STC12940-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12940-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2021-00478-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 8 de septiembre de 2021 que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por No\u00e9 Mendoza Rodr\u00edguez contra los Juzgados Sexto Civil del Circuito de esa ciudad y Promiscuo Municipal de Cepit\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n\u00ba 2020-00016. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente vulnerada por las autoridades convocadas, al proferir los autos de 7 de abril y 5 de mayo de 2021, respectivamente, en desarrollo del ejecutivo n\u00ba 2020-00016. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del amparo los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
1. No\u00e9 Mendoza Rodr\u00edguez promovi\u00f3 el referido recaudo -de m\u00ednima cuant\u00eda-, contra Janeth Santamar\u00eda Rueda, pretendiendo el cobro de una letra de cambio por $23.000.000, asunto que fue asignado por reparto al Juzgado Promiscuo Municipal de Cepit\u00e1 quien libr\u00f3 orden de apremio el 3 de septiembre de 2020, y dispuso como cautela \u00abel embargo y secuestro de la posesi\u00f3n que ejerce la ejecutada sobre el inmueble ubicado en la carrera 3 N\u00b0 3-31 del Municipio de Cepit\u00e1\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El 28 de octubre anterior, se llev\u00f3 a cabo la diligencia de secuestro a la que se opuso Carlos Andr\u00e9s Qui\u00f1onez Mendoza, aduciendo la calidad de poseedor de dicho predio. <\/p>\n
3. En audiencia celebrada el 7 de abril de 2021, el juzgado de conocimiento accedi\u00f3 a la oposici\u00f3n formulada, determinaci\u00f3n que fue recurrida a trav\u00e9s de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria por el ejecutante, no obstante, el primero fue resuelto desfavorablemente, y el segundo no fue concedido argumentando que el asunto era de m\u00ednima cuant\u00eda, por lo tanto, su tr\u00e1mite corresponde a \u00fanica instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En desacuerdo con lo anterior, el interesado interpuso queja, sin embargo, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga, el 5 de mayo de 2021, declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
5. No\u00e9 Mendoza Rodr\u00edguez, formula la presente solicitud de amparo reiterando los planteamientos esbozados al interior del compulsivo, pues asegura que \u00abel art 321 numeral 5 del CG del P establece que los autos que deciden un incidente tienen el car\u00e1cter de apelables. En igual forma el numeral 9 de la norma en cita recalca que es apelable el auto que resuelve la oposici\u00f3n a la entrega de bienes y el que la rechace, el tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro por remisi\u00f3n normativa est\u00e1 reglado por las mismas disposiciones del tr\u00e1mite de la entrega de bienes\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, al resolver la queja, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga consider\u00f3 \u00aberr\u00f3neamente que en los incidentes de oposici\u00f3n la doble instancia s\u00f3lo existe para el tercero opositor\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se ordene a las autoridades convocadas resolver de fondo la apelaci\u00f3n interpuesta contra el auto de 7 de abril de 2021 que accedi\u00f3 a la oposici\u00f3n presentada por Carlos Andr\u00e9s Qui\u00f1onez Mendoza, y que \u00ab(\u2026) se atienda a la manifestaci\u00f3n realizada por la demandada Janeth Santamar\u00eda Rueda sobre la detentaci\u00f3n de posesi\u00f3n y propiedad sobre mejoras realizada por escritura p\u00fablica 318 de 12 de febrero de 2020\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juez Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga inform\u00f3 que el 5 de mayo de 2021 resolvi\u00f3 el recurso de queja que formul\u00f3 el ejecutante en el referido recaudo, precisando que se remite a los fundamentos de hecho y derecho plasmados en dicho prove\u00eddo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Carlos Andr\u00e9s Qui\u00f1onez Mendoza se opuso a la prosperidad del resguardo se\u00f1alando que conforme a la escritura n\u00ba 318 de la Notar\u00eda Primera de Bucaramanga, otorgada el 12 de febrero de 2020, adquiri\u00f3 el inmueble que pretend\u00eda ser objeto de cautela en el compulsivo, por lo que desde esa fecha es \u00abposeedor leg\u00edtimo y material del bien\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Cepit\u00e1 inform\u00f3 que en ese despacho se tramita el proceso ejecutivo singular de m\u00ednima cuant\u00eda n\u00ba 2020-00016-00, cuya base de recaudo es una letra de cambio por valor de $23.000.000, seguidamente, hizo un recuento de las actuaciones adelantadas y destac\u00f3 que ha aplicado la norma pertinente al caso, por lo que considera que no ha vulnerado las prerrogativas reclamadas. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Janeth Santamar\u00eda Rueda solicit\u00f3 que el amparo fuera denegado, resaltando que Carlos Andr\u00e9s Qui\u00f1onez Mendoza es el poseedor leg\u00edtimo del predio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo arguyendo que las autoridades acusadas no han vulnerado las garant\u00edas constitucionales del gestor. <\/p>\n
La formul\u00f3 el convocante sin exponer argumentos adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga transgredi\u00f3 las garant\u00edas esenciales reclamadas por el convocante, al proferir el auto de 5 de mayo de 2021, en virtud del recaudo n\u00ba 2020-00016, por medio del cual declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el prove\u00eddo de 7 de abril anterior que accedi\u00f3 a la oposici\u00f3n al secuestro formulada por Carlos Andr\u00e9s Qui\u00f1onez Mendoza. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cepit\u00e1 el 7 de abril de 2021, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Corte que habr\u00e1 de confirmarse el fallo denegatorio del auxilio por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
Razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n
Al examinar el auto sometido a escrutinio de esta Sala, mediante el cual el despacho acusado, el 5 de mayo hoga\u00f1o, al desatar el recurso de queja estim\u00f3 bien denegada la apelaci\u00f3n que el ejecutante interpuso contra el prove\u00eddo de 7 de abril anterior que resolvi\u00f3 favorablemente la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro formulada por Carlos Andr\u00e9s Qui\u00f1onez Mendoza, en calidad de poseedor del inmueble, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n denunciada por el querellante en raz\u00f3n a que la referida providencia se ajusta a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
En efecto, para arribar a la anterior determinaci\u00f3n la autoridad accionada adujo que \u00abcon certeza se sabe de las diligencias que el proceso principal es un ejecutivo y conforme a lo preceptuado en el art\u00edculo 25 del CGP es un asunto de m\u00ednima cuant\u00eda, por ende, se adelanta en \u00fanica instancia por disposici\u00f3n del art\u00edculo 17 ib\u00eddem; de igual manera, sin hesitaci\u00f3n alguna se sabe que el recurrente en la negada apelaci\u00f3n y ahora en la queja es quien obra como demandante en la acci\u00f3n ejecutiva\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que \u00abla oposici\u00f3n planteada por Carlos Andr\u00e9s Qui\u00f1onez Mendoza obliga a seguir la senda del canon 309 del CGP, por expresa remisi\u00f3n del art\u00edculo 596 numeral 2 ib\u00eddem, y siendo un incidente en donde se debate el levantamiento o no del secuestro planteado por un tercero opositor, como aqu\u00ed acontece, tal asunto no implica, desde ninguna arista, que la pugna conlleve a enervar la acci\u00f3n ejecutiva, pues el incidente tampoco se tramita entre las partes del cobro judicial\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, que \u00abel recurso de apelaci\u00f3n en el incidente de oposici\u00f3n que plantea un tercero no est\u00e1 sometido a las reglas de la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal que rige entre el demandante y el demandado, raz\u00f3n por la cual aqu\u00e9l \u2013 el tercero \u2013 se legitima para acudir al superior sin consideraci\u00f3n al objeto del litigio, tampoco de la cuant\u00eda, y en atenci\u00f3n exclusiva a su calidad de tercero opositor; consecuencia jur\u00eddica que no se predica frente a las partes, ni siquiera al interior del referido incidente, pues ellas se encuentran vinculadas inexorablemente a las normas que regulan el juicio, como las restricciones para acudir en apelaci\u00f3n frente a los asuntos de m\u00ednima cuant\u00eda, como muy claramente lo expuso la juez al negar la apelaci\u00f3n, de donde emerge la improcedencia de conceder la alzada frente a las cuestiones que sean recurridas las partes, ejecutante y ejecutado, en los procesos de \u00fanica instancia, como el presente\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una determinaci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
En todo caso, ante contextos similares, la Corte ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC8557-2017, 15 de junio, rad. 2017-00475-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone denegar el resguardo implorado puesto que la providencia acusada no constituye v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 <\/p>\n
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