STC12932-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12932-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2021-00574-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 3 de septiembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por la se\u00f1ora \u201cA\u201d contra el Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo de alimentos n\u00ba 00000. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que a trav\u00e9s de apoderada judicial impetr\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos contra \u201cB\u201d y a favor de la hija com\u00fan (actualmente de 9 a\u00f1os de edad), teniendo como t\u00edtulo el acta de conciliaci\u00f3n suscrita el 25 de abril de 2018; que seg\u00fan dicho acuerdo, la cuota mensual se fij\u00f3 en la suma de $300.000, reajustada anualmente en el mismo porcentaje que aumente el salario del obligado en la Polic\u00eda Nacional, y se estableci\u00f3 que el padre asumir\u00eda el 50% de los costos de \u00abmatr\u00edcula, pensi\u00f3n, transporte, uniformes, textos y \u00fatiles escolares\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que mediante prove\u00eddo del 10 de marzo de 2020 el Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d libr\u00f3 orden de pago por \u00ab$2.456.657,00, correspondiente al valor de las mesadas alimentarias dejadas de cancelar y el valor de los saldos no cancelados, m\u00e1s los intereses moratorios\u00bb, y \u00abexpidi\u00f3 oficio de embargo al pagador de la Polic\u00eda Nacional (\u2026), en la suma de $323.233,2 (\u2026) y el embargo de la quinta parte del excedente del salario m\u00ednimo hasta la suma de $4.913.314,00, a fin de cubrir la suma ejecutada\u00bb. <\/p>\n
Critic\u00f3 que el juzgado hubiera admitido a tr\u00e1mite la demanda pese a que \u00abno reun\u00eda los requisitos legales del art\u00edculo 82 en los numerales 4 y 5\u00bb, ya que \u00aba diferencia de lo que se pactado en el acta de acuerdo conciliatorio, referente a vestido, en el auto que admiti\u00f3 la demanda la se\u00f1ora juez no orden\u00f3 los dineros pactados para la compra de vestidos en los meses de julio y diciembre de cada anualidad por los valores de $150.000 en julio y $300.000 en diciembre de cada a\u00f1o\u00bb, y el incremento anual no es del IPC sino seg\u00fan el reajuste salarial del demandado, por lo que, la acci\u00f3n \u00abdebi\u00f3 ser inadmitida\u00bb. <\/p>\n
Afirmo que tras la contestaci\u00f3n por parte del ejecutado, \u00abse fij\u00f3 fecha de audiencia para el d\u00eda 5 de marzo de 2021\u00bb diligencia en la cual \u00abme asisti\u00f3 otra abogada\u00bb que a su vez estaba acompa\u00f1ada de otro colega quien \u00abme pas\u00f3 una hoja donde estaba escrito todo lo que yo ten\u00eda que decir [consistente en que] renunciaba a los intereses de mora y las costas procesales (\u2026), pr\u00e1cticamente me pusieron a renunciar a casi todo lo que me adeudaba el padre de mi hija (\u2026), y a la final (\u2026) mis abogados trabajaron junto con el abogado de la parte demandada para beneficiarlo \u00fanicamente a \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 tambi\u00e9n que luego de aplazar la referida audiencia, con auto del 12 de marzo de 2021 el accionado \u00abaprob\u00f3 el acuerdo que suscribieron mis apoderados y el apoderado del demandado\u00bb, actuaci\u00f3n que considera es \u00abfraudulenta\u00bb, porque como consecuencia de ella se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso y el pago de los dep\u00f3sitos judiciales, de los cuales \u00aba m\u00ed solo me entregaron la suma de $725.499,00, o mejor dicho la suma que conciliaron mis abogados\u00bb mientras los dem\u00e1s fueron devueltos al ejecutado, y en esas condiciones estima que los abogados \u00abactuaron de mala fe en mi proceso, raz\u00f3n por la que se les debe investigar por faltar a la \u00e9tica profesional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que se ordene al accionado que \u00abrevoque el fallo en el que aprueba el acta de acuerdo de conciliaci\u00f3n de fecha 12 de marzo de 2021, y, separar a la se\u00f1ora juez [del] conocimiento de mi caso, toda vez que como juez no me presta las garant\u00edas para proteger los derechos de mi menor hija\u00bb. As\u00ed mismo, respecto de \u00ablos apoderados \u201cS\u201d y \u201cT\u201d (\u2026) se les compulse copias al Consejo Superior de la Judicatura para que sean investigados por su actuaci\u00f3n de falta de \u00e9tica profesional\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. La Juez \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d, inform\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n ejecutiva de alimentos fue admitida por cumplir los requisitos legales\u00bb, y que a la audiencia inicial \u00abla parte demandante y hoy accionante asisti\u00f3 [con] su apoderada judicial, hecho que se puede verificar con la revisi\u00f3n de la diligencia, donde se evidencia que la accionante y su apoderada se conectaron a la audiencia desde un mismo lugar y la demandante fue conocedora del respectivo acuerdo\u00bb. Precis\u00f3 que \u00abel apoderado judicial present\u00f3 acuerdo conciliatorio, el cual mediante correo posterior de la apoderada de la se\u00f1ora \u201cA\u201d (\u2026) coadyuva en todas sus partes el acuerdo, resaltando el despacho que la apoderada judicial tiene expresas facultades conferidas por la tutelante para este tipo de actos procesales, luego entonces el despacho actu\u00f3 en derecho y no existe violaci\u00f3n a los derechos fundamentales alegados, pues se aprob\u00f3 una transacci\u00f3n acordada por las partes por conducto de sus apoderados judiciales\u00bb. <\/p>\n
2. \u201cT\u201d, vinculada en su calidad de ex apoderada judicial sustituta de la demandante dentro del ejecutivo en cuesti\u00f3n, dijo que atendiendo la invitaci\u00f3n a conciliar y al \u00e1nimo de la contraparte en ese sentido, a su cliente \u00abse le explic\u00f3 en qu\u00e9 consist\u00eda dicho acto procesal\u00bb, y en raz\u00f3n a sus \u00abserios problemas mentales (\u2026) se le olvidaban las cosas con mucha facilidad\u00bb, para responderle a la juez \u00absolicit\u00f3 se le escribiera lo que iba a decir\u00bb. Por ello, en la audiencia manifest\u00f3 su inter\u00e9s en conciliar, pero \u00abante la imposibilidad de establecer montos concretos (\u2026) pues estos deb\u00edan realizarse en consenso con el apoderado del demandado, la se\u00f1ora juez decidi\u00f3 suspender la audiencia y orden\u00f3 que los apoderados presentaran por escrito los t\u00e9rminos y condiciones para el pago\u00bb, como en efecto se hizo, siendo aprobada la transacci\u00f3n mediante prove\u00eddo del 12 de marzo de 2021. <\/p>\n
No obstante, concret\u00f3 que por la premura en la confecci\u00f3n del \u00abborrador\u00bb del documento presentado a la contraparte, luego de ejecutoriado el auto anterior se observ\u00f3 \u00aberror al confundirse los valores de cuotas alimentarias causadas dentro del proceso con los pagos que la demandante hab\u00eda alcanzado a recibir por cuenta del proceso ejecutivo de alimentos\u00bb, para cuya correcci\u00f3n \u00abmediante escrito de calendada 5\/04\/2021, solicit\u00f3 control de legalidad sobre el mismo y se puso en conocimiento el error involuntario en que los apoderados de las partes litigantes hab\u00edamos incurrido, el que de contera indujo en error al juzgado\u00bb, pedimento que \u00abfue despachado negativamente\u00bb con auto del 19 de abril de 2021, aduciendo que \u00abel proceso se encuentra terminado y no se puede retrotraer\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio al observar que no cumple el requisito de la subsidiariedad, en tanto que \u00abla providencia en que se aprob\u00f3 la transacci\u00f3n, fue proferida por parte del Juzgado \u201cY\u201d el d\u00eda 12 de marzo de 2021, sin que contra esta decisi\u00f3n la parte ejecutante interpusiera recurso. Lo mismo ocurri\u00f3 con los autos del 19 de abril (no accedi\u00f3 a aplicar medida de saneamiento) y 4 de mayo de 2021 (no accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de la demandante), frente a los cuales tampoco se present\u00f3 recurso\u00bb, y acot\u00f3 que \u00abno se advierte que exista una vulneraci\u00f3n en tal sentido, puesto que no se aprecia, y no se indic\u00f3 as\u00ed, que el alimentante se halle incumpliendo su obligaci\u00f3n respecto de la alimentaria\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la promotora del resguardo aduciendo que los recursos que el tribunal ech\u00f3 de menos, \u00abdebieron ser interpuestos por mis abogados toda vez que para ello le otorgu\u00e9 el poder que a lo largo del proceso fue rotando las sustituciones del mismo y que muy a pesar de ellos me encontraba indefensa\u00bb, e insisti\u00f3 en que la demanda ejecutiva conten\u00eda yerros que la juez accionada debi\u00f3 advertir para corregir la orden de pago y con adoptar decisi\u00f3n que se ajustara a lo pactado en el t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado \u201cY\u201d de Familia de \u201cX\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante, al haber aprobado la transacci\u00f3n que dio lugar a la terminaci\u00f3n del ejecutivo de alimentos n\u00b0 00000. <\/p>\n
2. Del principio de la subsidiariedad <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que, en principio, el amparo no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez del excepcional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez extraordinario con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Para la viabilidad del ruego tuitivo respecto de providencias judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales es esencial la subsidiariedad, esto es, que previo a la reclamaci\u00f3n se agoten los mecanismos defensivos. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Realizado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la demanda y a la informaci\u00f3n que reposa en las piezas procesales allegadas, la Corte confirmar\u00e1 el fallo desestimatorio, precisando que lo ser\u00e1 porque de cara a los reproches realizados, la tutela no alcanza a superar el presupuesto de la subsidiariedad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. De la incuria. <\/p>\n
Por cuanto la querellante enfila su inconformidad contra la aprobaci\u00f3n de la transacci\u00f3n sobre los alimentos causados, lo cual tuvo lugar mediante providencia adiada el 12 de marzo de 2021, el impedimento gen\u00e9rico de procedibilidad se configura en la modalidad en menci\u00f3n, comoquiera que, contra esa determinaci\u00f3n, la actora no reproch\u00f3 oportuna y adecuadamente pese a encontrarse representada en el juicio por apoderada judicial. <\/p>\n
Aunado a que la ejecutante permiti\u00f3 que el prove\u00eddo del 12 de marzo de 2021 cobrara ejecutoria, tampoco recurri\u00f3 el auto del 19 de abril de la misma anualidad, mediante el cual se deneg\u00f3 la solicitud de \u00abcontrol de legalidad\u00bb formulada por su apoderada judicial el 5 de abril; es m\u00e1s, tampoco fue objeto de ataque la decisi\u00f3n del 4 de mayo de 2021, en la que se aclar\u00f3 lo relacionado con la cancelaci\u00f3n de los dep\u00f3sitos judiciales puestos a disposici\u00f3n del despacho. <\/p>\n
Con el rese\u00f1ado proceder, la quejosa desaprovech\u00f3 la oportunidad de plantear ante el funcionario cognoscente los argumentos que ac\u00e1 refiere, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada. En relaci\u00f3n con la aptitud e idoneidad del remedio horizontal, la Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2014, exp. 00201-00, citada entre otras en STC6668-2021, 9 jun. 2021, rad. 01565-00). <\/p>\n
3.2. De la falta de defensa t\u00e9cnica y de la responsabilidad del apoderado judicial. <\/p>\n
En concordancia con lo antedicho, en raz\u00f3n a que la querellante enfatiza que durante el curso del litigio fue evidente la \u00abausencia de defensa t\u00e9cnica\u00bb, porque en su sentir \u00abse confabularon todos los abogados del proceso para actuar en mi contra\u00bb, esta Corporaci\u00f3n reitera que el comportamiento incurioso de la actora y con ello la improcedencia de la tutela, no encuentra respaldo jur\u00eddico en tales exculpaciones, pues al contar con una abogada que la representaba en el juicio, no es atribuible al accionado las supuestas omisiones de la profesional del derecho. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos jur\u00eddicos, esta Sala sostuvo que: \u00ab(\u2026) [h]a sido criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, la improcedencia de la acci\u00f3n excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional\u00bb (CSJ STC12840-2017, 23 ago. 2017, rad. 00282-01). <\/p>\n
Igualmente, en situaciones como la ac\u00e1 aludida, ha sostenido que independientemente de que una parte confiera poder a un abogado para atender un pleito, \u00abno se puede \u201cdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u201d (providencia de 29 de enero de 2007, exp. T. N\u00b0. 00282-01), ni tampoco puede perderse de vista que \u201cexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u201d (CSJ STC 10 may. 2011, rad. 00365-01, citada en STC6017-2021, 27 may. 2021, rad. 01508-00, entre otras). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, \u00abla eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiaria como la que ata\u00f1e a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones\u00bb (CSJ STC214-2016, 21 ene. 2016, rad. 2015-02887-01, citada entre otras en STC6829-2021, 10 jun. 2021, rad. 00817-01). <\/p>\n
3.3. De la existencia de otro medio de defensa. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n al requisito de la subsidiariedad tambi\u00e9n se manifiesta en este asunto, porque frente a los reclamos de la actora por la terminaci\u00f3n del ejecutivo cuando, en su criterio, quedaron insolutas mesadas o saldos de estas, rubros o conceptos de alimentos en especie como vestuario y tambi\u00e9n lo relacionado con posibles reajustes a las cuotas tasadas en el acta de conciliaci\u00f3n que sirve de t\u00edtulo ejecutivo, todos ellos pueden ser objeto de nueva cobranza. <\/p>\n
Entonces, mientras la interesada no haya agotado todos los instrumentos ordinarios a su alcance, no es posible acudir a la tutela, ya que su car\u00e1cter subsidiario y residual no la erige como herramienta opcional para definir el litigio y menos puede ser vista como una instancia adicional o paralela de la actividad a cargo del juez llamado a resolver el proceso. En ese sentido esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC10178-2021, 11 ago. 2021, rad. 00132-01). <\/p>\n
Ahora, tampoco procede la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reproche sobre la aptitud del medio ordinario de defensa que no emple\u00f3, la solicitante no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada, entre otras, en STC8801-2021, 15 jul. 2021, rad. 00165-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, ha de negarse la solicitud elevada por la impugnante en el sentido de que se compulsen copias para que se investigue a la funcionaria judicial y a los abogados litigantes que actuaron en la ejecuci\u00f3n, pues sobre el punto la Corte ha dicho que asumiendo su responsabilidad y las consecuencias derivadas de ello, quien estime \u00abque alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias [ya que] en relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01, citada entre otras en STC2114-2020, 27 feb. 2020, rad. 00005-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Al estar condicionada la intervenci\u00f3n de esta particular justicia a la superaci\u00f3n del requisito de la subsidiariedad, el cual en relaci\u00f3n con la censura al despacho judicial convocado no se satisface, se impone avalar la declaraci\u00f3n de improcedencia de la tutela, advirtiendo que tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgarla como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12932-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12932-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2021-00574-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57887","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57887","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57887"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57887\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57887"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57887"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57887"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}