STC12858-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12858-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2020-00611-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 24 de septiembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por N\u00e9stor Julio Rodr\u00edguez R\u00faa contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscal\u00eda 126 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de Bogot\u00e1 y el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n penal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicita entonces, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, que se ordene que \u00abse remita e[l] proceso para que sea [su] juez natural quien determine (\u2026) la Jurisdicci\u00f3n Penal Militar\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado y en lo que concierne para la resoluci\u00f3n del presente asunto aduce, en lo esencial, que pese a que dentro del conflicto negativo de competencia de la causa penal que se sigue en su contra, por el deceso del menor Nicolas Neira \u00c1lvarez (q.e.p.d.) en el marco de las movilizaciones del 1\u00ba de mayo de 2005, calenda en que pereci\u00f3 presuntamente por \u00abel disparo de un trufly (arma para lanzar gases lacrim\u00f3genos\u00bb de uso del Escuadr\u00f3n M\u00f3vil Antidisturbios \u2013Esmad, al cual pertenec\u00eda, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en el a\u00f1o 2007 resolvi\u00f3 signar la competencia para conocer de su caso a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, posici\u00f3n que ratific\u00f3 en la decisi\u00f3n del a\u00f1o 2017 al estudiar sobre \u00abla impugnaci\u00f3n de competencia\u00bb que formul\u00f3 en la audiencia preliminar de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, en un caso de contornos id\u00e9nticos al suyo, en el que pereci\u00f3 el joven Dilan Mauricio Cruz Medina (q.e.p.d.), dispuso signar la mentada competencia para establecer la responsabilidad de los policiales acusados, a la Jurisdicci\u00f3n Penal Militar, circunstancia que dice, lesiona los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Juez Dieciocho Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, despu\u00e9s de relacionar las actuaciones que conoci\u00f3 del proceso penal criticado precis\u00f3 que para el 16 de diciembre de 2020 tiene previsto agotar la fase de instrucci\u00f3n en el marco del juicio oral, para emitir el respectivo sentido del fallo. <\/p>\n
b. El Magistrado Sustanciador de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura puntualiz\u00f3 que \u00abninguna de las pretensiones solicitadas por el accionante, est\u00e1 relacionada con un acto propio que deba realizar esta Corporaci\u00f3n, adem\u00e1s tampoco existi\u00f3 (\u2026), vulneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales invocados por la accionante, pues (\u2026), [su] actuaci\u00f3n (\u2026) se dio en cumplimiento de [las] funciones constitucionales y legales, sin que sobre destacar que la decisi\u00f3n proferida el 8 de octubre de 2007, fue en derecho y bajo el amparo de la autonom\u00eda judicial que rige esta clase de actuaciones, y sin evidencia sobre alg\u00fan elemento que haga procedente la acci\u00f3n constitucional, y mucho menos que permita entrar a discutirla de fondo\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, la actuaci\u00f3n seguida en contra del actor \u00aben este momento se encuentra en etapa de juicio oral, pues para los d\u00edas 2,3 y 7 de septiembre se desarroll\u00f3 dicha audiencia – seg\u00fan las citaciones allegadas como pruebas en el escrito de tutela-, a fin de llegar a la emisi\u00f3n de sentencia de primer grado. En esa medida, de mantener su inconformismo, el interesado puede plantear nuevamente dicho tema a trav\u00e9s de los medios ordinarios o extraordinarios que ofrece el procedimiento penal, para lo cual puede, apelar una eventual sentencia condenatoria o, si es del caso, promover una demanda de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela, insistiendo que todo lo que motiv\u00f3 la acci\u00f3n penal seguida en su contra, \u00abfue con ocasi\u00f3n de [sus] funciones, recibiendo \u00f3rdenes para asistir y apoyar [la] marcha, investido de las responsabilidades que el cargo [l]e signaba, ante los ya conocidos disturbios que se presentan ese d\u00eda\u00bb. Agregando que con el transcurso del tiempo \u00abya se cuentan con elementos novedosos que permiten establecer que los hechos que presuntamente cometi[\u00f3], se realizaron bajo el estricto cumplimiento de [sus] deberes como oficial de Polic\u00eda, en el acompa\u00f1amiento de una marcha y bajo la subordinaci\u00f3n de [sus] superiores\u00bb, lo que se asemeja al caso m\u00e1s reciente del a\u00f1o 2019. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el acaso sub examine se observa, que la censura formulada por N\u00e9stor Julio Rodr\u00edguez R\u00faa est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra lo determinado el 7 de octubre de 2007 y el 13 de septiembre de 2017 por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que dispuso signar la competencia a la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria, para conocer del proceso penal seguido en su contra por la presunta autor\u00eda del delito de homicidio en calidad de autor y la modalidad de dolo eventual1, pues seg\u00fan su criterio, en el precedente con rad. 2019-02728-00, en un caso similar al suyo, se asign\u00f3 la competencia para conocer del juicio a la Jurisdicci\u00f3n Penal Militar, de all\u00ed que, dice, no se est\u00e1 ante su juez natural. <\/p>\n
3. Sin embargo, establecido lo anterior, es del caso se\u00f1alar que, examinadas las determinaciones criticadas y los alegatos plasmados en el libelo genitor de tutela, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, la Corte advierte que el amparo deviene improcedente, pues como de vieja data esta Corporaci\u00f3n ha precisado, las puntuales acusaciones que estructuran la acci\u00f3n materia de estudio desembocan en el terreno del motivo de improcedencia previsto por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, pues los errores de linaje legal presuntamente cometidos por las autoridades jurisdiccionales convocadas, pueden ser, pues as\u00ed lo establece el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, corregidos a trav\u00e9s de los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico (v. gr. el instituto de las nulidades, de que tratan los art\u00edculos 456 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Penal), siendo entonces, por mandato normativo, otro el escenario en el que debe discutirse lo concerniente a la falta de competencia y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que presuntamente de all\u00ed se deriva, n\u00f3tese que precisamente el art\u00edculo 457 de la citada codificaci\u00f3n prev\u00e9 la nulidad por \u00abviolaci\u00f3n del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales\u00bb; de este modo, antes de acudir al presente mecanismo, el interesado debe hacer uso de las herramientas que el legislador dispuso para la defensa de sus intereses, inclusive, tal como lo precis\u00f3 el a quo, cuando a\u00fan cuenta con la posibilidad de ventilar la particular tem\u00e1tica, a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n en contra de la sentencia de primer grado, en caso de resultar condenado, sin contar, adem\u00e1s, con el recurso de extraordinario de casaci\u00f3n en contra del fallo de segundo grado. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, queda al descubierto la no viabilidad de lo pretendido, por cuanto estando el proceso penal en curso, se estar\u00eda interfiriendo en el marco de competencia del juez natural previsto en el ordenamiento jur\u00eddico, y naturalmente el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que va en contrav\u00eda de los dictados de la doctrina constitucional, en raz\u00f3n a que cuestiones de esos singulares perfiles, evidentemente deben discutirse en el escenario procesal adecuado, a trav\u00e9s de los recursos pertinentes, y, ante los funcionarios acusados; admitir que mediante una tutela se adelante un juicio constitucional para examinar situaciones que son objeto de juzgamiento en un proceso en curso por las autoridades competentes, conforme al tr\u00e1mite establecido por el legislador y las normas sustanciales que regulan el decurso seguido frente al gestor del amparo, es desconocer los principios de juez natural, competencia y debido proceso, lo cual es constitucionalmente improcedente. <\/p>\n
5. Al punto, la Sala Especializada en lo Penal de esta Corte ha sostenido de tiempo atr\u00e1s, que \u00abEl juez de tutela no puede desplazar a los jueces ordinarios en el cumplimiento propio de sus funciones y con mayor raz\u00f3n cuando no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que hiciere procedente la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, pues mientras el proceso est\u00e9 en curso cualquier solicitud de protecci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomaran en el transcurso de la actuaci\u00f3n (\u2026) estar\u00edan siempre sometidas a la eventual revisi\u00f3n de un juez ajeno a ella como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales\u00bb (CSJ T. 28152). <\/p>\n
6. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Proceso Penal que conoce el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1. <\/p>\n
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