STC12931-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12931-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-21-000-2021-00016-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 7 de septiembre de 2021, que neg\u00f3 la tutela de Luis Arsecio Plazas Cuellar, frente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa especialidad de Villavicencio, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en los procesos de pertenencia radicado n\u00ba 2013-00342, y de restituci\u00f3n de tierras n\u00ba 2016-00232; 2016-00246; 2016-00252 y 2016-00253. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la agencia judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis relat\u00f3 que, en el a\u00f1o 2016 inici\u00f3 proceso de restituci\u00f3n de tierras en calidad de v\u00edctima, asunto que avoc\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio, radicado n\u00ba 2016-00232. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que solicit\u00f3 al despacho imprimir celeridad al juicio de restituci\u00f3n \u00aba fin de dirimir el conflicto de acuerdo a los t\u00e9rminos legales, pues se ha evidenciado en el caso concreto que mi vida corre peligro\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, \u00abse ordene al Juzgado 002 Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio, celeridad procesal [\u2026] se d\u00e9 respuesta de fondo conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
1. La Juez Segunda Civil del Circuito Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio, pidi\u00f3 que se deniegue la demanda tutelar exponiendo que el proceso en realidad fue promovido por la UAEGRTD \u2013 en favor de los se\u00f1ores Jos\u00e9 Ad\u00e1n Melo Esguerra y Carmen Victoria Hern\u00e1ndez respecto del predio denominado \u00abFinca Guacamayas\u00bb, ubicado en la vereda Guacamayas, en el municipio de Mapirip\u00e1n, para el que fue necesario la vinculaci\u00f3n de 26 personas, entre ellos el ac\u00e1 accionante, quien figura actualmente como propietario en un 83.33%. <\/p>\n
Indic\u00f3 adem\u00e1s que, a esa litis debieron acumularse otras tres solicitudes de restituci\u00f3n (2016-246; 2016-252 y 2016-253) del mismo predio y de otro identificado como \u00abLos Est\u00e9reos\u00bb, al igual que una demanda de pertenencia con radicado 2013-342; por lo tanto, la referida acumulaci\u00f3n oblig\u00f3 agotar diversos procedimientos de notificaci\u00f3n, vinculaci\u00f3n de otros copropietarios y emplazamientos a herederos indeterminados; por ejemplo, resalt\u00f3 que, para el 28 de enero de 2020 \u00abse decret\u00f3 la vinculaci\u00f3n de 14 personas ocupantes en los predios solicitados en restituci\u00f3n [\u2026] el 18 de mayo de 2021 otras 14 personas, las cuales todav\u00eda est\u00e1n en proceso de notificarse\u00bb. <\/p>\n
Sobre la complejidad del tr\u00e1mite, precis\u00f3 que, \u00abha sido un proceso en el cual se han debido acumular varios procesos, se adicion\u00f3 no solamente territorio sino el n\u00famero de vinculados en total 73 personas, atendiendo que en los mismos existen asentamientos que son volubles y que han implicado dificultades para la notificaci\u00f3n de sus habitantes, dado que, algunas veces, solamente enuncian los nombres, m\u00e1s no los n\u00fameros de identificaci\u00f3n, empero una vez surtido este tr\u00e1mite se proceder\u00e1 a impartir el tr\u00e1mite procesal respectivo y una vez integrado el contradictorio proceder a abrir la etapa probatoria resolviendo la multiplicidad de oposiciones radicadas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Del funcionamiento del despacho, inform\u00f3 que presenta congesti\u00f3n laboral, agudizada por el teletrabajo, pues sostuvo que no ha sido f\u00e1cil la digitalizaci\u00f3n de los expedientes \u00aby m\u00e1s uno tan voluminoso como este\u00bb. Adicionalmente, cont\u00f3 que durante el 2020 estuvo durante 18 d\u00edas incapacitada por \u00abBursitis de hombro derecho\u00bb enfermedad que le ha significado hacer \u00abpausas activas dentro de la jornada laboral, evitar pasarme de la jornada laboral [\u2026] asistir a terapia ocupacional y f\u00edsica\u00bb desde que fue diagnosticada hasta el presente. <\/p>\n
Sumado a todo lo anterior, present\u00f3 una estad\u00edstica consolidada de los \u00faltimos dos a\u00f1os relacionada con el notable incremento de procesos constitucionales (tutelas y habeas corpus) y de su especialidad entre el 2020 y el 2021. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD \u2013 solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al no advertir injustificada la mora judicial denunciada por cuanto, se trata de un proceso complejo que ha sido afectado por varios obst\u00e1culos como \u00ab62 sustituciones de poderes de representaci\u00f3n judicial, devoluciones de despachos comisorios y m\u00faltiples requerimientos y oposiciones\u00bb a las solicitudes de restituci\u00f3n del ac\u00e1 accionante, a quien le \u00abachacan [\u2026] la condici\u00f3n de despojador (\u2026)\u00bb, entre otras situaciones externas imprevisibles como la pandemia. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso, principalmente, expres\u00f3 su inconformidad respecto de las aseveraciones que se hacen en el contenido del fallo confutado, donde es se\u00f1alado como \u00abdespojador\u00bb y de tener \u00abcercan\u00eda con paramilitares\u00bb, afirmaciones que \u00abindirectamente me revictimizan\u00bb y las que, \u00abpuestas en escrito de tan elevada judicatura, no solo van calando en el ambiente procesal, sino que termina por ser una verdad de Perogrullo que dif\u00edcilmente a la postre se puede destruir (\u2026)\u00bb, por lo que solicita se corrijan; \u00ab(\u2026) y, de contera, se me proteja el derecho fundamental al debido proceso\u00bb; pues, aunque reconoce las dificultades que ha tenido la juez para adelantar el tr\u00e1mite \u00abno por ello debo cargar con las consecuencias negativas de tal situaci\u00f3n, pues los par\u00e1metros procesales est\u00e1n establecidos de manera universal para todos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el despacho judicial convocado est\u00e1 transgrediendo las prerrogativas invocadas al incurrir, supuestamente, en mora judicial injustificada en la tramitaci\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de tierras radicado n\u00ba 2016-232. <\/p>\n
2. Caso concreto \u2013 De la mora judicial. <\/p>\n
2.1. Cabe destacar que frente a este tema solo resulta procedente la injerencia del juez constitucional cuando sea manifiesta y notoria la desidia o abandono de la autoridad vinculada, m\u00e1s no cuando \u00e9sta obedezca a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
Dicha postura fue desarrollada de vieja data por la jurisprudencia constitucional, que precis\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se infiere que a fin de que proceda la acci\u00f3n de tutela, es indispensable que determinada dilaci\u00f3n o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los t\u00e9rminos dentro de un proceso, no constituye per se una violaci\u00f3n al debido proceso [Ver sentencia T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz], salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. As\u00ed entonces, la mora judicial s\u00f3lo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones \u2018imprevisibles e ineludibles\u2019, tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la ley\u00bb (CC T-357\/07). <\/p>\n
Entre tanto, esta Corporaci\u00f3n, al abordar el estudio de acciones de tutela que cuestionaron la dilaci\u00f3n en la definici\u00f3n de los procesos, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien, cuando se presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, la prosperidad del amparo se somete a que el funcionario haya incurrido en mora judicial injustificada y que se est\u00e9 ante la posibilidad de materializar un da\u00f1o, generando un perjuicio que no pueda ser subsanado. Corresponde al juez de tutela examinar, en cada caso concreto, las condiciones espec\u00edficas del asunto sometido a decisi\u00f3n judicial y evaluar si existe o no una justificaci\u00f3n que explique la mora\u00bb (CSJ STP16417-2016, 9 de nov. 2015, rad. 88998). <\/p>\n
Y en otra ocasi\u00f3n, esta Sala precis\u00f3 que el examen de la presunta actitud omisiva, deb\u00eda evaluarse a partir de la situaci\u00f3n individual del despacho accionado, considerando adem\u00e1s el sistema de turnos de resoluci\u00f3n de los casos al que se encuentra sujeto, al respecto se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la accionada le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente al recurso y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos\u00bb (CSJ. STC de 5 de agosto de 2011, exp. 1359-01, reiterada en STC10755 del 12 de agosto de 2015). <\/p>\n
2.2. Ciertamente, revisada la actuaci\u00f3n demandada, los t\u00e9rminos procesales previstos para la resoluci\u00f3n de este tipo de asuntos, seg\u00fan lo indicado en el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011 (emitir el fallo dentro de los cuatro meses siguientes a la solicitud) se encuentran superados; sin embargo, aquello no ha sido producto de una probada apat\u00eda o arbitrariedad, sino consecuencia de razones objetivas que, en principio, justifican la dilaci\u00f3n denunciada, como pasar\u00e1 explicarse. <\/p>\n
En efecto, la juez accionada, aclar\u00f3 que, aunque el proceso objeto de escrutinio fue admitido desde el 26 de octubre 2016, acaecieron variadas situaciones procesales y extraprocesales que afectaron su normal desarrollo, sumado a la especial complejidad que reviste por el n\u00famero de personas que debieron ser vinculadas y porque se dispuso la acumulaci\u00f3n de un proceso de pertenencia junto a otros tres requerimientos de restituci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.1. Sobre el devenir de la causa, seg\u00fan lo detall\u00f3 la funcionaria accionada (y de acuerdo a la constataci\u00f3n que realiz\u00f3 del plenario el tribunal a quo), el 16 de diciembre de 2016 admiti\u00f3 la solicitud que involucra al ac\u00e1 actor \u00aben donde hubo la necesidad de vincular 36 personas que habitan el predio y a Arsecio Plazas, en calidad de propietario del 83.33% del inmueble Finca Guacamayas\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, previamente, el 2 de diciembre de ese a\u00f1o se hab\u00eda admitido otras dos peticiones de restituci\u00f3n del mismo predio, en favor de los herederos determinados de V\u00edctor Manuel Hern\u00e1ndez Mesa y otra, pero relacionada con el inmueble denominado \u00abLos Est\u00e9reos\u00bb, lo que implic\u00f3 la vinculaci\u00f3n \u00abde quienes presuntamente ejercen actos de explotaci\u00f3n en el predio Los Est\u00e9reos y 8 personas m\u00e1s que lo habitan\u00bb, al igual que el emplazamiento de los herederos indeterminados del se\u00f1or Hern\u00e1ndez Delgado. <\/p>\n
2.2.2. Luego, para la conformaci\u00f3n adecuada del litisconsorcio, el 22 de mayo de 2017 orden\u00f3 rehacer la publicaci\u00f3n de la admisi\u00f3n del proceso e insisti\u00f3 en la notificaci\u00f3n de terceros interesados, se decretaron las acumulaciones antes referidas con el consabido cumplimiento de notificaciones, verificaci\u00f3n de publicaciones y decreto de medidas cautelares. <\/p>\n
2.2.3. Precis\u00f3 que, para el 30 de mayo de 2018, a\u00fan sin finalizar las actuaciones antes descritas, procedi\u00f3 a consolidar los vinculados y resolver las oposiciones que se fueron presentando, e igualmente notific\u00f3 a la Agencia Nacional de Tierras para que se pronunciara frente a lo que estimara pertinente, as\u00ed mismo, \u00abse dej\u00f3 constancia de la necesidad de plazo adicional a favor de la UAEGRTD con el fin de adelantar caracterizaciones socioecon\u00f3micas a los ocupantes\u00bb <\/p>\n
2.2.4. Para febrero de 2019 tom\u00f3 posesi\u00f3n el curador ad litem y en mayo de dicha anualidad atendi\u00f3 requerimiento del tribunal de ese Distrito Judicial sobre los procesos de Mapirip\u00e1n que tiene a su cargo. Seguidamente, en junio advirti\u00f3 \u00abla necesidad de acceder a informaci\u00f3n recopilada por el Grupo de Persecuci\u00f3n de Bienes de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2.5. En enero de 2020, resalt\u00f3 que observ\u00f3 indispensable la vinculaci\u00f3n de 14 personas m\u00e1s \u00abteniendo en cuenta los hallazgos del informe de caracterizaci\u00f3n que present\u00f3 la UAEGRTD\u00bb; en febrero, corrigi\u00f3 nombres e identificaci\u00f3n de los nuevos vinculados y en marzo de ese a\u00f1o fueron suspendidos los t\u00e9rminos judiciales con ocasi\u00f3n de la pandemia. Reestablecido en el mes de julio el funcionamiento de la judicatura, se allegaron varias oposiciones, al igual que solicitudes de impulso procesal por los interesados. <\/p>\n
Para atender estas \u00faltimas peticiones, se\u00f1al\u00f3 que en mayo del a\u00f1o que transcurre inform\u00f3 a los peticionarios que se encontraban a\u00fan pendientes de ser notificados \u00ab16 vinculados y de las personas que resultaban imposible de notificar [\u2026]\u00bb dispuso el emplazamiento, \u00ab(\u2026) diligencias [que] a la fecha se est\u00e1n cumpliendo\u00bb. <\/p>\n
2.3. De manera que, prohijando lo sentado por la colegiatura a quo, no podr\u00eda en este caso se\u00f1alarse un comportamiento flagrantemente omisivo del juzgado tutelado, por tratarse de una dilaci\u00f3n que obedece a circunstancias objetivas de insoslayable consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Debe recordarse, que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige como raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
Y, en este evento, se reitera, las particulares dificultades expuestas por la funcionaria accionada en la tramitaci\u00f3n de los litigios de restituci\u00f3n, sumado a su evidente complejidad y la congesti\u00f3n laboral que revela la estad\u00edstica informada, imposibilitaron, objetivamente, el cumplimiento estricto de los plazos contemplados en el par\u00e1grafo 2\u00ba del canon 91 de la ley 1448 de 2011, en todo caso, descart\u00e1ndose una conducta desidiosa frente a esos asuntos. <\/p>\n
En lo atinente, la Sala ha puntualizado que, en este tipo de situaciones de \u00abmora judicial\u00bb, solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa. Al respecto se anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
Por lo tanto, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales, m\u00e1xime si hasta aqu\u00ed, como se dijo, aquello no ocurri\u00f3 por dejadez del operador jur\u00eddico. <\/p>\n
De suerte que, no hay lugar a otorgar la s\u00faplica, bajo el supuesto de una tardanza injustificada del juzgado accionado, teniendo en cuenta que el precursor no acredit\u00f3 los componentes que fueron previamente indicados y que, en forma excepcional, permitir\u00edan al fallador constitucional interferir en la \u00f3rbita de competencia de los ordinarios cuando \u00e9stos dilatan sin raz\u00f3n v\u00e1lida la definici\u00f3n de los juicios. <\/p>\n
2.4. Tambi\u00e9n es necesario que se verifique que con la mora se genere un perjuicio irremediable que haga ineludible la protecci\u00f3n, por ello, el amparo transitorio estar\u00eda supeditado igualmente a que se halle probada la actitud omisiva por el tutelado, pero como no se ha constatado, no es viable la intervenci\u00f3n constitucional; al respecto, se recuerda que la simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento de un perjuicio irremediable es insuficiente para justificar la procedencia del resguardo. <\/p>\n
Ahora bien, si el querellante considera que se encuentra en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y que su \u00abvida corre peligro\u00bb debido a la falta de definici\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n, le incumbe dirigir a la judicatura solicitud puntual en la que destaque esa aseveraci\u00f3n, de manera que, la accionada eval\u00fae la posibilidad de asignar una prioridad especial a su asunto; empero, ser\u00e1 una medida que le concierne adoptar de manera exclusiva a la funcionaria judicial, no siendo el juez de tutela el llamado a intervenir en ese escenario. <\/p>\n
3. Consideraci\u00f3n final. <\/p>\n
Acerca de la protesta que eleva el gestor del amparo en el escrito de impugnaci\u00f3n por lo plasmado en el fallo de primer grado relacionado con supuestos se\u00f1alamientos de \u00abcercan\u00eda\u00bb con grupos al margen de la ley o de ser \u00abdespojador (sic)\u00bb, es menester precisar que no se trataron de afirmaciones propias de la magistratura a quo que tengan espec\u00edfica trascendencia en el contexto de la providencia, pues correspondieron a la rese\u00f1a de lo manifestado por otros vinculados al tr\u00e1mite, contenidos en el plenario del proceso en cuesti\u00f3n; por lo tanto, dicho reclamo se advierte claramente infundado e irrelevante desde lo constitucional, por lo que no amerita de la Sala un pronunciamiento expreso en los t\u00e9rminos pretendidos. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, ser\u00e1 la ratificaci\u00f3n de la sentencia constitucional confutada. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis del retraso judicial recriminado as\u00ed como de las exculpaciones ofrecidas por la juez tutelada, no puede atribu\u00edrsele a una actitud ap\u00e1tica o negligente dado que, como lo demostr\u00f3 en estas diligencias, aqu\u00e9l se explica a partir de circunstancias objetivas que justifican el contexto particular de su despacho puesto a consideraci\u00f3n, sumado a la complejidad del tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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