STC12877-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12877-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2021-00323-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de agosto de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Herrera contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado acusado que \u00abinmediatamente que env\u00ede [su] acci\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, al ser competente para tramitar [su] acci\u00f3n y as\u00ed garantizar art. 29 CN, evitando nulidades a futuro\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Gerardo Herrera interpuso acci\u00f3n popular contra la Notar\u00eda Cuarta de Pereira, bajo el radicado 2021-00136, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el que en auto de 21 de julio de 2021 la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite, decisi\u00f3n recurrida por el gestor por considerar que deb\u00eda ser tramitada la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa. <\/p>\n
2.2. En auto de 11 de agosto siguiente, el despacho mantuvo la admisi\u00f3n de la demanda, pues era al opositor a quien le correspond\u00eda alegar dicha competencia, adem\u00e1s que no se daban los presupuestos para que la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa asumiera tal conocimiento. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que el despacho acusado \u00abse niega a remitir [su] acci\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n competente, como lo es la contenciosa administrativa\u00bb. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 el link de consulta del expediente criticado 2021-00136. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta tutela, pues exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que no ten\u00eda injerencia en las pretensiones del accionante; adem\u00e1s que no hab\u00eda transgredido derecho fundamental alguno. <\/p>\n
3. El Municipio de Pereira refiri\u00f3 que se aten\u00eda a lo que resultare probado en este tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que el asunto carec\u00eda de relevancia constitucional, puesto que fue el mismo promotor quien radic\u00f3 la jurisdicci\u00f3n y competencia de la demanda popular en los estrados civiles del circuito; que \u00abde manera contradictoria y desconociendo sus propios actos, una vez se admiti\u00f3\u2026 formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n\u2026\u00bb, sin que nadie pueda sacar provecho de su propia culpa; adem\u00e1s que al interior del proceso exist\u00edan otras v\u00edas que permiten ventilar la cuesti\u00f3n, pues el demandado pod\u00eda formular la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n y dirimirse este asunto dentro del proceso, resultando prematura la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que era curioso que se indicara que \u00e9l fue quien cometi\u00f3 el error de presentar la acci\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n civil, pues lo hizo de buena fe ya que los estrados de Medell\u00edn las env\u00edan a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa; que ped\u00eda que se declarara la falta de competencia con miras a evitar futuras nulidades; que deb\u00eda primar el derecho sustancial; y que no era abogado pero deprecaba el acceso a la administraci\u00f3n de justicia con garant\u00edas procesales y legales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional esta llamada al fracaso, comoquiera que la autoridad judicial cuestionada en el prove\u00eddo de 11 de agosto de 2021, explic\u00f3 las razones por las cuales no era procedente reponer el auto admisorio, consignando que: <\/p>\n
En el presente tr\u00e1mite ya se dict\u00f3 el auto admisorio por considerar esta c\u00e9lula judicial que si es competente para conocer de la misma, por lo que le est\u00e1 vedado sustraerse de la obligaci\u00f3n que asumi\u00f3 con base en el principio de la inmutabilidad de la competencia y esto debido que s\u00f3lo el opositor est\u00e1 legitimado para discutir esta decisi\u00f3n en el momento procesal correspondiente\u2026 <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la manera como el estrado acusado interpret\u00f3 los medios suasorios del plenario, concluyendo que tras haber admitido a tr\u00e1mite el asunto, quien deb\u00eda repudiar la competencia era el convocado, en el momento procesal oportuno. <\/p>\n
En este orden de ideas, tal inferencia no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO <\/p>\n
<\/p>\n
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