STC12942-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12942-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-01874-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 10 de septiembre de 2021, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 el Banco Popular S.A. contra la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando por intermedio de apoderada, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia y debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 Andr\u00e9s Alberto Soto L\u00f3pez present\u00f3 acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero en su contra, a fin de que se le obligara a pagar la indemnizaci\u00f3n respectiva por la \u00abp\u00e9rdida de dinero a causa de las demoras, falta de informaci\u00f3n, falta de transparencia y publicidad enga\u00f1osa del Banco Popular\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 a la prenotada Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superfinanciera, quien, con decisi\u00f3n de 17 de agosto de esta calenda, la declar\u00f3 contractualmente responsable \u00abpor la mora en el desembolso del cr\u00e9dito instrumentalizado en la escritura p\u00fablica n\u00famero 2234 del 15 de septiembre de 2020 emitida por la notar\u00eda 48 de Bogot\u00e1 a favor del se\u00f1or Andr\u00e9s Alberto Soto L\u00f3pez\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, se\u00f1al\u00f3 que ese pronunciamiento no realiz\u00f3 una debida valoraci\u00f3n probatoria en relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n del se\u00f1or Soto L\u00f3pez, en la medida en que tuvo por cierta una relaci\u00f3n contractual entre el banco y aquel, \u00abaun cuando no obrara ning\u00fan contrato suscrito entre ellos\u00bb, de modo que la autoridad enjuiciada \u00able dio alcance a las normas mercantiles m\u00e1s all\u00e1 de su contenido real, pues por v\u00eda de interpretaci\u00f3n indic\u00f3 que dado que el desembolso del mutuo se har\u00eda a la cuenta de ahorros del se\u00f1or Andr\u00e9s Alberto Soto L\u00f3pez, entre este y el Banco Popular S.A. exist\u00eda una relaci\u00f3n contractual derivada precisamente del mutuo, lo cual desconoce los elementos propios del negocio, as\u00ed como la calidad de las partes\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, cuestion\u00f3 que \u00abla delegatura no tuvo en cuenta que si pretend\u00eda argumentarse una mora a fin de obtener el pago de intereses, era necesario como previo constituir al Banco en mora, respecto de lo cual no mediaba evidencia alguna (\u2026) [aunado a que] no tuvo en cuenta los argumentos esbozados en cuanto a la coligaci\u00f3n contractual, y valor\u00f3 de forma inadecuada cada uno de los contratos que se pusieron en su consideraci\u00f3n, en especial porque confundi\u00f3 las calidades en las que actuaban las partes al interior del contrato de compraventa y el de mutuo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La entidad encartada manifest\u00f3 que no ha incurrido en las irregularidades endilgadas, porque \u00abcon relaci\u00f3n a los puntos de inconformidad planteados por la tutelante, respecto de los cuales pretende configurar un defecto f\u00e1ctico y sustantivo fundamentado en que esta Superintendencia no valor\u00f3 las pruebas decisivas aportadas a la causa aunado a que no dio aplicaci\u00f3n a la normatividad que regula el asunto puesto en su conocimiento, procede esta Delegatura a pronunciarse respecto de cada una de las presuntas irregularidades que alega la accionante para lo cual debe indicarse, en primer lugar, que ninguno de ellos puede ser de recibo pues resultan propios de un recurso de alzada, el cual resulta improcedente por tratarse de un proceso de \u00fanica instancia y de los cuales no se advierte vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la entidad accionante, toda vez que fueron analizados a cabalidad por parte de esta Delegatura bajo el r\u00e9gimen previsto en la Ley para el caso concreto el r\u00e9gimen de responsabilidad previsto en la Ley 1480 de 2011, Ley 45 de 1990 y la Ley 1328 de 2009 quien lleg\u00f3 a unas conclusiones diferentes en la sentencia atacada, pero sustentando sus decisiones con base en las normas aplicables al caso y en las pruebas oportuna y legalmente aportadas al proceso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, reliev\u00f3 que \u00abfrente al reparo que formula la accionante respecto a que exist\u00eda una falta de legitimaci\u00f3n por activa en la medida en que no se evidenciaba una relaci\u00f3n contractual que vinculara a la entidad financiera con el demandante dentro de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, aunado a que el extremo activo no contaba con la calidad de consumidor financiero a voces de la Ley 1328 de 2009, se debe poner de presente que, contrario a lo as\u00ed aludido por la entidad financiera, en el fallo proferido por la Delegatura se constat\u00f3 que entre el BANCO POPULAR S.A. y el se\u00f1or ANDR\u00c9S SOTO L\u00d3PEZ exist\u00eda un v\u00ednculo contractual, derivado del contrato de hipoteca, en el cual la entidad financiera se obligaba con el se\u00f1or ANDR\u00c9S SOTO L\u00d3PEZ a desembolsar y pagar la suma de $128.000.000\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, explic\u00f3 que \u00abtal obligaci\u00f3n se encontraba contenida en la escritura p\u00fablica n\u00famero 2234 del 15 de septiembre de 2020 emitida por la Notaria 48 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, contrato de hipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda suscrito tanto por el se\u00f1or ANDR\u00c9S SOTO L\u00d3PEZ como por el se\u00f1or JHONATAN STEVEN VILLARRAGA RODR\u00cdGUEZ y el BANCO POPULAR S.A. en el que se pact\u00f3 que el se\u00f1or ANDR\u00c9S ALBERTO SOTO L\u00d3PEZ deb\u00eda recibir el valor del cr\u00e9dito desembolsado a favor del se\u00f1or JHONATAN STEVEN VILLARRAGA RODR\u00cdGUEZ por el BANCO POPULAR S.A. por lo que, respecto a la relaci\u00f3n contractual que considera ausente la accionante, lo cierto es que s\u00ed existi\u00f3 un v\u00ednculo contractual entre el se\u00f1or ANDR\u00c9S ALBERTO SOTO L\u00d3PEZ y el BANCO POPULAR S.A., poniendo de presente que este Despacho nunca ha confundi\u00f3 los contratos de cr\u00e9dito y de hipoteca, m\u00e1xime cuando este \u00faltimo si bien puede ser accesorio al primero, es aut\u00f3nomo y considerado como un negocio jur\u00eddico diferente, y por ende se encontraban contractualmente atadas a trav\u00e9s de un contrato de consumo\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, \u00abcontrario al dicho de la entidad financiera en el escrito de tutela en relaci\u00f3n a que lo contenido en dicha escritura p\u00fablica no puede considerarse como una manifestaci\u00f3n de voluntad de parte de la entidad financiera para obligarse con el se\u00f1or SOTO L\u00d3PEZ, ha de resaltarse que el Despacho, al revisar el contenido de la citada escritura p\u00fablica, encontr\u00f3 que la entidad financiera s\u00ed se oblig\u00f3 con el se\u00f1or ANDR\u00c9S ALBERTO SOTO L\u00d3PEZ a realizar el pago de la suma de $128.000.000 de pesos, obligaci\u00f3n que se encontraba suspendida al cumplimiento de diferentes condiciones y que finalmente deriv\u00f3 en el desembolso de la suma all\u00ed pactada para el d\u00eda 18 de noviembre de 2020 a favor del se\u00f1or ANDR\u00c9S SOTO L\u00d3PEZ, m\u00e1xime cuando la escritura aparece suscrita por representante del establecimiento bancario\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el resguardo, porque \u00abla determinaci\u00f3n censurada est\u00e1 soportada en un an\u00e1lisis cr\u00edtico de la normatividad que regula la materia puesta a su consideraci\u00f3n y en una valoraci\u00f3n plausible de las pruebas regularmente allegadas al proceso, sin que el disentimiento del promotor del amparo habilite la intromisi\u00f3n del juez constitucional en amparo, en raz\u00f3n a que los funcionarios judiciales gozan de autonom\u00eda para interpretar las normas y valorar los medios de convicci\u00f3n, sin que en este caso se advierta arbitrariedad o ilegalidad\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abel fallo de tutela no tuvo en cuenta que a pesar de que el discurso de la Delegatura resulta desconoci\u00f3 que en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor objeto de reproche, no concurr\u00edan las condiciones del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 1328 de 2009, por cuanto el se\u00f1or Andr\u00e9s Alberto Soto, no tiene una relaci\u00f3n legal o contractual para el suministro de productos o servicios financieros con el Banco Popular, ni utiliz\u00f3 los servicios de esta entidad ni mucho menos se encuentra en la fase previa respecto de los productos o servicios ofrecidos por el Banco, luego no era cliente, usuario ni cliente potencial, lo que significaba que no era consumidor financiero\u00bb. <\/p>\n
Por ende, concluy\u00f3 que \u00abdesconoce todos los postulados del negocio jur\u00eddico, y en especial los elementos propios del contrato de mutuo, pues no puede perderse de vista que en el asunto debatido exist\u00edan dos negocios jur\u00eddicos completamente diferentes, el primero relacionado con una compraventa suscrita entre el se\u00f1or Jonathan Steven Villarraga Rodr\u00edguez y el se\u00f1or Andr\u00e9s Soto y el segundo, un contrato de mutuo comercial suscrito entre el se\u00f1or Villarraga y el Banco Popular\u00bb, m\u00e1xime que \u00abel desembolso cuya demora se enrostr\u00f3 por parte de la delegatura, no constituye una prestaci\u00f3n en favor del se\u00f1or Andr\u00e9s Soto, pues el Banco no adquiri\u00f3 obligaci\u00f3n en ese sentido para con este ni expres\u00f3 su voluntad de vincularse contractualmente, sino que, se reitera, era el requisito con el cual se entender\u00eda perfeccionado el contrato de mutuo que si celebr\u00f3 con el se\u00f1or Jonathan Steven Villarraga Rodr\u00edguez, pues fue a este a quien le ofreci\u00f3 el servicio financiero\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, la entidad querellada descorri\u00f3 traslado del escrito de impugnaci\u00f3n y reiter\u00f3 que \u00abla Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, en ejercicio de su autonom\u00eda judicial, realiz\u00f3 una debida motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n proferida, pues fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en la valoraci\u00f3n \u00edntegra de las pruebas y en la correcta aplicaci\u00f3n de las normas y el precedente jurisprudencial aplicable al caso, aunado a que las decisiones adoptadas cuentan con presunci\u00f3n de acierto, bajo tal arista, en modo alguno el presente asunto puede tildarse lo decidido como irrazonable o por fuera de los par\u00e1metros legales previstos en nuestro ordenamiento judicial y procedimental civil, como as\u00ed lo tuvo el Juez Constitucional de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite de protecci\u00f3n al consumidor financiero que se inici\u00f3 contra la entidad bancaria convocante, por dictar fallo estimatorio, supuestamente, soslayando la falta de legitimaci\u00f3n en la causa de quien inici\u00f3 la acci\u00f3n. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superfinanciera dict\u00f3 fallo estimatorio en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor que promovi\u00f3 Andr\u00e9s Alberto Soto contra el Banco Popular S.A., tras colegir que \u00abel demandante ten\u00eda una relaci\u00f3n contractual con la entidad financiera derivado de un producto o servicio tal como lo es el pr\u00e9stamo hipotecario, en este caso, era el destinatario de dicho pago\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver los reparos en relaci\u00f3n con la supuesta falta de legitimaci\u00f3n en la causa del all\u00e1 accionante formulados por la entidad bancaria, la autoridad enjuiciada precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) corresponde resolver si banco popular es contractualmente responsable del desembolso del cr\u00e9dito hipotecario indicado en la escritura p\u00fablica n\u00famero 2234 del 15 de septiembre de 2020 emitida por la notar\u00eda 48 de Bogot\u00e1, es necesario pronunciarse, respecto del cumplimiento de las obligaciones entre el se\u00f1or Andr\u00e9s Soto con Banco Popular y como ya se indic\u00f3 este despacho las mismas provienen del cr\u00e9dito de mutuo hipotecario instrumentalizado en la escritura p\u00fablica 2234 de 2020 emitida por la notar\u00eda 48 de Bogot\u00e1 de la cual ya hicimos alusi\u00f3n, frente a este documento y su contenido que no fue tachado de falso, se encuentra copia de la escritura p\u00fablica a trav\u00e9s de la cual se materializ\u00f3 el aludido contrato en el que se indic\u00f3 en la cl\u00e1usula cuarta: el precio de esta venta es de la suma de $160.000.000 que el comprador pagar\u00e1 al vendedor as\u00ed, i) la suma de $5.000.000 millones de pesos moneda corriente que el comprador pag\u00f3 con recursos propios a la firma del contrato de promesa de compraventa, suma que el vendedor declara recibida a satisfacci\u00f3n, ii) la suma de $5.000.000 pagadero producto de las cesant\u00edas que tiene derecho el comprador como funcionario activo del banco popular, suma de dinero que ha sido pagada a la firma de la presente escritura y que el vendedor declara que ha sido recibida a satisfacci\u00f3n, iii) la suma de $22.000.000 que ha sido pagado con recursos propios por el comprador, firma de la presente escritura y que el vendedor manifiesta haber recibido a entera satisfacci\u00f3n iv) y en esto nos vamos a centrar aqu\u00ed en el debate, en ese sentido voy a leer detenidamente: el saldo, es decir la suma de $128.000.000 pagaderos con el producto de un cr\u00e9dito para adquisici\u00f3n de vivienda ha otorgado al comprador el banco popular establecimiento bancario legalmente constituido con domicilio en la ciudad de Bogot\u00e1, el cual pagar\u00e1 tan pronto el banco popular reciba la primera copia de la escritura que presta m\u00e9rito ejecutivo, en la que conste la compraventa y la constituci\u00f3n de gravamen hipotecario en primer grado a su favor y un certificado de libertad y tradici\u00f3n, en el cual aparezcan registrados los citados actos, previo visto bueno de la gerencia jur\u00eddica del banco popular en su calidad de acreedor hipotecario\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Adem\u00e1s, explic\u00f3 que \u00abdel referido documento [se] encuentra que dentro de las obligaciones del Banco Popular con el se\u00f1or Andr\u00e9s Soto, estaba la de desembolsar o entregar la suma de $128.000.000, el que deb\u00eda entregar una vez se cumplieran las siguientes condiciones primero, la primera copia de la escritura p\u00fablica, en la [que] conste la venta y la constituci\u00f3n del gravamen hipotecario en primer grado a su favor; segundo: el certificado de tradici\u00f3n en el cual aparecieron registrados los citados actos; tercero: el visto bueno de la gerencia jur\u00eddica del banco popular en su calidad de acreedor hipotecario\u00bb (min. 11:15 y ss.). <\/p>\n
De esta forma, manifest\u00f3 que \u00abdentro de las condiciones de desembolso no se encuentran adicionales a las manifestadas [anteriormente] en esa escritura para que en efecto se realizara el desembolso. Es decir, no hay condiciones adem\u00e1s de las inicialmente se\u00f1aladas (\u2026), por lo tanto, frente a la manifestaci\u00f3n de que hab\u00eda garant\u00edas adicionales (\u2026) que supeditaran el desembolso del referido pago del cr\u00e9dito hipotecario, el despacho no las encuentra. As\u00ed las cusas, reitera la Delegatura que el pago se debi\u00f3 realizar a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente del cumplimiento de las obligaciones, es decir, las obligaciones fueron cumplidas el 30 de octubre de 2020, a m\u00e1s tardar el d\u00eda siguiente 31 de octubre debi\u00f3 realizarse el pago, situaci\u00f3n que no se dio pues tal como se indic\u00f3 en el escrito de contestaci\u00f3n de la demanda este se efect\u00fao el 18 de noviembre de 2020\u00bb (min. 21:20 y ss.). <\/p>\n
En consecuencia, dispuso que el Banco Popular S.A. \u00abproceda en un lapso no mayor a veinte (20) d\u00edas contados a partir de la ejecutoria de este prove\u00eddo a liquidar y pagar a favor del se\u00f1or ANDRES ALBERTO SOTO LOPEZ los intereses moratorios calculados sobre la la suma de $128.000.000 para el periodo comprendido entre los d\u00edas 31 de octubre a 18 noviembre de 2020, para lo cual deber\u00e1 emplear la rata equivalente a una vez y media el inter\u00e9s bancario corriente vigente a la fecha de causaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n. A partir del d\u00eda siguiente al ac\u00e1 se\u00f1alado como plazo de pago, sobre este valor de capital se generar\u00e1n intereses moratorios a la tasa m\u00e1xima legal permitida y certificada por esta superintendencia hasta que se produzca el pago total\u00bb (acta de audiencia del 17 de agosto de 2021, ff. 2 y ss.). <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la entidad censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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