STC12862-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12862-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01789-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Francelly Yuliana Valencia Maldonado, quien dijo actuar como apoderada judicial especial de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, frente al fallo proferido el 27 de agosto de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra el Juzgado Doce Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los actualmente intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n, defensa y \u00ablibre acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb de la referida agencia, presuntamente vulnerados por la sede judicial accionada al no resolverle la solicitud que le formul\u00f3. <\/p>\n
Deprec\u00f3, entonces, \u00ab[o]rdenar al Juzgado [enjuiciado]\u2026 que\u2026 conteste el derecho de petici\u00f3n\u2026 en el cual se solicit\u00f3 garantizar el derecho de defensa, acceso a la justicia y debido proceso, y permita subsanar los requisitos que dieron origen a la inadmisi\u00f3n y posterior rechazo de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso son los que as\u00ed se sintetizan: <\/p>\n
2.2. En sede de tutela la actora se doli\u00f3 de que nunca se le enter\u00f3 de a cu\u00e1l estrado se asign\u00f3 el asunto en Bogot\u00e1, de lo que s\u00f3lo tuvo conocimiento hasta el 24 de marzo de 2021 por la contestaci\u00f3n que brind\u00f3 el Juzgado accionado ante la petici\u00f3n que ella inco\u00f3 el d\u00eda 10 anterior frente a la oficina de apoyo judicial de esa ciudad, situaci\u00f3n que puso de presente al primero el d\u00eda 29 posterior y le solicit\u00f3 que \u00ab[l]e permitiera subsanar las causales que dieron origen a la inadmisi\u00f3n y posterior rechazo\u2026 y as\u00ed continuar con el proceso\u00bb, pero no ha recibido respuesta. <\/p>\n
LAS MANIFESTACIONES DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial Bogot\u00e1 – Cundinamarca indic\u00f3 ser \u00abun \u00f3rgano t\u00e9cnico y administrativo\u2026 que por fundamento legal NO [le] corresponde\u2026 intervenir en las actuaciones realizadas dentro de un Despacho Judicial, posterior al reparto del proceso, por lo que se hace importante que el interesado se comunique directamente con dicha dependencia, para la informaci\u00f3n del tr\u00e1mite dado a la acci\u00f3n de tutela (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Doce Civil del Circuito de la capital de la Rep\u00fablica histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas, resalt\u00f3 que \u00e9stas se hallaban en firme y que \u00abno ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la accionante, pues lo actuado al interior del referido proceso lo ha sido\u2026 fundado en las normas procesales aplicables al asunto\u00bb, aunado a que aqu\u00e9lla \u00abno acredit\u00f3 el acuse de recibido o entrega del correo electr\u00f3nico con el que dice radic\u00f3 el derecho de petici\u00f3n, por lo que no puede considerarse como presentado\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, \u00ab[r]evisada la actuaci\u00f3n, as\u00ed como el correo electr\u00f3nico de [ese] despacho\u2026 no se observa radicada la petici\u00f3n del 29 de marzo de 2021 a que hace referencia la apoderada de la accionante en el escrito de tutela, conoci\u00e9ndose solo hasta hoy la existencia de esta\u00bb; y que \u00abmediante circular CSJCUC21-82 el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y Amazonas, autoriz\u00f3 el bloqueo de cuentas de correo electr\u00f3nico de los despachos judiciales para Semana Santa, procediendo a ello [esa] autoridad judicial, raz\u00f3n por la cual, si la accionante remiti\u00f3 un correo en ese periodo este le fue rebotado, sin que [ese] despacho tuviese conocimiento de \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada al evidenciar la inexistencia de vulneraci\u00f3n respecto al derecho de petici\u00f3n, porque \u00abla apoderada judicial de la accionante remiti\u00f3 en el tiempo de vacancia judicial, esto es, el 29 de marzo de 2021[,] una solicitud al correo institucional del Juzgado accionado, tiempo durante el cual la cuenta estuvo bloqueada, vale decir es, desde las 5:00 pm del viernes\u2026 26 de marzo hasta las 12:00 am del 05 de abril de los corrientes, por tanto, no se recibi\u00f3 ninguna comunicaci\u00f3n en el buz\u00f3n del despacho en ese tiempo\u00bb; sumado a que, \u00aben cuanto al desconocimiento del n\u00famero del radicado de la demanda, para efectuar el seguimiento respectivo, ha de precisarse, que en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, en \u201cconsulta proceso\u201d, digitando el nombre del demandado aparece el despacho judicial que tiene a su cargo el negocio y el n\u00famero de radicado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la actora insistiendo en los planteamientos tra\u00eddos en el libelo introductor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, pero porque la accionante, Francelly Yuliana Valencia Maldonado, carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las omisiones y actuaciones surtidas con ocasi\u00f3n de la demanda de expropiaci\u00f3n impulsada por la Agencia Nacional de Infraestructura contra Donaldo F\u00e9lix Cervantes y Promigas S.A. E.S.P., por no ser parte en dicha contienda ni aportar poder especial para actuar en la tutela en nombre de la primera de esas entidades, respecto de la cual dijo obrar como mandataria, aunado a que tampoco adujo ni demostr\u00f3 los supuestos que validaran su proceder como agente oficiosa de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
N\u00f3tese que el \u00fanico memorial poder obrante en el expediente no var\u00eda sino que reafirma la anterior conclusi\u00f3n, en tanto que fue otorgado a la censora para representar a la ANI en el proceso de expropiaci\u00f3n atacado, mas no para promover esta acci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
En cuanto a la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por omisiones, actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, sobre el alcance del aludido canon 10\u00ba la jurisprudencia constitucional ha considerado que: <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (se destac\u00f3 – CC T-878\/07). <\/p>\n
Por ese sendero se ha considerado que el poder otorgado para adelantar determinado asunto no \u00abpuede tener\u2026 la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes\u2026, al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (Cfr. fallos de 15 may. 1995, rad. 2169; 14 nov. 1997, rad. 4568; 24 nov. 1999, rad. 7669; reiterados, entre muchos otros, el 29 jul. 2013, rad. 01729-00); lo que tambi\u00e9n se ha acrisolado exteriorizando que: <\/p>\n
\u2026\u00abCuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para\u2026 su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente\u2026 La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente\u2026 (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras). (Subrayas fuera del texto)\u00bb (ver en CSJ STC19645-2017) (CSJ STC2312-2018). <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha recordado los elementos necesarios para que opere la figura de la agencia oficiosa -ninguno de los cuales fue aqu\u00ed satisfecho-, precisando que: <\/p>\n
La jurisprudencia\u2026 ha fundamentado la agencia oficiosa en tres principios constitucionales \u201c(i) el principio de eficacia de los derechos fundamentales, que como mandato vinculante tanto para las autoridades p\u00fablicas como para los particulares, impone la ampliaci\u00f3n de los mecanismos institucionales para la realizaci\u00f3n efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales; (ii) el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, principio que se encuentra en estrecha relaci\u00f3n con el anterior y est\u00e1 dirigido a evitar que por razones de formalidad procesal se impida la protecci\u00f3n efectiva de los derechos sustanciales; y (iii) el principio de solidaridad, el cual impone a los miembros de la sociedad velar por la defensa no s\u00f3lo de los derechos fundamentales propios, sino tambi\u00e9n por la defensa de los derechos ajenos cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa\u201d. <\/p>\n
3.5. Como requisitos normativos para la procedencia de la agencia oficiosa, la Corte ha establecido que: (i) el agente oficioso manifieste que act\u00faa como tal; (ii) del escrito de tutela se infiera que el titular del derecho est\u00e1 imposibilitado para ejercer dicha acci\u00f3n, ya sea por circunstancia f\u00edsicas o mentales; (iii) el titular del derecho debe ratificar lo actuado dentro del proceso y (iv) la informalidad de la agencia, es decir, no requiere que exista relaci\u00f3n formal entre el agente y el agenciado. \u201cEsta figura se encuentra limitada por la prueba del estado de vulnerabilidad del agenciado. Esto garantiza la autonom\u00eda de la voluntad de la persona que tiene la capacidad legal para ejercicio sus derechos fundamentales por s\u00ed misma\u201d… <\/p>\n
Revisada la actuaci\u00f3n cumplida en esta acci\u00f3n de tutela, de entrada, advierte la Corte que la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar no se encuentra legitimada por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad y de petici\u00f3n, del se\u00f1or\u2026 Torres, por las siguientes razones: <\/p>\n
3.13.1. La se\u00f1ora Rodr\u00edguez Tovar no fue parte dentro de los procesos [fustigados]… En ese orden, la accionante, por no ser parte dentro de los citados expedientes, no tiene legitimidad para emprender una acci\u00f3n que, conforme al art\u00edculo 86 de la Carta, s\u00f3lo puede hacerlo directamente el afectado. <\/p>\n
3.13.2. No obstante lo anterior, de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia que al respecto se ha rese\u00f1ado, la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar puede actuar como agente oficiosa de otras personas, siempre que cumpla con los requisitos de esta figura, es decir, que (i) manifieste que opera como tal; (ii) que de la demanda se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para interponer la acci\u00f3n de tutela; y (iii) que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro del proceso. <\/p>\n
En el caso concreto, no se advierte ninguna de las exigencias mencionadas, ya que en el escrito de tutela no se indic\u00f3 que la accionante actuaba como agente oficiosa de su compa\u00f1ero permanente. Aspecto que si bien puede inferirse de la misma demanda, moderando un poco la exigencia procesal, seg\u00fan lo ha ense\u00f1ado la Corte para algunos casos excepcionales y con el fin de garantizar los principios del acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la prevalencia del derecho sustancial, no ocurre lo mismo con la exigencia probatoria relativa a que el se\u00f1or Torres se encuentra en imposibilidad para interponer, de manera aut\u00f3noma y directa, la tutela (CC T-406\/17). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como se advierte que Francelly Yuliana Valencia Maldonado no es parte ni interviniente reconocida en la actuaci\u00f3n que censura, tampoco alleg\u00f3 poder especial a la salvaguarda para actuar en ella en representaci\u00f3n de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, ni aleg\u00f3, tampoco demostr\u00f3, los supuestos que validaran su proceder como agente oficiosa, es evidente que carece de legitimaci\u00f3n para promover el presente resguardo atacando en nombre de aqu\u00e9lla las omisiones o decisiones all\u00ed adoptadas. <\/p>\n
3. Estas consideraciones, que no precisamente las del a-quo constitucional, imponen respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a todos los intervinientes, por el medio m\u00e1s expedito, y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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