STC12852-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC12852-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01216-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de septiembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luisa Fernanda \u00c1ngel Londo\u00f1o contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada, por lo que solicit\u00f3 se le ordene \u00abrevocar la sentencia proferida el\u2026 2 de [diciembre] de 2019\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Luisa Fernanda \u00c1ngel Londo\u00f1o se promovi\u00f3 proceso de extinci\u00f3n de dominio, respecto de los inmuebles identificados con matr\u00edculas inmobiliarias 290-147159, 290-147161 y 290-122546, que adquiri\u00f3 de parte de Guillermo Ceballos Grajales, quien fue pedido en extradici\u00f3n por el Gobierno de Estados Unidos por el delito de narcotr\u00e1fico. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 16 de agosto de 2016, declar\u00f3 la extinci\u00f3n de dominio de los prenotados bienes, decisi\u00f3n que apel\u00f3 \u00c1ngel Londo\u00f1o, siendo confirmada por el Tribunal criticado con providencia del 2 de diciembre de 2019. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que el fallo de segunda instancia no tuvo en cuenta \u00ablos argumentos presentados por la defensa\u00bb; y que se abstuvo \u00abde considerar los elementos cognitivos arrimados al proceso, demostrativos de que los bienes\u2026 que le fueron transferidos a t\u00edtulo de venta en 2008, eran de origen l\u00edcito\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 precis\u00f3 que \u00abno se logra demostrar que los operadores judiciales hayan incurrido en un yerro manifiesto, que configure un defecto que deba ser corregido por v\u00eda de tutela, sino que en realidad [la promotora] insiste en argumentos con los cuales muestra un desacuerdo con lo decidido en los fallos\u00bb. <\/p>\n
2. La Sociedad de Activos Especiales SAS defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
3. La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de este distrito capital pidi\u00f3 negar el amparo, comoquiera que \u00abla providencia acusada fue proferida dentro de un proceso que respet\u00f3 el debido proceso y el derecho de contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. El Ministerio de Justicia y del Derecho dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por cuanto \u00abno ha intervenido en los hechos y situaciones que expone la parte actora como causantes de la vulneraci\u00f3n de [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
5. La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
6. Bancolombia SA tambi\u00e9n reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, toda vez que \u00abno est\u00e1 relacionado con ninguna de las pretensiones de la accionante, ni se desprende de alguno de los hechos la posibilidad de que [esa] entidad\u2026 est\u00e9 vulnerando los derechos constitucionales fundamentales de la tutelante\u00bb. <\/p>\n
7. La Fiscal\u00eda 38 Delegada de Bogot\u00e1, rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo, inicialmente, destac\u00f3 que el \u00abrequisito de la inmediatez\u2026 no se satisface de manera estricta\u00bb, pero que \u00absu rigurosa exigencia en esta \u00e1poca resulta ser una carga injustificada para la parte actora, toda vez que la normalidad social y laboral se ha visto seriamente alterada con ocasi\u00f3n de la emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19\u00bb. <\/p>\n
Precisado lo anterior y efectuado un an\u00e1lisis de fondo sobre la controversia suscitada, neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, por cuanto \u00aben el presente evento, no se est\u00e1 ante un hecho que se contraponga a la ley o la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, sino ante uno que, al no satisfacer los intereses de la accionante, causa una inconformidad que pretende resolver mediante el inadecuado uso de la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
La gestora del amparo resalt\u00f3 que el fallador de primera instancia \u00abalimenta el yerro cometido en la valoraci\u00f3n de la prueba por parte del tribunal de extinci\u00f3n de dominio\u00bb; y, por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria efectuada en las sentencias que decidieron el proceso de extinci\u00f3n de dominio fustigado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, de entrada, advierte la Sala que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que la \u00faltima de las providencias cuestionadas por la actora data del 2 de diciembre de 2019. <\/p>\n
Entonces, desde la fecha de proferimiento de esa providencia (2 de diciembre de 2019) y la fecha de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 18 de agosto de 2020, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En este punto, cabe a\u00f1adir que si bien el a quo justific\u00f3 la referida tardanza en la situaci\u00f3n an\u00f3mala que atraviesa el pa\u00eds por la pandemia originada por el virus Covid-19, lo cierto es que este mecanismo constitucional no fue suspendido durante el aislamiento preventivo obligatorio, implement\u00e1ndose herramientas para la presentaci\u00f3n virtual de este tipo de s\u00faplicas, las cuales no ponen en riesgo a la poblaci\u00f3n, instrumentos de los que, incluso, hizo uso la tutelante, teniendo en cuenta que la demanda de amparo se present\u00f3 v\u00eda correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
5 <\/p>\n
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