STC12850-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12850-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00446-011 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se deciden de forma conjunta las impugnaciones, acumuladas (radicados 68001-22-13-000-2021-00435-01, 68001-22-13-000-2021-00446-01 y 68001-22-13-000-2021-00455-01), formuladas por Carlos Andr\u00e9s Porras P\u00e9rez, como representante legal de Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda Ltda. – Aser Ingenier\u00eda Ltda., frente a los fallos proferidos el 20, 24 y 25 de agosto de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga2, en los que no se accedi\u00f3 a las acciones de tutela promovidas por \u00e9l contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad3 y la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander4, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en los asuntos que originaron las quejas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de su representada al debido proceso, petici\u00f3n, igualdad y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00aben conexidad con los principios de seguridad jur\u00eddica administrativa, transparencia administrativa, buena fe, non bis in \u00eddem\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas, en su orden, por la tardanza en resolver algunas solicitudes en el tr\u00e1mite ejecutivo cuestionado5 y en definir la petici\u00f3n de vigilancia judicial administrativa que plante\u00f3.6 <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar i) al Juzgado acusado, resolver el incidente sancionatorio incoado desde el 13 de enero de 2020 por el incumplimiento de las medidas cautelares (petici\u00f3n contenida en las tres acciones de tutela acumuladas) y la solicitud de cautelas presentada desde el 18 de noviembre siguiente en contra de los all\u00ed incidentados (ruego expuesto expresamente en las acciones con radicados 00435 y 00446, y de forma t\u00e1cita en la otra); y ii) al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, \u00abresolver de fondo y en definitiva la solicitud de vigilancia judicial\u00bb (pretensi\u00f3n relacionada solamente en la tutela con radicado 00446). <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir estos casos es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo que la actora inco\u00f3 contra el Edificio Vista Verde Propiedad Horizontal, en lo que aqu\u00ed interesa, el 25 de octubre de 2019 se libr\u00f3 mandamiento de pago; el 1\u00ba de noviembre siguiente se decret\u00f3 \u00abel embargo de los dineros que tenga [la ejecutada]\u2026 en cuentas de ahorros, corrientes o en cualquier otros producto bancario o financiero\u00bb en las entidades bancarios all\u00ed referidas; el d\u00eda 18 posterior se decret\u00f3 \u00abel embargo y retenci\u00f3n de los dineros que por concepto de expensas comunes presentes y futuras, tenga a favor el demandado\u2026 respecto de los inmuebles con folios de matr\u00edcula No. 300-296387, 300-296386, 300-296385, 300-296384, 300-296383, 300-296382, 300-296381, 300-296380, 300-296379, 300-296378, 300-296377 y 300-296376\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 19 de enero de 2020 la actora rog\u00f3 adelantar incidente sancionatorio contra los destinatarios de los oficios a trav\u00e9s de los cuales se comunicaron aquellas cautelas, por su desacato frente a las mismas; y el 18 de noviembre de ese a\u00f1o rog\u00f3 embargar a los incidentados \u00ablos dineros y productos financieros\u00bb que tuviesen en ciertas entidades bancarias y los inmuebles de que fueran propietarios dentro de la mentada propiedad horizontal. <\/p>\n
2.4. Por otro lado, se observa que por la supuesta falta de definici\u00f3n de la solicitud cautelar presentada el 18 de noviembre de 2020, se formul\u00f3 una previa acci\u00f3n de tutela que el 19 de enero de 2021 deneg\u00f3 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga al considerar que la mora endilgada al juzgada era justificada, determinaci\u00f3n que el pasado 23 de abril confirm\u00f3 esta Sala de Casaci\u00f3n Civil pero por carencia actual de objeto, al advertir que aquella petici\u00f3n, como qued\u00f3 visto, el 4 de febrero del a\u00f1o en curso fue objeto de pronunciamiento por parte del juez acusado (STC4328-2021). <\/p>\n
2.5. En esta ocasi\u00f3n las quejas constitucionales se soportaron, en concreto, en la supuesta mora en la que han incurrido las autoridades acusadas porque: <\/p>\n
2.5.1. Respecto del Juzgado: <\/p>\n
a). Han transcurrido 18 meses y 24 d\u00edas desde que se formul\u00f3 el incidente sancionatorio por el desacato a las medidas cautelares, sin que a la fecha haya sido definido, \u00abcolocando en riesgo el cumplimiento efectivo de lo ordenado pagar en la sentencia que se encuentra ejecutoriada y en firme, viol\u00e1ndose el termino establecido en el art\u00edculo 120 del CGP y el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 que debe resolverse en el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas Corte Constitucional, Sentencia C-367, jun. 11\/14\u2026)\u00bb (reclamo tra\u00edda en los tres (3) radicados acumulados, esto es: 00435, 00446 y 00455). <\/p>\n
b). Han trascurrido 8 meses y 17 d\u00edas desde que present\u00f3 la solicitud de cautelas contra los incidentados, sin que la misma haya sido atendida, \u00abviol\u00e1ndose el t\u00e9rmino de 1 d\u00eda establecido en el art\u00edculo 588 del CGP y lo establecido en la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares\u00bb (reparo expuesto en los asuntos con los consecutivos 00435 y 00446). <\/p>\n
c). A\u00f1adi\u00f3, por esa l\u00ednea, que otros asuntos que ingresaron al despacho cuestionado, con posterioridad al suyo, para la definici\u00f3n de asuntos pendientes, han salido con las respectivas decisiones mientras que \u00e9ste sigue a la espera de las mismas (reproche concretado en el tr\u00e1mite con radicado 00455). <\/p>\n
2.5.2. Respecto de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, la falta de resoluci\u00f3n de la vigilancia judicial administrativa que plante\u00f3 contra el Juzgado acusado \u00ab[c]on ocasi\u00f3n a las anteriores demoras injustificadas\u00bb, conculc\u00e1ndose \u00ablos t\u00e9rminos y el fin del ACUERDO No. PSAA11-8716 (octubre 6 de 2011) \u201cPor el cual se reglamenta el ejercicio de la Vigilancia Judicial Administrativa consagrada en el art\u00edculo 101, numeral 6\u00ba, de la Ley 270 de 1996\u201d\u00bb (inconformidad exteriorizada en la acci\u00f3n de tutela con consecutivo 00446). <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas, entre las cuales, para lo que aqu\u00ed interesa, destac\u00f3 que el pasado 4 de febrero \u00aborden\u00f3 la apertura al tr\u00e1mite incidental por desacato a las \u00f3rdenes impartidas\u2026 y, adem\u00e1s, se negaron las medidas cautelares solicitadas el 18 de noviembre de 2020\u00bb; el 15 de marzo de 2021 \u00aborden\u00f3 la notificaci\u00f3n de los incidentados en el tr\u00e1mite correspondiente al desacato a las \u00f3rdenes proferidas\u00bb; el 10 de junio posterior puso \u00aben conocimiento las respuestas allegas por los incidentados, se tuvo por notificados a algunos de [el]los\u2026 [y] requiri\u00f3 al incidentemente para que allegara algunas constancias de notificaci\u00f3n\u00bb; el d\u00eda 29 siguiente \u00abla parte actora alleg\u00f3 las constancias de notificaci\u00f3n requeridas\u2026, por lo que est\u00e1 pendiente de revisi\u00f3n, a efectos de emitir pronunciamiento al respecto\u00bb; y el 26 de julio \u00faltimo el incidentado Corina Buend\u00eda Grigoriu formul\u00f3 solicitud de nulidad de todo lo actuado, la cual tambi\u00e9n se halla pendiente de tr\u00e1mite. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que para resolver, \u00aben el turno que corresponda\u00bb, sobre esas y otras solicitudes, el asunto fustigado ingres\u00f3 al despacho el pasado 10 de agosto. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se avizora violaci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales del accionante, toda vez que se surtieron las etapas y actuaciones judiciales con arreglo a las normas que resultaban aplicable[s] y teniendo en cuenta la prevalencia de asuntos que tienen prioridad de orden constitucional y legal\u00bb; que \u00abel actor\u2026 busca sustituir al juez natural y, mediante el desmedido uso de la acci\u00f3n constitucional -pues hasta la fecha ha radicado 11 tutelas en el presente asunto-, busca por esta v\u00eda que se despachen favorablemente sus pedimentos, olvidando que dicho debate debe realizarse al interior del asunto\u00bb; y reliev\u00f3 que en la actualidad cursan tres ruegos de este linaje, todos promovidos por el quejoso y entre s\u00ed relacionados7, de donde \u00abri\u00f1e con la verdad\u00bb su manifestaci\u00f3n en torno a no haber \u00abimpetrado ninguna acci\u00f3n respecto de los mismos hechos y derechos\u00bb. <\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander rog\u00f3 declarar improcedente el resguardo porque \u00abno ha violado ning\u00fan derecho fundamental del accionante\u00bb, comoquiera que la solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa la present\u00f3 el 4 de agosto de 2021, \u00abes decir[,] hace\u2026 (9) d\u00edas calendario\u2026 (07) d\u00edas h\u00e1biles, siendo repartida mediante acta de reparto N\u00b0 083 del 05 de agosto de 2021 y correspondiendo su conocimiento al despacho del H. Magistrado\u2026 Chac\u00f3n Navas, quien dentro del tr\u00e1mite normal de este tipo de actuaciones, corri\u00f3 traslado mediante oficio N\u00b0 570 de la queja presentada por el se\u00f1or Porras P\u00e9rez al Juzgado\u2026 para que ejerza su derecho a la defensa, recibiendo [su] respuesta\u2026 el d\u00eda de hoy 13 de agosto de 2021 y pasando al despacho del se\u00f1or Magistrado para pronunciarse de fondo\u00bb. <\/p>\n
3. El Edificio Vista Verde Propiedad Horizontal, Jorge Francisco Maldonado Serrano, Sandra Natalia S\u00e1nchez Ram\u00edrez, Jonathan Anaya Gelvez, Thomas Chica Serrano, Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Amaya C\u00e1ceres, Irma del Carmen Anaya de Amaya, Diego Alexander Gonz\u00e1lez Becerra, Luz Helena Solano de Santos, Juan Carlos Sarmiento Vesga, Corina Buend\u00eda Grigoriu, Bjorn Reu, Blanca Luc\u00eda Portilla Lizcano, Ligia, Martha Elena, Martha Eugenia, Jorge Armando y Gustavo Alberto Solano Guti\u00e9rrez, tras aludir que esta no es la primera vez que el reclamante acude a este remedio excepcional, deprecaron, en lo medular, \u00abrechazar[lo] y\/o denegar[lo]\u2026 al considerar que no existe vulneraci\u00f3n alguna de los derechos de petici\u00f3n, igualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia al evidenciar que no encuentran raz\u00f3n los argumentos del accionante y adicional a ello, quebranta y desnaturaliza el mecanismo constitucional de tutela al actuar temerario abusando del ejercicio de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Corina Buend\u00eda Grigoriu y Bjorn Reu, adem\u00e1s, adujeron que no han sido debidamente vinculados a la actuaci\u00f3n reprochada, por lo que all\u00ed deprecaron su nulidad, petici\u00f3n que est\u00e1 en tr\u00e1mite; a m\u00e1s que deb\u00eda analizarse el estado actual de la sociedad accionante por encontrarse en proceso de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Wilson Javier Dur\u00e1n Parra pidi\u00f3 \u00abdenegar la presente acci\u00f3n por improcedente, al existir proceso ordinario vigente, tal y como ha sido establecido por la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el amparo en los asuntos cursantes bajo los consecutivos 00435 y 00446, al considerar temerario el proceder del quejoso, comoquiera que no era la primera vez que promov\u00eda demanda de tutela contra el Juzgado acusado, quej\u00e1ndose de las actuaciones surtidas al interior del juicio recriminado, a m\u00e1s de haber presentado muchas otras acciones de este linaje en relaci\u00f3n con diferentes procesos en los cuales su representada interviene; por lo cual, en cada uno de esos fallos, impuso multa de $1.817.052 a Carlos Andr\u00e9s Porras P\u00e9rez, quien formul\u00f3 el resguardo como representante legal de la firma Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda Ltda. – Aser Ingenier\u00eda Ltda. <\/p>\n
Por otro lado, en el asunto con radicado 00446, en cuanto \u00aba la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander\u00bb, tambi\u00e9n despacho adversamente la salvaguarda al considerar que, \u00abcontrario a lo expuesto por el promotor, la mencionada autoridad dio tr\u00e1mite a la solicitud de vigilancia judicial administrativa presentada por [\u00e9]l\u2026 el pasado 04 de agosto\u2026, de la cual, una vez repartida mediante acta de reparto No. 083 del 05 de ese mismo mes y a\u00f1o, corri\u00f3 traslado al Juzgado [acusado]\u2026 para que ejerciera su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, recibi\u00e9ndose respuesta el\u2026 13 de agosto del a\u00f1o que avanza, encontr\u00e1ndose el asunto al Despacho para resolver lo que en derecho corresponda, sin que se denote mora alguna en su tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en el asunto tramitado bajo el radicado 00455, se deneg\u00f3 la protecci\u00f3n porque la tardanza en la resoluci\u00f3n del incidente sancionatorio propuesto se ajusta al tipo de tr\u00e1mite adelantado, sumado al hecho que el censor no prest\u00f3 la oportuna colaboraci\u00f3n para surtir el enteramiento de los incidentados. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
Las formul\u00f3 el quejoso aduciendo que \u00ab[s]e omiti\u00f3 que la solicitud de vigilancia judicial es la de radicado 68001.11.02.000.2020.00411.00[,] tramitada por el Dr\u2026 Romero Camargo\u2026[,] [en la cual] a la fecha no existe auto donde se resuelva al respecto\u00bb, mas no la aludida por el Tribunal, a cargo del Magistrado Chac\u00f3n Navas; que en cuanto a la actuaci\u00f3n judicial se desconocen los t\u00e9rminos establecidos para resolver en los preceptos 120 y 588 del C\u00f3digo General del Proceso; que \u00ab[c]on la imposici\u00f3n de multas por interponer una tutela contra el accionante se viola [su] derecho constitucional de acceso a la justicia al estar coaccion[\u00e1]ndo[lo] para que [en] un futuro\u2026 no pueda volver [a] solicitar el amparo de sus derechos\u2026 porque ser[\u00e1] sancionado, generando una grave amenaza ya que cualquier nueva acci\u00f3n de tutela ser\u00e1 objeto de sanci\u00f3n, adem\u00e1s se omiti\u00f3\u2026 que los hechos objeto de la presente acci\u00f3n de tutela son NUEVOS y no existe anterior tutela y que sea reciente donde se exponga lo amparos solicitados en lo referente a la solicitud de medidas cautelares\u00bb; que uno de los Magistrados del Tribunal debi\u00f3 declararse impedido para intervenir en este caso por \u00abconocer del tr\u00e1mite ejecutivo [fustigado,] \u2026hab\u00e9rsele revocado por la ALTA CORTE el auto que confirm[\u00f3] el rechazo de la demanda y que posteriormente se profiri\u00f3 mandamiento de pago\u00bb; que la empresa que representa \u00abtiene m\u00e1s 30 a\u00f1os de creaci\u00f3n y ejercicio comercial, es parte demandante en m\u00e1s de 15 procesos donde ha tenido que acudir en varias ocasiones a la acci\u00f3n de tutela a[nte] la continua violaci\u00f3n de sus derechos constitucionales por parte del sector p\u00fablico jur\u00eddico\u00bb; que \u00abla Corte Constitucional ha establecido que la sanci\u00f3n solo procede cuando la acci\u00f3n de tutela es sin fundamento para lo cual para el presente caso no aplica al ser hechos\u2026 y derechos nuevos invocados\u00bb; y que es evidente que el Juzgado no ha respetado el turno que corresponde, respecto de otros proceso, para definir las peticiones pendientes en el juicio ejecutivo recriminado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De entrada, teniendo en cuenta la manifestaci\u00f3n tra\u00edda por el quejoso en su opugnaci\u00f3n en cuanto a que uno de los Magistrados que conoci\u00f3 de este asunto en primera instancia debi\u00f3 declararse impedido para ello por \u00abhab\u00e9rsele revocado por la ALTA CORTE el auto que confirm[\u00f3] el rechazo de la demanda y que posteriormente se profiri\u00f3 mandamiento de pago\u00bb; resulta oportuno recordarle que en tr\u00e1mites de este linaje, acorde con el precepto 39 del Decreto 2591 de 1991, es improcedente la recusaci\u00f3n, y en todo caso, no se otea la incursi\u00f3n en ninguna anomal\u00eda o en alguna de las taxativas causales de invalidez de que trata el precepto 133 del C\u00f3digo General del Proceso; de all\u00ed que no exista nulidad que declarar o irregularidad a subsanar, m\u00e1xime cuando sus alegaciones, m\u00e1s que pretender el reconocimiento de alguna de ellas, lo que reprueba es el despacho adverso de los amparos reclamados. <\/p>\n
3. Zanjado dicho aspecto, con miras a resolver las respectivas impugnaciones, de acuerdo a lo consignado en el prove\u00eddo del pasado 27 de septiembre, se itera que: <\/p>\n
1. Con la demanda de amparo g\u00e9nesis del presente tr\u00e1mite, Carlos Andr\u00e9s Porras P\u00e9rez, como representante legal de Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda Ltda. – Aser Ingenier\u00eda Ltda., critic\u00f3 i) del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, la supuesta mora en resolver el incidente sancionatorio que propuso por el desacato a las medidas cautelares y su solicitud de cautelas contra los incidentados en el juicio recriminado; y ii) de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, la tardanza en definir la petici\u00f3n de vigilancia judicial administrativa que plante\u00f3 frente a aquel estrado judicial. Dicho resguardo lo deneg\u00f3 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 el quejoso. <\/p>\n
2. En el l\u00edbelo tramitado bajo el radicado 68001-22-13-000-2021-00435, propuesto por la misma parte accionante, tambi\u00e9n se enrostr\u00f3 a ese Juzgado la falta de definici\u00f3n del referido incidente y de la mentada solicitud de cautelas; ruego constitucional que igualmente deneg\u00f3 el aludido Tribunal, determinaci\u00f3n que opugn\u00f3 el tutelante. <\/p>\n
3. Finalmente, en la acci\u00f3n de tutela con radicado 68001-22-13-000-2021-00455, una vez m\u00e1s el extremo actor censur\u00f3 al Juzgado la falta de definici\u00f3n del incidente sancionatorio ya referido; reclamo que tambi\u00e9n despach\u00f3 adversamente el a-quo constitucional mediante fallo que impugn\u00f3 el censor. <\/p>\n
Precisado lo anterior, de entrada, advierte la Corte la confirmaci\u00f3n de las determinaciones del Tribunal, por las razones que a continuaci\u00f3n se precisan: <\/p>\n
3.1. En lo relativo a la supuesta falta de definici\u00f3n de las cautelas reclamadas desde el 18 de noviembre de 2020 respecto de los incidentados en el juicio reprochado (queja reproducida en las acciones de tutela con los consecutivos 00435 y 00466 -aqu\u00ed acumuladas-), los medios de convicci\u00f3n arrimados a esta tramitaci\u00f3n supralegal ponen de manifiesto que el reclamante en anterior oportunidad instaur\u00f3 otra acci\u00f3n de este linaje respecto de esa misma situaci\u00f3n8, con apoyo en id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica a la aqu\u00ed denunciada; en aquella ocasi\u00f3n la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante fallo del pasado 19 de enero, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n implorada, al hallar inexistente la \u00abdilaci\u00f3n injustificada por parte de la autoridad judicial accionada\u00bb, determinaci\u00f3n que el 23 de abril siguiente, frente a tal aspecto concreto, confirm\u00f3 esta Sala de Casaci\u00f3n Civil pero porque: <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de que en verdad se hubiere o no configurado una mora judicial en el actuar del juzgado, lo cierto es que para este momento se evidencia una carencia actual de objeto en la medida en que cuando se recibi\u00f3 el expediente en esta sede (5 abr. 2021)\u2026, el estrado criticado hab\u00eda emitido pronunciamiento respecto de las s\u00faplicas echadas de menos por la gestora. <\/p>\n
En efecto\u2026, cotejada la p\u00e1gina web de la Rama Judicial en el espacio \u00abconsulta de procesos\u00bb, pudo corroborarse que la c\u00e9lula judicial abri\u00f3 incidente por desacato y deneg\u00f3 la petici\u00f3n de medidas cautelares elevada \u00abpor cuanto[,] la finalidad del presente tr\u00e1mite incidental se centra en establecer si se materializaron o no las cautelas que ya fueron decretadas\u00bb. (4 feb.). De manera que los aspectos concretos que movieron a la gestora a entablar el presente ruego desaparecieron por cuanto ces\u00f3 el silencio criticado. <\/p>\n
En consecuencia, ser\u00e1 confirmado el prove\u00eddo opugnado, pero por carencia actual de objeto (se destac\u00f3 – CSJ STC4328-2021, 23 abr., rad. 2020-00517-01). <\/p>\n
Por ende, al margen de las consideraciones expuestas al respecto en los fallos impugnados, as\u00ed como de las alegaciones planteadas frente a ellas por el actor, lo cierto es que la inconformidad y los presupuestos f\u00e1cticos aducidos en el caso que actualmente ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, en torno a la supuesta falta de resoluci\u00f3n de la petici\u00f3n cautelar presentada el 18 de noviembre de 2020, as\u00ed como las partes, son iguales a los del reclamo denegado en pasada ocasi\u00f3n, lo que indefectiblemente evidencia que el juez constitucional ya efectu\u00f3 un pronunciamiento frente a la referida situaci\u00f3n, por lo que forzosamente deb\u00eda concluirse la improcedencia de los presentes resguardos, conforme a la previsi\u00f3n del canon 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud con el presente, la Sala ha reiterado que: <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (STC10685-2016, 4 ag., rad. 2016-00554-01; y STC16973-2016, 24 nov., rad. 2016-00362-01). <\/p>\n
En suma, como resulta inadmisible un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, de all\u00ed que seg\u00fan el art\u00edculo 38 del Decreto 2595 de 1991, tal conducta acarrea como consecuencia que se decida en forma desfavorable la solicitud del gestor sobre ese punto. <\/p>\n
3.2. Ahora, de cara a las impugnaciones en torno a las multas que el Tribunal impuso al accionante en los asuntos con radicados 00435 y 00446, claramente observa la Corte que en cuanto a ese punto las decisiones de primer grado tambi\u00e9n deben confirmarse, pues evidenciada la temeridad en el proceder del quejoso respecto al reclamo contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga por la supuesta falta de resoluci\u00f3n de la solicitud cautelar propuesta el 18 de noviembre de 2020 -la que valga anotar, como qued\u00f3 visto, contrario a lo aducido por el censor, es inexistente, pues su petici\u00f3n fue atendida, aunque de forma adversa, desde el 4 de febrero \u00faltimo, decisi\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin recursos-, se daban los presupuestos del inciso 3\u00ba del precepto 25 del Decreto 2591 de 1991 para proceder en aquella forma, pues tal aparte normativo ense\u00f1a que \u00ab[s]i la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u00bb. <\/p>\n
En casos an\u00e1logos al de ahora, ha dejado dicho la Sala que: <\/p>\n
\u2026se ratificar\u00e1 el mandato del a quo constitucional concerniente a la condena en costas, por cuanto deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, la cual se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces evidenciado, incluso, por esta Sala. El inciso final de la citada regla ense\u00f1a \u00abSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u00bb. <\/p>\n
El fundamento normativo de la sanci\u00f3n, fue encontrado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, sobre el cual se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abTiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
\u00ab\u2026 Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales\u00bb 9. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el referido \u00f3rgano de cierre se ha pronunciado acerca de la condena en costas, interpretando que \u00abse aplica cuando \u201cfundadamente\u201d se estime que el petente de la tutela incurri\u00f3 en temeridad\u00bb10, la cual como se dijo fue evidenciada en el caso concreto (STC4244-2017, 24 mar., rad 2017-00105-01; reiterado en STC4576-2017, 30 mar., rad. 2017-00158-01). <\/p>\n
Se destaca que la denominada \u00abcondena en costas\u00bb en el tr\u00e1mite de tutela al denegarse el resguardo por el proceder temerario de su gestor, ha sido avalada por la Corte Constitucional en sede de revisi\u00f3n, imponiendo directamente la misma, entre otros, en los radicados T-280\/98 y T-117\/02. <\/p>\n
Aunado a ello, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, se tiene que la nominada \u00abcondena en costas\u00bb, como lo dispuso el Tribunal a-quo ante la acreditada temeridad del accionante respecto a la acci\u00f3n de tutela formulada contra el estrado judicial acusado, se asemeja a una multa o sanci\u00f3n. En cuanto a ello, la Corte Constitucional sostuvo que: <\/p>\n
Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurri\u00f3 en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresi\u00f3n del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener raz\u00f3n, de mala f\u00e9 se instaura la acci\u00f3n. Y quien tasa las \u00abcostas\u00bb es el Juez de tutela porque el inciso final del art\u00edculo 25 del decreto 2591\/95 se refiere a \u00e9l (algo muy distinto ocurre en la situaci\u00f3n consagrada en el primer inciso del mismo art\u00edculo en el cual lo principal son los perjuicios). <\/p>\n
Fuera de la temeridad no puede existir otro factor cuantificable en la liquidaci\u00f3n de estas costas y hubiera sido m\u00e1s apropiado emplear la expresi\u00f3n multa por temeridad, puesto que, en la moderna ciencia procesal las \u00abcostas\u00bb responden a factor objetivo y la temeridad a lo subjetivo (Se destac\u00f3 – CC T-443\/95). <\/p>\n
Por esa l\u00ednea, ha de anotarse que la patente temeridad del quejoso hac\u00eda innecesario que previo a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n se agotara tr\u00e1mite incidental alguno, aspecto frente al que ha sostenido esta Corte en asuntos similares al de ahora, que: <\/p>\n
\u2026en este caso s\u00ed resulta procedente dicho correctivo aun cuando no se surti\u00f3 un decurso incidental para definirlo. <\/p>\n
Lo aducido porque, de un lado, como lo esgrimi\u00f3 el a quo constitucional, han sido incontables las oportunidades en las cuales se ha negado la pretensi\u00f3n del censor esbozada en id\u00e9nticos t\u00e9rminos\u2026, advirti\u00e9ndosele, en todos los casos, que su actuar contrar\u00eda la moralidad procesal, evidencia un abuso del derecho y se revela como temerario. <\/p>\n
No obstante, aqu\u00e9l ha continuado erigiendo la misma acusaci\u00f3n respecto de ese ente sin explicitar razones para justificarse o allegar prueba alguna que lo excuse, incluso, en este espec\u00edfico asunto, ciment\u00f3 su impugnaci\u00f3n reiterando los reproches contra la autoridad mencionada y se\u00f1alando la ausencia de prueba de su mala fe, cuando los expedientes contentivos de los m\u00faltiples amparos\u2026 dan cuenta de lo contrario. <\/p>\n
Y, de otro, por cuanto, esta Sala, para decursos como el presente, se acoge desde ahora a lo considerado por su hom\u00f3loga Laboral en la sentencia STL6749-2016 de 16 de noviembre de 2016\u2026 (STC4576-2016, 30 mar., rad. 2017-00158-01). <\/p>\n
Ahora bien, es menester enfatizar que la beneficiaria de la sanci\u00f3n que ha de pagar el censor es la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s del Consejo Superior de la Judicatura, lo que encuentra soporte en que, como de anta\u00f1o lo ha sostenido el m\u00e1ximo \u00f3rgano patrio en lo constitucional, espec\u00edficamente al abordar el tema del proceder temerario respecto a la proposici\u00f3n de acciones de tutela, tal tipo de actuaci\u00f3n afecta de manera general a la administraci\u00f3n de justicia, dificultando a los dem\u00e1s coasociados el acceso a ella. As\u00ed lo dej\u00f3 sentado la Corte Constitucional desde el 3 de octubre de 1995, al consignar: <\/p>\n
Hay que decir que, trat\u00e1ndose de la tutela, la condenaci\u00f3n en costas no obedece a un car\u00e1cter disuasivo porque el Constituyente consagr\u00f3 la tutela como una acci\u00f3n p\u00fablica, es de su esencia la gratuidad, est\u00e1 \u00edntimamente ligada al derecho de las personas de acceder a la justicia, luego un se\u00f1alamiento de costas no puede verse como algo que desestima la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Pero, otra cosa muy diferente es que se abuse dolosamente de su ejercicio, entonces, la conducta abusiva perjudica la administraci\u00f3n de justicia, impide, obstaculiza que el acceso a la justicia de OTROS se desarrolle normalmente\u2026 <\/p>\n
…si se ha dicho que en realidad lo que se castiga es la temeridad, entonces es coherente aceptar que estas \u00abcostas\u00bb son m\u00e1s multa que cualquier otra cosa y ante esta interpretaci\u00f3n es el aparato judicial el afectado por la temeraria tutela instaurada porque lo desgasta en todo sentido, luego ser\u00e1 la administraci\u00f3n de justicia quien recibir\u00e1 el monto de las \u00abcostas\u00bb que el Juez competente se\u00f1alar\u00e1, dentro de los par\u00e1metros del art\u00edculo 73 del C. de P.C.: 10 a 20 salarios m\u00ednimos mensuales, QUANTUM que fijar\u00e1 el Juez de Tutela porque la Corte es Juez de Revisi\u00f3n (Se destac\u00f3, CC T-443\/95; criterio reiterado por esa Corporaci\u00f3n, entre otras decisiones, en T-322\/96, T-679\/96, T-280\/98 y A-031\/99). <\/p>\n
3.3. De otro lado, en punto a los restantes cuestionamientos, esto es, los referentes a la falta de definici\u00f3n de fondo del incidente sancionatorio por el incumplimiento de las medidas cautelares y de la solicitud de vigilancia judicial administrativa, oportuno resulta rese\u00f1ar que, sobre la excepcional viabilidad de este resguardo por la demora de las autoridades en la definici\u00f3n de los asuntos sometidos a su conocimiento, esta Corte ha precisado que: <\/p>\n
\u2026la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. 2008, rad. 2008-01138-00; reiterada, entre muchas otras, en STC12572-2015, 17 sep., rad. 00231-01; y STC13394-2017, 30 ago., rad. 2017-00721-02). <\/p>\n
De all\u00ed que se tenga por depurado que las situaciones en las cuales es procedente la salvaguarda constitucional por la tardanza en la resoluci\u00f3n de los conflictos sometidos a la jurisdicci\u00f3n, son \u00ablas que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
As\u00ed, en punto al caso concreto, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en este diligenciamiento no advierte la Corte una demora injustificada en la resoluci\u00f3n de tales asuntos, porque el incidente est\u00e1 en tr\u00e1mite y la tardanza del accionante en enterar a los incidentados obstaculiz\u00f3 su curso normal, aunado a que el asunto ingres\u00f3 al despacho con m\u00faltiples solicitudes, no s\u00f3lo de impulso procesal sino que demandan la emisi\u00f3n de decisiones interlocutorias, entre ellas, recursos ordinarios frente a las determinaciones adoptadas y peticiones de nulidad, lo que justifica que existan unos procesos que, aunque entraron con posterioridad al despacho, salieran con resoluci\u00f3n antes de aqu\u00e9l; y porque a la solicitud de vigilancia judicial administrativa que se present\u00f3 apenas el pasado mes de agosto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander le est\u00e1 imprimiendo el tr\u00e1mite de rigor, y aun, dando por v\u00e1lida la alegaci\u00f3n que se trajo en la impugnaci\u00f3n en punto a que la queja frente a esa Colegiatura no recay\u00f3 sobre ese asunto sino sobre el identificado con el radicado \u00ab68001.11.02.000.2020.00411.00\u00bb, tampoco se observa proceder dilatorio si en cuenta se tiene que \u00e9ste, acorde con los registros del sistema de gesti\u00f3n judicial, se escal\u00f3 a proceso disciplinario ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de dicho departamento y, dentro de su tr\u00e1mite com\u00fan, tras un previo recaudo probatorio, el 25 de mayo pasado se dispuso avocarlo y abrir la indagaci\u00f3n preliminar respectiva, sin que el t\u00e9rmino para agotarla haya culminado, sigui\u00e9ndose la ritualidad correspondiente frente a causas de esa naturaleza. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto con alguna simetr\u00eda al aqu\u00ed tratado, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, esta Colegiatura indic\u00f3: <\/p>\n
Revisadas las diligencias, esta Sala precisa que se desestimar\u00e1 el amparo de la referencia, comoquiera que, de las circunstancias expuestas por el memorialista, no se puede colegir la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilitase la interposici\u00f3n del resguardo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que la queja se circunscribe a que, a la fecha, no se habr\u00eda definido la acci\u00f3n\u2026 en segunda instancia, pero lo cierto es que, de las pruebas documentales aportadas al tr\u00e1mite, no se advierte la incursi\u00f3n del despacho querellado en mora judicial, ni la conculcaci\u00f3n de alguna garant\u00eda fundamental, por el contrario, las diligencias dan cuenta de que se est\u00e1n adelantando las etapas respectivas para finalizar la segunda instancia de la mencionada acci\u00f3n\u2026 con celeridad (CSJ STC8210-2020, 7 oct., rad. 2020-02488-00). <\/p>\n
4. Las razones anteriormente consignadas imponen respaldar los fallos de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma las sentencias impugnadas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido a todos los interesados y rem\u00edtase las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Con auto del pasado 27 de septiembre se dispuso \u00abAcumular a este tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n, por unidad de materia, los identificados con los radicados 68001-22-13-000-2021-00435-01 y 68001-22-13-000-2021-00455-01, con el fin de definirlos en un solo fallo, por lo cual, a partir de la fecha, todas las actuaciones se seguir\u00e1n de manera conjunta bajo el consecutivo del ep\u00edgrafe\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 En su orden, en los radicados 2021-00435-01, 2021-00455-01 y 2021-00446-01. <\/p>\n
3\u0002 Sede judicial accionada en los tres (3) asuntos acumulados. <\/p>\n
4\u0002 Colegiatura accionada \u00fanicamente en la demanda de amparo con radicado 2021-00446-01. <\/p>\n
5\u0002 Tal inconformidad se esboz\u00f3 en los tres (3) tr\u00e1mites acumulados. <\/p>\n
6\u0002 Esta queja s\u00f3lo se formul\u00f3 en la acci\u00f3n de tutela con radicado 2021-00446 y, \u00fanicamente, respecto del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. <\/p>\n
8\u0002 Acci\u00f3n de tutela con radicado 68001-22-13-000-2020-00517. <\/p>\n
9\u0002 CC C-543\/92. <\/p>\n
10\u0002 CC T-032\/94. <\/p>\n
10 <\/p>\n
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STC12850-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12850-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00446-011 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se deciden de forma conjunta las impugnaciones, acumuladas (radicados 68001-22-13-000-2021-00435-01, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57864","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57864","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57864"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57864\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57864"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57864"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57864"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}