STC12944-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12944-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2021-00096-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 6 de septiembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Samuel Orlando Romero Peralta contra el Consejo Seccional de la Judicatura, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Tunja, el Municipio de Garagoa, la empresa Covisur y Colpensiones; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Uni\u00f3n Temporal Serviconfor y el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo, m\u00ednimo vital, dignidad humana y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 que, es una persona de 60 a\u00f1os de edad, que se ha desempe\u00f1ado como vigilante en el Palacio de Justicia del Municipio de Garagoa durante los \u00faltimos 5 a\u00f1os. Manifest\u00f3 tener a la fecha un total de 1085 semanas cotizadas. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, su vinculaci\u00f3n inicial fue a trav\u00e9s de la empresa Seguridad Penta Ltda., posteriormente, tras el proceso licitatorio la prestaci\u00f3n del servicio se otorg\u00f3 a Vig\u00edas de Colombia SRL Ltda., seguidamente a TECNISEG y, para el 2018 lo asumi\u00f3 la Uni\u00f3n Temporal Serviconfor, que finaliz\u00f3 su contrato el 31 de marzo de 2021. Luego, la empresa Covisur gan\u00f3 la \u00faltima licitaci\u00f3n, la cual le solicit\u00f3 documentaci\u00f3n completa de afiliaci\u00f3n a Colpensiones, present\u00f3 pruebas psicot\u00e9cnicas y le indic\u00f3 que \u00ab[lo] llamaba para firmar contrato\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, al no haber sido contactado por la nueva empresa de vigilancia, los d\u00edas 6 y 8 de abril env\u00edo sendos correos requiriendo informaci\u00f3n sobre el proceso de selecci\u00f3n del personal para el cargo de guarda de seguridad del Palacio de Justicia, pero no obtuvo respuesta. <\/p>\n
Indic\u00f3 que fue asesorado en el Ministerio del Trabajo donde le indicaron que se encuentra cobijado por la \u00abLey de fuero pre pensional\u00bb, por cumplir los requisitos, esto es, \u00abestar a dos a\u00f1os de lograr la pensi\u00f3n de vejez\u00bb, afirm\u00f3. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que aplic\u00f3 a otro proceso de selecci\u00f3n con la empresa TECNISEG para laborar en el municipio de Somondoco, \u00abpero fui rechazado por mi edad\u00bb. <\/p>\n
Acudi\u00f3 al presente mecanismo con el fin de que se le proteja su derecho al trabajo, manifest\u00f3 no tener como \u00ablograr el sustento de mi familia, cubrir deudas financieras [\u2026] lograr mi pensi\u00f3n, ya que toda la vida se la he dedicado al servicio de vigilancia y seguridad\u00bb. Soport\u00f3 su pretensi\u00f3n en las sentencias de la Corte Constitucional que amparan la \u00abexpectativa del trabajador de obtener su vejez ante su posible frustraci\u00f3n como consecuencia de la p\u00e9rdida del empleo\u00bb (T-460\/17; SU-003\/2018). <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que se ordene \u00abal Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1, Serviconfor; Covisur, me vinculen nuevamente como guarda de seguridad del Palacio de Justicia del Municipio de Garagoa, y hasta tanto se me reconozca el derecho a la pensi\u00f3n de vejez por parte de Colpensiones (\u2026) que se ordene a las entidades accionadas a efectuar el reintegro de los salarios y beneficios salariales que dej\u00e9 de recibir por el perjuicio causado por estas [\u2026] para brindarle un soporte y sustento a mi esposa Cristina S\u00e1nchez D\u00edaz tambi\u00e9n en su vejez\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 explic\u00f3 que, entre las funciones de esa corporaci\u00f3n se encuentran \u00abla de administrar la carrera judicial, llevar el control de rendimiento de los despachos judiciales y realizar visita a \u00e9stos\u00bb, no siendo una de ellas el manejo del presupuesto ni la suscripci\u00f3n de contratos a nombre de la Rama Judicial; por lo tanto, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por no contar con competencia para resolver la situaci\u00f3n del accionante. A\u00f1adi\u00f3 finalmente que, dichas responsabilidades est\u00e1n en cabeza de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional. <\/p>\n
3. El Municipio de Garagoa y Colpensiones, se pronunciaron en el mismo sentido de solicitar la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Concedi\u00f3 el amparo, tras colegir que s\u00ed se configur\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales reclamados por el actor; en tal sentido puntualiz\u00f3 que, ciertamente el se\u00f1or Romero Peralta cumple con las condiciones para hacer parte del ret\u00e9n social por ser prepensionado. Destac\u00f3 que, \u00abno es de recibo el argumento que debe controvertir la no continuidad de la contrataci\u00f3n Laboral, ante la jurisdicci\u00f3n laboral, pues es una persona de la tercera edad, situaci\u00f3n que le coloca en una dificultad evidente de no ser contratado laboralmente; adem\u00e1s que se le afecta su continuidad en seguridad social, en salud, en aporte pensional, se le afecta su m\u00ednimo vital, pues se le priva a dicha edad y luego de cinco a\u00f1os de vinculaci\u00f3n a su ingreso salarial, del que depende su provisi\u00f3n de alimentos, vivienda y en general los recursos m\u00ednimos necesarios para su subsistencia y la de su familia. Consideraciones que llevan a que se d\u00e9 un trato excepcional, y sea procedente el amparo\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, apunt\u00f3 que, si bien la administraci\u00f3n judicial seccional no es la directa empleadora, \u00absi est\u00e1 tercerizando dichos servicios, y est\u00e1 llamada a tener en cuenta las personas que, por varios a\u00f1os, han venido vinculadas, sin que se les haya hecho tacha alguna en su desempe\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Y resalt\u00f3 tambi\u00e9n que, \u00abresulta desconcertante, que no solo no se le contesta al trabajador accionante por el nuevo operador, sino que no se le contesta por la Direcci\u00f3n ejecutiva; ni contestan la presente acci\u00f3n de tutela, mostrando indiferencia, desinter\u00e9s y distancia en la suerte que corren los trabajadores que han venido siendo enganchados laboralmente por esta modalidad\u00bb. <\/p>\n
Por todo, el amparo lo otorg\u00f3 como \u00abmecanismo transitorio\u00bb, mientras el actor acude a presentar la demanda respectiva, para que se le d\u00e9 continuidad a la vinculaci\u00f3n con el nuevo operador; en consecuencia orden\u00f3 a la \u00abDirecci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n judicial de Boyac\u00e1, en cooperaci\u00f3n con el operador contratado para atender los servicios de vigilancia y aseo en el palacio de justicia de Garagoa, tomar la medidas y decisiones necesarias para restablecer al se\u00f1or Samuel Orlando Romero, a su puesto de trabajo, y garantizarle el pago de los d\u00edas que ha estado cesante, por concepto salarial, as\u00ed como los aportes necesarios en seguridad social en salud, pensiones, prestaciones y dem\u00e1s derechos laborales\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la apoderada de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Tunja; en primer lugar, cuestion\u00f3 que el tribunal a quo haya tenido por ciertos los hechos de la demanda \u00absin tener en cuenta si las pruebas aportadas al escrito figuran solicitudes a esta entidad, radicadas en los correos electr\u00f3nicos dispuestos por el Consejo Superior de la Judicatura y que se encuentran publicados en la p\u00e1gina de la Rama Judicial [\u2026] por cuanto no se encontr\u00f3 solicitud alguna por parte del se\u00f1or Samuel Orlando Romero [\u2026] por lo que no pod\u00eda materialmente contestar una petici\u00f3n que nunca conoci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial para el servicio de vigilancia, contrata con empresas especializadas que lo prestan, a trav\u00e9s de procesos de licitaci\u00f3n, \u00ab(\u2026) por tal motivo, se debe entender que la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Tunja, al haber contratado los servicios de vigilancia y seguridad con la UNI\u00d3N TEMPORAL SERVICONFOR, integrada por las empresas SERVICONFOR Y LAOS, no cuenta con la vinculaci\u00f3n directa con ninguno de los trabajadores que contrate dicha Uni\u00f3n Temporal para la ejecuci\u00f3n del objeto de la Licitaci\u00f3n, tal como qued\u00f3 estipulado en el clausulado del Contrato de Prestaci\u00f3n del Servicio de Vigilancia y Seguridad privada n\u00famero 116 de 2019, [\u2026] mucho menos se puede pensar en atribuirle a la Entidad P\u00fablica la estabilidad laboral reforzada del accionante\u00bb. <\/p>\n
Frente a esa discusi\u00f3n, la condici\u00f3n de prepensionados se predica, seg\u00fan la Corte Constitucional, de \u00abpersonas vinculadas laboralmente bien con entidades u organismos de derecho p\u00fablico o bien con empresas del sector privado [\u2026] eventual protecci\u00f3n [que] no ser\u00eda aplicable a aquellas personas que aduzcan tener la calidad de prepensionado y con quienes se haya celebrado […] contratos de prestaci\u00f3n de servicios (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Tunja y la empresa Covisur, vulneraron las garant\u00edas del actor, por (i) no contestar las peticiones elevadas en requerimiento de informaci\u00f3n sobre el proceso de selecci\u00f3n laboral; y, (ii) finalizar su vinculaci\u00f3n laboral como vigilante o guarda de seguridad del Palacio de Justicia del municipio de Garagoa, pese a cumplir con las condiciones para ser considerado como prepensionado y por lo tanto, hacer parte del ret\u00e9n social. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
La inobservancia de este requisito se presenta, no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos judiciales tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n de los derechos cuya tutela reclama, o incluso porque el interesado haya acudido a esta senda constitucional en planteamiento de un debate que no propuso con antelaci\u00f3n frente al funcionario competente. <\/p>\n
En virtud de la \u00faltima modalidad mencionada, se ha dicho en precedencia que este resguardo no puede emplearse de manera alternativa o supletoria en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su presentaci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1neo con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomado como un recurso adicional de los que el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Examinada la queja presentada, se advierte que el fallo impugnado habr\u00e1 de revocarse, pues, contrario a lo colegido por el tribunal a quo constitucional, esta acci\u00f3n desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, toda vez que del asunto planteado no puede ocuparse el juez de tutela, ya que, como lo ha indicado reiteradamente esta Sala ante debates de similares perfiles, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la procedencia de este amparo para la satisfacci\u00f3n de obligaciones de \u00edndole laboral es de car\u00e1cter restringido. Sin embargo, si el m\u00ednimo vital se encuentra de por medio se concluye que los mecanismos ordinarios no son efectivos y por lo tanto el amparo constitucional ser\u00eda procedente, pero este no es el caso, pues nada se demostr\u00f3 a este respecto. <\/p>\n
Entonces, es obvio que en las condiciones del asunto planteado no se puede acceder al amparo deprecado, ya que esa clase de derechos debe ser dilucidado en su escenario natural, que no es otro diferente a la justicia ordinaria; m\u00e1xime que en este asunto no est\u00e1 demostrada la afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital de la actora, ni la eminencia de la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Por lo tanto, como la discusi\u00f3n queda en el terreno legal, respecto del cual, se ha dicho, no opera el mecanismo excepcional y restringido de la tutela, dado que se trata de discusiones prestacionales que tienen previsto tr\u00e1mites puntuales distintos ante el Juez natural, sin que sea posible obviarlos, porque se desnaturalizar\u00eda el car\u00e1cter reservado que reporta el instrumento (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2005, Rad. 00041-01, reiterada en STC9445-2014, STC2051-2015 y STC7532-2016) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Y, en otra oportunidad esta Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[E]s de advertirse que en materia de derechos prestacionales no procede el amparo \u201c(\u2026) porque de una parte, las garant\u00edas derivadas de la seguridad social son, por definici\u00f3n, de avance progresivo y no de naturaleza fundamental, y de otra, se ha asignado a la jurisdicci\u00f3n ordinaria y a la contencioso administrativa seg\u00fan el caso, la competencia para resolver los conflictos relativos a ella, los cuales, por regla general, se consideran de estirpe legal, de ah\u00ed que resulten ajenos a la \u00f3rbita que se reserva al juez constitucional\u00bb (subrayado fuera de texto) (CSJ. STC. 21 mar. 2012, Rad. 00297-01, reiterada en STC, 12 abr. 2013, Rad. 00070-01, STC9445-2014 y STC7532-2016). <\/p>\n
De manera que, si se desconoce lo anterior, la tutela pasar\u00eda a convertirse en un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo con el riesgo de variar las competencias de las distintas autoridades y especialidades judiciales y, de permitir la concentraci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n constitucional de todas ellas, se rebozar\u00eda el cumplimiento de sus funciones. <\/p>\n
Comoquiera que la discusi\u00f3n propuesta en torno a si el interesado cumple o no con las condiciones y requisitos que lo ubicar\u00edan en el ret\u00e9n social por su condici\u00f3n de prepensionado, no puede resolverse mediante este instrumento sumario, en la medida en que tal controversia entra\u00f1a un car\u00e1cter claramente litigioso donde, tambi\u00e9n implica examinar la posici\u00f3n de la empresa contratante, an\u00e1lisis que concierne ser planteado a trav\u00e9s de la senda judicial id\u00f3nea, es decir, ante la justicia laboral, m\u00e1xime si el actor no acredit\u00f3 una situaci\u00f3n de extrema vulnerabilidad que hiciera necesaria la intervenci\u00f3n urgente del juez de amparo, con el fin de evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3.2. Respecto de esto \u00faltimo, tampoco se abre paso la protecci\u00f3n transitoria, pues el denominado perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia; en este sentido, no se prob\u00f3 un detrimento que torne viable otorgar el reclamo pues, aunque el accionante puso de presente que en raz\u00f3n de su edad, se restringen sus posibilidades de hallar una nueva vinculaci\u00f3n laboral, y que su esposa depende econ\u00f3micamente de \u00e9l, no son circunstancias que por s\u00ed solas emerjan suficientes para prodigar la salvaguarda tal como se reclama, adem\u00e1s porque no demostr\u00f3 que estuviera en imposibilidad de reintegrarse a la vida laboral o de realizar alg\u00fan otro tipo de oficio. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional\u00bb (CSJ. STC 14 dic. 2011, reiterada en STC1806 de feb. 18 de 2016). <\/p>\n
Y en otra ocasi\u00f3n, puntualiz\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados (\u2026)\u00bb CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 2019-03021-00) Negrillas originales. <\/p>\n
4. Del derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
4.1. Finalmente, y respecto al pedimento supuestamente elevado a la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, el amparo resulta igualmente inviable pues, no obra en el plenario elemento de convicci\u00f3n que permita verificar que en efecto haya existido petici\u00f3n radicada ante esa autoridad, luego, no es posible requerirla por una solicitud que no le ha sido expuesta. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de similares contornos, esta Corte precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abno se discute que la prerrogativa consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica es fundamental e implica la facultad de obtener respuesta pronta en condiciones id\u00f3neas por parte del destinatario de la reclamaci\u00f3n, empero, (\u2026) no demostr\u00f3 haber dirigido ninguna solicitud a los Ministerios vinculados (\u2026) la jurisprudencia ha manifestado que \u2018es preciso demostrar que la instituci\u00f3n accionada efectivamente recibi\u00f3 la solicitud del actor y su contenido, pues es claro que si no lleg\u00f3 a su conocimiento no pudo ser constre\u00f1ida para responderla y, por consiguiente, no tuvo siquiera la posibilidad de quebrantar o amenazar las garant\u00edas superiores invocadas\u00bb (CSJ STC, 16 mar. 2012, Rad. 00003-01, reiterada en STC2936-2014). <\/p>\n
En consecuencia, como no pudo establecerse la efectiva formulaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n ante la referida direcci\u00f3n administrativa, no cabe reprochar la falta de soluci\u00f3n, por lo que improcedente ser\u00eda conceder el resguardo por esta pretensi\u00f3n. <\/p>\n
4.2. Sin embargo, s\u00ed se advierte la afectaci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n por parte de la empresa Covisur pues, sobre las solicitudes que el gestor dirigi\u00f3 a dicha compa\u00f1\u00eda, aport\u00f3 los respectivos registros de los correos electr\u00f3nicos remitidos a los e-mails asistentetalentohumano@covirsurltda.com; y talentohumano @covirsurltda.com los d\u00edas 6 y 8 de abril de 2021, de los que, ciertamente no se evidencia contestaci\u00f3n, por lo que en dicho sentido la vulneraci\u00f3n persiste. <\/p>\n
Por lo tanto, la salvaguarda se otorgar\u00e1 \u00fanicamente frente a dicha prerrogativa, y con la orden concreta que se le brinde respuesta de fondo a la solicitud radicada por el actor en los correos rese\u00f1ados, en los que requiri\u00f3 informaci\u00f3n acerca del proceso de selecci\u00f3n para el cargo de guarda de seguridad del Palacio de Justicia del municipio de Garagoa. <\/p>\n
En definitiva, en virtud de lo discurrido, se revocar\u00e1 el fallo estimatorio de primer grado, para en su lugar denegar el amparo al no superar la demanda el presupuesto de la subsidiariedad destacado, seg\u00fan se explic\u00f3, en lo que a las pretensiones de \u00edndole laboral se refiere; y, se conceder\u00e1 la s\u00faplica por el derecho de petici\u00f3n, frente a la empresa Covisur, actual prestadora del servicio de vigilancia en la sede judicial del municipio de Garagoa. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
6.1. Dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de esta acci\u00f3n, lo aqu\u00ed reclamado no puede recibir el resguardo constitucional pretendido, dado que entra\u00f1a una discusi\u00f3n de \u00edndole legal, de suerte que, ese debate debe suscitarse por la v\u00eda judicial ordinaria id\u00f3nea. <\/p>\n
6.2. Como no existe certeza de que, por parte de la empresa Covisur se haya dado respuesta a las peticiones incoadas por el tutelante, es viable la concesi\u00f3n del amparo respecto de dicha garant\u00eda, por lo que se ordenar\u00e1 que provea la contestaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de la Ley 1755 de 2015. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR el fallo objeto de impugnaci\u00f3n por las razones antes indicadas. <\/p>\n
SEGUNDO: NEGAR la tutela impetrada por Samuel Orlando Romero Peralta frente al Consejo Seccional de la Judicatura, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Tunja, el Municipio de Garagoa y Colpensiones, y por tanto, se dejan sin efecto las actuaciones que se hubiera desplegado en cumplimiento de la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
TERCERO: CONCEDER el amparo al derecho de petici\u00f3n del accionante contra la empresa Covisur y, en consecuencia, se ORDENA que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a contestar las peticiones radicadas los d\u00edas 6 y 8 de abril en los correos electr\u00f3nicos de la oficina de talento humano de esa compa\u00f1\u00eda por el se\u00f1or Romero Peralta. <\/p>\n
CUARTO. Notificar por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC12944-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12944-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2021-00096-01 Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57899","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57899","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57899"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57899\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57899"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57899"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57899"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}