STC12870-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12870-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-21-001-2021-00027-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 12 de agosto de 2021 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Antonia Bonilla Zabala, contra la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretar\u00eda de Salud Departamental, a cuyo tr\u00e1mite fue vinculada la Cl\u00ednica Santa Ana S.A., el Ministerio de Salud, Comparta EPS y Juan Carlos Vergel Mart\u00ednez -Especialista en Cirug\u00eda de Seno, Mastolog\u00eda de la citada cl\u00ednica. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n superior de los derechos fundamentales a la vida y salud, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abla suspensi\u00f3n de dicho acto administrativo con el fin de continuar con [su] tratamiento m\u00e9dico\u00bb y, en consecuencia, se ordene a los accionados \u00abautorizar de manera inmediata los servicios para realizar[se] loa cirug\u00eda de vaciamiento radial linf\u00e1tico axilar v\u00eda abierta, mastectom\u00eda simple unilateral, colgajo local, m\u00fasculo cut\u00e1neo en la mama, adem\u00e1s, [le] sean autorizados los medicamentos para la recuperaci\u00f3n despu\u00e9s de la cirug\u00eda, si es necesario la hospitalizaci\u00f3n y cuidado m\u00e9dico mientras se requiera para el tratamiento de [su] patolog\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2. De lo que reposa al interior del expediente, se extrae que la queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Antonia Bonilla Zabala -madre cabeza de hogar y diagnosticada con c\u00e1ncer de mama- indic\u00f3 que est\u00e1 afiliada a Comparta EPS en el r\u00e9gimen subsidiado; que dicha entidad le ha prestado, sin ninguna dilaci\u00f3n, los servicios de salud desde el momento de su afiliaci\u00f3n hasta el 29 de julio de 2021, incluyendo quimioterapias y consulta con oncolog\u00eda. <\/p>\n
2.2. Anot\u00f3 que el 19 de julio de 2021 el especialista en mastolog\u00eda le orden\u00f3, con car\u00e1cter prioritario, la realizaci\u00f3n de un procedimiento de \u00abvaciamiento radical, linf\u00e1tico axilar v\u00eda abierta, mastectom\u00eda simple unilateral, colgajo local, musculo cut\u00e1neo en la mama\u00bb el cual se realizar\u00eda el d\u00eda 31 siguiente; sin embargo, al solicitar la programaci\u00f3n y preparaci\u00f3n de la cirug\u00eda, la cl\u00ednica Santa Ana le \u00abneg[\u00f3] el servicio de la misma, expresando que la IPS Comparta no ten\u00eda contratos habilitados\u00bb, raz\u00f3n por la que radic\u00f3 queja ante la Superintendencia de Salud. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 que la negativa a los servicios m\u00e9dicos surgi\u00f3 con ocasi\u00f3n a la \u00abejecuci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 202151000124996 del 26 de julio de 2021 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud\u00bb, por medio de la cual intervino la EPS Comparta \u00abquedando en el limbo miles de pacientes sobre todo de aquellos que padecen enfermedades hu\u00e9rfanas, catastr\u00f3ficas y de alto costo, como es [su] caso, que de manera s\u00fabita ven interrumpidos sus tratamientos\u00bb, destacando que los pacientes con dichos diagn\u00f3sticos \u00abno pueden tener ninguna interrupci\u00f3n en los servicios que reciben\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que no cuenta con recursos para cubrir su patolog\u00eda; adem\u00e1s que, de requerirse su traslado a otra ciudad para realizar el procedimiento, se disponga el pago de vi\u00e1ticos -traslado a\u00e9reo o terrestre, alojamiento y alimentaci\u00f3n- para ella y un acompa\u00f1ante. <\/p>\n
3. El 4 de agosto de 2021 la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la acci\u00f3n de tutela, al tiempo que decret\u00f3 medida provisional, orden\u00e1ndole \u00aba la Cl\u00ednica Santa Ana S.A. -Rub\u00e9n Dar\u00edo Santiago Salazar, o quien haga sus veces- que en forma inmediata, sin trasladar carga administrativa o de otra \u00edndole a la solicitante, proceda a adelantar, gestionar y efectuar el tr\u00e1mite administrativo que corresponda, a efectos de realizar los procedimientos denominados \u201cCOLGAJO LOCAL MUSCULOCUTANEO EN MAMA, MASTECTOMIA SIMPLE UNILATERAL Y VACIAMIENTO RADICAL LINFATICO AXILAR VIA ABIERTA\u201d, conforme a lo ordenado en forma prioritaria por su m\u00e9dico tratante\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Cl\u00ednica Santa Ana S.A. inform\u00f3 que a la accionante le han brindado los servicios m\u00e9dicos requeridos, siendo la \u00faltima el 29 de julio de 2021 con anestesiolog\u00eda; que el procedimiento denominado \u00abColgajo local musculocut\u00e1neo en mama, mastectom\u00eda simple unilateral y vaciamiento radical linf\u00e1tico axilar v\u00eda abierta\u00bb fue programado para el 21 de agosto de 2021, por lo que la solicitud de amparo es improcedente por carencia actual de objeto. <\/p>\n
2. El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social manifest\u00f3 que la Superintendencia Nacional de Salud profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n 202151000124996 de 2021, por medio de la cual ordena la toma de posesi\u00f3n inmediata de los bienes, haberes y negocios, y la intervenci\u00f3n forzosa administrativa para liquidar a Comparsa ESP, designando como liquidador a Faruk Urrutia Jalilie; que el agente liquidador es el responsable de garantizar la prestaci\u00f3n de los servicios de salud de los afiliados hasta que realice el traslado de usuarios a las EAPB receptoras; que dicha cartera ministerial no es responsable de la prestaci\u00f3n de servicios de salud; que la accionante est\u00e1 en estado \u00abactivo\u00bb en el r\u00e9gimen subsidiado de salud Comparta EPS, afiliada desde el 1\u00b0 de marzo de 1998, tipo de afiliado cabeza de familia; que junto con la ADRES est\u00e1 en proceso de asignaci\u00f3n de afiliados a las EPS receptoras, el cual ser\u00e1 efectivo a partir del 8 de agosto de 2021, por lo que Comparta deber\u00e1 continuar garantizando el acceso a la prestaci\u00f3n de servicios de salud a sus afiliados, sin interrupciones y con oportunidad; que con la intervenci\u00f3n forzosa administrativa para liquidar Comparsa EPS no vulnera las prerrogativas alegadas, pues dichas medidas tienen como finalidad proteger el derecho a la salud y vida de los usuarios, a trav\u00e9s de su asignaci\u00f3n a otras EAPB que s\u00ed ostenten condiciones y capacidad para recibirlos atendiendo el r\u00e9gimen de aseguramiento autorizado, sin que de ninguna manera implique la afectaci\u00f3n a la continuidad del derecho a la salud. <\/p>\n
3. La Superintendencia Nacional de Salud cont\u00f3 los diferentes hallazgos y medidas implementadas en Comparta EPS; inst\u00f3 la improcedencia del resguardo al considerar que no ha vulnerado los derechos de la accionante, pues el objeto principal de la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 202151000124996 del 26 de julio de 2021 es mantener salvaguardados la vida y la salud de los 1.500.000 afiliados a Comparta EPS; sostuvo que la promotora no acredit\u00f3 un perjuicio irremediable; que contra el acto administrativo de intervenci\u00f3n versan un sin numero de tutelas, con lo que buscan restringir y torpedear la autonom\u00eda t\u00e9cnica de la Superintendencia, con lo que se desgasta de forma innecesaria el aparato jurisdiccional. <\/p>\n
4. Faruk Urrutia Jalilie indic\u00f3 que el Juzgado Promiscuo del Circuito de M\u00e1laga al interior de la acci\u00f3n de tutela 2021-00146 otorg\u00f3 la suspensi\u00f3n provisional como medida de car\u00e1cter excepcional de la resoluci\u00f3n n\u00b0 202151000124996 de 26 de julio de 2021, dejando sin efecto las disposiciones emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, por lo que est\u00e1 imposibilitado de cumplir con las funciones que le fueron asignadas como liquidador en el mentado acto administrativo. <\/p>\n
5. La Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiado Comparta EPS se refiri\u00f3 a los hechos de la solicitud de amparo; coadyuv\u00f3 las pretensiones de la gestora respecto de que con la resoluci\u00f3n n.\u00b0 202151000124996 de 26 de julio de 2021 se est\u00e1 vulnerando los derechos a la salud y a la vida; sostuvo que continuar\u00e1 prestando los servicios que requiera de acuerdo con sus competencias y cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud; que ya fue autorizado el procedimiento requerido para la Cl\u00ednica Santa Ana; que el 3 de agosto de 2021 el Juzgado Promiscuo del Circuito de M\u00e1laga decret\u00f3 como medida provisional, la suspensi\u00f3n de la resoluci\u00f3n criticada; que no ha quebrantado las prerrogativas invocadas; pidi\u00f3 que, de acceder a la solicitud de amparo, se vincule a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud \u2013 ADRES, con el fin de que financie en su totalidad los servicios y tecnolog\u00edas no cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS). <\/p>\n
6. El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander refiri\u00f3 que consultada la base de datos de la Adres, la gestora se encuentra afiliada al R\u00e9gimen Subsidiado en Comparta EPS, en estado actual activo, por lo que es dicha EPS la responsable del aseguramiento de la paciente y le corresponde autorizar, programar y suministrar sin dilaciones y con oportunidad lo que requiera la paciente. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional concedi\u00f3 el amparo al considerar que si bien la queja se atribuye a la ejecuci\u00f3n de la resoluci\u00f3n n.\u00b0 202151000124996 del 26 de julio de 2021 proferida por la Superintendencia de Salud, por cuanto la gestora considera que, en virtud de \u00e9sta, se suspendi\u00f3 la prestaci\u00f3n del servicio de salud y los tratamientos m\u00e9dicos requeridos, lo cierto es que no se est\u00e1 discutiendo la legalidad del acto administrativo propiamente, sino lo efectos que presuntamente tiene el derecho a la salud; adem\u00e1s que, dicho acto administrativo no orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio a favor de los usuarios, sumado a que, el liquidador debe garantizar dicho servicio de salud a la ciudadan\u00eda, mientras se lleva a cabo el traslado de los afiliados. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, de cara al caso concreto, pese a que los servicios m\u00e9dicos est\u00e1n garantizados, a la gestora no le han programado los procedimientos denominados \u00abvaciamiento radical linf\u00e1tico axilar v\u00eda abierta\u00bb, \u00abmastectom\u00eda simple unilateral\u00bb y \u00abcolgajo local musculocut\u00e1neo en la mama\u00bb, con los correspondientes ex\u00e1menes y consultas prequir\u00fargicos, pues, si bien est\u00e1n programados para el 21 de agosto, lo cierto es que tal agendamiento no es suficiente para tener por asegurada su prestaci\u00f3n efectiva toda vez que no se demostr\u00f3 su realizaci\u00f3n y de suyo que no se halle estructurada la ocurrencia de carencia actual de objeto. <\/p>\n
Indic\u00f3 que al estar individualizada la patolog\u00eda de la peticionaria y el plan de manejo dispuesto para su tratamiento, sumado al grave diagnostico que padece (c\u00e1ncer de mama), era necesario otorgar \u00abtratamiento integral e igualmente que, en caso de ser atendida en otra ciudad, se le autoricen y suministren los gastos de traslado\u00bb. <\/p>\n
\u2026CONFIRMAR la medida provisional emitida mediante prove\u00eddo del 4 de agosto hoga\u00f1o, consistente en adelantar, gestionar y efectuar el tr\u00e1mite administrativo que corresponda, a efectos de realizarle a la se\u00f1ora Antonia Bonilla Zabala los procedimientos denominados \u201cCOLGAJO LOCAL MUSCULOCUTANEO EN MAMA, MASTECTOMIA SIMPLE UNILATERAL Y VACIAMIENTO RADICAL LINFATICO AXILAR VIA ABIERTA\u201d, conforme a lo ordenado por su m\u00e9dico tratante, precisando que la orden all\u00ed dispuesta estar\u00e1 a cargo de Comparta EPS, el Agente Liquidador de la entidad y la IPS Cl\u00ednica Santa Ana S.A., en el ejercicio de sus funciones, seg\u00fan corresponda y desde sus competencias, contando para el efecto con el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas. Asimismo, que en adelante deber\u00e1n garantizar la atenci\u00f3n integral para el manejo de la patolog\u00eda denominada \u201cTUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA\u201d. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la Cl\u00ednica Santa Ana S.A. al considerar que, no es posible garantizar la atenci\u00f3n integral, pues \u00abya que ordena una carga en la atenci\u00f3n m\u00e9dica de la accionante\u2026 no teniendo ofertada la especialidad de oncolog\u00eda, siendo la rama de la medicina que estudia los tumores malignos o c\u00e1ncer\u00bb, adem\u00e1s, \u00abno es la entidad promotora de salud de la accionante, y adicional a ello no pertenecer a la red de servicios de la Nueva EPS, para la atenci\u00f3n de sus usuarios, correspondi\u00e9ndole a la EPS autorizar la continuidad de su tratamiento en su red de servicios m\u00e9dicos contratados, de acuerdo a la patolog\u00eda de su usuaria y la orden de tratamiento integral decretada\u2026 as\u00ed mismo, solicita se ordene por el superior el pago de los servicios m\u00e9dicos que se han brindado a la se\u00f1ora Antonia Bonilla Zabala, por parte de la Cl\u00ednica Santa Ana S.A., a cargo de Comparta EPS en liquidaci\u00f3n y la Nueva EPS\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el fallo era nulo, habida cuenta de que era necesaria la vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite constitucional de la Nueva EPS, pues si bien, para cuando la gestora formul\u00f3 la petici\u00f3n de amparo era usuaria de Comparta EPS, lo cierto es que con ocasi\u00f3n de la toma de posesi\u00f3n inmediata dispuesta por la Superintendencia Nacional de Salud fue trasladada a dicha promotora de salud, por lo que para garantizar un tratamiento integral, era necesaria su vinculaci\u00f3n. <\/p>\n
OTRAS ACTUACIONES <\/p>\n
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1. Con posterioridad al fallo, la Nueva EPS pidi\u00f3 su vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite constitucional, al advertir que tras la cesi\u00f3n masiva de usuarios, desde el 10 de agosto de 2021 Antonia Bonilla Zabala registra como activa en esa entidad, por lo que, a partir de esa data, le corresponde \u00abbrindar la atenci\u00f3n en salud a la paciente y la continuidad de los tratamientos que su patolog\u00eda demande, siendo [su] prioridad dar cubrimiento integral a los servicios ordenados por los galenos tratantes\u00bb; asimismo, pidi\u00f3 la remisi\u00f3n del fallo de tutela, junto con las \u00f3rdenes m\u00e9dicas y dem\u00e1s anexos con el fin de dar continuidad a las \u00f3rdenes impartidas; el 23 de agosto de 2021 el Tribunal puso de presente el fallo emitido, al tiempo que, le indic\u00f3 que debe estarse a lo resuelto, destacando que \u00abpara el cumplimiento de las obligaciones legales que le ata\u00f1en como entidad receptora en el marco de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 780 de 2016 en relaci\u00f3n con la continuidad del servicio a favor de los usuarios trasladados\u00bb, por lo que su vinculaci\u00f3n es desde esa data y asumiendo la actuaci\u00f3n en el estado en que se encuentra. <\/p>\n
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2. La Superintendencia Nacional de Salud inform\u00f3 las actuaciones administrativas adelantadas, resaltando que el procedimiento requerido por la usuaria, est\u00e1 programado para el 21 de agosto de 2021 en la Cl\u00ednica Santa Ana; adem\u00e1s, que requiri\u00f3 a la Nueva EPS. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El 27 de agosto de 2021 el Tribunal neg\u00f3 la petici\u00f3n de nulidad formulada por la Cl\u00ednica Santa Ana S.A., al considerar que carec\u00eda de inter\u00e9s y legitimaci\u00f3n para promover tal petici\u00f3n de invalidez, habida cuenta de que la interesada es la Nueva EPS, sumado a que, bajo las previsiones del art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso, la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunci\u00f3. Agreg\u00f3 que, en todo caso, con auto de 23 de agosto anterior, vincul\u00f3 a la Nueva EPS, con la advertencia de que deber\u00e1 asumir el asunto en el estado en que se encuentra y el cumplimiento de sus obligaciones legales relativas a la prestaci\u00f3n y continuidad en la atenci\u00f3n de salud en el marco de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 780 de 2016 que son exigibles desde la materializaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. El derecho a la salud ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional como una garant\u00eda fundamental aut\u00f3noma que: <\/p>\n
\u2026tiene una doble connotaci\u00f3n \u2013derecho constitucional fundamental y servicio p\u00fablico-. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestaci\u00f3n de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (CC T-1036\/07). <\/p>\n
As\u00ed como tambi\u00e9n ha considerado que: <\/p>\n
\u2026en materia de amparo del derecho fundamental a la salud por v\u00eda de tutela, \u2018una vez adoptadas las medidas de orden legislativo y reglamentario orientadas a determinar cu\u00e1les son las prestaciones obligatorias en salud y a trazar las v\u00edas de acceso a la seguridad social, si se cumplen los requisitos previstos en estos escenarios, todas las personas sin excepci\u00f3n pueden acudir a la acci\u00f3n de tutela para lograr la efectiva protecci\u00f3n de su derecho constitucional fundamental a la salud cuando quiera que este derecho se encuentre amenazado de vulneraci\u00f3n o haya sido conculcado\u2019 (CC T-919\/08). <\/p>\n
3. Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n presentada, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa la modificaci\u00f3n del fallo de primera instancia. <\/p>\n
Seg\u00fan las probanzas aportadas, se advierte que Antonia Bonilla Zabala estaba afiliada a Comparta EPS en el r\u00e9gimen subsidiado; que con ocasi\u00f3n a la resoluci\u00f3n n\u00b0 202151000124996 de 26 de julio de 2021 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la cual orden\u00f3 la toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes y negocios y la intervenci\u00f3n forzosa para liquidar a Comparsa EPS, la paciente fue trasladada a la Nueva EPS, en la que est\u00e1 en estado activo desde el pasado 10 de agosto de 2021 <\/p>\n
Que fue diagnosticada con una patolog\u00eda denominada \u00abtumor maligno de la mama, parte no especificada\u00bb, por lo que el m\u00e9dico tratante le orden\u00f3 los procedimientos denominados \u00abcolgajo local musculocut\u00e1neo en mama, mastectom\u00eda simple unilateral y vaciamiento radial linf\u00e1tico axilar v\u00eda abierta\u00bb; asimismo, se observa que, para el momento de la formulaci\u00f3n de acci\u00f3n de tutela, la aludida intervenci\u00f3n quir\u00fargica a\u00fan no hab\u00eda sido realizada a la gestora, situaci\u00f3n confirmada por la autoridad convocada. <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas y comoquiera que fue el personal galeno tratante quien orden\u00f3 la aludida cirug\u00eda, se mantendr\u00e1 la orden impartida por el Tribunal Constitucional, pues adem\u00e1s de que dichos profesionales son los que conocen la situaci\u00f3n particular de la paciente y ordenan lo pertinente seg\u00fan sus necesidades, aquella intervenci\u00f3n no se ha podido adelantar por situaciones de car\u00e1cter administrativo, pues, si bien la Superintendencia Nacional de Salud intervino forzosamente a Comparta EPS, tal determinaci\u00f3n no es \u00f3bice para suspender la prestaci\u00f3n de los servicios de salud, circunstancia que conculca las garant\u00edas fundamentales de la querellante, y de los que en ning\u00fan modo puede responsabilizarse a \u00e9sta. <\/p>\n
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2. Por otro lado, respecto al tratamiento integral que deben recibir los pacientes, en reciente jurisprudencia constitucional, se consign\u00f3, <\/p>\n
La Ley 1751 de 2015 precis\u00f3 el contenido del principio de integralidad en materia de salud. El art\u00edculo 8\u00b0 establece, por una parte, que los servicios y tecnolog\u00edas deber\u00e1n suministrase de manera completa, para prevenir, paliar o curar la enfermedad. Ello con independencia del origen de la enfermedad o la condici\u00f3n de salud, del sistema de provisi\u00f3n, cubrimiento o financiaci\u00f3n establecido por el Legislador. Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que no podr\u00e1 fragmentarse la responsabilidad en la prestaci\u00f3n de un servicio de salud espec\u00edfico en desmedro de la salud del usuario del SGSSS y, en caso de duda, sobre el alcance de un servicio o tecnolog\u00eda de salud cubierto por el Estado, se entender\u00e1 que este comprende todos los elementos esenciales para lograr su objetivo m\u00e9dico respecto de la necesidad espec\u00edfica de salud diagnosticada. <\/p>\n
Conforme con la Corte Constitucional, el tratamiento integral es una expresi\u00f3n del principio de continuidad del derecho a la salud y, a su vez, evita la interposici\u00f3n de acciones de tutela para la prestaci\u00f3n de cada servicio prescrito por el m\u00e9dico tratante1. Asimismo, esta garant\u00eda se desprende del principio de integralidad del derecho a la salud. A partir de all\u00ed, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las instituciones encargadas de la prestaci\u00f3n del servicio de salud deben autorizar, practicar y entregar los medicamentos, intervenciones, procedimientos, ex\u00e1menes, controles y seguimientos que el m\u00e9dico considere indispensables para tratar las patolog\u00edas del paciente2. Sin embargo, estas acciones est\u00e1n cualificadas, en ese sentido, la Corte evidenci\u00f3 que la prestaci\u00f3n de los medicamentos no se debe realizar de manera separada, fraccionada \u201co elegir alternativamente cu\u00e1les de ellos aprueba en raz\u00f3n del inter\u00e9s econ\u00f3mico que representan\u201d3. Lo anterior con la finalidad de no solo restablecer las condiciones b\u00e1sicas de las personas o lograr su plena recuperaci\u00f3n, sino de procurarle una existencia digna a trav\u00e9s de la mitigaci\u00f3n de sus dolencias4. <\/p>\n
La garant\u00eda del tratamiento integral no se reduce a la prestaci\u00f3n de medicamentos o de procedimientos de manera aislada. Por el contrario, abarca todas aquellas prestaciones necesarias para conjurar las patolog\u00edas que puede sufrir una persona, ya sean f\u00edsicas, funcionales, psicol\u00f3gicas, emocionales e inclusive sociales, lo que significa la imposibilidad de imponer obst\u00e1culos para obtener un adecuado acceso al servicio, reforz\u00e1ndose a\u00fan m\u00e1s dicho entendimiento cuando se trata de sujetos que merecen un especial amparo constitucional5. <\/p>\n
La sentencia T-259 de 2019 sostuvo que el tratamiento integral procede cuanto (i) la entidad encargada de la prestaci\u00f3n del servicio ha sido negligente en el ejercicio de sus funciones y ello ponga en riesgo los derechos fundamentales del paciente6; de igual manera se reconoce cuando (ii) el usuario es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional7; o (iii) con aquellas personas que exhiben condiciones de salud extremadamente precarias o indignas. En estos casos se debe precisar el diagn\u00f3stico que el m\u00e9dico tratante estableci\u00f3 respecto al accionante y frente al cual recae la orden del tratamiento integral8. Ello en consideraci\u00f3n que no resulta posible dictar \u00f3rdenes indeterminadas ni reconocer prestaciones futuras e inciertas9; lo contrario implicar\u00eda presumir la mala fe de la EPS en relaci\u00f3n con el cumplimiento de sus deberes y las obligaciones con sus afiliados, en contradicci\u00f3n del art\u00edculo 83 Superior (CC T-266\/20). <\/p>\n
Luego, en el sub-judice, donde se estableci\u00f3 claramente la patolog\u00eda que aqueja a la paciente y el tratamiento dispuesto para su manejo, sin duda alguna, infiere la Corte que ello demuestra que es necesario conceder el tratamiento integral rogado, m\u00e1xime si la patolog\u00eda afecta un deterioro progresivo de su calidad de vida y pone el riesgo la misma, de ah\u00ed que no sean de recibos los reparos formulados por la opugnante, sumado a que, la orden constitucional fue clara al indicar que, cada una de las autoridades querelladas debe responder \u00aben el ejercicio de sus funciones, seg\u00fan corresponda y desde sus competencias\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por otra parte, frente a la petici\u00f3n de la impugnante referente a que se ordene el pago de los servicios brindados a la gestora, tal petici\u00f3n tampoco es de recibo, pues tal como lo afirm\u00f3 el a quo constitucional, otros son los mecanismos dispuestos, de ser el caso, para recuperar los gastos en que pueda incurrir en la prestaci\u00f3n del servicio, sin que para ello medie orden constitucional10, destacando, por dem\u00e1s, que ello no puede constituirse una barrera administrativa para el acceso a los servicios de salud de la promotora. <\/p>\n
5. No obstante lo anterior, tras avizorarse que en el curso de la solicitud de amparo Antonia Bonilla Zabala fue trasladada a la Nueva EPS, quien en adelante es la encargada de prestarle los servicios de salud, entidad que, por dem\u00e1s, est\u00e1 vinculada al presente rito constitucional; se modificar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada, en la medida en que la orden dada se debe cumplir incluyendo a la Nueva EPS, en ejercicio de sus funciones, seg\u00fan corresponda y desde sus competencias. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Por tanto, la determinaci\u00f3n impugnada habr\u00e1 de modificarse, en el sentido de incluir a la Nueva EPS, conforme sus competencias, en el cumplimiento del fallo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, modifica la sentencia impugnada para, en su lugar, incluir a la nueva eps en el cumplimiento de la orden constitucional, en ejercicio de sus funciones, seg\u00fan corresponda y desde sus competencias. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-365 de 2009 y T-259 de 2019. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional. Sentencias T-445 de 2017, T-062 de 2017, T-408 de 2011, T-1059 de 2006, T-062 de 2006, T-730 de 2007, T-536 de 2007, T-421 de 2007 y T-081 de 2019. <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2008 y T-081 de 2019. <\/p>\n
4\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-081 de 2019. <\/p>\n
5\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-062 de 2017. <\/p>\n
6\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-259 de 2019. <\/p>\n
7\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-259 de 2019. <\/p>\n
8\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-259 de 2019. <\/p>\n
9\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-259 de 2019 -lo resaltado no hace parte de la providencia citada-. <\/p>\n
10\u0002 CC A-071\/16. <\/p>\n
7 <\/p>\n
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STC12870-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12870-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-21-001-2021-00027-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 12 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57875","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57875","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57875"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57875\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57875"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57875"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57875"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}