STC12859-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-01709-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 25 de agosto de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda del Carmen Salamanca contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esta ciudad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la sede judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene que \u00abtramite de manera urgente y preferente la demanda ejecutiva acumulada presentada\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Camilo Andr\u00e9s Molano Navarrete promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra Javier Antonio Guti\u00e9rrez Lozano, libr\u00e1ndose mandamiento de pago el 8 de mayo de 2018 y, posteriormente, mediante providencia del 31 de enero de 2020, se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Cumplido lo anterior, el 29 de abril de 2021, Mar\u00eda del Carmen Salamanca present\u00f3 ante el juzgado convocado demanda ejecutiva contra Guti\u00e9rrez Lozano, con la finalidad que fuera acumulada en el prenotado proceso. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del amparo que \u00aben el registro de consulta de procesos, no aparece que se haya ingresado al despacho la demanda ejecutiva acumulada o que haya pronunciamiento alguno por parte del juzgado [convocado]\u00bb, mientras que s\u00ed se dio tr\u00e1mite a un incidente de regulaci\u00f3n de honorarios que se alleg\u00f3 con posterioridad a la presentaci\u00f3n del libelo que pretende acumular. <\/p>\n
2.4. Adicion\u00f3 que al verificar la ocurrencia de dicha \u00abirregularidad\u00bb, el 30 de julio de los corrientes, solicit\u00f3 a la sede judicial acusada que \u00abrequiriera a la secretar\u00eda [para] que ingresara la demanda acumulada, sin que hasta la fecha haya habido pronunciamiento alguno\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Consejo Seccional de la Judicatura inform\u00f3 que, \u00abuna vez revisadas las bases de datos de Registro de Correspondencia Externa, Sigobius, Correos Electr\u00f3nicos y los archivos pertinentes no se encontr\u00f3 radicado en esta Secretar\u00eda\u2026 por\u2026 Mar\u00eda del Carmen Salamanca\u00bb, por lo que considera \u00abse debe denegar la acci\u00f3n de tutela respecto de ese Consejo Seccional\u00bb. <\/p>\n
2. La Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, respecto a la demanda acumulada que impuls\u00f3 la tutelante, \u00abse cometi\u00f3 un yerro al incorporar el memorial y darle la foliatura correspondiente, no obstante, no fue sellada la entrada ni registrado el ingreso al despacho de ese memorial\u00bb; que \u00abse tomaron los correctivos del caso para que en lo sucesivo no se presenten estos yerros\u00bb; y que \u00abel expediente ingres\u00f3 el\u2026 12 de agosto de los corrientes\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de este distrito capital precis\u00f3 que \u00abel 29 de julio, solo se resolvi\u00f3 sobre la regulaci\u00f3n de honorarios solicitada\u2026, pues no exist\u00edan en el expediente los\u2026 memoriales y anexos presentados para la acumulaci\u00f3n de la demanda\u00bb; que el expediente s\u00f3lo le fue entregado el 17 de agosto de 2021, el cual \u00abcontiene, adem\u00e1s de los memoriales presentados por la… demandante en tutela, 4 informes de la Oficina de Apoyo, 3 con fecha 13 de agosto y uno sin fecha, en los que dicen, en pocas palabras, no haber sabido de los memoriales echados de menos en la demanda de tutela, todo con lo que se resolver\u00e1 la admisi\u00f3n o no de la demanda acumulada\u00bb. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial Bogot\u00e1 y Cundinamarca dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que \u00abel caso en concreto no le compete a esa Seccional\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Reclam\u00f3 la tutelante pronunciamiento \u00abde fondo sobre la transgresi\u00f3n\u2026 del derecho fundamental a la igualdad, derecho que a\u00fan sigue siendo vulnerado, ya que se le dio tr\u00e1mite preferente al incidente de regulaci\u00f3n de honorarios presentado por el abogado actor y a\u00fan el [juzgado accionado] no se ha pronunciado sobre la demanda ejecutiva acumulada\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, revisada la demanda de tutela y el escrito de impugnaci\u00f3n, se advierte que la gestora del resguardo critica, en esencia, la tardanza que se ha suscitado en la calificaci\u00f3n de la demanda acumulada que present\u00f3 en la ejecuci\u00f3n objeto de censura constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, considera la Sala que la demora que ha acaecido en resolver sobre la admisi\u00f3n del prenotado libelo acumulado compromete, sin duda, el derecho fundamental al debido proceso de la promotora. <\/p>\n
Sobre el particular, pertinente es recordar que, con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, ya que el juzgado accionado ha incumplido, abiertamente, los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso para el tr\u00e1mite del proceso objeto de reproche constitucional, teniendo en cuenta que la mencionada demanda acumulada fue allegada por la quejosa desde el 29 de abril de 2021; sin embargo, a la fecha de proferimiento de esta decisi\u00f3n, no est\u00e1 acreditado que se hubiese decidido sobre la admisi\u00f3n de \u00e9sta. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, evidente es que han transcurrido cuatro meses desde que la tutelante present\u00f3 su libelo, sin que el estrado querellado hubiese emitido pronunciamiento de fondo respecto de su admisibilidad, lo cual vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En este punto, cabe a\u00f1adir, que no resultan de recibo las circunstancias que esgrimi\u00f3 la sede judicial acusada para justificar la anotada tardanza, circunscritas, b\u00e1sicamente, a la confusi\u00f3n que se present\u00f3 en la Oficina de Apoyo en el ingreso del memorial contentivo de la demanda acumulada, as\u00ed como la multiplicidad de solicitudes pendientes de resoluci\u00f3n; pues lo cierto es que tales eventualidades son cuestiones propias del tr\u00e1mite del proceso que no son imputables a la accionante; y, adicionalmente, la actuaci\u00f3n que se encuentra pendiente no ostenta tal dificultad que implique que trascurran 4 meses para su evacuaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, no se desconoce que el expediente del juicio criticado s\u00f3lo ingres\u00f3 al despacho para decisi\u00f3n, el 13 de agosto de 2021, pero lo cierto es que ha trascurrido m\u00e1s de un mes, sin haberse calificado la demanda acumulada, asunto al cual debi\u00f3 d\u00e1rsele prioridad, atendiendo que permaneci\u00f3 traspapelada en la prenombrada oficina de apoyo por m\u00e1s de tres meses. <\/p>\n
Sobre el tema en comento, la Corte, en pret\u00e9ritas ocasiones, ha precisado que: <\/p>\n
As\u00ed, en otro asunto de similares contornos, la Corte anot\u00f3: <\/p>\n
\u2026 la queja de[l] promotor est\u00e1 llamada a prosperar, destacando que si bien no puede desconocer la Corporaci\u00f3n los altos grados de congesti\u00f3n que presentan algunos despachos judiciales, igualmente es indiscutible que en el presente caso se est\u00e1 frente a un asunto en el que est\u00e1 pendiente la resoluci\u00f3n de un recurso de reposici\u00f3n desde el 22 de julio de 2014, es decir, hace poco m\u00e1s de siete meses, lapso que sin duda impide considerar que la tardanza criticada tenga justificaci\u00f3n, destacando que si bien la decisi\u00f3n es de naturaleza interlocutoria, el tiempo para emitirla no puede equipararse al que demanda la sentencia de fondo dentro de un asunto y que \u00e9stas actualmente deben dictarse en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o en primera instancia y en seis meses en la segunda, de donde, en verdad, resulta un desprop\u00f3sito que la censura referida por la inconforme no haya sido resuelta aun (STC1860-2015, 25 feb. 2015, rad. 2014-00882-01). <\/p>\n
En ese orden de ideas, no cabe duda de que el despacho accionado ha trasgredido las garant\u00edas de la actora, habida cuenta que ha superado con holgura y sin justificaci\u00f3n razonable, los t\u00e9rminos previstos para pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda acumulada que se formul\u00f3 el 29 de abril de 2021, raz\u00f3n por la cual habr\u00e1 de revocarse el fallo impugnado, para en su lugar, acceder el resguardo rogado, por lo que se ordenar\u00e1 a la sede judicial acusada que proceda a calificar el rese\u00f1ado libelo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Primero: revocar la sentencia impugnada, en su lugar, concede el amparo a los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Mar\u00eda del Carmen Salamanca. En consecuencia, se ordena al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 que, en el t\u00e9rmino de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, resuelva sobre la admisibilidad de la demanda acumulada que present\u00f3 la tutelante, el 29 de abril de los corrientes (radicaci\u00f3n 11001-31-03-016-2018-00129). <\/p>\n
Segundo. La autoridad accionada informar\u00e1 al fallador de primera instancia sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Rem\u00edtasele copia de esta providencia al juzgado accionado y al a quo constitucional. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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