STC12893-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12863-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01379-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de septiembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Turedez S.A.S. frente a la sentencia del 21 de julio de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le instaur\u00f3 al Tribunal de Arbitraje conformado por Luis \u00c1lvaro Nieto Bol\u00edvar, Fernando Pab\u00f3n Santander y Santiago Jaramillo Villamizar, extensiva a los intervinientes en la disputa con radicado n\u00b0 118978. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 \u00abdejar sin valor ni efecto el laudo arbitral proferido el 18 de mayo de 2021\u00bb para que, en su lugar, se dicte uno nuevo que resuelva \u00abde fondo las pretensiones de la demanda arbitral\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que entre el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), de un lado, y Dar\u00edo Lacouture (Q.E.P.D.) y Natalia M\u00e9ndez (Q.E.P.D.), de otro, se celebr\u00f3 un contrato de \u00abcuentas en participaci\u00f3n\u00bb (29 sep. 2004) en virtud del cual aquella entidad (gestora) llevar\u00eda a cabo una \u00abplantaci\u00f3n forestal\u00bb en el predio de estos \u00faltimos (part\u00edcipes). <\/p>\n
Relat\u00f3 que los propietarios del se\u00f1alado fundo le cedieron su posici\u00f3n contractual (29 sep. 2014) y que en una cl\u00e1usula de dicho instrumento se contempl\u00f3 un \u00abmandato\u00bb en virtud del cual fue encargada de \u00abreclam[ar] y adelant[ar] cualquier tipo de acci\u00f3n\u00bb en contra de Finagro, siempre que esta \u00faltima se negara a aceptar la referida cesi\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que en virtud del \u00abmandato\u00bb, y no en calidad de cesionaria del referido contrato, impetr\u00f3 demanda arbitral en nombre de los part\u00edcipes y en contra de la entidad gestora. Se\u00f1al\u00f3 que el panel arbitral estableci\u00f3 su competencia para rituar el asunto, pero en el laudo declar\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la all\u00e1 convocante. De esa actuaci\u00f3n deriva la lesi\u00f3n a sus prerrogativas pues, a su juicio, la providencia i). \u00abdej\u00f3 de aplicar las normas al mandato mercantil\u00bb que a su parecer la habilitaban para demandar, ii). comporta un \u00abfallo inhibitorio\u00bb que se abstuvo de resolver de fondo sobre las pretensiones de la demanda y, iii). se apart\u00f3 del precedente judicial relativo a la saneabilidad de la causal de nulidad por \u00abindebida representaci\u00f3n\u00bb y \u00abfalta de poder\u00bb. <\/p>\n
2. El Tribunal arbitral indic\u00f3 que la accionante busca \u00abrenovar la controversia por la v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela\u00bb como consecuencia de la resoluci\u00f3n adversa. Se\u00f1al\u00f3 que resolvi\u00f3 de fondo sobre una excepci\u00f3n planteada por la convocada que lo llev\u00f3 a denegar las pretensiones de la demanda. Agreg\u00f3 que la convocante no demostr\u00f3 la titularidad de la relaci\u00f3n jur\u00eddica debatida y que el proceder arbitral se ajust\u00f3 al ordenamiento jur\u00eddico, en especial a los art\u00edculos 280 y 282 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
Adujo que el laudo fue desestimatorio pero no inhibitorio y que la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa no pod\u00eda declararse al momento de resolver su competencia pues en esa ocasi\u00f3n estudi\u00f3 los requisitos formales de la demanda y la representaci\u00f3n judicial de las partes, pero no el contenido del mandato en virtud del cual se impetr\u00f3 la acci\u00f3n, pues ello correspond\u00eda al laudo. <\/p>\n
3. La primera instancia deneg\u00f3 el amparo tras considerar la razonabilidad del laudo acusado como quiera que \u00abse fund\u00f3 en una de las excepciones planteadas, en las disposiciones legales alusivas al mandato (art. 840 C.Co. y 2142 ss C.C.) y a los poderes generales y especiales, en la realidad procesal y sustancial que se encontr\u00f3 demostrada, y en el an\u00e1lisis de la figura de la legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb. <\/p>\n
4. El impugnante critic\u00f3 que el \u00abtribunal no se det[uviera] a revisar, si el laudo proferido fue inhibitorio en raz\u00f3n a que las pretensiones de fondo no fueron decididas\u00bb y que se \u00abomiti[era] el an\u00e1lisis de las arbitrarias razones que le sirvieron de base a los \u00e1rbitros mayoritarios\u00bb. En lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus argumentos iniciales. <\/p>\n
5. Conocida la opugnaci\u00f3n por esta Corporaci\u00f3n se decret\u00f3 la nulidad del fallo de primera instancia para que se notificara la existencia del sumario a Finagro, quien una vez enterada solicit\u00f3 la improcedencia del resguardo porque, a su parecer, la accionante busca \u00abgenerar una segunda instancia (\u2026) que le sea favorable a sus intereses\u00bb a pesar de que en el \u00abtr\u00e1mite arbitral\u00bb se \u00abrespetaron todos los derechos procesales y de defensa de las partes\u00bb. Advirti\u00f3 que \u00abel tema\u00bb de la \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa\u00bb era \u00abde fondo, sustantivo y material\u00bb y no \u00abin procedendo\u00bb. <\/p>\n
El a quo profiri\u00f3 un nuevo veredicto en los t\u00e9rminos del nulitado y la impugnante reafirm\u00f3 sus respectivos reproches. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora la confirmaci\u00f3n del fallo objetado porque al margen de que se compartan las razones expuestas por la autoridad convocada, no se perciben como el fruto de una actividad caprichosa y antojadiza que habilite la intervenci\u00f3n constitucional, por el contrario, obedecen a criterios de interpretaci\u00f3n que no lucen irrazonables sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria y normativa que fue conocida por la autoridad convocada, como se pasa a exponer. <\/p>\n
2. La primera queja de Turedez S.A.S. se circunscribe a la forma en que el Tribunal accionado resolvi\u00f3 lo relativo al \u00abmandato\u00bb invocado por ella para presentar la demanda arbitral en nombre de los part\u00edcipes fallecidos, pues, a su juicio, ese documento facultaba su participaci\u00f3n en el juicio. As\u00ed, queda sentado desde ya que la verdadera intenci\u00f3n de la accionante se halla cimentada sobre la base de discutir el raciocinio desplegado por el juzgador natural de su causa a pesar de que no se vislumbra fortuito como se pasa a exponer. <\/p>\n
Ciertamente, el problema jur\u00eddico que identific\u00f3 el panel arbitral radic\u00f3 en determinar \u00absi la invocaci\u00f3n del \u2018mandato\u2019 de Turedez la faculta[ba] para actuar como demandante en (\u2026) [el] proceso y para deducir pretensiones en contra de Finagro\u00bb, punto de partida del cual analiz\u00f3 el documento con el cual se aspir\u00f3 a demostrar la legitimaci\u00f3n en la causa por activa desde el campo de la normativa mercantil, civil y adjetiva; en ese orden, respecto de la primera disciplina en menci\u00f3n predic\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) corresponde resolver acerca de la comparecencia de TUREDEZ \u2018como mandataria\u2019 de Los Propietarios, conforme lo ha invocado en reiteradas oportunidades. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Seg\u00fan el documento de cesi\u00f3n, \u201cpor medio del presente escrito constituimos como nuestro mandatario a la sociedad TUREDEZ S.A.S., de manera irrevocable, para que sea esta la sociedad que reclame y adelante cualquier tipo de acci\u00f3n en contra de FINAGRO e igualmente contra la sociedad MONTERREY FORESTAL LTDA.\u201d <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Dentro del r\u00e9gimen del C\u00f3digo de Comercio, seg\u00fan su art\u00edculo 1262, el mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o m\u00e1s actos de comercio por cuenta de otra, vale decir aquellos que se encuentran enunciados en el art\u00edculo 20 ib\u00eddem y, en t\u00e9rminos generales, seg\u00fan el numeral 19 de dicha norma, los dem\u00e1s actos y contratos regulados por la ley mercantil. <\/p>\n
Seg\u00fan el art\u00edculo 1263 del C\u00f3digo de Comercio, el mandato comprender\u00e1 los actos para los cuales haya sido conferido y aquellos que sean necesarios para su cumplimiento. <\/p>\n
Seg\u00fan el documento de cesi\u00f3n, el objeto del mandato que invoca TUREDEZ y que est\u00e1 contenido en el numeral 8 es de car\u00e1cter general y se refiere a que la sociedad \u201creclame y adelante cualquier tipo de acci\u00f3n en contra de FINAGRO e igualmente contra la sociedad MONTERREY FORESTAL LTDA.\u201d <\/p>\n
Dentro del contexto legal se\u00f1alado, no se encuentran elementos que permitan concluir que a partir del mandato que invoca TUREDEZ se justifique su intervenci\u00f3n judicial como demandante en este proceso. En efecto, el mandato mercantil se confiere para la celebraci\u00f3n de actos de comercio, los cuales se encuentran enunciados en el art\u00edculo 20 del C\u00f3digo de Comercio. Sin embargo, a juicio del Tribunal, no puede estimarse que la presentaci\u00f3n de la demanda ante un tribunal arbitral corresponda a alguno de tales actos de comercio. Por una parte, en el documento no se indica dicha gesti\u00f3n en el mandato y, por otra, tampoco se considera que delegar para reclamar y adelantar cualquier acci\u00f3n constituya un acto de comercio bajo el criterio del estatuto mercantil que, como se vio, se extiende a aquellos actos y contratos regulados por dicha codificaci\u00f3n. Por consiguiente, conforme a las normas que rigen el mandato mercantil, no puede concluirse que el hecho de otorgar poder a un abogado para la presentaci\u00f3n de una demanda arbitral constituya un acto de comercio a la luz del criterio que informa el art\u00edculo 20 del C\u00f3digo de Comercio, en consonancia con el art\u00edculo 23 ib\u00eddem que se\u00f1ala aquellos actos que no son mercantiles. En ese sentido, conforme al derecho comercial, el mandato que invoca TUREDEZ contenido bajo el numeral 8 de la cesi\u00f3n, no la habilita para deducir pretensiones a favor de Los Propietarios mediante demanda arbitral. <\/p>\n
Lo anterior se corrobora por lo dispuesto en el art\u00edculo 840 del C\u00f3digo de Comercio, seg\u00fan el cual el representante podr\u00e1 ejecutar los actos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios cuya gesti\u00f3n se le haya encomendado, \u201cpero necesitar\u00e1 un poder especial para aquellos respecto de los cuales la ley as\u00ed lo exija\u201d. Es dicho apoderamiento especial de los Propietarios para TUREDEZ el que se echa de menos en el expediente. (Resaltado propio) <\/p>\n
Luego, respecto del estudio del asunto bajo el manto de la legislaci\u00f3n civil se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
Para completar el examen del mandato que invoca TUREDEZ con el prop\u00f3sito de justificar su intervenci\u00f3n en este arbitraje y en atenci\u00f3n a que el art\u00edculo 822 del C\u00f3digo de Comercio remite al C\u00f3digo Civil al disponer que los principios que gobiernan la formaci\u00f3n de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretaci\u00f3n, modo de extinguirse, anularse o rescindirse son aplicables a las obligaciones y a los negocios mercantiles, a menos que la ley estipule algo distinto, se analiza a continuaci\u00f3n la condici\u00f3n de mandatario que invoca TUREDEZ, a la luz de las normas y de los principios del C\u00f3digo Civil que rigen el mandato. El art\u00edculo 2142 del C\u00f3digo Civil se\u00f1ala que el mandato es un contrato por el que una persona conf\u00eda a otra la gesti\u00f3n de uno o m\u00e1s negocios y esta segunda se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Seg\u00fan el art\u00edculo 2156 ib\u00eddem si el mandato comprende uno o m\u00e1s negocios especialmente determinados, se llama especial. Si se confiere para todos los negocios del mandante, es general. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En ese contexto, la expresi\u00f3n consignada en el documento de cesi\u00f3n que invoca TUREDEZ en su favor, para que \u201creclame y adelante cualquier tipo de acci\u00f3n en contra de FINAGRO e igualmente contra la sociedad MONTERREY FORESTAL LTDA.\u201d no resulta id\u00f3nea para justificar su intervenci\u00f3n en este arbitraje. En efecto, la reclamaci\u00f3n y presentaci\u00f3n de cualquier tipo de acci\u00f3n no se enmarca en el concepto legal de gesti\u00f3n de uno o m\u00e1s negocios del mandante, sino que se refiere a la reclamaci\u00f3n de los derechos de los Propietarios, mediante el ejercicio de una acci\u00f3n, materia esta que es propia de un acto de apoderamiento antes que de un mandato. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, a pesar de que puedan tener caracter\u00edsticas similares y de que participen de una naturaleza semejante en cuanto son actos de representaci\u00f3n, el contrato de mandato que se celebra para la gesti\u00f3n de negocios ajenos se distingue del otorgamiento de un poder para la representaci\u00f3n, por lo general, en el frente judicial. A juicio del Tribunal, TUREDEZ invoca esta \u00faltima circunstancia para actuar en este arbitraje, para lo cual se apoya en un acto de apoderamiento de car\u00e1cter jurisdiccional, \u201cpara que reclame y adelante cualquier tipo de acci\u00f3n\u201d, m\u00e1s que en la ejecuci\u00f3n de un mandato para la gesti\u00f3n de negocios ajenos. Al respecto, en el escrito de la demanda reformada, ante el requerimiento del Tribunal de aclarar el nombre y domicilio de las partes la subsana expresando: \u201cObrando en mi calidad de apoderado de la sociedad TUREDEZ S.A.S. quien act\u00faa en ejercicio del poder irrevocable otorgado por parte de NATALIA MENDEZ DE LACOUTURE y DARIO LACOUTURE …\u201d (Resaltado propio) <\/p>\n
Sobre esa misma l\u00ednea argumentativa, al hacer menci\u00f3n del estatuto adjetivo y los documentos adosados al plenario, cavil\u00f3: <\/p>\n
Desde esta perspectiva, bajo la expresi\u00f3n \u201cpara que reclame y adelante cualquier tipo de acci\u00f3n\u201d, TUREDEZ pretende justificar su intervenci\u00f3n como demandante bajo un supuesto acto de apoderamiento, que alega fue extendido por Los Propietarios a su nombre. Si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara esa postura consistente en que el \u2018mandato\u2019 que se invoca en el numeral 8 del documento de cesi\u00f3n contiene un acto de apoderamiento para la reclamaci\u00f3n judicial de los derechos de Los Propietarios, dicha actuaci\u00f3n se encuentra regida por el C\u00f3digo General del Proceso y, en particular, por el art\u00edculo 74 que estipula los requisitos especiales para la comparecencia ante la jurisdicci\u00f3n mediante el otorgamiento de poderes, los cuales pueden ser generales o especiales. En el encabezamiento de la propia demanda reformada, se expresa que TUREDEZ \u201cact\u00faa en ejercicio del poder irrevocable otorgado por NATALIA M\u00c9NDEZ LACOUTURE y DAR\u00cdA LACOUTURE\u201d (se enfatiza), por lo cual procede analizar si existe en el documento de cesi\u00f3n el \u2018poder irrevocable\u2019 que invoca la demandante. <\/p>\n
Bajo el r\u00e9gimen del C\u00f3digo General del Proceso, el argumento seg\u00fan el cual en el numeral 8 del documento que contiene el contrato de cesi\u00f3n entra\u00f1a un poder para comparecer al proceso, carece de fundamento en la medida en que no se verifican los requisitos de orden legal exigidos en dicho Estatuto, como pasa a examinarse. <\/p>\n
\u2022 En primer lugar, seg\u00fan el art\u00edculo 73 del C\u00f3digo General del Proceso, el derecho de postulaci\u00f3n debe ejercerse por conducto de abogado, excepto en los casos en los que la ley permita su intervenci\u00f3n directa. A diferencia de la exigencia legal, TUREDEZ es una persona jur\u00eddica y, adem\u00e1s, su objeto social, en t\u00e9rminos generales, se refiere a la explotaci\u00f3n de actividades agropecuarias y no a la representaci\u00f3n judicial de terceros. <\/p>\n
\u2022 Por disposici\u00f3n del art\u00edculo 74 del C\u00f3digo General del Proceso, el poder general, que se refiere a toda clase de procesos, debe otorgarse por escritura p\u00fablica. De considerarse que el numeral 8 del documento de cesi\u00f3n contiene un poder general para representar a los Propietarios, el requisito legal no se encuentra satisfecho en la medida en que se trata de un documento privado. <\/p>\n
\u2022 La misma norma se\u00f1ala que el poder especial para uno o varios procesos puede conferirse por documento privado, caso en el cual \u201clos asuntos deber\u00e1n estar determinados y claramente identificados\u201d. En el numeral 8 del documento de cesi\u00f3n se hace referencia de manera general y abstracta a cualquier tipo de acci\u00f3n y no se identifica en forma clara y determinada un proceso, ni menos una acci\u00f3n judicial espec\u00edfica, como lo exigen las normas procesales para este tipo de actuaciones. Por consiguiente, no puede considerarse que dicho documento contenga un poder especial en la medida en que no cumple con los requisitos legales, ni con las formalidades expresamente previstas en la ley para este acto. <\/p>\n
Por lo anterior, (\u2026) el numeral 8 del escrito que contiene la cesi\u00f3n no puede considerarse como un acto de apoderamiento, ni como un t\u00edtulo de procuraci\u00f3n a favor de TUREDEZ en la medida en que no cumple con los requisitos consagrados en dicho Estatuto para el otorgamiento de poderes y para comparecer en juicio. (Resaltado propio) <\/p>\n
Finalmente, tras exponer los argumentos precedentes, por los cuales consider\u00f3 que el instrumento invocado no ten\u00eda la virtud de legitimar la participaci\u00f3n de la convocante, agreg\u00f3 que el eventual \u00abmandato\u00bb se hallaba extinguido con ocasi\u00f3n de la muerte de los alegados mandantes como quiera que no se configuraban circunstancia que impidiera tal efecto, en tal sentido indic\u00f3 que: <\/p>\n
Los hechos materia de este arbitraje no se enmarcan dentro de ninguno de los dos casos se\u00f1alados. Por una parte, el mandato que TUREDEZ invoca no se refiere a un encargo para ser cumplido despu\u00e9s de la muerte del mandante. La jurisprudencia ha precisado que este tipo de mandato es el que tiene por objeto un encargo para ser cumplido con posterioridad a la muerte del mandante y, muchas veces, con ocasi\u00f3n de su fallecimiento. <\/p>\n
Por la otra, tampoco hay lugar a aplicar el art\u00edculo 2194 del C\u00f3digo Civil, norma que descansa sobre la existencia de una \u201cgesti\u00f3n principiada\u201d; como qued\u00f3 visto la presentaci\u00f3n de la demanda que dio origen a este proceso ocurri\u00f3 cuando ya el mandato se hab\u00eda extinguido por el deceso de los mandantes, de suerte que, para efectos de este proceso, no existi\u00f3 una gesti\u00f3n que se hubiera iniciado en cumplimiento del mandato que se invoca y en cualquier caso, con la muerte de los mandantes, cesaron las funciones del mandatario. <\/p>\n
Importa subrayar que, en la hip\u00f3tesis que se sostuviera que el inicio de la gesti\u00f3n por parte de TUREDEZ ocurri\u00f3 con el otorgamiento del poder a su Abogado para convocar este arbitraje, resulta que dicha actuaci\u00f3n tiene fecha 25 de septiembre de 2019, esto es que ocurri\u00f3 con posterioridad al deceso de los Propietarios y por consiguiente no hay lugar tampoco a sostener que, por esa v\u00eda, existi\u00f3 una gesti\u00f3n principiada por TUREDEZ. As\u00ed las cosas, el poder que la convocante invoca para actuar en este proceso en desarrollo del mandato que dicha sociedad aduce, se otorg\u00f3 con posterioridad al fallecimiento de los mandantes y, por consiguiente, cuando dicho mandato ya se hab\u00eda extinguido. (Resaltado propio) <\/p>\n
As\u00ed pues, es evidente que conforme a las cavilaciones transcritas el Tribunal arbitral concluy\u00f3 que el \u00abmandato\u00bb alegado por Turedez S.A.S. no ten\u00eda la virtud de soportar la legitimaci\u00f3n en la causa requerida para la emisi\u00f3n de sentencia estimatoria. <\/p>\n
Ahora, independientemente de que se compartan los raciocinios descritos para arribar a las conclusiones criticadas, es ostensible que ellos no se muestran irreflexivos o aleatorios, m\u00e1xime, si se tiene en cuenta que en reciente pronunciamiento de esta Corporaci\u00f3n y respecto de un caso de similares contornos en el que se invoc\u00f3 la existencia de un \u00abmandato\u00bb contenido en una cl\u00e1usula de contrato se precis\u00f3 que: <\/p>\n
Fluye entonces palmario que la obligaci\u00f3n de recaudo de cartera a cargo del enajenante, se contempl\u00f3 solo como una cl\u00e1usula accidental a la compraventa de aquella, que bien pod\u00eda ser acordada all\u00ed mismo por virtud de la autonom\u00eda contractual, pese a no ser una prestaci\u00f3n de la esencia de ese tipo negocial, sustentada en razones de conveniencia o facilidad que solo los contratantes conoc\u00edan. En esa medida, la conclusi\u00f3n del Tribunal no aparece como producto de una indebida interpretaci\u00f3n del documento que recogi\u00f3 las estipulaciones contractuales, puesto que de \u00e9l no se deduce que el acuerdo incluido por los contratantes con la precitada finalidad, diera cuenta de un contrato distinto y coligado al primero. <\/p>\n
En efecto, la cl\u00e1usula 3.4 por s\u00ed misma no tiene la virtualidad de documentar un contrato t\u00edpico de mandato comercial, regulado en los art\u00edculos 1262 del C\u00f3digo de Comercio que, en cuanto a su definici\u00f3n y contenido, dispone: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 1262. El mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o m\u00e1s actos de comercio por cuenta de otra. <\/p>\n
El mandato puede conllevar o no la representaci\u00f3n del mandante. <\/p>\n
Conferida la representaci\u00f3n, se aplicar\u00e1n adem\u00e1s las normas del Cap\u00edtulo II del T\u00edtulo I de este Libro. <\/p>\n
ART\u00cdCULO 1263. El mandato comprender\u00e1 los actos para los cuales haya sido conferido y aquellos que sean necesarios para su cumplimiento. <\/p>\n
Como puede verse, siendo \u00e9ste un contrato nominado, la misma ley define sus caracter\u00edsticas propias como la remuneraci\u00f3n (art. 1264 ib.), la forma de extinci\u00f3n (art. 1279, ib. ), y los dem\u00e1s derechos y obligaciones que emanan de \u00e9l (arts. 1266 – 1278, ib). <\/p>\n
Es por lo anterior, que en el caso examinado resulta demasiado forzado sostener que el pacto acerca de que la obligaci\u00f3n de recaudo continuara a cargo de la vendedora, sin otras estipulaciones que definieran las prestaciones rec\u00edprocas generadas con ocasi\u00f3n de ese acuerdo y sin ning\u00fan fundamento jur\u00eddico diferenciador, constituya un contrato aut\u00f3nomo de mandato inmerso en el mismo texto como coligado a la compraventa de cartera. (SC2218-2021) (Resaltado de ahora). <\/p>\n
Establecido lo anterior, fluye con nitidez que al margen del acierto o no de las cavilaciones que el Tribunal accionado expuso, la conclusi\u00f3n consistente en que la cl\u00e1usula invocada no era suficiente para acudir al pleito y de manera concomitante obtener el \u00e9xito de las pretensiones, no resulta descabellada o suficiente para habilitar la injerencia ius fundamental perseguida, dado que el contenido de esa estipulaci\u00f3n no ofreci\u00f3 los elementos necesarios para hacerle producir los efectos anhelados. De esa forma, queda en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). <\/p>\n
3. La misma suerte corre la segunda censura relativa a que el Tribunal accionado profiri\u00f3 un \u00abfallo inhibitorio\u00bb que, a juicio de la censora, omiti\u00f3 pronunciarse de fondo sobre las pretensiones relacionadas al incumplimiento contractual invocado, ello en la medida que basta con remitirse a las consideraciones transcritas para dejar al descubierto que lo que en realidad existe es una inconformidad con la forma en que se resolvi\u00f3 el litigio. <\/p>\n
En efecto, sobre la naturaleza, oportunidad y efectos de la falta de legitimaci\u00f3n excepcionada en el caso concreto y su relaci\u00f3n con la inexistencia de una decisi\u00f3n inhibitoria, el panel encartado se\u00f1al\u00f3, previo de un recuento jurisprudencial y doctrinario, que: <\/p>\n
La legitimaci\u00f3n en la causa no es presupuesto del proceso, pues ella mira es a la pretensi\u00f3n y, por ende, s\u00f3lo puede ser resuelta en el Laudo. En el caso de autos, si el Tribunal encuentra que no existe legitimaci\u00f3n por activa, la decisi\u00f3n no ser\u00e1 inhibitoria sino absolutoria por la imposibilidad de reconocer el derecho invocado a quien carece de la titularidad de la pretensi\u00f3n que se reclama. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De conformidad con lo expuesto, es solo en este momento procesal cuando el Tribunal debe analizar y resolver si TUREDEZ cuenta con legitimaci\u00f3n para formular pretensiones contra FINAGRO derivadas del Contrato de Cuentas en Participaci\u00f3n. (Resaltado propio) <\/p>\n
N\u00f3tese, que la argumentaci\u00f3n al respecto no s\u00f3lo emerge razonable sino acorde a la pac\u00edfica doctrina de esta Sala que sobre la oportunidad en que debe resolverse lo tocante a la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n\u00bb, sus implicaciones sustanciales para el \u00e9xito o frustraci\u00f3n de la pretensi\u00f3n y, la diferencia con el \u00abfallo inhibitorio\u00bb, ha reiterado que: <\/p>\n
(\u2026) preciso es notar c\u00f3mo la legitimaci\u00f3n en la causa, ha dicho insistentemente la Corte, es cuesti\u00f3n propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensi\u00f3n debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integraci\u00f3n y desarrollo v\u00e1lido de \u00e9ste. Por eso, su ausencia no constituye impedimento para resolver de fondo la litis, sino motivo para decidirla adversamente, pues ello es lo que se aviene cuando quien reclama un derecho no es su titular o cuando lo aduce ante quien no es el llamado a contradecirlo, pronunciamiento ese que, por ende, no s\u00f3lo tiene que ser desestimatorio sino con fuerza de cosa juzgada material para que ponga punto final al debate, distinto de un fallo inhibitorio carente de sentido l\u00f3gico por cuanto tras apartarse de la validez del proceso siendo \u00e9ste formalmente puro, conduce a la inconveniente pr\u00e1ctica de que quien no es titular del derecho insista en reclamarlo o para que si\u00e9ndolo en la realidad lo aduzca nuevamente frente a quien no es el llamado a responder. (Sentencia de Casaci\u00f3n Civil de 14 de agosto de 1995, Exp. N\u00b0 4268, reiterada en fallo de 12 de junio de 2001, Exp. N\u00b0 6050, SC4468-2014, SC2215-2021, entre otras). (Resaltado de ahora). <\/p>\n
En suma, se extra\u00f1a la existencia de la lesi\u00f3n supra legal invocada por cuanto el laudo atacado s\u00ed resolvi\u00f3 de fondo las pretensiones de la convocante, aunque de manera desfavorable a sus intereses, lo que, por s\u00ed, no conlleva a la decisi\u00f3n inhibitoria alegada, como se dej\u00f3 dicho. <\/p>\n
4. A id\u00e9ntico destino arriba la tercera queja de Turedez S.A.S. concerniente a que los \u00e1rbitros querellados se apartaron del \u00abprecedente judicial\u00bb tras \u00abalegar carencia absoluta de poder para no emitir sentencia de fondo\u00bb, como quiera que, como se dej\u00f3 dicho, no se observa que el Tribunal haya soslayado su deber de pronunciarse de lleno sobre las pretensiones de la demanda arbitral, sino todo lo contrario, resolvi\u00f3 de m\u00e9rito s\u00f3lo que de forma adversa a la convocante al considerar acreditado, como argumento medular, la ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la demandante, situaci\u00f3n evidentemente distinta a la indebida representaci\u00f3n judicial, sobre la cual se concluy\u00f3 en el laudo que: <\/p>\n
Por consiguiente, no existe ning\u00fan reparo a la representaci\u00f3n judicial de TUREDEZ en el proceso, vale decir a la capacidad para comparecer a este tr\u00e1mite que fue verificada al admitirse la demanda, cuando se acredit\u00f3 que la demandante concurri\u00f3 a trav\u00e9s de su apoderado debidamente constituido. Como ya se ha definido a esta altura, la excepci\u00f3n ata\u00f1e a la legitimaci\u00f3n de TUREDEZ para presentar pretensiones en contra de FINAGRO, lo que concierne a la decisi\u00f3n de estas \u00faltimas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se desdibujan los contornos de la transgresi\u00f3n aludida por la gestora frente a este particular reproche. <\/p>\n
5. En definitiva, en vista que la decisi\u00f3n criticada no luce irrazonable, m\u00e1s all\u00e1 de que sea compartida, no queda alternativa diferente a confirmar el desenlace objetado conforme a las consideraciones expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12893-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC12863-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01379-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de septiembre dos mil veintiuno) Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Turedez S.A.S. frente a la sentencia del 21 de julio de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57879","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57879","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57879"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57879\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57879"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57879"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57879"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}