidos los dos predios respecto de los cuales en el a\u00f1o 2003 se hab\u00eda cancelado el gravamen. <\/p>\n
A su vez, en la cl\u00e1usula novena se alter\u00f3 el objeto de la prenda inmobiliaria bajo el siguiente tenor: \u201cQue la presente Escritura modifica el objeto de la hipoteca, para que de ahora en adelante se garantice al Banco de Bogot\u00e1 cualquier obligaci\u00f3n que por cualquier motivo tuviere(n) o llegare a contraer el hipotecante Inverluna y C\u00eda. S en C. e Inverluz y C\u00eda. S. en C. y\/o cargo S.A., Global Mangment S.A., Servientrega Internacional S.A., Servientrega S.A., de forma abierta y sin l\u00edmite de cuant\u00eda quienes(s) en adelante se llamara(n) tambi\u00e9n el(los) deudor(es) conjunta o separadamente, directa o indirectamente a favor de dicho banco \u2026.\u201d\u2026 <\/p>\n
2.2. Despu\u00e9s, pas\u00f3 a ocuparse de las inconformidades de la apelante, comenzando por desestimar las relacionadas con la aducida insuficiencia de la demanda por la cual, en sentir de la recurrente, la misma debi\u00f3 rechazarse; lo que as\u00ed materializ\u00f3: <\/p>\n
\u2026aunque es cierto que en el escrito de subsanaci\u00f3n de la demanda el acreedor insisti\u00f3 en vincular como demandado a Jes\u00fas Guerrero Hern\u00e1ndez, pese a que ya no era propietario de los inmuebles garantizados para la satisfacci\u00f3n de las obligaciones, de todos modos en contra de esa persona el juzgado se abstuvo de librar mandamiento de pago, proceder que no es desajustado, como tampoco contraviene las normas de procedimiento, comoquiera que desde los albores del proceso la intenci\u00f3n del banco fue la de incoar un proceso \u2018ejecutivo de mayor cuant\u00eda con garant\u00eda real hipotecaria\u2019, tal como se aprecia en el poder\u2026, como en el contexto de la demanda. <\/p>\n
Bajo tal escenario fue oportuna la previsi\u00f3n incluida en el auto inadmisorio de 2 de abril de 2018\u2026, encaminada a que de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 468 del Cgp se dirigiera la demanda contra las actuales titulares de derechos reales de dominio; o en su defecto, de persistirse en ejecutar la acci\u00f3n personal frente al deudor que ya no era due\u00f1o, se excluyera \u2018del mandato la posibilidad de ejecutar la garant\u00eda real\u2019. As\u00ed, en cumplimento la ejecutante incluy\u00f3 como demandada a Inverluz Sas -propietaria ac\u00e1 apelante-, lo que sin dudas trajo consigo que la decisi\u00f3n fuera continuar el proceso con sustento en la hipoteca que respaldaba la satisfacci\u00f3n de las acreencias. <\/p>\n
Por ello, se repite, si bien en el escrito de subsanaci\u00f3n de la demanda se mantuvo como ejecutado a la persona natural, en su momento el fallador dej\u00f3 de dirigir la orden de apremio en contra de \u00e9ste y libr\u00f3 el mandamiento respecto de las sociedades inscritas en el registro como propietarias por la \u2018v\u00eda ejecutiva para la efectividad de la garant\u00eda real\u2019\u2026, y en cumplimiento de lo ordenado por el art\u00edculo 430 del Cgp, que lo obligaba a expedir tal providencia en la forma que considerase legal. <\/p>\n
Agreg\u00f3, seguidamente, que aunque al momento de resolver la reposici\u00f3n frente al mandamiento de pago el a-quo err\u00f3 al no ocuparse de las anteriores alegaciones, bajo el errado criterio que mediante esa herramienta y en ese estadio \u00abs\u00f3lo pueden discutirse los requisitos formales del t\u00edtulo, cuando es claro que las llamadas excepciones previas en el proceso ejecutivo deben formularse por tal mecanismo (art. 442 Cgp)\u00bb; lo cierto era que ello no ten\u00eda el m\u00e9rito suficiente \u00abpara dejar sin piso la decisi\u00f3n\u00bb, deriv\u00e1ndose de all\u00ed que aun cuando esos reparos se hubieran definido en la etapa preliminar respectiva, en nada se habr\u00eda alterado el curso de la actuaci\u00f3n, derruyendo con ello los argumentos de la quejosa en cuanto a su supuesta imposibilidad de ejercer adecuadamente su derecho de defensa debido a tal yerro. <\/p>\n
2.3. Zanjado tal aspecto, abord\u00f3 el cargo referente a que el Juzgador a-quo incurri\u00f3 \u00aben falencias en la interpretaci\u00f3n de la cl\u00e1usula novena de la E.P. 7754 de 2009, pues seg\u00fan la impugnante de all\u00ed no es posible extraer, al margen del tenor literal de las palabras, que\u2026 Inverluz Sas hubiera garantizado con sus bienes obligaciones de su co-propietaria. A tal efecto acude: a la real intenci\u00f3n de las partes que arguye, se extrae de los anexos del instrumento; la redacci\u00f3n y el sentido gramatical de las conjunciones \u2018y\/o\u2019, de lo que, plantea, se infiere que cada cond\u00f3mino hipotec\u00f3 de forma independiente su cuota parte; que la \u2018e\u2019 da cuenta de que no se garantiz\u00f3 entre propietarios \u2018rec\u00edprocamente las obligaciones que adquirieran\u2019; y que las cl\u00e1usulas obscuras deben interpretarse en contra de quien redact\u00f3 el contrato\u00bb. <\/p>\n
Con ese prop\u00f3sito, previamente relacion\u00f3 algunos aspectos generales que consider\u00f3 relevantes de cara a la \u00abinterpretaci\u00f3n de contratos\u00bb, destac\u00f3 que su \u00abprincipio b\u00e1sico\u2026 consiste en que conocida la voluntad de los contratantes, debe estarse a ella m\u00e1s que a la literalidad de sus palabras (art. 1618 C.C.)\u00bb, y que, por ello: <\/p>\n
\u2026se ha puntualizado que el elemento verdaderamente relevante en la actuaci\u00f3n jur\u00eddica privada es la voluntad real que la preside, y no la apariencia material que resulta de su exteriorizaci\u00f3n m\u00e1s o menos perfecta, habida cuenta que un ejercicio interpretativo estrechamente unido a la ex\u00e9gesis puede afectar criterios de equidad y justicia, pues no son pocos los casos en los que la letra se aleja del sentido e intenci\u00f3n de la voluntad de quienes contratan, porque las palabras son erradamente usadas, las figuras jur\u00eddicas en que se enmarca el negocio son inadecuadas, o incluso, no se prev\u00e9 con suficiente precisi\u00f3n la manera de sortear las vicisitudes de la relaci\u00f3n negocial trabada. <\/p>\n
Por ese sendero, ya de cara al caso concreto, auscultando de manera conjunta le material suasorio recolectado, contrario a lo aducido por la censora, encontr\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026se destaca que la verdadera intenci\u00f3n con la constituci\u00f3n de los grav\u00e1menes fue el garantizar obligaciones a favor del Banco de Bogot\u00e1 con los bienes que en la actualidad est\u00e1n sujetos a una comunidad conformada por dos sociedades propietarias, sin que sea pasible una comprensi\u00f3n en punto a que la hipoteca fuese individual y respecto de la cuota parte de cada cond\u00f3mino. <\/p>\n
En efecto, v\u00e9ase que la cl\u00e1usula novena de la Escritura P\u00fablica 7754 de 2009 -de la cual se apoya la apelante (Inverluz) para decir que en ning\u00fan momento la idea fue amparar deudas de la sociedad Inverluna y C\u00eda. Sas-, no fue el primer convenio que se estipul\u00f3 a favor de la entidad financiera, pues como se destac\u00f3 al inicio de estas consideraciones, los seis predios fueron hipotecados mediante la Escritura P\u00fablica No. 683 de 16 de marzo de 1995, documento en el que se consign\u00f3 que se garantizaban obligaciones sobre los bienes y sin distinci\u00f3n alguna respecto al derecho de cuota que sobreviniera de una co-propiedad, que para esa fecha en la tradici\u00f3n de los inmuebles no exist\u00eda, porque el dominio era exclusivo y a favor de Jes\u00fas Guerrero Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
Posteriormente en el instrumento 382 de 1996 lo que se consign\u00f3, en esencia, fue la ratificaci\u00f3n de la prenda inmobiliaria con motivo de la transmisi\u00f3n del derecho de dominio a Servientrega Ltda., negocio jur\u00eddico en el que valga poner de presente que Luz Mary\u2026 obr\u00f3 como representante legal de la nueva titular y atest\u00f3 que aceptaba \u201cque el gravamen constituido sobre los inmuebles descritos y alinderados en la cl\u00e1usula primera del presente p\u00fablico instrumento, en adelante garantice al Banco de Bogot\u00e1 cualquier obligaci\u00f3n presente y futura, directa o indirectamente, conjunta o separadamente por cualquier motivo tuviere o llegare a contraer la sociedad \u2018Servientrega Limitada\u2019 y\/o Jes\u00fas Guerrero Hern\u00e1ndez\u201d\u2026 Es de notar que la persona que convalid\u00f3 el gravamen es la misma que sign\u00f3 la escritura p\u00fablica posterior pero ahora en representaci\u00f3n de Inverluz Sas, de all\u00ed que con antelaci\u00f3n se conoc\u00edan las vicisitudes y el prop\u00f3sito de respaldar obligaciones con el 100% de los fundos. <\/p>\n
Ahora bien, en lo que toca al contenido de la E.P. 7754 de 2009, suscrita para cuando los inmuebles estaban ya bajo el dominio de Inverluna y C\u00eda. Sas e Inverluz Sas, en la cl\u00e1usula octava se patentiz\u00f3 por los condue\u00f1os una vez m\u00e1s la ratificaci\u00f3n de la garant\u00eda \u201cen todas sus partes haci\u00e9ndola a su vez suya\u2019 aceptando que el nuevo documento se incorporaba \u2018… a las escrituras mediantes las cuales se constituy\u00f3, ampli\u00f3 y modific\u00f3 el gravamen, las cual(es) ha(n) quedado vigentes con las modificaciones aqu\u00ed introducidas, sin que la presente escritura implique novaci\u00f3n ni modificaci\u00f3n en cuanto al grado de la garant\u00eda\u201d\u2026 <\/p>\n
Puestas de ese modo las cosas, no es dado en este momento sostener que la voluntad de la ahora apelante fue stricto sensu afianzar con su cuota de propiedad exclusivamente obligaciones adquiridas a nombre propio o de CV Cargo S.A., Global Mangment S.A., Servientrega Internacional S.A. y Servientrega S.A., en un ejercicio hermen\u00e9utico y restrictivo de la cl\u00e1usula novena de la escritura del a\u00f1o 2009, comoquiera que la historia de la garant\u00eda conlleva a una situaci\u00f3n jur\u00eddica diferente, esto es, que siempre el verdadero prop\u00f3sito fue avalar acreencias con los inmuebles, se repite, sin distinci\u00f3n exclusiva a una eventual comunidad que se conformase con el paso del tiempo (se destac\u00f3). <\/p>\n
Afirm\u00f3, luego, que tal ejercicio interpretativo de cara al pacto contractual y la verdadera intencionalidad de los intervinientes estaba apalancado en postura de esta Corte (CSJ SC, 4 sep. 2000, rad. 5420) y correlacionado con el principio de la buena fe contractual de que trata el precepto 1603 del C\u00f3digo Civil, deriv\u00e1ndose de all\u00ed que la accionante, \u00abal haber convalidado y haciendo suya la hipoteca constituida en la E.P. 683 de marzo 16 de 1995, incurri\u00f3 en una conducta positiva generadora de efectos, pues ello implic\u00f3 conocer el estado de cosas que se hab\u00eda creado en torno a la cobertura de cr\u00e9ditos con sus bienes\u00bb. <\/p>\n
Y aunque lo anterior era suficiente para derruir el reparo auscultado, a ello agreg\u00f3: <\/p>\n
Pero es que incluso, seg\u00fan el tenor literal del convenio y al margen de las interpretaciones que seg\u00fan el impugnante debe efectuarse a las conjunciones \u2018y\/o\u2019 o \u2018e\u2019 de la muy referida cl\u00e1usula novena, la redacci\u00f3n es clara en punto a que tanto Inverluna y C\u00eda. Sas como Inverluz Sas modificaron el objeto de la hipoteca \u2018para que de ahora en adelante se garantice al Banco de Bogot\u00e1 cualquier obligaci\u00f3n que por cualquier motivo\u2019 tuvieren o llegaren a contraer de forma abierta y sin l\u00edmite de cuant\u00eda \u2018conjunta o separadamente\u2019. Por ende, en estricto sentido y sin desmedro de lo ya expuesto (intenci\u00f3n negocial), no quedaba nada que desentra\u00f1ar y es desacertado el argumento en punto a que se garantizaron s\u00f3lo deudas propias y de terceros con exclusi\u00f3n del co-propietario Inverluna. Tampoco se extracta ambig\u00fcedad que deba ser interpretada a favor del deudor. <\/p>\n
De la lectura de ese clausulado, f\u00e1cil emerge que la garant\u00eda se pact\u00f3 para respaldar obligaciones individuales o conjuntas de todos los hipotecantes y era suficiente para que las sociedades demandadas autom\u00e1ticamente y como garantes de la obligaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la hipoteca constituida, se conviertan en sujetos contra quienes se puede dirigir la acci\u00f3n orientada a la efectividad de la garant\u00eda real. <\/p>\n
No debe olvidarse que el art\u00edculo 2452 del C.C. dispone que \u201cLa hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier t\u00edtulo que la haya adquirido\u201d. Es fundamental la segunda parte en torno a que el derecho de persecuci\u00f3n se predica indistintamente de la causa -el t\u00edtulo- a trav\u00e9s del cual una persona se vuelve propietaria de la cosa hipotecada. <\/p>\n
Dicho en otras palabras: el derecho de persecuci\u00f3n, que a la larga no es m\u00e1s que el referente para establecer la legitimaci\u00f3n en la causa pasiva dentro de los procesos hipotecarios, est\u00e1 determinado por la titularidad de la propiedad en el demandado respecto de la cosa hipotecada, frente a lo cual resulta indiferente indagar por la forma como se adquiri\u00f3 el bien, v. gr., si fue por un acto originario o traslaticio, oneroso o gratuito, inter vivos o mortis causa, etc. <\/p>\n
Y es que la ley le concede al acreedor hipotecario el derecho de perseguir la realizaci\u00f3n de la garant\u00eda contra cualquier adquirente posterior, sin miramientos a la causa que est\u00e9 detr\u00e1s del desplazamiento, habiendo establecido sobre el punto una sola excepci\u00f3n y es cuando el tercero haya adquirido la finca hipotecada en p\u00fablica subasta. <\/p>\n
En esas condiciones, se observa que lo que quiso el ordenamiento fue privilegiar la condici\u00f3n del acreedor hipotecario por encima del derecho de propiedad sobre la cosa pignorada. Por tal virtud, considera la Sala que como esta condici\u00f3n de la garant\u00eda fue conocida por los adquirentes por medio de la llamada \u2018ratificaci\u00f3n\u2019, no podr\u00edan ahora predicar la ignorancia de ese supuesto, circunstancia que no los exime de la obligaci\u00f3n que contrajeron al adquirir los inmuebles en cuesti\u00f3n, de manera que como estos sirven de aval a los cr\u00e9ditos ejecutados, los demandados, como propietarios del bien, son obligados reales de los mismos, y en consecuencia, no pueden desvincularse v\u00e1lidamente de esas deudas. <\/p>\n
2.4. Continu\u00f3 con el estudio de la defensa que la tutelante finc\u00f3 en su supuesta falta de legitimaci\u00f3n en la causa debido a que su objeto social \u00abno [le] permit\u00eda constituir garant\u00edas a favor de terceros y la junta de accionistas no autoriz\u00f3 a su representante legal para amparar obligaciones adquiridas por Inverluna y C\u00eda. Sas\u00bb; ante lo cual consider\u00f3 que para desechar tales postulados bastaba observar que \u00aben el certificado de c\u00e1mara de comercio anexo a la E.P. 7754 de 2009 se constata que dentro de las actividades principales de la apelante estaba el \u2018..comprar, vender, arrendar, permutar e hipotecar toda clase de inmuebles\u2019\u2026, de suerte que s\u00ed hab\u00edan facultades para constituir garant\u00edas y no se incluy\u00f3 ning\u00fan condicionamiento, v. gr., limitaci\u00f3n exclusiva para deudas propias\u00bb; y tras transcribir el contenido del precepto 196 del C\u00f3digo de Comercio, anot\u00f3 que de \u00e9l se desprend\u00eda que \u00absalvo estipulaci\u00f3n en contrario, se entender\u00e1 que las personas que representan a la sociedad podr\u00e1n celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad, y cualquier restricci\u00f3n para su administrador deber\u00e1 estar contemplada en los estatutos\u00bb; premisas de las cuales se vali\u00f3 para atestar y resaltar que: <\/p>\n
En este caso no obra en el expediente el documento mediante el cual se constituy\u00f3 la sociedad apelante, por ende, no es dable afirmar, o no se prob\u00f3, que existiera limitaci\u00f3n al representante legal en los t\u00e9rminos planteados. Ahora, si hipot\u00e9ticamente del acta de asamblea extraordinaria de accionistas de 14 de octubre de 2009, que hace parte de la E.P. No. 7754 de 2009, se pudiera extraer alg\u00fan tipo de condicionamiento para la persona que firm\u00f3 el instrumento1, de todos modos no tendr\u00eda efecto para invalidar la garant\u00eda a favor del Banco de Bogot\u00e1, habida cuenta que: \u201cLas limitaciones o restricciones de las facultades anteriores que no consten expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil no ser\u00e1n oponibles a terceros.\u201d2 (inciso final art. 196 C. de Co.) <\/p>\n
Incluso se alega insistentemente que el contrato accesorio de hipoteca es inoponible para la sociedad, pero al margen de que no se acreditaron las prohibiciones a su representante legal, una circunstancia de semejantes extensiones no tendr\u00eda la facultad de derruir el convenio suscrito, pues como lo ha dicho la jurisprudencia reciente: \u201cuna declaraci\u00f3n judicial de tales caracter\u00edsticas no tendr\u00eda la aptitud de restablecer su inter\u00e9s jur\u00eddico conculcado, pues lo cierto es que en el mundo de la vida la hipoteca est\u00e1 surtiendo efectos adversos a sus intereses, dado que grav\u00f3 el \u00fanico bien que conformaba su patrimonio; y tales consecuencias jur\u00eddicas no se deshacen con la figura de la inoponibilidad, la cual no dejar\u00eda de ser un simple y f\u00fatil adorno in sola scriptura, pues el gravamen real que pesa sobre el inmueble en nada podr\u00eda cambiar con la inscripci\u00f3n de semejante decisi\u00f3n en el registro p\u00fablico\u201d3\u2026 <\/p>\n
2.5. En consonancia con lo hasta aqu\u00ed expuesto, enfatiz\u00f3 que el acto de ratificaci\u00f3n suscrito en el a\u00f1o 2009, precisamente por el desarrollo particular de la situaci\u00f3n negocial descrita, efectivamente extend\u00eda sus efectos sobre los predios cuyos grav\u00e1menes fueron cancelados en el a\u00f1o 2003, en tanto que en aqu\u00e9l, \u00abla ac\u00e1 apelante, por manifestaci\u00f3n propia y libre de apremio ratific\u00f3 la garant\u00eda a favor del Banco de Bogot\u00e1, incluso sobre esos dos fundos\u00bb, a m\u00e1s que: <\/p>\n
\u2026el acto de ratificaci\u00f3n se encuentra registrado en los seis folios de matr\u00edcula inmobiliaria y al expediente se alleg\u00f3 la primera copia que prestaba m\u00e9rito ejecutivo, requisito necesario para el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda. Es decir, la posterior manifestaci\u00f3n ante el dador de la fe p\u00fablica es inequ\u00edvoca en punto a que la intenci\u00f3n de los sobrevenidos propietarios era incluir nuevamente los dos predios como garant\u00eda de las obligaciones adquiridas conjunta o separadamente para con la entidad financiera, y en tal atestaci\u00f3n se cumplieron a cabalidad los formalismos contenidos en los art\u00edculos 2434 y 2435 del C\u00f3digo Civil: en lo esencial, la exigencia del registro ante instrumentos p\u00fablicos, que le otorga validez a la llamada \u2018ratificaci\u00f3n\u2019 y los efectos de publicidad ante terceros. <\/p>\n
\u2026es evidente que por medio de la referida Escritura del a\u00f1o 2009 se configur\u00f3 nuevamente la prenda como garant\u00eda de acreencias respecto de los inmuebles identificados con las matriculas inmobiliarias Nos. 50C-502905 y 50C- 502897, sin que ello implique que se estuviera convalidando algo inexistente, como se propone en la impugnaci\u00f3n, sino que el ulterior acto, en l\u00ednea de principio, reuni\u00f3 para su constituci\u00f3n los requisitos formales contenidos en los art\u00edculos 2434 y 2435 de la codificaci\u00f3n sustancial civil. <\/p>\n
A lo expuesto se suma que Inverluz Sas nunca cuestion\u00f3 la legalidad del contenido incluido en la E.P. 7754 de 2009, o al menos no demostr\u00f3 que hubiera actuado de tal forma hasta antes de que fuera convocada al proceso ejecutivo, omisi\u00f3n que contribuye a fortalecer el argumento que se viene desarrollando. En efecto, el art\u00edculo 854 del C. de Co. Se\u00f1ala que \u201cLa aceptaci\u00f3n t\u00e1cita, manifestada por un hecho inequ\u00edvoco de ejecuci\u00f3n del contrato propuesto, producir\u00e1 los mismos efectos que la expresa (\u2026)\u201d, previsi\u00f3n normativa de la que se infiere que no \u00fanicamente de las manifestaciones expresas se derivan efectos contractuales, ni tampoco son ellas la \u00fanica fuente para su interpretaci\u00f3n. El silencio, acompa\u00f1ado de actos que inequ\u00edvocamente conduzcan a la generaci\u00f3n de resultados positivos, tambi\u00e9n participa como un principio de ejecuci\u00f3n contractual y una herramienta para entender la din\u00e1mica en que las partes llevan a cabo el negocio celebrado. <\/p>\n
Este enfoque permite asimilar la conducta desplegada por Inverluz Sas, pues no cabe duda de que al haber incluido en el a\u00f1o 2009 nuevamente como garant\u00eda los dos predios en referencia, sin que nunca hubiera rebatido judicialmente la manifestaci\u00f3n de la voluntad all\u00ed inserta, es una postura de la que se extrae sin equ\u00edvocos el asentimiento a favor de la prenda inmobiliaria as\u00ed contenida en tal escritura. En suma, el m\u00e9todo pr\u00e1ctico utilizado por las partes de ratificar un acto remoto, no obstante haber mediado una cancelaci\u00f3n parcial, devino en una nueva constituci\u00f3n de hipoteca respecto de la totalidad de los predios otrora gravados, a tal punto que se formaliz\u00f3 una nueva inscripci\u00f3n en el registro de los 6 inmuebles, con todas las consecuencias que para tales fines ese conjunto de actos apareja (se destac\u00f3). <\/p>\n
2.6. De otro lado, en cuanto a los documentos que seg\u00fan la apelante impon\u00edan que ella \u00abotorgara los documentos de cr\u00e9dito para que quedaran amparados por la garant\u00eda\u00bb, advirti\u00f3 que no le asist\u00eda raz\u00f3n a \u00e9sta porque los pagar\u00e9s base de recaudo \u00abre\u00fanen los requisitos previstos en los art\u00edculos 621 y 709 del C. de Co. y 422 del Cgp, y por ende, su contenido por s\u00ed solo es suficiente para que presten m\u00e9rito ejecutivo\u00bb; a m\u00e1s de ser incontrovertible que la quejosa no hab\u00eda sido \u00abvinculada como obligada personal de las acreencias, sino que se encuentra afianzando obligaciones de Inverluna y C\u00eda. Sas, con el porcentaje del que es titular de dominio, conjunto de circunstancias que convalidan la legitimaci\u00f3n del Banco de Bogot\u00e1 y la legalidad de la acci\u00f3n para hacer efectiva la garant\u00eda real\u00bb. <\/p>\n
2.7. Y encontr\u00f3 improcedente la rogada disminuci\u00f3n de la garant\u00eda hipotecaria al no hallarse \u00e9sta \u00ablimitada a una suma determinada\u00bb, en tanto que, \u00abseg\u00fan la modificaci\u00f3n contenida en la E.P. 7754 de 2009[,] se torn\u00f3 en abierta y sin l\u00edmite de cuant\u00eda, pacto que respeta el principio general del car\u00e1cter ilimitado que en el derecho colombiano tiene la extensi\u00f3n del gravamen, pues en sentido contrario, de acuerdo con el art\u00edculo 2455 del C\u00f3digo Civil, para que exista una restricci\u00f3n cuantitativa, es necesario que esta se diga de modo inequ\u00edvoco\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Corte concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa es una diferencia de criterio acerca de la manera como la autoridad acusada, contrario a sus alegaciones, valor\u00f3 en conjunto las pruebas recaudadas y concluy\u00f3, con apoyo en las normas que hall\u00f3 aplicables al asunto, que las defensas propuestas por la quejosa estaban llamadas al fracaso, comoquiera que las falencias endosadas a la demanda no eran tales si en cuenta se ten\u00eda que lo que se produjo fue su efectiva adecuaci\u00f3n oficiosa; que los instrumentos p\u00fablicos claramente daban cuenta de que las garant\u00edas se constituyeron para respaldar todas las obligaciones que adquirieran las ejecutadas de forma conjunta o separada; que en el a\u00f1o 2009 a trav\u00e9s de escritura p\u00fabica las deudores expusieron ratificar las garant\u00edas hipotecarias sobre los 6 inmuebles, lo que, en sentir del Tribunal, implic\u00f3 que los liberados en el 2003 volvieron a formar parte del pacto; que no exist\u00eda ning\u00fan documento registrado ante la C\u00e1mara de Comercio y, por ende, oponible a terceros, en el cual se hubieran restringido las facultades del representante legal de esa sociedad; y que no hubo pacto restrictivo de los grav\u00e1menes sino que las hipotecas fueron abiertas y sin l\u00edmite de cuant\u00eda, por lo cual era inviable la reducci\u00f3n deprecada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez de tutela] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
2\u0002 \u201cSon terceros relativos quienes no tuvieron ninguna intervenci\u00f3n en la celebraci\u00f3n del contrato, ni personalmente ni representados, pero con posterioridad entran en relaci\u00f3n jur\u00eddica con alguna de las partes, de suerte que el acto en el que no participaron podr\u00eda acarrearles alguna lesi\u00f3n a sus intereses, por lo que les importa establecer su posici\u00f3n jur\u00eddica frente al v\u00ednculo previo del que son causahabientes, y esa certeza s\u00f3lo la pueden adquirir mediante una declaraci\u00f3n judicial; como por ejemplo el comprador, el acreedor hipotecario, el acreedor quirografario, el legatario, el donatario, el cesionario, etc\u201d (CSJ SC9184-2017, 28 jun. 2017, rad. 2009-00244-01). <\/p>\n
3\u0002 CSJ SC9184-2017. 28 jun. 2017, rad. 2009-00244-01. <\/p>\n
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STC12845-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12845-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03267-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Inverluz S.A.S. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57863","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57863","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57863"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57863\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57863"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57863"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57863"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}