STC12938-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC12938-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01843-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 7 de septiembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hubert Hern\u00e1n Parra Ch\u00e1vez contra la Superintendencia de Industria y Comercio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, debido proceso y \u00abfalta de notificaci\u00f3n (Sic.)\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Se extrae de la demanda y sus anexos que, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, Ismael Parra Feliciano promovi\u00f3 en su contra acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, en su calidad de representante de la empresa \u00abOrtop\u00e9dicos Estilo y Confort\u00bb, la cual concluy\u00f3 con sentencia estimatoria n.\u00b0 00012720 del 11 de diciembre de 2017, proferida por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en el fallo se le orden\u00f3 \u00abreembolsar la suma de $240.000 al se\u00f1or demandante\u2026cancelada por un sof\u00e1 cama 100×185, debidamente indexada\u00bb, obligaci\u00f3n que deb\u00eda acatar en el t\u00e9rmino de diez d\u00edas, la cual cumpli\u00f3 el 20 de diciembre de ese mismo a\u00f1o, reintegrando el valor de $340.000, situaci\u00f3n que no fue verificada por la entidad; raz\u00f3n por la cual se emiti\u00f3 decisi\u00f2n 73913 del 18 de julio de 2018, en la que se declar\u00f3 el incumplimiento del mandato y se impuso multa de $22.544.412. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que mediante Resoluci\u00f3n n.\u00b0 1755 del 29 de enero de 2019, se libr\u00f3 mandamiento de pago por la suma antes indicada, no obstante, asever\u00f3 que \u00e9sta no fue notificado en debida forma; pese a lo cual, el 24 de febrero de 2021, con Resoluci\u00f3n n.\u00b0 8277, se dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n notificada al correo electr\u00f3nico colchonesestiloyconfort@hotmail.com, direcci\u00f3n que no usa desde el a\u00f1o 2017. <\/p>\n
De igual forma, revel\u00f3 que, en la misma data, con prove\u00eddo n.\u00b0 22691, se liquid\u00f3 el cr\u00e9dito objeto de cobro, el cual objet\u00f3 y remiti\u00f3 en una primera oportunidad a un correo electr\u00f3nico errado, como consecuencia de las \u00abartima\u00f1as y argucias\u00bb de la Superintendencia de Industria y Comercio. <\/p>\n
Finalmente, sostuvo que solicit\u00f3 audiencia de conciliaci\u00f3n ante la Procuradur\u00eda 135 Judicial II para Asuntos Administrativos, la cual se declar\u00f3 fallida el 24 de junio de 2021, al no existir animo conciliatorio por parte de la entidad acusada. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene a la convocada \u00abcesar, terminar y archivar todas las actuaciones y procesos coactivos en mi contra, debido al cumplimiento estricto y cabal de lo ordenado en la sentencia de ACCI[\u00d3]N DE PROTECCI[\u00d3]N AL CONSUMIDOR No 00012720 de fecha 11 de Diciembre de 2017 (\u2026)\u00bb y, adicionalmente, disponer el levantamiento de las medidas cautelares que se encuentren vigentes. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Coordinadora del Grupo de Gesti\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en los litigios de protecci\u00f3n al consumidor y del posterior proceso de cobro coactivo, y se opuso al amparo porque el pleito cuestionado se diligenci\u00f3 adecuadamente. <\/p>\n
Seguidamente, expres\u00f3 que, hasta tanto no exista una decisi\u00f3n que deje sin efecto la multa impuesta, es su obligaci\u00f3n, adelantar todas las actuaciones tendientes al recaudo de la sanci\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, consider\u00f3 que el amparo debe declararse improcedente por existir otro mecanismo de defensa judicial, pues, \u00aben virtud del art\u00edculo 101 del CPACA, el ejecutado cuenta con un mecanismo de defensa judicial por cu[a]nto los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecuci\u00f3n y los que liquiden el cr\u00e9dito, pueden ser objeto de control jurisdiccional por parte de la jurisdicci\u00f3n de lo contenciosos administrativo\u00bb. <\/p>\n
2. Ismael Parra Feliciano alleg\u00f3 contestaci\u00f3n, mediante la cual dijo que el querellante no tiene en la actualidad ninguna deuda con \u00e9l. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda, en tanto advirti\u00f3 que son dos las actuaciones censuradas por el convocante y, frente a la primera de ellas, que data del 11 de diciembre de 2017, se incumpli\u00f3 el requisito de inmediatez; aunado a que, frente a la decisi\u00f3n emitida por el Grupo de Trabajo Coactivo de la Superintendencia de Industria y Comercio, el aqu\u00ed accionante no formul\u00f3 excepciones para debatir el mandamiento ejecutivo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante replicando las alegaciones del escrito inicial y agregando que no fueron analizados sus reparos en cuanto a la omisi\u00f3n de las notificaciones de las actuaciones procesales, seg\u00fan lo \u00abestablecen las normas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la solicitud de amparo en estudio satisface los presupuestos de procedencia que la gobiernan; y, de superarse lo anterior, si la autoridad convocada trasgredi\u00f3 los derechos fundamentales del gestor con motivo de las circunstancias narradas en el escrito introductor. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
2.2. El presupuesto en comento no se satisface en el asunto bajo estudio, en tanto que una de las providencias censuradas, m\u00e1s puntualmente, en la que centra su inconformidad el querellante, fue proferida el 18 de julio de 2018 (Resoluci\u00f3n n.\u00b0 73913), mientras que la demanda de tutela en referencia se radic\u00f3 el 25 de agosto de 2021 (seg\u00fan acta individual de reparto), es decir, m\u00e1s de tres a\u00f1os despu\u00e9s. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto al que viene haci\u00e9ndose alusi\u00f3n no es absoluto y debe examinarse particularmente con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia puede llegar a sortearse, pero en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del promotor que indiquen que realmente estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, cuando ya se hab\u00eda superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
3. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, tambi\u00e9n es pertinente memorar que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01). <\/p>\n
Tal exigencia tampoco la satisface la solicitud de amparo que hoy ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, en tanto del an\u00e1lisis realizado a las piezas procesales, se evidencia que si lo que pretende el actor es cuestionar la validez o legalidad de las decisiones adoptadas dentro del cobro coactivo, debe hacerlo ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo a trav\u00e9s de la acci\u00f3n que estime pertinente, eso si, atendiendo los requisitos legales para el efecto, entre ellos, la oportunidad prevista para el efecto en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Al respecto, en un tema de similares contornos, esta Sala expuso que: \u00abFinalmente t\u00e9ngase en cuenta, que la accionante pudo o puede acudir a la v\u00eda contencioso administrativa a cuestionar la legalidad de las decisiones dictadas al interior del citado procedimiento administrativo de cobro coactivo, por lo que no resulta pertinente convertir esta v\u00eda en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, m\u00e1xime cuando en dicho escenario es posible solicitar la suspensi\u00f3n provisional de los efectos de las decisiones criticadas\u00bb (CSJ STC, 19 feb 2020, rad. 2020-00008-01). <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la tutela no fue concebida \u00abpara sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada en STC6325-2019, 23 may. 2019, rad. 00044-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado, se impone ratificar el fallo de primera instancia, porque la presente demanda desatiende los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo mediante telegrama o por otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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