STC12854-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01141-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Mar\u00eda del Carmen Jim\u00e9nez Casilimas frente al fallo proferido el 15 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela propuesta por ella contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad, dignidad humana, vida, salud, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abprevalencia de la constituci\u00f3n y del derecho sustancial\u00bb, presuntamente conculcadas por las sedes judiciales accionadas, al denegarle la acci\u00f3n que de este mismo linaje inco\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00ab[r]evocar los fallos judiciales de primera y segunda instancia\u00bb, \u00ab[d]ejar[los] sin efectos vinculantes para las partes\u00bb, \u00ab[c]onceder y amparar\u2026 [sus] derechos fundamentales conculcados de acceso completo y domiciliario al medicamento Levotiroxina de 50 mg, entregas 2 y 3, cada una de 30 tabletas, correspondientes a la orden de servicios m\u00e9dicos de fecha 05.01.2021\u00bb, y de \u00abacceso a la pr\u00e1ctica perentoria de los ex\u00e1menes cl\u00ednicos de laboratorio correspondiente a la orden medica de fecha 21\/ 10\/ 2020\u00bb. <\/p>\n
2. La siguiente es la situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso: <\/p>\n
2.1. El 7 de mayo de 2021 el Tribunal encausado confirm\u00f3 el fallo de tutela emitido el 11 de febrero anterior por el Juzgado convocado, en el cual se deneg\u00f3 el resguardo implorado por la accionante contra la EPS Famisanar y la IPS Colsubsidio, al advertir que las prestaciones m\u00e9dicas exigidas por ella se hallaban inmersas dentro de la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2013 en otro asunto que de la misma naturaleza impuls\u00f3, en el cual se le concedi\u00f3 el tratamiento integral para las patolog\u00edas que la aquejan. Decisi\u00f3n que el 30 de julio \u00faltimo excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la Corte Constitucional. <\/p>\n
2.2. En esta nueva oportunidad la promotora, en lo medular, se doli\u00f3 de que el resguardo en cuesti\u00f3n debi\u00f3 conced\u00e9rsele por ser evidente que las prestaciones m\u00e9dicas cuya satisfacci\u00f3n demand\u00f3 le fueron prescritas apenas el 21 de octubre de 2020 y el 5 de enero de 2021, por lo cual fue errado e injustificado concluir, admitiendo los argumentos de las all\u00ed accionadas, que aqu\u00e9llas est\u00e1n incluidas en una orden constitucional proferida desde el a\u00f1o 2013, en la cual, por dem\u00e1s, los enjuiciados eran otros; consideraci\u00f3n desafortunada por la que se tuvo por temerario su ruego y se le ha impedido acceder a los suministros dispuestos por los galenos tratantes, pasando por alto que es persona mayor de 68 a\u00f1os de edad, con \u00abpatolog\u00edas de alto riesgo asociadas a la Diabetes II, y discapacidad degenerativa m\u00faltiple\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y deprec\u00f3 denegar la salvaguarda porque \u00abno ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por [la actora]\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de la capital de la Rep\u00fablica, tras rese\u00f1ar que all\u00ed se profiri\u00f3 el fallo de tutela que en el a\u00f1o 2013 ampar\u00f3 los derechos de la quejosa, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional porque \u00abno ha tenido participaci\u00f3n\u00bb alguna en los hechos ac\u00e1 denunciados. <\/p>\n
3. El Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de la misma ciudad tambi\u00e9n solicit\u00f3 el despacho adverso del resguardo porque \u00abla decisi\u00f3n que en su momento adopt\u00f3\u2026 al declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela en la cual\u2026 Jim\u00e9nez Casilimas reclamaba el amparo de los derechos fundamentales a la vida, la salud y la dignidad humana, tuvo como soporte la respuesta emitida por parte de la EPS FAMISANAR, la cual comunic\u00f3\u2026 la temeridad de la acci\u00f3n de tutela, por cuanto el Juzgado 7\u00ba Civil Municipal de la ciudad, el 28 de noviembre de 2013, le otorg\u00f3 amparo integral a tales derechos y con ocasi\u00f3n a las mismas patolog\u00edas que hoy aquejan a la accionante\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El a-quo constitucional hall\u00f3 improcedente este reclamo constitucional al evidenciar que se formul\u00f3 contra decisiones adoptadas en un tr\u00e1mite del mismo linaje, sumado al hecho que estaba pendiente de definirse, por la Corte Constitucional, si escog\u00eda o no ese asunto para revisi\u00f3n; y en todo caso, este reclamo tutelar no satisfac\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad, porque para obtener el suministro de las prestaciones reclamadas la quejosa contaba con la figura del incidente de desacato respecto del fallo de tutela dictado a su favor en el a\u00f1o 2013. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales y suplicando la pronta resoluci\u00f3n de su reclamo, en tanto que, adujo, en la primera instancia se desatendi\u00f3 el t\u00e9rmino legal para tal prop\u00f3sito, incurriendo en causal de anulaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por l\u00ednea jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. De entrada, al margen del lapso temporal empleado por el a-quo constitucional para comunicar el fallo de primer grado a la quejosa y resolver sobre la concesi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n propuesta por ella, resulta necesario precisar que esta providencia se emite dentro del t\u00e9rmino contemplado para tal efecto en el canon 32 del Decreto 2591 de 1991, observando que para ello ingres\u00f3 al despacho el pasado 9 de septiembre; adem\u00e1s, contrario a lo aducido por la censora, no se otea la incursi\u00f3n en alguna de las taxativas causales de invalidez de que trata el precepto 133 del C\u00f3digo General del Proceso; de all\u00ed que no exista ninguna nulidad a declarar o irregularidad a subsanar, m\u00e1xime cuando las alegaciones de la opugnante, m\u00e1s que pretender el reconocimiento de alguna de ellas, lo que reprueba es el despacho adverso del amparo que reclam\u00f3. <\/p>\n
3. Con fundamento en las premisas anotadas, zanjado lo anterior y muy a pesar de las alegaciones de la inconforme, advierte la Sala que efectivamente su solicitud de resguardo estaba llamada al fracaso, atendiendo a que la dirigi\u00f3 frente a los fallos dictados en un tr\u00e1mite constitucional previo de este mismo linaje, impulsado por ella contra la EPS Famisanar y la IPS Colsubsidio. <\/p>\n
3.1. En punto a la improcedencia de esta herramienta supralegal respecto a decisiones adoptadas en actuaciones de la misma naturaleza, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026el derecho de amparo constitucional no procede contra sentencias judiciales dictadas en el curso de tutela anterior, debido a que, de admitirse tal posibilidad, se permitir\u00eda una espiral sin l\u00edmite de acciones de dicha estirpe en procura de discutir las decisiones que deben cumplirse antes que someterse nuevamente a juicio de id\u00e9ntica naturaleza, pues no puede soslayarse el hecho relevante que lo considerado son garant\u00edas superiores, al extremo que, si el debate se reinicia, tales derechos y su vigencia en cada caso particular resultar\u00edan atacados y erosionada en forma profunda la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe comportar\u2026 Igualmente, ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos (CSJ STC, 2 oct. 2008, rad. 01619-00; reiterada en STC8097-2016, 16 jun., rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
En el mismo sentido se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
3.2. Con apoyo en lo dicho, es palmario que los inconformes tienen dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una decisi\u00f3n de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n frente a la dictada por el a-quo y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una decisi\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
3.3. De modo que la petici\u00f3n elevada por la actora, a pesar de su insistencia, no pod\u00eda ser atendida, m\u00e1xime cuando el citado tr\u00e1mite no fue seleccionado para revisi\u00f3n por la Corte Constitucional, de lo que se desprende la inmutabilidad de la cosa juzgada, que comprende toda la actuaci\u00f3n all\u00ed surtida, incluidos los fallos dictados, y que impide volver sobre los aspectos all\u00ed definidos. <\/p>\n
En dicho sentido esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
[Si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo… ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental (CSJ STC, 19 jul. 2011, rad. 2011-01439-00; reiterada en STC2884-2015, 13 mar. 2015, rad. 2015-00092-01). <\/p>\n
3.4. Ahora bien, no olvida la Corte que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, …para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2015, 2 dic., rad. 03067-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC- 2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
No obstante, en el caso de autos no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguno de esos eventos, que permitir\u00edan un an\u00e1lisis respecto de tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se torna inviable abordar el fondo del reclamo planteado, en tanto que no se est\u00e1 en presencia de una de las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra tutela, lo que impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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