AC4205-2021 (2015-00671-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC4205-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-013-2015-00671-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C, siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda actora solicit\u00f3 declarar la existencia de un contrato de distribuci\u00f3n exclusivo, cuyo objeto fue la importaci\u00f3n, distribuci\u00f3n y comercializaci\u00f3n, en Colombia, de los vinos marca \u201cCanepa\u201d, producidos por Jos\u00e9 Canepa y C\u00eda. Ltda., en la rep\u00fablica de Chile; as\u00ed como el incumplimiento de las convocadas por haber incurrido en actos contrarios al principio de buena fe comercial, en tanto, sin previo aviso e, injustificadamente, pusieron fin al convenio y dejaron de despacharle los productos que, por espacio de varios a\u00f1os, se encarg\u00f3 de introducir y posicionar en el mercado nacional. <\/p>\n
En consecuencia, reclam\u00f3 condenar a su oponente a pagar las sumas, debidamente indexadas, de $1.288.482.000 por concepto de da\u00f1o emergente, $950.529.000 por lucro cesante, 500 SMLMV a t\u00edtulo de da\u00f1o extrapatrimonial y la compensaci\u00f3n por su gesti\u00f3n comercial en cuant\u00eda de $293.500.000. As\u00ed mismo, pidi\u00f3 convalidar el derecho de retenci\u00f3n ejercido sobre el monto adeudado al momento de la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo contractual. <\/p>\n
Subsidiariamente, solicit\u00f3 reconocer el surgimiento de un contrato at\u00edpico con el objeto social ya descrito, responsabilizar a las llamadas a juicio por deshonrarlo y condenarlas a indemnizar los da\u00f1os ocasionados \u201cex aequo et bono1\u201d, por los valores antes se\u00f1alados. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. Humberto Zuluaga Ram\u00edrez y Regeimport Ltda. comercializaron, promocionaron y explotaron, de manera exclusiva, en territorio colombiano, los vinos marca \u201cCanepa\u201d de propiedad de Jos\u00e9 Canepa y Compa\u00f1\u00eda Ltda., entre los a\u00f1os 1983 y 1994, pues aquel v\u00ednculo negocial culmin\u00f3 en el a\u00f1o 1995, \u00e9poca para la cual, el primero se mud\u00f3 a Venezuela. <\/p>\n
2. El 16 de febrero de 1999, Zuluaga Ram\u00edrez contact\u00f3 a la vinicultora pidi\u00e9ndole reanudar la relaci\u00f3n comercial, esta vez, por medio de la firma Conservas y Vinos S. en C., creada por \u00e9l y su familia, con la \u00fanica finalidad de importar y distribuir sus productos en Colombia. Mediante carta de 16 de abril de 1999, el vi\u00f1edo acept\u00f3 la propuesta. <\/p>\n
3. En desarrollo del convenio, la reclamante gestion\u00f3 la importaci\u00f3n y nacionalizaci\u00f3n de las bebidas, cancel\u00f3 los impuestos nacionales, departamentales y locales, los costos de registro, codificaci\u00f3n y distribuci\u00f3n en las grandes superficies y otras cadenas de mercado, la publicidad de la mercanc\u00eda, a trav\u00e9s de impulsadores, folletos, degustaciones y participaci\u00f3n en campa\u00f1as institucionales y obtuvo las licencias sanitarias de rigor, con vigencia hasta el a\u00f1o 2015. <\/p>\n
As\u00ed mismo, posicion\u00f3 el licor en grandes superficies y tiendas a nivel nacional, incrementando significativamente los ingresos operacionales de la compa\u00f1\u00eda distribuidora que, en el a\u00f1o 2000 iniciaron en $54.210.135, bajando a $20.107.832 para el 2001, escalando a $86.484.040 en 2002, a $286.641.000 en 2003 y a $404.599.000 en 2004, reduci\u00e9ndose a $379.177.000 en 2005, ascendiendo a $392.577.000 en 2006 y, finalmente, disminuyendo a $243.641.000 en el primer semestre de 2007, cuando finaliz\u00f3 el contrato. <\/p>\n
4. Para el pago de los distintos pedidos, Canepa conced\u00eda un plazo de 180 d\u00edas, extendi\u00e9ndolo de acuerdo con las solicitudes de su distribuidora, quien constantemente exced\u00eda ese lapso por la demora de sus clientes con la cancelaci\u00f3n de las facturas y la necesidad de compensar algunos costos asumidos por la vi\u00f1a. <\/p>\n
5. El 16 de marzo de 2007, Jos\u00e9 Canepa & C\u00eda. Ltda., inform\u00f3 a Conservas y Vinos S. en C., sobre la alianza realizada con Concha y Toro S.A., para el manejo de la red mundial de distribuidores, \u00absin que eso implicara la modificaci\u00f3n de los acuerdos previos que se ten\u00eda[n]\u00bb; no obstante, la nueva firma empez\u00f3 inmediatamente a \u00abretrasar pedidos (\u2026) y a presionar[la] con los plazos de pago\u00bb, hasta que, en julio de 2007, le inform\u00f3 \u00abintempestivamente y sin justificaci\u00f3n que terminaban el contrato (\u2026) y que desde ese momento ser\u00eda la empresa Congrupo S.A.\u00bb, la encargada de comercializar el elixir en Colombia, decisi\u00f3n que tambi\u00e9n fue informada a sus compradores. <\/p>\n
6. Adicionalmente, Concha y Toro S.A. llev\u00f3 a cabo \u00ab(\u2026) una serie de actuaciones contrarias a la buena fe comercial y las pr\u00e1cticas leales del comercio, pues desvi\u00f3 clientela, realiz\u00f3 actos de desorganizaci\u00f3n, actos de enga\u00f1o, actos de descr\u00e9dito, explotaci\u00f3n de reputaci\u00f3n ajena [e] inducci\u00f3n a la ruptura contractual (\u2026)\u00bb, ocasionando la quiebra de Conservas y Vinos S. en C. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
1. Admitida la demanda y notificadas las convocadas se opusieron a las pretensiones de su contraparte. Vi\u00f1a Concha y Toro S.A. aleg\u00f3 la ausencia de un acuerdo de preaviso o establecimiento de alg\u00fan requisito para dar por terminado el contrato, \u00abinexistencia de da\u00f1o emergente, lucro cesante, perjuicios materiales y extrapatrimoniales\u00bb, por cuanto los reclamados se sustentaron en suposiciones, \u00abterminaci\u00f3n justificada en el incumplimiento de la parte demandada\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n extintiva de los hechos\u00bb y \u00abtemeridad o mala fe del demandante\u00bb (fl. 135 a 147, Cd. 1). <\/p>\n
A su turno, la vinicultora repeli\u00f3 las s\u00faplicas de su llamante, soportada en la \u00abausencia de elementos que configuran la responsabilidad civil contractual\u00bb, \u00abinexistencia de da\u00f1o emergente, lucro cesante, perjuicios materiales y extrapatrimoniales\u00bb, \u00abdebida interpretaci\u00f3n de la relaci\u00f3n comercial entre Conservas y Vinos S. en C. y Jos\u00e9 Canepa y C\u00eda. Ltda.\u00bb, \u00abindebida alegaci\u00f3n de hechos que no corresponden a la sociedad demandante\u00bb, \u00abcompensaci\u00f3n en [su] favor (\u2026) y a cargo de la [convocante]\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n extintiva de los hechos\u00bb, \u00abla no generaci\u00f3n de indemnizaciones o cobros por la terminaci\u00f3n del contrato\u00bb, \u00abla inexistencia de una agencia comercial\u00bb y \u00abtemeridad o mala fe de la demandante\u00bb (fl. 186 a 202, ib). <\/p>\n
2. El a-quo desech\u00f3 las pretensiones de la gestora, tras establecer que, si bien estaba acreditado el lazo negocial incoado en el libelo introductor, la actora desatendi\u00f3 sus compromisos de pago desde su inicio, situaci\u00f3n que habilit\u00f3 a sus contendoras para ponerle fin, sin obligarse a indemnizarla (fl. 923 a 928, Cd. 3). <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
Ratific\u00f3 la determinaci\u00f3n del estrado de primer grado, tras establecer que fueron las integrantes de la pasiva quienes quebrantaron sus obligaciones contractuales, al finiquitar el acuerdo, soport\u00e1ndose en la supuesta mora de la convocante en el pago de la mercanc\u00eda, cuando desde los albores del convenio \u00e9sta \u00abse atrasaba en la soluci\u00f3n de las deudas derivadas de esas importaciones, y las ventas disminu\u00edan dada la fuerte competencia; no siendo ello \u00f3bice para que la sociedad vinicultora -quien igualmente demoraba el pago de los ‘aportes promocionales’ y gastos compartidos- continuara proveyendo sus productos a la actora, a quien mantuvo por un largo per\u00edodo como su intermediaria comercial exclusiva, enlace de confianza que tambi\u00e9n se puede entrever en las manifestaciones consignadas en el escrito genitor y su contestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Empero, concluy\u00f3, la activante no acredit\u00f3 los perjuicios reclamados, por cuanto la prueba pericial adosada al juicio se sustent\u00f3 en situaciones hipot\u00e9ticas que imped\u00edan cuantificar el detrimento patrimonial sufrido, m\u00e1xime cuando ambos dict\u00e1menes partieron de la cesaci\u00f3n de operaciones mercantiles de Conservas y Vinos S. en C., en el a\u00f1o 2007 y, sin embargo, varios de sus clientes certificaron que muchos a\u00f1os despu\u00e9s se mantuvo vigente la relaci\u00f3n comercial, desvirtuando la quiebra alegada como resultado de la terminaci\u00f3n del memorado pacto (Consecutivo 013, Exp. digital). <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se erigi\u00f3 sobre cuatro (4) cargos, todos ellos encausados por la v\u00eda de la transgresi\u00f3n indirecta de la ley sustancial (n\u00fam. 2\u00ba, \u00eddem), encaminado, exclusivamente, al no reconocimiento por parte del tribunal de las prestaciones dinerarias que a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n de perjuicios se deprecaron a cargo de las interpeladas. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se imput\u00f3 la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 11, 42-4, 174, 176, 240, 241 y 283 del C\u00f3digo General del Proceso, 16 de la Ley 446 de 1998, 2 y 9 de la Ley 270 de 1996, 95-7, 228 y 229 de la Constituci\u00f3n Nacional, 871 del Estatuto Mercantil y 1616 y 2341 del Ordenamiento Civil, dada la ausencia de valoraci\u00f3n a las sentencias proferidas en el decurso de competencia desleal adelantado con antelaci\u00f3n a sus oponentes y a Congrupo S.A., pese a tratarse de elementos de cognici\u00f3n valiosos para establecer las faltas cometidas por las demandadas y su desinter\u00e9s por remediarlas, as\u00ed como el desgaste al que se ha visto sometida por m\u00e1s de una d\u00e9cada, en busca de que se haga justicia por los abusos de sus contrincantes. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, exalt\u00f3 el salvamento de voto expresado por una de las magistradas del Tribunal Superior de este Distrito Judicial al veredicto de segunda instancia proferido en aquellas diligencias, quien, dijo, \u00ab(\u2026) luego de un estudio profundo y con sentido de justicia[,] disinti\u00f3 del fallo y explic\u00f3 con profundo detalle las razones por las cuales la condena de la SIC deb\u00eda mantenerse (\u2026)\u00bb, postura que, de haberse tenido en cuenta, habr\u00eda variado determinantemente el sentido de la decisi\u00f3n rebatida. <\/p>\n
Para la casacionista, al incurrir en el yerro denunciado, el ad-quem quebrant\u00f3 las reglas de apreciaci\u00f3n probatoria consagradas en la ley de enjuiciamiento civil, desconoci\u00f3 el deber de analizar los da\u00f1os bajo los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad, dej\u00f3 de lado sus facultades probatorias oficiosas para determinar el valor del menoscabo infligido por su contraparte y omiti\u00f3 dar prevalencia al derecho sustancial sobre las formas, haciendo nugatorio, en la pr\u00e1ctica, el derecho al acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
La sociedad inconforme acus\u00f3 al fallo de ser violatorio de los mismos preceptos anunciados en el primer ataque, exceptuado el 95-7 de la Carta Pol\u00edtica y adicionando los art\u00edculos 2 y 206 del C\u00f3digo General del Proceso, por haber obviado los efectos probatorios del juramento estimatorio realizado en la demanda y la falta de objeci\u00f3n de las encartadas frente al mismo, as\u00ed como su obligaci\u00f3n de decretar pruebas de oficio para corroborarlo, si consideraba que no se ajustaba a la realidad. <\/p>\n
Luego de transliterar el aparte correspondiente del escrito introductor, destac\u00f3 que su cuantificaci\u00f3n del da\u00f1o, tuvo como soporte la experticia rendida, por disposici\u00f3n de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el precitado juicio de competencia desleal, debidamente trasladada a esta tramitaci\u00f3n y, sin embargo, carece por completo de examen por parte del ad-quem, quien, debi\u00f3 tenerlo \u00ab(\u2026) como prueba de la ocurrencia [del perjuicio] y cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n (\u2026)\u00bb en aplicaci\u00f3n de la normatividad invocada; remarc\u00f3 que \u00absi el Tribunal hubiese analizado el juramento estimatorio y pese a todo no le hubiese convencido, debi\u00f3 decretar las pruebas de oficio con el fin de tasar el perjuicio pretendido, tal y como lo exige en esos casos el Art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, yerro que degener\u00f3 en la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso que le impon\u00eda analizar las pruebas en su integridad, privilegiar el derecho material sobre los ritos, procurar el resarcimiento de los da\u00f1os evidenciados en el litigio para efectivizar el derecho a la reparaci\u00f3n integral y garantizar el acceso real de la afectada a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Soportada en la vulneraci\u00f3n de las disposiciones enlistadas en el segundo reproche, la inconforme cuestion\u00f3 la evaluaci\u00f3n realizada por el tribunal a las certificaciones emitidas por solo cinco (5) de sus clientes, de las cuales dedujo que su actividad comercial no finiquit\u00f3 al t\u00e9rmino del convenio con las encausadas. Desde su perspectiva, tales medios de cognici\u00f3n fueron tergiversados y desnaturalizados, en tanto, \u00fanicamente se tomaron apartes aislados de su contenido y \u00abomiti\u00f3 calificarla y evaluarla no solo con la prueba misma, sino adem\u00e1s en conjunto con las otras pruebas practicadas en el proceso\u00bb, dando as\u00ed cuenta del caos generado con el obrar de las enjuiciadas, al punto de llevarla a la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, critic\u00f3 que s\u00f3lo se examinaran cinco (5) certificaciones, ocup\u00e1ndose de la evaluaci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n expedida el 30 de junio de 2017 por Gilberto Pab\u00f3n M. e Hijos C\u00eda. Ltda., donde, por error, se indic\u00f3 que la relaci\u00f3n comercial perdur\u00f3 hasta el 2017, cuando realmente se refer\u00eda al a\u00f1o 2007, \u00abpues para la fecha [del documento], obviamente el a\u00f1o 2017 no hab\u00eda concluido\u00bb y, adem\u00e1s, la informante \u00ab(\u2026) nunca mencion\u00f3, como tampoco entreg\u00f3 un listado que determinara [los] vol\u00famenes, cantidades, precios supuestamente despach[ados por] Conservas entre el a\u00f1o 2007 (\u2026) y el a\u00f1o 2017 (\u2026)\u00bb, hecho, en todo caso, imposible, de atender la fecha del \u00faltimo embarque de vinos -7 de julio de 2007-, confesada por sus contendoras. <\/p>\n
Lo propio ocurri\u00f3 con el informe de 22 de febrero de 2011, rendido por Inversiones JR Escobar Ltda., quien afirm\u00f3 haber recibido los productos comercializados por la reclamante entre el 5 de mayo de 2004 y el 13 de junio de 2008, pero m\u00e1s adelante mencion\u00f3 que \u00ab(\u2026) Conservas no volvi\u00f3 a llevar vinos porque ‘dej\u00f3 de visitarlos’ (\u2026)\u00bb y que \u00ab(\u2026) desde el 1\u00ba de septiembre de 2008 comenz\u00f3 a recibir y comprar productos a CONGRUPO (\u2026)\u00bb, afirmaciones desechadas sin fundamento alguno por el tribunal. <\/p>\n
Tal situaci\u00f3n se repiti\u00f3, en sentir de la recurrente, con el an\u00e1lisis de la constancia emitida por Makro Supermayorista el 13 de abril de 2011, donde manifest\u00f3 que compr\u00f3 productos Canepa a la actora entre los a\u00f1os 1999 y 2010, pues el juzgador limit\u00f3 su estudio a ese fragmento de la prueba, pese a que de su cuerpo tambi\u00e9n se extra\u00eda que \u00ab(\u2026) Conservas no volvi\u00f3 a llevar vinos porque ‘fue descodificado y en el a\u00f1o 2008 no se renov\u00f3 acuerdo comercial’ (\u2026)\u00bb. Tampoco repar\u00f3 en que, en el inventario anexo, se observa que \u00ab(\u2026) las ventas antes del a\u00f1o 2007 fueron mayores, y a partir de ese a\u00f1o quedaron unos remanentes de productos Canepa, pero no en todas sus referencias, y el [n\u00famero] de unidades fue disminuyendo hasta agotar[se] pero no quiere decir que haya despachado luego del \u00faltimo contenedor, porque simplemente ya no ten\u00eda producto y simplemente se estaban vendi[endo] los saldos de inventarios de ese supermercado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Controvirti\u00f3, as\u00ed mismo, la apreciaci\u00f3n derivada de los datos suministrados por Almacenes la 14 S.A. en misiva del 26 de abril de 2011, donde hizo alusi\u00f3n a transacciones entre ellas durante los a\u00f1os 2008 a 2011, por estimar que el ad-quem no evalu\u00f3 el contenido completo de ese medio de prueba, de cuyo anexo se extrae, que \u00ab(\u2026) las ventas antes del a\u00f1o 2007 fueron mayores, y (\u2026) los a\u00f1os 2008, 2009, 2010 e incluso 2011, quedaron unos remanentes m\u00ednimos (entre 1 a 3 botellas por a\u00f1o) de productos Canepa, pero no en todas sus referencias y (\u2026) el [n\u00famero] de unidades fue disminuyendo hasta que se agot[\u00f3] (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, refut\u00f3 que el juzgador plural dedujera que esa compa\u00f1\u00eda vendi\u00f3 productos Canepa a Supermercados Colsubsidio entre los a\u00f1os 2005 y 2010, con sustento en el documento elaborado el 2 de mayo de 2011 por la mayorista, sin percatarse de que en el mismo cartulario se se\u00f1al\u00f3 que \u00abdej\u00f3 de pedir y comercializar los productos, atendiendo la baja rotaci\u00f3n en la cadena\u00bb, sin allegar el inventario necesario para determinar la cantidad de botellas adquiridas con posterioridad a 2007. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que \u00abEl Tribunal en el fallo objeto de casaci\u00f3n (P\u00e1gina 27 y 28) analiz\u00f3 \u00fanicamente cinco (5) certificaciones de los clientes (subdistribuidores de CONSERVAS), y no la totalidad de las certificaciones, como tampoco las compar\u00f3 y cruz\u00f3 con otras pruebas practicadas en el proceso, pero si lo anterior no fuese suficiente, tampoco las analiz\u00f3 de manera completa, sino que se limit\u00f3 a hacer referencias aisladas de cada certificaci\u00f3n, y sin percatarse de la informaci\u00f3n adicional y el contexto de los hechos certificados\u00bb. <\/p>\n
De haber respetado las reglas de valoraci\u00f3n probatoria, concluy\u00f3, el fallador habr\u00eda considerado las confesiones de la pasiva y la prueba testimonial que daba cuenta de la fecha del \u00faltimo embarque de mercanc\u00eda -2 de julio de 2007-, advirtiendo el yerro de Gilberto Pab\u00f3n M. e Hijos C\u00eda. Ltda., al relacionar el periodo de sus negocios (1999 a 2017), as\u00ed como el verdadero contexto de la informaci\u00f3n suministrada por los cuatro clientes restantes cuando hicieron alusi\u00f3n a espacios temporales posteriores a 2007, correspondientes a los lapsos en que ella vendi\u00f3 \u00ab(\u2026) los remanentes a su cliente[la] sub distribuidor[a] y [al tiempo que] est[a] \u00faltim[a], tard\u00f3 (\u2026) en venderlos al consumidor final (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De la misma forma, habr\u00eda apreciado los estados financieros, las declaraciones de renta ante la DIAN y ante varios departamentos, las licencias del INVIMA a nombre de las encartadas, las declaraciones de importaci\u00f3n y las atestaciones de sus dem\u00e1s clientes -Universidad Javeriana, Cafam, \u00c9xito, Carrefour, Carulla Vivero, Almacenes Ol\u00edmpica, Arflina, GH Distribuciones-, el informe de ventas de 2007 a 2008 y los peritajes adosados a la actuaci\u00f3n, caudal por medio del cual pod\u00eda inferirse la veracidad de sus aseveraciones acerca de la finalizaci\u00f3n de sus actividades comerciales como consecuencia de la terminaci\u00f3n unilateral del contrato de distribuci\u00f3n materia de disenso. <\/p>\n
Equivocaci\u00f3n trascendente, asegur\u00f3, por cuanto sobre ella se construy\u00f3 la argumentaci\u00f3n que llev\u00f3 al sentenciador a \u00ab(\u2026) desechar de plano la prueba pericial de parte realizad[a] por perito financiero y econ\u00f3mico (\u2026)\u00bb y, consecuentemente, las indemnizaciones reclamadas. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Con el mismo soporte normativo de las acusaciones inmediatamente anteriores, sumados a los art\u00edculos 232 del C\u00f3digo General del Proceso y 68 a 71 del Estatuto Mercantil, la memorialista recrimin\u00f3 al ad-quem \u00abignorar y tergiversar los dict\u00e1menes periciales que hacen parte de este expediente\u00bb, cuyas conclusiones parafrase\u00f3; el primero, practicado por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio en el juicio de competencia desleal y trasladado a este proceso y; el segundo, elaborado y allegado durante la fase probatoria. Ambos, sin objeci\u00f3n de sus opositoras. <\/p>\n
A juicio de la inconforme, \u00ab(\u2026) el tribunal no realiz\u00f3 una apreciaci\u00f3n de los dict\u00e1menes de acuerdo a la sana cr\u00edtica, nunca evalu\u00f3 la solidez, la claridad, la exhaustividad, pre[ci]si\u00f3n y calidad de las pruebas periciales, mucho menos (\u2026) analiz\u00f3 la idoneidad de los peritos, como tampoco el comportamiento y la argumentaci\u00f3n dada en las respectivas audiencias y la valoraci\u00f3n de esas pruebas periciales conforme a los dem\u00e1s medios probatorios practicados en el presente caso, tales como testimonios, interrogatorios de parte, inspecci[ones] judiciales, documentales, pruebas trasladadas e indicio[s] (\u2026)\u00bb, como tampoco revis\u00f3 los papeles contables de la compa\u00f1\u00eda, adjuntos a la primera experticia por haber sido el insumo del profesional que la prepar\u00f3. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que, tras concluir erradamente que Conservas y Vinos S. en C., continu\u00f3 desarrollando su objeto social despu\u00e9s del a\u00f1o 2007, el fallador de segunda instancia \u00ab(\u2026) decidi\u00f3 que los c\u00e1lculos efectuados por los peritos no pod\u00edan tenerse en cuenta, pues (\u2026) part\u00edan de una situaci\u00f3n opuesta (\u2026)\u00bb, error relevante para la decisi\u00f3n del asunto, en la medida en que determin\u00f3 la negativa de sus s\u00faplicas dinerarias y con ella, la impunidad del \u201cdelito civil\u201d cometido por sus contrincantes. <\/p>\n
Expres\u00f3, que \u00absi el Ad Quem hubiese analizado correctamente las cinco (5) certificaciones de los clientes (subdistribuidores de CONSERVAS), en conjunto con las dem\u00e1s certificaciones, y las hubiese comparado y cruzado con las otras pruebas practicadas en el proceso (interrogatorio, testimonios, dict\u00e1menes, indicios, pruebas documentales, pruebas trasladas), y las hubiese analizado de manera completa, percat\u00e1ndose de la informaci\u00f3n adicional y el contexto de los hechos certificados, su conclusi\u00f3n hubiese sido acertada y conforme a la realidad: que CONSERVAS vio interrumpida por su actividad comercial en raz\u00f3n a la terminaci\u00f3n intempestiva e ilegal que hicieron los demandados del contrato de distribuci\u00f3n exclusiva, y por lo tanto los c\u00e1lculos de los dict\u00e1menes periciales, tanto del PERITO FINANCIERO Y ECON\u00d3MICO el se\u00f1or JORGE ARANGO VELAZCO, como el se\u00f1or PERITO FINANCIERO JORGE E. BAQUERO RODR\u00cdGUEZ fueron acertados\u00bb. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3, que el tribunal \u00abincurri\u00f3 en un error de hecho probatorio al ignorar los efectos jur\u00eddicos de falta de objeci\u00f3n por los demandados al dictamen pericial de parte aportado por CONSERVAS en el proceso de responsabilidad contractual \/ expediente # 11001310301320150067101\u00bb, el cual nunca fue objetado por las convocadas, pese a esto se ignoraron los dos dict\u00e1menes y, por tanto, neg\u00f3 la indemnizaci\u00f3n. Seguidamente enuncia las pruebas que considera \u00abse dejaron de valor[ar] en conjunto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Caracter\u00edstica esencial de este instrumento de defensa es su condici\u00f3n extraordinaria, por lo que no constituye una instancia adicional, ni ata\u00f1e al aspecto f\u00e1ctico de la controversia judicial (thema decidendum); sin que pueda v\u00e1lidamente utilizarse como una nueva oportunidad para debatir el factum del litigio, amen que su finalidad primordial es escrutar el contenido del fallo proferido por el ad-quem (thema decissus), con miras a visualizar los yerros denunciados y, as\u00ed, en una confrontaci\u00f3n id\u00f3nea, quebrar la providencia criticada, motivo por el cual el simple descontento con lo dictaminado no permite analizar de fondo el veredicto cuestionado. <\/p>\n
As\u00ed lo ha indicado esta Corte, \u00ab[c]omo el recurso de casaci\u00f3n no constituye una tercera instancia habilitada para dirimir el conflicto sometido a la jurisdicci\u00f3n, sino la m\u00e1s elevada expresi\u00f3n del control normativo a que se somete la actividad jurisdiccional del Estado, resulta necesario recordar que este medio de impugnaci\u00f3n no es \u00fatil para insistir o enfatizar en los argumentos probatorios expuestos ante los [j]ueces de conocimiento, raz\u00f3n por la cual, es indispensable que el recurrente (CSJ, SC del 23 de marzo de 2004, Rad. No. 7533, reiterada SC3142-2021 de 28 de jul., Rad. 2014-00193-01). <\/p>\n
Para tales fines, el legislador ha impuesto la carga de cimentar la censura en alguna de las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros indispensables para tr\u00e1mite \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700; reiterado en CSJ AC703-2020, 2 mar., rad. 2015-00192-01). <\/p>\n
As\u00ed que, la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, que la impugnaci\u00f3n est\u00e9 soportada en las causales que taxativamente contempla el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso as\u00ed como la formulaci\u00f3n separada de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnador asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene acompa\u00f1ada la providencia. <\/p>\n
2. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros, la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb (indirecta). Los segundos, hacen referencia a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan (vicios de actividad). <\/p>\n
3. Entre las causales referidas a errores in iudicando est\u00e1 la trasgresi\u00f3n indirecta de normas sustanciales, en la cual el descontento del impugnante se dirige contra el ejercicio valorativo del juzgador, sea por error de evaluaci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 contrariando las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio, o por la indebida interpretaci\u00f3n que hace de la demanda o su contestaci\u00f3n, ora cuando supone, omite o altera el contenido de los elementos de convicci\u00f3n que le sirven de soporte a su resoluci\u00f3n, con la connotaci\u00f3n de ser manifiesta y trascedente, de suerte que la apreciaci\u00f3n realizada se muestre alejada de la realidad procesal, absurda, o sin justificaci\u00f3n, pero, adem\u00e1s, que influya en la manera en que se zanj\u00f3 el debate, generando as\u00ed la trasgresi\u00f3n de las disposiciones sustanciales llamadas a operar en la contienda sometida a la decisi\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n, que de no haber ocurrido el resultado ser\u00eda distinto. <\/p>\n
Para atender dicha carga deber\u00e1 enfrentar los razonamientos esenciales y los medios de prueba sobre los cuales ciment\u00f3 el fallador su decisi\u00f3n, con el objeto de desvirtuarlos, se\u00f1alando la incidencia de los yerros y la forma como estos llevaron a la desatenci\u00f3n de los preceptos materiales invocados, su contundencia e inconsistencia entre lo que objetivamente se desprende de tales probanzas y las conclusiones de la sentencia, am\u00e9n \u00abque no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casaci\u00f3n, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dial\u00e9ctico, as\u00ed sea acertado, frente a unas conclusiones tambi\u00e9n razonables del sentenciador, dejar\u00eda de ser evidente, pues simplemente se tratar\u00eda de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecer\u00eda el del juzgador, puesto que la decisi\u00f3n ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunci\u00f3n de acierto (CSJ SC de 9 de agosto de 2010, rad. 2004-00524-01\u00bb (subrayado no es del texto; CSJ SC1905-2019, 4 jun., rad. 2011-00271-01, reiterado en CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
3.1. Tocante al error de hecho se ha adoctrinado, \u00abque surge en la suposici\u00f3n o en la apreciaci\u00f3n o en la preterici\u00f3n de pruebas. Supone la prueba el juzgador que halla un medio en verdad inexistente, as\u00ed como aquel que distorsiona el elemento probatorio que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene; y resulta preterida, u omitida, la prueba cuya presencia cierta es ignorada en todo o cercenada en parte, esto \u00faltimo para asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa. <\/p>\n
\u00abDenunciada por el atacante una o todas las posibilidades del elenco anterior, ha de demostrar que el yerro resaltado es adem\u00e1s trascendente por haber determinado la decisi\u00f3n reprochada. Y desde luego que, para establecer el alcance de la acusaci\u00f3n, se acude a una actividad de comparaci\u00f3n entre la realidad que ofrece el expediente y el discurso que funda la sentencia\u00bb (CSJ SC115 20 jun. 2001, rad. 5937, reiterada en CSJ SC3129-2021, 13 ago., rad. 2016-00124-01). <\/p>\n
Puntualmente la Corte ha expresado que \u00ab-cuando endilgue al sentenciador violaci\u00f3n de la ley sustancial, a consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas-, m\u00e1s que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo -o debi\u00f3 extraer- el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada\u00bb (SC3142-2021 citada). <\/p>\n
3.2. A su turno, el error de derecho presupone, que el sentenciador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia de la prueba y fijar su contenido, pero las aprecia \u00absin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1g. 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. n\u00ba 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01). <\/p>\n
De ah\u00ed que, cuando el ataque se perfile por esta senda, el discrepante deber\u00e1, adicionalmente, citar \u00ablas normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb. <\/p>\n
Consecuente con esto, a efecto de demostrar la ocurrencia del error de derecho el casacionista parte del supuesto de que la prueba \u00ab(\u2026) fue exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringi\u00f3 las normas legales que reglamentan tanto su producci\u00f3n como su eficacia (\u2026)\u00bb (CSJ SC de 24 de mayo de 2017, Exp. 2006-00234). <\/p>\n
3.2.1. El error de derecho incorpora, asimismo, lo atinente a no sopesar conjuntamente las pruebas, como lo exige el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, precepto, seg\u00fan el cual, \u00abLas pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb. <\/p>\n
Sobre este tipo de desatino esta Corte ha adoctrinado, que <\/p>\n
\u00abLa apreciaci\u00f3n en conjunto de los medios demostrativos guarda relaci\u00f3n con el denominado principio de unidad de la prueba, que impone un examen concentrado de todos ellos con independencia de su naturaleza y del inter\u00e9s del sujeto que los aport\u00f3, en palabras de Devis Echand\u00eda, \u2018Significa este principio que el conjunto probatorio del juicio forma una unidad, y que, como tal, debe ser examinado y apreciado por el juez, para confrontar las diversas pruebas, puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme\u2019. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, en el sistema de la sana cr\u00edtica adoptado por nuestro ordenamiento procesal civil, la apreciaci\u00f3n probatoria es una operaci\u00f3n de car\u00e1cter cr\u00edtico y racional que no puede cumplirse de manera fragmentada o aislada, sino en conjunto, con base en las reglas de la l\u00f3gica, la ciencia y la experiencia, que, necesariamente, comprende el cotejo o comparaci\u00f3n de todos los medios suasorios allegados al proceso, con el fin de establecer sus puntos de convergencia o de divergencia. A partir de ese labor\u00edo, el Juez, en cumplimiento de esta exclusiva actividad procesal, le asigna m\u00e9rito a las pruebas de acuerdo al grado de convencimiento que le generen y emite su veredicto acerca de los hechos que, siendo objeto de discusi\u00f3n, quedaron demostrados en el juicio. <\/p>\n
Respecto a la trasgresi\u00f3n del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que impone la apreciaci\u00f3n de las pruebas en su conjunto, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que da lugar a un error de derecho, por desconocimiento de una prescripci\u00f3n legal instituida para evaluar las pruebas. No obstante, seg\u00fan se explic\u00f3 en SC 25. Nov. 2005, exp. 1998-00082-01, cuando se invoca esta causal de casaci\u00f3n, la labor del impugnante no puede limitarse a enunciar el presunto yerro, sino que debe demostrar que la valoraci\u00f3n probatoria fue realizada respecto de cada medio probatorio individualmente considerado, de manera aislada, sin conectarlo con los dem\u00e1s que obren en el plenario, y se puntualiz\u00f3, \u2018Como es natural, en procura de que ese error aparezca, debe el impugnante demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplida por el sentenciador se llev\u00f3 a cabo al margen del an\u00e1lisis de conjunto pedido en el art\u00edculo 187, o sea, poniendo de manifiesto c\u00f3mo la apreciaci\u00f3n de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia. Este y no otro debe ser el criterio a seguirse cuando de individualizar este tipo de yerro se trata. En consecuencia, si, con prescindencia de las conclusiones obtenidas en el campo de los resultados de la prueba, pues es asunto que cae en el terreno rigurosamente t\u00e9cnico, la referida tarea valorativa se ci\u00f1\u00f3 a la norma citada, no ser\u00e1 admisible la pr\u00e9dica del error cuando bajo el pretexto de su demostraci\u00f3n, lo que persigue es la sustituci\u00f3n del examen de conjunto realizado por el sentenciador por el que proponga el recurrente\u2019\u00bb. (CSJ SC3249-2020 de 7 de sept. Rad. 2011-00622-02). <\/p>\n
Valga decir, la ocurrencia de esta tipolog\u00eda de dislate tiene ocurrencia, esencialmente, en los siguientes supuestos (i) cuando a un elemento demostrativo irregular, ilegal, extempor\u00e1neo, o no id\u00f3neo, se le otorga eficacia demostrativa (ii), en el evento que se le niegue eficacia probatoria a un medio oportuno, regular o conducente (iii) cuando se desatiende el imperativo de valorar de forma aunada o conjunta las probanzas incorporadas al legajo, prescindiendo de los puntos que las enlazan o relacionan. <\/p>\n
4. Dada esa desemejanza que tienen los diversos motivos autorizados por el legislador para denunciar una sentencia en casaci\u00f3n, no le ser\u00e1 dable al opugnante deambular entre las distintas causales o mixturar su contenido, dada la autonom\u00eda y caracter\u00edsticas disimiles de cada uno, incluso, cuando se acude a la causal segunda no podr\u00e1 entremezclar errores de hecho y de derecho, dado que \u00ab[l]as dos especies de error en la apreciaci\u00f3n de la prueba, de hecho y de derecho, son de naturaleza distinta y, por lo mismo, no se puede aducir en un mismo cargo la concurrencia de ambos respecto de id\u00e9nticos medios de prueba, ni resulta id\u00f3neo invocar el uno sustentado en elementos propios del otro, pues si se denuncia como de hecho y se fundamenta como de derecho, o viceversa, am\u00e9n de que el cargo se torna oscuro e impreciso, implica que en el fondo el vicio que se quiso delatar carece de fundamentaci\u00f3n\u00bb (CSJ, SC de 10 de agosto de 2001, Rad. 6898). <\/p>\n
Ciertamente, de forma reiterada esta Corporaci\u00f3n ha sostenido la inviabilidad de entremezclar, al interior de un mismo cargo y en relaci\u00f3n con unas mismas pruebas, el error de hecho y el de derecho ya que, como antes se apunt\u00f3, el primero se refiere a la ponderaci\u00f3n objetiva de los medios de convicci\u00f3n, mientras que el segundo alude a su valoraci\u00f3n jur\u00eddica a la luz de las normas de disciplina probatoria, que gobiernan su producci\u00f3n y eficacia lo que, por ende, presupone su adecuada contemplaci\u00f3n material por el juzgador, circunstancias que los tornan excluyentes entre s\u00ed. <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha expresado que <\/p>\n
El art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso ordena que los cargos sean formulados de manera separada, esto es, sin mezcla entre las diversas causales, v\u00edas o errores; por tanto, cada acusaci\u00f3n debe responder a un motivo concreto y espec\u00edfico, fuera de divagaciones que puedan conducir a que la v\u00eda seleccionada sea inadecuada a la sustentaci\u00f3n esbozada. <\/p>\n
Regla explicable por la disimilitud de las causales, en tanto cada una de ellas est\u00e1 destinada a cuestionar t\u00f3picos particulares de la sentencia atacada, siendo incompatible su amalgamiento. De all\u00ed que esta Sala, en palabras que tienen renovada actualidad, haya manifestado que: <\/p>\n
Los diferentes reproches que se tengan respecto de la sentencia impugnada, debe proponerlos el recurrente en cargos separados, caracterizados por ser aut\u00f3nomos e individuales, lo que igualmente se infiere del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, premisas que le impiden entremezclar acusaciones de diferente naturaleza o confundir, al interior de una, el error de hecho con el de derecho\u00bb (CSJ AC6341, 21 oct. 2014, rad. 2007-00145-01) (CSJ, AC 2707 del 10 de jul. de 2019, Rad. 2016-46013-01, reiterado CSJ SC3172-2021 de 28 de jul. Rad. 2015-00149-01; se subraya). <\/p>\n
5. La Corte desestimar\u00e1 los cuatro (4) ataques edificados por la impugnante, cuyo an\u00e1lisis abordar\u00e1 de manera conjunta, ya que todos denuncian -en general- la violaci\u00f3n de similares disposiciones \u00ab(\u2026) como consecuencia de errores de hecho evidentes y trascendentes en la apreciaci\u00f3n de las pruebas (\u2026) [por] dej[ar] de lado medios de prueba regularmente practicados, [cuya] debida valoraci\u00f3n hubiera llevado a una decisi\u00f3n muy distinta a la que finalmente se adopt\u00f3 (\u2026) y (\u2026) tergivers\u00f3 y mal interpret\u00f3 los medios de prueba existentes (\u2026)\u00bb fincados, por dem\u00e1s, en argumentos an\u00e1logos. <\/p>\n
En el primer embate, la empresa inconforme, le recrimin\u00f3 al juzgador, el abstenerse de analizar los fallos proferidos en el litigio de competencia desleal adelantado ante la Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; en el segundo, por omitir apreciar el juramento estimatorio consignado en la demanda y no objetado por sus contendoras; en el tercero, la valoraci\u00f3n descontextualizada e incompleta de las certificaciones expedidas por cinco (5) de sus clientes, sin tomar en consideraci\u00f3n el resto de elementos probatorios obrantes en el plenario y; en el cuarto, el examen efectuado a los dos (2) dict\u00e1menes periciales aportados a la foliatura, con sus respectivos soportes contables, para acreditar el valor de los perjuicios irrogados con el incumplimiento contractual debatido en el litigio. <\/p>\n
Desde el p\u00f3rtico se advierte que las acusaciones no tienen vocaci\u00f3n de admisibilidad, por cuanto la impugnante incurri\u00f3 en diversos defectos de t\u00e9cnica que impiden franquear la senda de la s\u00faplica extraordinaria, de cara al puntual descontento con la decisi\u00f3n impugnada, que lo es el no reconocimiento de las pretensiones dinerarias izadas en el libelo inicial. <\/p>\n
5.1. Como deficiencia com\u00fan en todos los reproches se encuentra que el casacionista, si bien en cada uno se refiere a particulares probanzas, en todos considera que desatin\u00f3 el tribunal porque estas se valoraron de forma aislada y no conjuntamente, como lo dispone el estatuto procedimental, de suerte que la acusaci\u00f3n estar\u00eda perfilada a imputar un error de derecho y no de hecho como se enfoc\u00f3, puesto que, como ya se anot\u00f3 en precedencia <\/p>\n
\u00abel incumplimiento por parte del fallador del deber de valorar en conjunto todas las pruebas allegadas al proceso, genera el error de derecho de su parte que hace atacable la sentencia de conformidad con la causal primera de casaci\u00f3n. Empero, no es suficiente que tal cosa se afirme simplemente, sino que es imperativo que, adem\u00e1s de la individualizaci\u00f3n de los medios de prueba no estimados globalmente, se indique por la censura los apartes de cada una de ellas que evidencien y demuestren de modo completo la falta total de dicha integraci\u00f3n, a consecuencia de la cual se produce la violaci\u00f3n de norma de derecho sustancial, so pena de que como secuela de no hacerse as\u00ed permanezca inalterable la presunci\u00f3n de acierto que cobija toda decisi\u00f3n judicial, y por lo mismo inc\u00f3lume la sentencia atacada con el recurso de casaci\u00f3n’ [\u2026]. <\/p>\n
Es decir, que para que el error denunciado se configure debe demostrar el recurrente que la tarea de evaluaci\u00f3n de las diversas pruebas efectuada por el sentenciador, se llev\u00f3 a cabo al margen del an\u00e1lisis de conjunto ordenado por el art\u00edculo 187 del C. de P.C., [hoy articulo 176 C\u00f3digo General del Proceso,] lo cual debe realizar poniendo de manifiesto que la apreciaci\u00f3n de los medios de prueba lo fue de manera aislada o separada, sin buscar sus puntos de coincidencia o de enlace, pues si la tarea cumplida por el Tribunal se ci\u00f1\u00f3 al precepto citado, no puede admitirse la existencia del error, cuando con este argumento lo que persigue el casacionista es que se sustituya el examen del conjunto hecho por el juzgador por el realizado por aquel (CSJ SC198, 29 oct. 2002, Exp. n.\u00ba 6902, reiterado en CSJ AC2203-2021, 9 jun., rad. 2016-00775-01). <\/p>\n
Es palpable que la recurrente mezcl\u00f3 los yerros f\u00e1cticos que soportan su embate, incurriendo en una mixtura inaceptable en sede de casaci\u00f3n, teniendo en cuenta la diferencia indiscutible que existe entre dichas tipolog\u00edas, por lo que \u00abesta diferencia permite decir que \u2018no es admisible para la prosperidad del cargo en que se arguye error de hecho, sustentarlo con razones propias del error de derecho, ni viceversa, pues en el fondo implica dejar enunciado el cargo pero sin la sustentaci\u00f3n clara y precisa que exige la ley; y, dada la naturaleza dispositiva del recurso de casaci\u00f3n, le est\u00e1 vedado a la Corte escoger a su libre arbitrio entre uno y otro yerro\u2019 para examinar las acusaciones\u2019 (CSJ SC077 de 15 de septiembre de 1998, Exp. 4886; 112 de 21 de octubre de 2003, Exp. 7486, reiterada, entre otras, en CSJ SC2499-2021, 23 jun., rad. 2006-00135-01). <\/p>\n
5.1.1. Obs\u00e9rvese que la primera acusaci\u00f3n imputa la falta de apreciaci\u00f3n de las decisiones emitidas dentro del juicio de competencia desleal adelantado entre los mismos contendientes ante la Superintendencia de Industria y Comercio en primera instancia y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en segunda, pero despu\u00e9s arguye que al proceso se trasladaron todas las pruebas adelantadas a aquel pleito, que no se aplic\u00f3 el art\u00edculo 176 que impone la valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas, as\u00ed como del 174 \u00eddem, referido al valor de la prueba trasladada, 240 a 241, ata\u00f1ederos a la apreciaci\u00f3n de \u00abla conducta procesal de las partes con el fin de determinar los indicios que dan probados los hechos\u00bb, el 16 de la ley 446 de 1998 concerniente a la reparaci\u00f3n integral, aunado al 42 numeral 4 del ordenamiento adjetivo en cita \u00abque exige al juez que decrete las pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes\u00bb, aspectos en general ajenos al yerro f\u00e1ctico. <\/p>\n
5.1.3. Persiste esta deficiencia en el tercer embate, donde se critica lo atinente a la apreciaci\u00f3n dada a cinco (5) certificaciones relacionadas por el tribunal, para extraer la continuidad de la compa\u00f1\u00eda actora en el ejercicio de sus labores de comercializaci\u00f3n. <\/p>\n
M\u00edrese que aqu\u00ed se\u00f1ala, que se \u00abanaliz\u00f3 \u00fanicamente cinco (5) certificaciones de los clientes (subdistribuidores de CONSERVAS), y no la totalidad de las certificaciones, como tampoco las compar\u00f3 y cruz\u00f3 con otras pruebas practicadas en el proceso, pero si lo anterior no fuese suficiente, tampoco las analiz\u00f3 de manera completa, sino que se limit\u00f3 a hacer referencias aisladas de cada certificaci\u00f3n, y sin percatarse de la informaci\u00f3n adicional y el contexto de los hechos certificados\u00bb y vuelve a exponer en id\u00e9nticos t\u00e9rminos que en los reproches anteriores, la inaplicaci\u00f3n de las disposiciones denunciadas como infringidas, procediendo, tras anunciar las \u00abpruebas que se dejaron de valor[ar] en conjunto\u00bb, a anotar una serie de hechos que estima acreditados, criticando que el colegiado \u00abno analiz\u00f3 las pruebas documentales, la prueba pericial de oficio, las declaraciones, los interrogatorios, los testimonios, la inspecci\u00f3n judicial a CONGRUPO y en general todas las pruebas que en su momento la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) orden\u00f3 en la acci\u00f3n de competencia desleal que se tramit\u00f3 con radicado # 2009-015988 y con la que esa entidad conden\u00f3 en primera (1era) instancia a los aqu\u00ed demandados\u00bb. <\/p>\n
5.1.4. La \u00faltima embestida no est\u00e1 exenta de la falencia en comento, toda vez que muy a pesar del cuestionamiento ata\u00f1edero a la valoraci\u00f3n que hiciera el tribunal de las dos (2) pruebas periciales adosadas al legajo indica tambi\u00e9n, impropiamente, que \u00abfueron ignoradas y tergiversadas\u00bb por este, exponiendo entre sus argumentaciones que \u00ab[E]l Tribunal no realiz\u00f3 una apreciaci\u00f3n de los dict\u00e1menes de acuerdo a la sana cr\u00edtica, nunca evalu\u00f3 la solidez, la claridad, la exhaustividad, presi\u00f3n y calidad de las pruebas periciales, mucho menos el Ad Quem analiz\u00f3 la idoneidad de los peritos, como tampoco el comportamiento y la argumentaci\u00f3n dada en las respectivas audiencias, y la valoraci\u00f3n de esas pruebas periciales conforme a los dem\u00e1s medios probatorios practicados en el presente caso, tales como los testimonios, interrogatorios de parte, inspecci\u00f3n judicial, documentales, pruebas trasladas e indicios\u00bb, para volver a cuestionar que se valoraron, \u00fanicamente, cinco (5) certificaciones de clientes \u00aby no la totalidad de las certificaciones, como tampoco las compar\u00f3 y cruz\u00f3 con otras pruebas practicadas en el proceso\u00bb y culminar refiri\u00e9ndose a la falta de aplicaci\u00f3n de las normas denunciadas, mencionando como en los anteriores el contenido de estas. <\/p>\n
5.2. De igual forma, en los cargos se cuestiona al tribunal que de haber considerado insuficientes los medios cognitivos que se dicen inapreciadas o indebidamente valoradas o tergiversadas, debi\u00f3 hacer uso de la facultad de decretar pruebas de oficio, lo cual igualmente se ha dicho debe ser alegado en casaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta, pero como error de derecho, siempre y cuando concurran las puntuales hip\u00f3tesis que jurisprudencialmente se han demarcado as\u00ed: <\/p>\n
\u00abla falta de utilizaci\u00f3n de la facultad-deber que tienen los sentenciadores de instancia de decretar pruebas de oficio se erige, en el plano de la casaci\u00f3n, en un protot\u00edpico error de derecho, fundamentalmente, en tres hip\u00f3tesis: cuando \u201cel medio de convicci\u00f3n[,] siendo exigido en la ley[,] el juez sin embargo no lo recauda (hip\u00f3tesis hoy positivamente consagrada como vicio de actividad, constitutivo de nulidad procesal)\u201d; cuando el elemento demostrativo est\u00e1 \u201cpresente en el expediente, pero no como prueba regular, [y] la autoridad no le da ingreso formal\u201d como tal; y, finalmente, cuando la prueba, \u201cde haber sido practicada[,] hubiera arrojado luces que despejaban al juez el camino para una decisi\u00f3n diferente de la adoptada (Cfr. SC-012-1998 de 4 mar 1998, Rad. n\u00b0 4921)\u201d (CSJ, SC 562 del 21 de marzo de 2021, Rad. 2014-00177-01). <\/p>\n
Luego, result\u00f3 desacertado que en los vicios endilgados se fusionaran los presuntos errores de hecho con vicios propios del yerro de derecho, como eran la valoraci\u00f3n conjunta del material demostrativo y la omisi\u00f3n del deber de decretar pruebas de oficio. <\/p>\n
5.3. Adicionalmente se encuentran otros defectos que apoyan la inadmisi\u00f3n, a saber: <\/p>\n
5.3.1. En el embate inicial olvid\u00f3 explicitar los fragmentos de las sentencias dictadas por la Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que, en su sentir, habr\u00edan alterado la postura finalmente acogida por el ad-quem, seg\u00fan la cual, en el proceso no se demostr\u00f3 el da\u00f1o que dice haber sufrido Conservas y Vinos S. en C., como consecuencia de la terminaci\u00f3n del contrato de distribuci\u00f3n celebrado con las demandadas, ni su cuantificaci\u00f3n, sin que a la Corte le est\u00e9 permitido entrar a auscultar tales pronunciamientos judiciales, pues ello equivaldr\u00eda a suplir la tarea exigible a quien pretenda derruir un veredicto cobijado por las presunciones de acierto y legalidad. <\/p>\n
Por el contrario, de la fundamentaci\u00f3n expuesta por la disidente en este reparo, se logra evidenciar su af\u00e1n por acreditar el obrar contrario a la costumbre mercantil de sus contendientes, cosa que no estaba en discusi\u00f3n en este tr\u00e1mite, amen que el juez plural en su determinaci\u00f3n estableci\u00f3 un incumplimiento de parte de aquellas a los compromisos derivados del contrato exclusivo de distribuci\u00f3n otorgado desde el a\u00f1o 1999 a la activante. Luego, siendo que el tema en pugna era la falta de acreditaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n patrimonial y moral de la organizaci\u00f3n colombiana a causa de la terminaci\u00f3n inconsulta de ese acuerdo, aspectos que no pod\u00edan dilucidarse a trav\u00e9s de providencias emitidas en otro litigio, en especial, cuando el fallo de primer grado que le fue favorable no cobr\u00f3 ejecutoria, en virtud de la revocaci\u00f3n dispuesta por el superior, quien en sustituci\u00f3n neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, sin que quite o ponga ley que la motivaci\u00f3n para tal proceder hubiera sido eminentemente formal, por haberse direccionado por una senda procesal err\u00f3nea la respectiva controversia. <\/p>\n
5.3.2. En el segundo reproche, la inconforme transliter\u00f3 el ac\u00e1pite correspondiente al juramento estimatorio del escrito introductor y cuestion\u00f3 al tribunal haber pasado por alto tal pieza procesal, pese a no haber sido controvertida por sus oponentes, empero, desde\u00f1\u00f3 su deber de confrontar todos los argumentos que sirvieron de base al fallo para denegar la condena pecuniaria, pues aquel no se limit\u00f3 a tener por no probada la tasaci\u00f3n monetaria de los perjuicios reclamados, tambi\u00e9n aludi\u00f3 a la falta de demostraci\u00f3n de la afectaci\u00f3n sufrida y su v\u00ednculo de causalidad con el incumplimiento contractual endilgado a las convocadas. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el juzgador de segundo grado no hall\u00f3 prueba de la liquidaci\u00f3n de la sociedad accionante para la \u00e9poca de la finalizaci\u00f3n del convenio con Jos\u00e9 Canepa y C\u00eda. Ltda., en tanto encontr\u00f3 que Vinos y Conservas S. en C., contin\u00fao comercializando productos con algunos de sus clientes nacionales. Adem\u00e1s, estim\u00f3 infundados e hipot\u00e9ticos los conceptos y montos calculados como indemnizaci\u00f3n en las experticias adosadas al expediente, de donde se desprende que el juramento estimatorio omitido per se no ten\u00eda la capacidad de enervar tales conclusiones. <\/p>\n
Y es que olvid\u00f3 el recurrente que el juramento estimatorio, m\u00e1s all\u00e1 de la eficacia y alcance demostrativo que le reconoce el legislador, no tiene un car\u00e1cter absoluto, habida consideraci\u00f3n que si el juzgador advierte que la cuantificaci\u00f3n es injusta, ilegal o sospechosa -aun cuando no hubiere sido objetado- tiene el deber de decretar pruebas de oficio para tasar el valor pretendido, de tal manera que le compet\u00eda al impugnante realizar la labor de contraste indispensable que evidenciara el desacierto del tribunal en su desestimaci\u00f3n para dar por no demostrada la ocurrencia del da\u00f1o del cual se adujo se derivaban los perjuicios reclamados y el nexo de causalidad entre estos y que fueron echados de menos por el sentenciador. <\/p>\n
5.3.3. Lo propio ocurre con el tercer reparo, a trav\u00e9s del cual la libelista recrimin\u00f3 el an\u00e1lisis realizado a las certificaciones emitidas por sus clientes Gilberto Pab\u00f3n M. e Hijos C\u00eda. Ltda., Inversiones JR Escobar Ltda., Makro Supermayorista, Almacenes La 14 S.A. y Supermercados Colsubsidio, con soporte en las cuales el fallador consider\u00f3 desvirtuado que la liquidaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda gestora se hubiese producido en el a\u00f1o 2007, por cuanto dichos establecimientos de comercio indicaron haber mantenido relaciones mercantiles con Conservas y Vinos S. en C., en 2008, 2010, 2011 e, incluso, 2017. <\/p>\n
Para la inconforme, el colegiado \u00abomiti\u00f3 y tergivers\u00f3\u00bb el contenido de esos documentos, obviando su estudio integral, del cual se extra\u00eda que esa organizaci\u00f3n s\u00f3lo comercializ\u00f3 vinos Canepa hasta el a\u00f1o 2007 y si bien, vendi\u00f3 algunas botellas del elixir con posterioridad, ellas correspond\u00edan al excedente que le qued\u00f3 en inventario luego de recibir el \u00faltimo embarque de la mercanc\u00eda en julio de dicha anualidad, lo cual, dijo, pod\u00eda corroborarse con la valoraci\u00f3n completa de esas comunicaciones, de sus anexos y de la informaci\u00f3n suministrada por sus dem\u00e1s compradores, es decir, la Universidad Javeriana, Cafam, \u00c9xito, Carrefour, Carulla Vivero, Almacenes Ol\u00edmpica, Arfina y GH Distribuciones. <\/p>\n
Tres reparos adicionales al ya expuesto encuentra esta Corporaci\u00f3n frente al motivo de inconformidad aqu\u00ed rese\u00f1ado. <\/p>\n
5.3.3.1. De manera impropia, se se\u00f1ala que el enjuiciador de segundo grado \u00abtergivers\u00f3 la prueba y omiti\u00f3 calificarla y evaluarla no solo con la prueba misma, sino adem\u00e1s en conjunto con las otras pruebas practicadas en el proceso\u00bb (negrillas de la Sala), siendo que de una determinada prueba no es dable predicar simult\u00e1neamente su tergiversaci\u00f3n y omisi\u00f3n. <\/p>\n
5.3.3.2. El reproche es desenfocado, en tanto, frases como la expuesta por Inversiones JR Escobar Ltda., al decir que Conservas no volvi\u00f3 a llevar vinos \u00abporque dej\u00f3 de visitarlos\u00bb, o que \u00abdesde el 1 de septiembre de 2008 comenz\u00f3 a recibir y comprar los productos a CONGRUPO, que fue el nuevo distribuidor para Colombia\u00bb, que Conservas no volvi\u00f3 a llevar vinos a Makro \u00abporque el producto fue descodificado y en el a\u00f1o 2008 no hubo acuerdo comercial\u00bb, o que \u00abColsubsidio dej\u00f3 de pedir y comercializar los productos atendiendo la baja rotaci\u00f3n en la cadena\u00bb, no desvirt\u00faan la inferencia del colegiado acerca de que la actora mantuvo su actividad mercantil m\u00e1s all\u00e1 de la \u00e9poca en la cual afirmaba haberse disuelto. <\/p>\n
Dichas afirmaciones, en manera alguna demuestran que Conservas y Vinos S. en C. desapareci\u00f3 del mercado en el a\u00f1o 2007, como se asever\u00f3 en la demanda y se sostuvo a lo largo del juicio. Tampoco contribuye a desvirtuar la deducci\u00f3n del tribunal, el hecho de que los inventarios vendidos por la demandante a los referidos clientes, hubiese disminuido significativamente del 2008 en adelante, pues ello no implica su extinci\u00f3n como establecimiento de comercio, m\u00e1xime, cuando la vencida en juicio no hizo uso de su certificado de existencia y representaci\u00f3n para acreditar, en su demanda de casaci\u00f3n, que su \u00fanico objeto social era la venta de productos Canepa en Colombia. <\/p>\n
Para confrontar la postura del ad-quem de manera id\u00f3nea, aun menos relevante resultaba la fecha del \u00faltimo embarque de mercanc\u00eda -2 de julio de 2007- ni la confesi\u00f3n de esa circunstancia por parte de las demandadas, puesto que, si el perjuicio se fundament\u00f3 en la extinci\u00f3n del ente moral, ese era el hecho que deb\u00eda dejarse al descubierto en esta sede, para destruir la teor\u00eda acogida por el fallador, indistintamente si en ese lapso comercializaba o no los productos de las interpeladas u otros diferentes. <\/p>\n
5.3.3.3. S\u00famese a esto que, aunque la opugnadora recrimina la ausencia total de an\u00e1lisis a las certificaciones emitidas por sus dem\u00e1s compradores en el pa\u00eds, a los estados financieros de esa compa\u00f1\u00eda, las declaraciones de renta y de importaci\u00f3n rendidas ante la DIAN, los certificados del INVIMA a nombre de las demandadas, las declaraciones de renta departamentales, el informe de ventas de 2007 a 2008 aportado con la demanda y la verificaci\u00f3n efectuada por los peritos para rendir las dos experticias obrantes en la actuaci\u00f3n, lo cierto es que se limit\u00f3 a enlistar tales documentos sin ocuparse de revelar el contenido determinante que pod\u00eda extraerse de ellos, tal como le incumb\u00eda hacerlo para efectos de evidenciar el yerro f\u00e1ctico enrostrado al fallador. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la labor dial\u00e9ctica \u00abimplica la confrontaci\u00f3n entre lo que real y objetivamente fluye de la probanza respectiva y la conclusi\u00f3n que de ella deriv\u00f3 el sentenciador, pues (\u2026) s\u00f3lo as\u00ed podr\u00e1 la Corte, dentro de los confines exactos de la acusaci\u00f3n, establecer si en verdad se present\u00f3 el desatino que[,] con ribetes de protuberancia le endilga el casacionista\u00bb (G. J. l. CCXLVJ, Vol. 1. p\u00e1g. 270; CCXLIX, ll, p\u00e1g.1338). De este modo, en trat\u00e1ndose de un ataque por errores de tal estirpe, \u00abel acusador, en su gesti\u00f3n de demostrar los yerros del juzgador, no puede quedarse apenas en su enunciaci\u00f3n sino que debe se\u00f1alarlos en forma concreta y espec\u00edfica, en orden a lo cual tendr\u00e1 que precisar los apartes relativos a cada una de las falencias de valoraci\u00f3n probatoria, confrontando la realidad que resulta de la prueba con la errada ponderaci\u00f3n efectuada por el sentenciador, tarea esta que no queda cabalmente satisfecha si el censor se contrae apenas a plantear, por m\u00e1s razonado que ello resulte, lo que desde su perspectiva debi\u00f3 ser el juicio del tribunal, por supuesto que un relato de ese talante no alcanza a constituir una cr\u00edtica al fallo sino apenas un alegato de instancia\u00bb (CSJ SC056, 8 de abril de 2005, rad. 7730 reiterada en CSJ AC2203-2021, 9 jun., rad. 2016-00775-01). <\/p>\n
5.3.4. Situaci\u00f3n semejante se presenta en el caso de la cuarta acusaci\u00f3n, donde, en esencia, la impugnante refuta que el juez plural coligiera que no estaba acreditada la cesaci\u00f3n de sus operaciones mercantiles y, consecuente, quiebra como resultado de la finalizaci\u00f3n intempestiva del contrato de distribuci\u00f3n de productos Canepa, cuando los dos (2) dict\u00e1menes periciales anejos al proceso dan cuenta de tal hecho y su relaci\u00f3n de causalidad con el incumplimiento atribuido a las demandadas. <\/p>\n
Adem\u00e1s de incurrir en el entremezclamiento de los yerros de hecho y de derecho ya expuestos y la impropiedad de endilgar omisi\u00f3n y tergiversaci\u00f3n respecto de un mismo medio probatorio, la libelista pec\u00f3 nuevamente por dejar de evidenciar el contenido material de las pruebas que, en su sentir, desvirtuaban la tesis acogida por el ad-quem para denegar la condena en perjuicios. <\/p>\n
En efecto, aunque ech\u00f3 de menos la valoraci\u00f3n integral de las experticias y los soportes contables que sirvieron de sustento a los especialistas que las practicaron, se content\u00f3 con enunciar algunos documentos dejados de apreciar sin exponer la informaci\u00f3n que de ellos se extra\u00eda y que dejaba sin piso la aseveraci\u00f3n del tribunal, seg\u00fan la cual, no militaba en el expediente, prueba que lo llevara al convencimiento \u00abacerca del cese definitivo, jur\u00eddico o econ\u00f3mico, de las actividades desarrolladas por la sociedad activante, ni que, en particular, hubiera detenido el segmento de comercializaci\u00f3n de vinos con posterioridad a la finalizaci\u00f3n del plurinombrado contrato, pues, en contraposici\u00f3n, la (\u2026) prueba documental, aportada por la promotora de la controversia, deja ver que \u00e9sta continu\u00f3 vendiendo productos Canepa (\u2026)\u00bb, en tanto, por el contrario, asever\u00f3 el colegiado, el dictamen rendido por el perito Jorge Arango Velasco, se \u00abedific\u00f3 en proyecciones hipot\u00e9ticas para valorar la compa\u00f1\u00eda y, as\u00ed, extraer los supuestos detrimentos generados a sus accionistas, t\u00e9cnica de avaluaci\u00f3n que resta utilidad a la experticia para los fines probatorios aqu\u00ed perseguidos, sobre todo si, como se estableci\u00f3, no obra elemento de persuasi\u00f3n que evidencie el agotamiento existencial de la sociedad demandante; situaci\u00f3n que, en la forma planteada en el libelo \u2013ac\u00e1pite de da\u00f1o emergente-, para la \u00e9poca de presentaci\u00f3n de la demanda no se habr\u00eda materializado, puesto que solicit\u00f3 ‘(\u2026) el valor de la empresa, teniendo en cuenta que estaba en pleno funcionamiento y por el hecho de la terminaci\u00f3n del contrato (\u2026) se hace necesari[a] su liquidaci\u00f3n (\u2026)’\u00bb. <\/p>\n
Tales asertos del juzgador de segundo nivel, si bien fueron criticados por la ahora recurrente, no fueron demolidos como lo impone la t\u00e9cnica en casaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la exposici\u00f3n clara y contundente del contenido de los elementos probatorios que contradijeran con contundencia su postura, pues, en suma, ninguno de los medios de persuasi\u00f3n explicitados por la memorialista, demuestran que el fallador desconoci\u00f3 la realidad acreditada en la actuaci\u00f3n, lo cual impide abrirle paso al recurso extraordinario. <\/p>\n
De manera reiterativa esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abla exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n no se satisface con la mera enunciaci\u00f3n de las pruebas que se tildan fueron indebidamente apreciadas o con las simples afirmaciones o negaciones generales sobre el tema decidido, ora con la descripci\u00f3n del supuesto yerro, dado que el reproche as\u00ed concebido no superar\u00eda el umbral de la casaci\u00f3n, se quedar\u00eda como un escueto alegato de instancia, sino que requiere que el censor lo demuestre, lo que de suyo impone al reclamante realizar una labor de contraste entre lo que el sentenciador extrajo de las pruebas que se reprochan err\u00f3neamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la preterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de estas con respecto a los t\u00e9rminos de la sentencia acusada (sentencias casaci\u00f3n 2 de febrero de 2001, 14 de mayo de 2001, entre otras)\u00bb (AC2129-2020 de 7 de sept. Rad. 2017-00510-01); carga que no se advierte satisfecha con la argumentaci\u00f3n de la impugnante, pues en general se limit\u00f3 a enunciar las pruebas y emitir su propia apreciaci\u00f3n de lo que, a su juicio, se debe extraer de ellas, sin revelar como correspond\u00eda tanto la ocurrencia del yerro endilgado, como la forma en que la ocurrencia de este conllev\u00f3 a la trasgresi\u00f3n de las normas denunciadas, m\u00e1xime cuando al respecto, escasamente, se refiri\u00f3 a su contenido, esto es, la materia que en cada una de ellas se regulan. <\/p>\n
6. Aunado a los reparos que vienen de consignarse, el escrito introductor no satisface los presupuestos para su selecci\u00f3n de oficio, pues el fallo no vulner\u00f3 los derechos y garant\u00edas constitucionales de las partes, ni les irrog\u00f3 agravios injustificados que deban ser reparados, habida cuenta que la sola circunstancia de ser la decisi\u00f3n adversa a los intereses del opugnante no conlleva indefectiblemente dicha trasgresi\u00f3n; no amenaza la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, ni compromete el orden o el patrimonio p\u00fablico; y tampoco se requiere un pronunciamiento unificador de jurisprudencia respecto del tema discutido. <\/p>\n
7. Las razones anotadas ratifican la inadmisi\u00f3n del libelo. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada por Conservas y Vinos S. en C., para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia proferida el 21 de agosto de 2020, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso rese\u00f1ado. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen. D\u00e9jense las constancias del caso. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC4205-2021 (2015-00671-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC4205-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-013-2015-00671-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C, siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021) I. EL LITIGIO A. La pretensi\u00f3n La compa\u00f1\u00eda actora […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-57901","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57901","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57901"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57901\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57901"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57901"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57901"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}