STC12879-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12879-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00826-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de mayo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Andr\u00e9s Fabi\u00e1n Hurtado Barrera contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los Juzgados Segundo y Octavo Penales del Circuito de esa ciudad, la Fiscal\u00eda 38 Seccional, el Ministerio P\u00fablico, la Aeron\u00e1utica Civil y los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa y \u00abjuez imparcial\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se le ordene al Tribunal convocado que se \u00abdeje sin efectos el auto acusado que profiri\u00f3 el 14 de abril de 2021 la Sala accionada\u00bb; y que se le ordene \u00abdict[ar] una providencia de reemplazo, donde autorice el cambio de radicaci\u00f3n en la forma solicitada por la defensa t\u00e9cnica del actor al interior de la audiencia celebrada el 25 de marzo pasado, en aplicaci\u00f3n de la garant\u00eda judicial de imparcialidad\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro del juicio penal adelantado en contra de Andr\u00e9s Fabi\u00e1n Hurtado Barrera por la presunta comisi\u00f3n de los delitos de peculado por uso y ocultamiento, alteraci\u00f3n o destrucci\u00f3n de elemento material probatorio, del que conoce el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagu\u00e9, se solicit\u00f3 cambio de radicaci\u00f3n de dicho proceso. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que la referida negativa no fue formal sino sustancial, pues pese a que proced\u00eda antes de iniciarse el juicio oral, se aplic\u00f3 el criterio fijado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal y se invoc\u00f3 un argumento de autoridad; que no contaba con otro medio de defensa, pues si bien en sentido amplio tendr\u00eda el recurso de apelaci\u00f3n y el extraordinario de casaci\u00f3n, lo cierto era que ello implicaba reconocer que deb\u00eda soportar el da\u00f1o para luego cuestionar la incorrecci\u00f3n del auto atacado, desgastando as\u00ed a las partes y a la administraci\u00f3n de justicia, por lo que era procedente el resguardo como mecanismo transitorio. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que se incurri\u00f3 en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto; que la solicitud se sustent\u00f3 en la imparcialidad de la administraci\u00f3n de justicia, la publicidad del juzgamiento y las garant\u00edas procesales del acusado; y que el juez de la causa ya hab\u00eda declarado que ten\u00eda comprometido su criterio por la decisi\u00f3n adoptada en otro expediente por el Tribunal Superior. <\/p>\n
2.5. Adujo que el precedente citado no guardaba identidad f\u00e1ctica con el suyo, lo que constitu\u00eda un argumento de autoridad; que el fallador cognoscente no tuvo participaci\u00f3n en la etapa de investigaci\u00f3n, empero, conoc\u00eda del asunto en virtud del fallo condenatorio emitido por el superior, en el que \u00e9l fue declarado c\u00f3mplice, lo que constitu\u00eda un hecho que compromet\u00eda la imparcialidad subjetiva del funcionario. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que el juzgador ten\u00eda que lidiar con el hecho de que su superior jer\u00e1rquico, funcional y calificador de desempe\u00f1o, ya hubiere pronunciado en el caso declarando la responsabilidad de quien hasta ahora era juzgado en el caso en cuesti\u00f3n; y que creer que el funcionario pod\u00eda ser imparcial era decidir el asunto con \u00abla \u00edntima convicci\u00f3n que responde a una forma proscrita de resolver los asuntos sometidos a la justicia en una sociedad democr\u00e1tica\u00bb. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que la tutela no era un mecanismo de defensa paralelo; que no persuad\u00eda la relevancia constitucional deprecada; que no cumpl\u00eda con el presupuesto de la subsidiariedad, pues los defectos alegados pod\u00edan ser expuestos por la v\u00eda ordinaria; que no era viable acudir a esta figura de amparo, so pretexto de evitar un perjuicio irremediable, no demostrado, menos cuando el proceso penal no ha culminado -se encuentra en fase de juicio oral- y contaba con otros medios de defensa como la apelaci\u00f3n si se dicta sentencia en su contra, o el recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente al fallo de segundo grado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que la tutela la interpuso como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por lo que era indefendible la postura del a-quo constitucional ya que implicaba que deb\u00eda soportar el da\u00f1o para cuestionar \u00abla incorrecci\u00f3n\u00bb v\u00eda apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n; y que no era de recibo que se asegurara que se deb\u00eda concretar el da\u00f1o para invocar el resguardo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en prove\u00eddo de 14 de abril de 2021, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Lo primero a indicar por la Sala, es que no obstante desprenderse de los art\u00edculos 48 y 49 de la Ley 906 de 2004, que el cambio de radicaci\u00f3n procede antes de iniciarse el juicio oral, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia es del criterio que de acreditarse circunstancias excepcionales en el transcurso del juicio oral o con posterioridad, resulta procedente la solicitud\u2026 <\/p>\n
En efecto, se allegaron como anexos 157 folios entre los que se encuentran las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso radicado bajo el n\u00famero 730016000000201700156, adelantado contra Daniel Felipe Cadena Ortiz, por el Juzgado Octavo Penal de Circuito de esta ciudad y la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial \u2013respectivamente-; igualmente fueron aportadas las notas period\u00edsticas a que hizo menci\u00f3n el abogado defensor. <\/p>\n
Pues bien, el cambio de radicaci\u00f3n es una figura jur\u00eddica que opera en los casos taxativamente contemplados en el art\u00edculo 46 de la Ley 906 de 2004, esto es, cuando en el territorio donde se est\u00e9 adelantando el proceso concurra alguna circunstancia que pueda afectar el orden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, las garant\u00edas procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad o integridad personal de los intervinientes \u2013en especial de las v\u00edctimas-, o de los servidores p\u00fablicos. <\/p>\n
Se trata de una medida de car\u00e1cter excepcional y residual a la que se acude cuando logra acreditarse que existen circunstancias externas con entidad suficiente para alterar el normal desarrollo del proceso. Su finalidad es asegurar una recta, cumplida y eficiente administraci\u00f3n de justicia, sin que se encuentren otros mecanismos jur\u00eddicos para neutralizar las causas extra\u00f1as que se invocan. <\/p>\n
Cuando se alega la falta de imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, como en el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, es necesario verificar condiciones externas y objetivas con capacidad suficiente para alterar el juicio del juzgador desde esas aristas fundamentales. <\/p>\n
Para la Sala, tales par\u00e1metros no se satisfacen con los argumentos expuestos en la solicitud, pues no se ve con meridana claridad que por el hecho de haberse condenado a Daniel Felipe Cadena Ortiz en calidad de c\u00f3mplice por parte de esta Colegiatura -valga aclarar, por una Sala de decisi\u00f3n distinta-, por los mismos hechos que se juzgan en este proceso, se haya comprometido el criterio del juez cognoscente que indique falta de imparcialidad o independencia derivada de factores originados en este distrito judicial. <\/p>\n
Para la Sala resulta desacertado llegar a tal conclusi\u00f3n a partir de consideraciones que se hicieran en una sentencia de condena, pues las mismas no son evidencia objetiva de la falta de imparcialidad u objetividad del servidor judicial que en la actualidad conoce del proceso seguido en contra de Andr\u00e9s Fabi\u00e1n Hurtado Barrera y, en todo caso, para discutir un asunto tal, en la actualidad o en un evento futuro, se cuenta con otros medios de defensa judicial; tal situaci\u00f3n autom\u00e1ticamente no se traduce en un factor que niegue el principio de imparcialidad como lo suponen los peticionarios. <\/p>\n
Aceptar un razonamiento de esa clase, ser\u00eda tanto como desconocer el principio de autonom\u00eda e independencia judicial por el cual se rigen las actuaciones judiciales, pues es bien sabido que, aunque existan temas que ya han sido decantados tanto por el M\u00e1ximo \u00d3rgano de cierre, como por esta Colegiatura, lo cierto es que la valoraci\u00f3n probatoria en cada caso particular, corresponde al juez de la causa atendiendo a los principios de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
Tampoco, se evidencia que exista un preconcebido concepto respecto de la supuesta materialidad de la conducta que se reprueba o la responsabilidad del procesado, pues, aunque exista un proceso an\u00e1logo con comunidad de hechos y pruebas, en el que se conden\u00f3 a un ciudadano en calidad de c\u00f3mplice de los delitos que aqu\u00ed se investigan, ello no implica per se, como lo entienden los solicitantes, que esta Colegiatura env\u00ede un \u201cmensaje\u201d al juez cognoscente para que haga id\u00e9ntica valoraci\u00f3n probatoria o transite por las mismas sendas de interpretaci\u00f3n del Magistrado Ponente de la multicitada sentencia de condena. <\/p>\n
Si bien esta Corporaci\u00f3n es superior jer\u00e1rquico y funcional de los jueces de este distrito judicial, tambi\u00e9n resulta cierto que es respetuosa de los principios de independencia y autonom\u00eda judicial. <\/p>\n
Para la Sala lo que se evidencia es un temor a la falta de imparcialidad, pero la misma no se encuentra objetivamente acreditada con una sentencia condenatoria proferida en otro proceso; an\u00e1loga situaci\u00f3n puede predicarse frente a la supuesta presi\u00f3n de los medios de comunicaci\u00f3n respecto del caso que nos ocupa, en raz\u00f3n de las noticias publicitadas en este caso, pues el defensor exterioriza recelo en cuanto a que las noticias puedan influir en las decisiones que toman los jueces, lo cual en modo alguno se acompasa con una situaci\u00f3n objetiva. <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo t\u00f3pico resulta importante aclarar que, de aceptarse un juicio semejante, resultar\u00eda pr\u00e1cticamente imposible asignar el conocimiento de este asunto a un distrito judicial en el que no exista la presencia de medios de comunicaci\u00f3n, pues justamente nos encontramos de cara a una era digital en la que una noticia puede ser transmitida en simultaneo, no solo en todos los distritos judiciales de Colombia sino, en el mundo entero y menos puede cercenarse la libertad de prensa, indicando a los comunicadores cuales deben ser los titulares de las noticias que difunden, bajo el supuesto de preservar la imparcialidad de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Lo que si se espera por parte de la judicatura, es que las noticias que se difundan en los medios de comunicaci\u00f3n no distorsionen la realidad y obedezcan a la verdad procesal con el debido respeto de la dignidad de las partes e intervinientes. <\/p>\n
Y si bien las noticias a las que alude el defensor resultan persistentes, las mismas no tienen la capacidad de trasmutar la probidad, ecuanimidad y buen juicio de judicatura en este distrito judicial, pues no empa\u00f1an la seriedad con que los jueces debemos impartir justicia. Basta leer los textos para descartar injerencias sobre la administraci\u00f3n de justicia, con el fin de orientar la investigaci\u00f3n e incidir en la toma de decisiones. <\/p>\n
Tales circunstancias en manera alguna -se itera-, pueden considerarse como un factor perturbador de la imparcialidad, pues las inconformidades de los solicitantes no se aparejan con los factores objetivos consagrados en el art\u00edculo 46 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, para alterar las reglas generales de competencia, ya que no est\u00e1n referidas a factores externos y, por contera, no poseen la virtualidad suficiente para incidir en la administraci\u00f3n de justicia, atendiendo que su soluci\u00f3n se debe proveer al interior del proceso, mediante el ejercicio de los recurso establecidos en la ley, que al igual est\u00e1n previstos para preservar las garant\u00edas procesales. <\/p>\n
Al respecto dijo la Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Pero adem\u00e1s, la jurisprudencia de la Sala tiene establecido pac\u00edficamente que la variaci\u00f3n de la radicaci\u00f3n de un proceso penal debe responder a situaciones absolutamente externas o ex\u00f3genas, a condiciones del lugar en que se desarrolla el juicio, habida consideraci\u00f3n de que la ley prev\u00e9 instrumentos para separar a los funcionarios judiciales del conocimiento del caso por razones eminentemente individuales o particulares. <\/p>\n
Por lo tanto las razones que potencialmente conducen a trasladar un juicio de un lugar a otro deben surgir de factores generados en el sitio donde aqu\u00e9l se est\u00e9 adelantando, a tal punto que afecten a la totalidad de los funcionarios que estar\u00edan facultados para conocer del asunto, y no de los cuestionamientos que sea factible formular contra alguno o algunos de los juzgadores, pues, existiendo los mecanismos jur\u00eddicos anunciados para separar del conocimiento del caso a aquellos en quienes concurra una causal de impedimento o recusaci\u00f3n, basta asignar el conocimiento del asunto a otro funcionario en quien no concurra dichas condiciones.\u201d <\/p>\n
En consecuencia, bastan estas breves consideraciones para denegar el cambio de radicaci\u00f3n y disponer que la actuaci\u00f3n se devuelva de manera inmediata al Juzgado Segundo Penal del Circuito de este Distrito Judicial, para que se contin\u00fae con la etapa de juicio en la que se encuentra\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia que desestim\u00f3 el cambio de radicaci\u00f3n deprecado; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Finalmente, se le recuerda al accionante, en cuanto al perjuicio irremediable alegado, que esta Sala ha precisado que \u00ab\u2026no es dable pretender, ni a\u00fan como mecanismo transitorio, sustituir los instrumentos legales mediante esta acci\u00f3n, porque el juez de tutela no puede actuar como si lo fuera de instancia; como tampoco opera paralelamente con las actuaciones judiciales, en raz\u00f3n a su car\u00e1cter subsidiario y residual\u2019 (sentencia de 29 de agosto de 2011, exp. 2001-00349-01)\u00bb (CSJ STC, 4 jun. 2012, rad. 2012-01300-00). <\/p>\n
5. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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