AC4207-2021 (2006-00157-02)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC4207-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 50001-31-03-004-2006-00157-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n que interpuso el convocante frente a la sentencia de 30 de enero de 2020, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja1, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Celestino Rivera Perdomo contra Mari\u00f1o Plata S. en C. y terceros indeterminados. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
El demandante pidi\u00f3 declarar que \u00abpertenece al se\u00f1or Celestino Rivera Perdomo el dominio pleno, por haberlo adquirido por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio, del predio rural denominado El Refugio (\u2026) con cabida superficiaria de dos hect\u00e1reas y 11798,47 metros cuadrados, (\u2026) que tiene la matr\u00edcula inmobiliaria No. 230-20093\u00bb. <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
2.1. El 24 de junio de 1998, el convocante adquiri\u00f3, mediante \u00abcompraventa verbal\u00bb celebrada con H\u00e9ctor Julio \u00c1vila Chavarro, la posesi\u00f3n del predio previamente aludido, y desde esa fecha, \u00abes decir, hace m\u00e1s de doce a\u00f1os [al momento de presentaci\u00f3n de la demanda] (\u2026), ha pose\u00eddo el inmueble con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, desarrollando actos [que] solo competen al verdadero propietario y para ello ha sembrado y recolectado frutos en el predio objeto de la demanda como yuca, pl\u00e1tano, papaya, aguacate, etc. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.2. Adem\u00e1s, \u00abha repelido de hecho y judicialmente a las personas que han tratado de perturbar su posesi\u00f3n, como fue el caso del se\u00f1or Edgar Mej\u00eda Rend\u00f3n\u00bb, a quien denunci\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en tr\u00e1mite que culmin\u00f3 mediante conciliaci\u00f3n, acord\u00e1ndose que este le pagar\u00eda al actor los perjuicios que le caus\u00f3 con su actuar. <\/p>\n
2.3. Si se \u00absuma su posesi\u00f3n (sic)\u00bb a la del vendedor \u00c1vila Chavarro, \u00abquien tambi\u00e9n posey\u00f3 el lote por m\u00e1s de ocho a\u00f1os, ello es desde 1990 en forma p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida con el mismo \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o que ahora tiene el [convocante]\u00bb, los actos de se\u00f1or\u00edo se habr\u00edan extendido por veinte a\u00f1os, lapso suficiente para usucapir, conforme las leyes civiles que estaban vigentes para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
2.4. Tanto la posesi\u00f3n del demandante, como la de su predecesor, son reconocidas por \u00abWilmer Guti\u00e9rrez \u00c1lvarez; Luis Eduardo Colorado V\u00e9lez y Carlos Alberto Torres Devia, quienes as\u00ed lo declararon extraprocesalmente (\u2026), as\u00ed como la mayor parte de los residentes del sector\u00bb. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
3.1. Los demandados comparecieron al proceso a trav\u00e9s de curador ad litem, sin oponerse al petitum. <\/p>\n
3.2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio desestim\u00f3 la demanda de pertenencia, porque \u00abde las pruebas adosadas al proceso (…) se tiene que esta hasta la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda, ejerce la posesi\u00f3n del inmueble objeto de la litis desde 1994 y sumando la posesi\u00f3n anterior, o sea la del Se\u00f1or \u00c1vila desde 1990 (\u2026) han transcurrido tan solo 16 a\u00f1os (\u2026) y no cumple la posesi\u00f3n material con el lapso establecido por la ley\u00bb. La parte vencida interpuso apelaci\u00f3n. <\/p>\n
4. La sentencia impugnada. <\/p>\n
El tribunal confirm\u00f3 el prove\u00eddo desestimatorio del a quo, con apoyo en los siguientes razonamientos: <\/p>\n
(i) El litigio se circunscribe a determinar si \u00abla alegada posesi\u00f3n debe contarse en t\u00e9rminos de la extraordinaria adquisitiva o en los par\u00e1metros de las leyes 791 de [2002] o 4 de 1973\u00bb, para lo cual reliev\u00f3 que \u00aben la demanda se alega cobijarse bajo el paraguas de la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva, es decir, la normada en la regla 2532 del C\u00f3digo Civil que la fijaba en 20 a\u00f1os antes de la reforma del art\u00edculo 6 de la Ley 791 de 2002\u00bb, pues \u00abtal lapso se aplica a aquellas posesiones iniciadas antes de la reforma\u00bb, a lo que debe agregarse que si el memorialista \u00abquisiese favorecerse con lo dispuesto en el mentado art\u00edculo 6 [de la Ley 791 de 2002], ha debido invocarse en la demanda para proceder a su estudio, de lo cual no hay manifestaci\u00f3n contundente\u00bb. <\/p>\n
(ii) Seguidamente, arguy\u00f3 que \u00abtampoco es de recibo la hip\u00f3tesis de aplicaci\u00f3n de la Ley 4 de 1973 en el entendido [de] que, aparte de no suplicarse en oportunidad, su regla cuarta demanda que el pretenso prescribiente crea que el bien es bald\u00edo, esto es, que no tenga due\u00f1o y no explotados por su due\u00f1o en la \u00e9poca de la ocupaci\u00f3n\u00bb. Pero como el gestor reconoci\u00f3 \u00abse\u00f1or\u00edo\u00bb en el se\u00f1or \u00c1vila Chavarro, de quien compr\u00f3 la posesi\u00f3n y quien ven\u00eda explotando la heredad, tal consciencia no parece veros\u00edmil. <\/p>\n
(iii) En consecuencia, \u00abel derecho pretendido por el convocante carece de todo sustento jur\u00eddico al no acreditarse \u00edntegramente cada uno de los presupuestos llamados a la configuraci\u00f3n de la usucapi\u00f3n, por lo que esta Sala encuentra conveniente confirmar la decisi\u00f3n recurrida, por los precisos argumentos aqu\u00ed consignados\u00bb. <\/p>\n
5. La demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
El demandante interpuso oportunamente el citado remedio, y formul\u00f3 tambi\u00e9n en tiempo su demanda de sustentaci\u00f3n, esgrimiendo tres reproches; dos al amparo de la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y el restante por la senda de la causal segunda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n
Es pertinente advertir que el remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n
2. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de denunciar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (v\u00eda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido transgredida, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb, que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio2, es menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio3, deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial, o que su materialidad fue alterada, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su contenido. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contraevidentes 4. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su contenido, en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no probados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n que haya sido adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera) y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden gravitar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n del tribunal por haber sido proferida en un juicio viciado de nulidad, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto esgrimido en el sentido decisorio (trascendencia), para lo cual, acreditado alguno de los motivos aducidos como sustento de la casaci\u00f3n, debe explicarse por qu\u00e9 el fallo definitivo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a los intereses del recurrente. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
3. Estudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1.1. Cargo primero. <\/p>\n
Al amparo de la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurrente acus\u00f3 el fallo del ad quem de violar directamente \u00abla regla 4 de la Ley 4 de 1973 que modific\u00f3 el art\u00edculo 12 de la Ley 200 de 1936\u00bb, por falta de aplicaci\u00f3n, as\u00ed como \u00ablos art\u00edculos 64 y 65 de la Constituci\u00f3n Nacional y la ley 160 de 1994 la cual los desarrolla y aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 2512, 2522, 2528, 2529 y 2532 del C.C.\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que el tribunal, \u00abdesconociendo la protecci\u00f3n especial atribuida al campo y a los campesinos as\u00ed como a la producci\u00f3n alimentaria y (\u2026) las bases de la igualdad ante la ley, opt\u00f3 por favorecer a quien ni siquiera hab\u00eda sido parte en el proceso o a quien siendo demandada pero que se escondi\u00f3 y rehuy\u00f3 la notificaci\u00f3n de la demanda, no se present\u00f3 al proceso, y opt\u00f3 por una v\u00eda distinta a la aplicaci\u00f3n de la ley agraria tal y como lo pregona el art\u00edculo 12 de la Ley 200 de 1936 modificada por el art\u00edculo 4 de la Ley 4 de 1973 y a la prevalencia de la ley agraria sobre la ordinaria civil prevenida en el Decreto ley 2303 de 1989\u00bb, ignorando \u00abnormas fundamentales que le obligaban a estudiar la prueba minuciosamente\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, se doli\u00f3 de la tardanza en la resoluci\u00f3n del asunto, porque \u00abun proceso que deb\u00eda fallarse en un a\u00f1o tard\u00f3 m\u00e1s de ocho a\u00f1os para llegar al Despacho de la Sala, con dos nulidades decretadas y vuelto a comenzar el procedimiento y que hoy a\u00fan dura quince a\u00f1os con violaci\u00f3n al precepto de tener una justicia pronta y justa como lo estipula el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.1.2. Cargo segundo. <\/p>\n
Con fundamento en el referido primer motivo previsto en el canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el inconforme indic\u00f3 que la providencia de segundo grado es violatoria de forma directa, por falta de aplicaci\u00f3n, de \u00abla regla 4 de la Ley 4 de 1973 que modific\u00f3 el art\u00edculo 12 de la Ley 200 de 1936 y del marco legal constituido por las siguientes normas dejadas de aplicar art\u00edculos 1, 27, 28, 30, 54, 140 del Decreto 2303 de 1889; art\u00edculos 16-4, 51, 75, 76, 77, 83, 85, 86, 87, 90, 95 adem\u00e1s de las de abajo nombradas [art\u00edculo 468 del C.P.C., hoy 407 del C.G. del P (sic)]\u00bb, as\u00ed como por la aplicaci\u00f3n indebida \u00abdel art\u00edculo 2532 del C.C. modificado por la Ley 791 de 2002\u00bb. <\/p>\n
Como fundamento de esa censura, realiz\u00f3 una extensa transcripci\u00f3n de las citadas normas, para relievar que el ad quem \u00abhizo una fijaci\u00f3n del alcance de la ley sustancial err\u00f3nea, as\u00ed como de la aplicaci\u00f3n de la ley procesal en el tiempo y en el espacio, (art\u00edculo 40 de la ley 153 de 1887), pues las leyes procesales al tiempo de emitirse un auto son las vigentes a ese momento y el juez aplic\u00f3 en debida forma el art\u00edculo 86 del C.P.C., en lo concerniente a establecer la competencia y fijar \u201cla v\u00eda procesal correspondiente y adecuada a la demanda incoada \u201caunque el demandante haya indicado una v\u00eda procesal inadecuada\u201d, [por] no tomar en cuenta la preceptiva del art\u00edculo 86 del C.P.C., que ordena al juez aplicar la ley que corresponde y no la se\u00f1alada por el litigante, en armon\u00eda con el art\u00edculo 43 ibidem que se\u00f1ala que el fin de los procedimientos es la realizaci\u00f3n del derecho sustancial u objetivo\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, indic\u00f3 que \u00abel mismo auto admisorio de la demanda, la juez que asumi\u00f3 la competencia del proceso [en] virtud de lo preceptuado en el art\u00edculo 140 del Decreto 2303, ya que no se hab\u00eda habilitado la funci\u00f3n jurisdiccional de la jurisdicci\u00f3n agraria, tambi\u00e9n dispuso, obedeciendo el mandato del art\u00edculo 30 ibidem la notificaci\u00f3n al procurador agrario como requisito sine qua non para la integraci\u00f3n del litisconsorcio, tal como lo disponen los art\u00edculos 139 \u00eddem y los correspondientes a la integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario 16-4 51 y 83 del C.P.C., la cual fue olvidada de efectuar materialmente y fue la causa para que la Honorable Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, doctora Claudia S\u00e1nchez Huertas declarara la nulidad de lo actuado a partir del auto de 31 de agosto de 2012 mediante el cual se admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia proferida el 10 de julio de 2012 por el juez 4 civil del circuito de Villavicencio\u00bb. <\/p>\n
De ese modo, en su criterio es di\u00e1fano que, \u00abal cambiar el procedimiento ordinario por el agrario recogi\u00f3 tambi\u00e9n las normas sustanciales de la [ley] agraria, de especial protecci\u00f3n como lo afirma el art\u00edculo 64 de nuestra Constituci\u00f3n y la Ley 160 de 1994 y, como lo es el art\u00edculo 4 de la Ley 4 de 1973 as\u00ed como los principios generales del derecho, la doctrina, la jurisprudencia que dice (sic) que no es el lugar donde se encuentra ubicado un terreno lo que le imprime su naturaleza agraria sino las actividades a que el propietario o poseedor realiza sobre su suelo lo que lo convierte en agrario y por supuesto sometido al derecho objetivo o ley sustancial que lo define\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n recrimin\u00f3 \u00abla violaci\u00f3n al principio de identidad\u00bb, porque el juez colegiado \u00abexcluye la conciencia del prescribiente Celestino Rivera Perdomo, es decir, su buena fe, al fijar el alcance del art\u00edculo 12 de la ley 200 modificado por el 4 de la Ley 4 de 1973 al decir que al demandar a Mari\u00f1o Plata S. en C., Celestino sab\u00eda que el terreno no era bald\u00edo al momento de la ocupaci\u00f3n: confunde un requisito formal de la Demanda de Pertenencia, (demandar a quien aparezca en el certificado de tradici\u00f3n) creencia o conciencia del poseedor al momento de la ocupaci\u00f3n; al mismo tiempo que retrotrae a Celestino Rivera al tiempo de \u00c1vila cuando ocup\u00f3 el predio sin perjuicio de la buena fe o mala fe con el que \u00e9l lo haya hecho; cosa muy distinta de la buena fe (que se presume) con la que Celestino Rivera compr\u00f3 la posesi\u00f3n y sigui\u00f3 la ocupaci\u00f3n con esa misma buena fe que tuvo al comprar, es decir, con la conciencia de que lo que adquir\u00eda estaba libre de fraude o cualquier otro vicio como reza en el art\u00edculo 768 del C.C.; que fuera bald\u00edo o no para el momento de entrar \u00e9l en posesi\u00f3n del bien no era de su incumbencia, lo fue para \u00c1vila pero no lo era para \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
En tal virtud, \u00abno se le puede exigir a Celestino Rivera que tuviera el conocimiento de si el bien es bald\u00edo o no para poseerlo (\u2026) por su grado de escolaridad\u00bb, raz\u00f3n por la cual el tribunal se equivoc\u00f3 al fijar el alcance de las normas se\u00f1aladas como trasgredidas, pues, reiter\u00f3, el colegiado confundi\u00f3 la exigencia de demandar a quien figure como propietario con la naturaleza del predio, teniendo en cuenta que \u00abdel certificado de existencia y representaci\u00f3n [tampoco] se sigue que el terreno haya sido explotado econ\u00f3micamente, ya que tal certificado no tiene nada que ver con las actividades materiales que se realicen sobre el terreno\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3, seguidamente, que \u00abesta confusi\u00f3n de la Sala de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, al fijar el alcance de la ley 4, lo lleva a inaplicar la ley sustancial, viol\u00e1ndola directamente, as\u00ed como a la procesal, ya que el mismo Decreto 2303 en el art\u00edculo 54 ordena que para la presentaci\u00f3n de la demanda y todo lo relacionado con sus requisitos y anexos se sigan las reglas del Libro II Titulo VII cap\u00edtulos 1 y 2, ello es, los art\u00edculos 75 a 96 del C.P.C., a los cuales viola tambi\u00e9n, por falta de aplicaci\u00f3n, y en la misma l\u00ednea, directamente el art\u00edculo 4 de la ley 4 de 1973, modificatorio del 12 de la ley 200 que fija en cinco (5) a\u00f1os continuos e ininterrumpidos la explotaci\u00f3n del predio para adquirir su dominio\u00bb. <\/p>\n
A modo de compendio, ratific\u00f3 que \u00abla buena fe del se\u00f1or Celestino Rivera no se puede excluir por su creencia, su asunci\u00f3n de la honradez y honestidad del se\u00f1or \u00c1vila con quien ven\u00eda trabajando en el cultivo imperecedero de yuca, pl\u00e1tano, hortalizas, y atribuirle que por el hecho de haberle comprado la posesi\u00f3n de lo que all\u00ed hab\u00eda percibido y, pasado el tiempo, anexar el certificado y demandar a quien aparec\u00eda en el certificado del registrador, ello es: Mari\u00f1o Plata S. en C., y, tambi\u00e9n anexar el certificado de c\u00e1mara de comercio para probar la existencia y representaci\u00f3n de la persona natural en Martha Mari\u00f1o Plata (sic), son elementos de donde se puede deducir con suficiencia para afirmar que el se\u00f1or Rivera Perdomo sab\u00eda que el terreno no era bald\u00edo, y que por este solo hecho no es aplicable la Ley 4 de 1973 art\u00edculo 4 que crea un verdadero derecho sustancial a favor de quien en forma continua haya explotado con actividades agr\u00edcolas un predio de naturaleza agraria, es un absurdo que viola, directamente, por falta de aplicaci\u00f3n, la norma en cita al restarle su eficacia y validez en el tiempo y el espacio\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, adujo que el ad quem \u00abviol\u00f3 los art\u00edculos 16-4, 51 y 83 del C.P.C., al desconocer las razones por las cuales se orden\u00f3 la notificaci\u00f3n al procurador agrario para integrar el litisconsorcio como lo ordena as\u00ed mismo el art\u00edculo 30 del decreto 2303 de 1989, y en igual sentido el 140 que ordena remitir al procedimiento civil lo no contemplado en el decreto y el 54 sobre la notificaci\u00f3n de la demanda y el traslado por diez (10) d\u00edas, diferente al de la ordinaria civil que es de veinte (20) d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
3.1.3. Cargo tercero. <\/p>\n
Con apoyo en la segunda causal de casaci\u00f3n, el denunciante sostuvo que el fallo del tribunal viol\u00f3 de forma indirecta, por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n adosados al juicio, los c\u00e1nones \u00ab1, 27, 28, 30, 54, 140 del Decreto 2303 de 1989, violaci\u00f3n a los principios de la t\u00e9cnica, la sana cr\u00edtica, las reglas de la experiencia y el estudio concentrado de la prueba, as\u00ed como las normas procesales probatorias de los art\u00edculos 90, 91 174, 175, 176, 177, 183, 187, 184, 195, 197, 204, 207, 208, 220, 221, 226, 228, 229, 233, 237, 238, 241, 243 y 244, 246, 248, 249, 250, 253, 254, 256, 257, 258, del C.G. del P. y aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 2512, 2528, 2529, 2532 del C.C., modificado por la Ley 791 de 2002\u00bb. <\/p>\n
El reproche lo fundament\u00f3 el convocante en que, de un lado, en la demanda se solicit\u00f3 la \u00abprescripci\u00f3n ordinaria del dominio\u00bb y, de forma subsidiaria \u00abla extraordinaria\u00bb pero \u00abla se\u00f1ora juez\u00bb la vari\u00f3 a la \u00abprescripci\u00f3n agraria del dominio (\u2026) de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2303 de 1989 y la Ley 200 de 1936 modificada por el art\u00edculo 4 de la Ley 4 de 1973\u00bb. Asimismo, relat\u00f3 extensamente las actuaciones del proceso y las que, en su criterio, constituyen anomal\u00edas (como la falta de integraci\u00f3n del contradictorio, el reconocimiento de personer\u00eda \u00abal doctor Eduardo Mari\u00f1o D\u00edaz a causa del poder otorgado por el se\u00f1or Luis Eduardo Mari\u00f1o Rodr\u00edguez quien no era parte del proceso\u00bb, entre otras). <\/p>\n
Tambi\u00e9n arguy\u00f3 que \u00abel Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja no mostr\u00f3 ning\u00fan inter\u00e9s para examinar las probanzas allegadas al plenario\u00bb, especialmente las testimoniales de Herlinda Gonz\u00e1lez Arango, Wilmer Guti\u00e9rrez \u00c1lvarez, Luis Eduardo Colorado V\u00e9lez, Guillermo Antonio Vel\u00e1squez Fino, Nora Elsa Sierra Maldonado, Carlos Emilio Ocampo y Jos\u00e9 Di\u00f3genes Hern\u00e1ndez Lobat\u00f3n, con las cuales, seg\u00fan su entender, \u00abse infiere sin lugar a dudas que (\u2026) desde el momento que entr\u00f3 a la finca a trabajar con \u00c1vila dedic\u00f3 toda su labor a las actividades agr\u00edcolas de siembra, mantenimiento y cuidado de los cultivos y vivienda de \u00e9l, sus hijos y esposa, lo que sigui\u00f3 haciendo en este predio dedicado exclusivamente a la siembra de frutales y cultivo de pan coger como la yuca, el cilantr\u00f3n, el pl\u00e1tano y luego, variando los cultivos pero, igualmente, con una actividad eminentemente agr\u00edcola (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el \u00f3rgano colegiado \u00abal analizar la sentencia de primera instancia se limit\u00f3 a decir que el juez (\u2026) consider\u00f3 que la posesi\u00f3n de 16 a\u00f1os de Celestino era insuficiente para aplicar la Ley 791 de 2002 por oposici\u00f3n del art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887\u00bb, sin que le llamara la atenci\u00f3n lo que reflejaban las probanzas, desconociendo el deber de la valoraci\u00f3n conjunta y bajo los par\u00e1metros de la sana cr\u00edtica, labor\u00edo con el cual habr\u00eda podido colegir que \u00abpor la forma como entr\u00f3 Celestino en posesi\u00f3n del predio, ello es, que lo hizo sin violencia y en forma p\u00fablica, se presume su buena fe\u00bb. <\/p>\n
Por el contrario, el ejercicio hermen\u00e9utico de la magistratura se ci\u00f1\u00f3 a se\u00f1alar que: \u00aba) por haber demandado a Luis Eduardo Mari\u00f1o Rodr\u00edguez -que no lo hizo, porque a quien demand\u00f3 fue a una persona jur\u00eddica Mari\u00f1o Plata S. en C.- sab\u00eda que el terreno no era bald\u00edo, afirmaci\u00f3n vac\u00eda de todo contenido porque lo que se hizo fue demandar a quien aparece como propietario en el certificado de tradici\u00f3n, requisito legal exigido por el art\u00edculo 407 del C.P.C.; b) que por haber a\u00f1adido la posesi\u00f3n de \u00c1vila a la suya, reconoci\u00f3 se\u00f1or\u00edo en \u00c1vila, lo cual tampoco es soporte de la afirmaci\u00f3n porque \u00c1vila no era propietario para reconocerle se\u00f1or\u00edo, lo que hizo fue comprarle la posesi\u00f3n porque se enferm\u00f3 y no pod\u00eda seguir la relaci\u00f3n agr\u00edcola de siembra y mantenimiento; y c) en cuanto no se suplic\u00f3 en tiempo tampoco encuentra respaldo doctrinario, jurisprudencial o legal, porque fue el Juzgado quien cambi\u00f3 la petici\u00f3n de ordinaria civil a pertenencia agraria y as\u00ed se rotul\u00f3 el expediente y los telegramas enviados al suscrito, al curador, a la perito se identifica el proceso como: pertenencia \u2013 agrario\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, \u00abel juez de instancia dijo que por tener 16 a\u00f1os de posesi\u00f3n no era posible acceder a la prescripci\u00f3n de acuerdo con la preceptuado por el art\u00edculo 2532 del C.C., aplicable dada la concurrencia de la ley anterior con la vigencia de la Ley 791 a partir de 2002 y la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb, pero \u00ab[l]a jurisprudencia ha afirmado que durante la tramitaci\u00f3n de un proceso pueden modificarse las relaciones de derecho que lo reg\u00edan al momento de su iniciaci\u00f3n y as\u00ed lo pregona, por ejemplo, del tenedor que en el curso del proceso modifica su relaci\u00f3n contractual y se convierte en poseedor o quien siendo poseedor completa su tiempo durante la tramitaci\u00f3n del proceso, por surgir situaciones de derecho no consideradas al momento de incoar la demanda\u00bb. <\/p>\n
Ello, aunado a que \u00abal no fijar el alcance a las normas contenidas en los art\u00edculos 90 y 91 del C.P.C., y declarar que la prescripci\u00f3n no se hab\u00eda interrumpido porque la demanda se notific\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 del t\u00e9rmino establecido por el art\u00edculo 90 y tambi\u00e9n porque se decret\u00f3 la nulidad de lo actuado incluyendo el auto admisorio de la demanda, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, violent\u00f3 la ley sustancial indirectamente, por error de derecho, en el contenido, eficacia y alcance de lo preceptuado en las normas procesales en cita, y porque neg\u00f3 la prescripci\u00f3n, aunque esta no se interrumpi\u00f3 con la interposici\u00f3n de la demanda y adem\u00e1s porque se decret\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, raz\u00f3n por la cual la prescripci\u00f3n corri\u00f3 desde 1990 hasta 2012 y si somos m\u00e1s respetuosos con los principios pregonados por la legislaci\u00f3n agraria hasta el auto que declar\u00f3 no integrado el litisconsorcio de fecha ocho de mayo de 2014 que decret\u00f3 la nulidad con base en lo establecido en el art\u00edculo 83 del C.P.C., razones por las cuales el requisito para prescribir ordinaria y civilmente se modific\u00f3 en el curso del tr\u00e1mite del proceso\u00bb. <\/p>\n
3.2. An\u00e1lisis de los cargos. <\/p>\n
3.2.1. El juez de primer grado afirm\u00f3, como fundamento de su fallo desestimatorio, que si se tuvieran por ciertas las alegaciones del convocante, y se sumaran los tiempos de su posesi\u00f3n y la de H\u00e9ctor Julio \u00c1vila Chavarro (con quien dijo celebrar un \u00abcontrato verbal de compraventa de la posesi\u00f3n\u00bb) los actos de se\u00f1or\u00edo sobre el predio en disputa se habr\u00edan extendido por 16 a\u00f1os \u2013contados hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda\u2013, plazo inferior al veintenario que exig\u00eda la ley sustancial para adquirir el dominio de las cosas por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
Al impugnar esa determinaci\u00f3n, el actor adujo que era necesario observar \u00abcriterios de interpretaci\u00f3n sobre prevalencia de lo agrario, justicia en el campo y protecci\u00f3n del m\u00e1s d\u00e9bil\u00bb, permitiendo la aplicaci\u00f3n en este litigio de los plazos de prescripci\u00f3n previstos en el art\u00edculo 4 de la Ley 4 de 1973 (5 a\u00f1os) o en el precepto 2532 del C\u00f3digo Civil, pero seg\u00fan la modificaci\u00f3n introducida por la Ley 791 de 2002 (10 a\u00f1os). Estos argumentos fueron desestimados por el tribunal, por dos razones primordiales: <\/p>\n
(i) En las pretensiones de la demanda no se hizo ninguna menci\u00f3n a la prescripci\u00f3n agraria Al contrario, ese texto muestra con total claridad que el interesado eligi\u00f3 la senda de la prescripci\u00f3n extraordinaria civil. Adem\u00e1s, ni el relato de los hechos que se incluy\u00f3 en aquel escrito, ni las probanzas recaudadas por petici\u00f3n del actor, daban cuenta de circunstancias que pudieran subsumirse en la hip\u00f3tesis que contempla el citado art\u00edculo 4 de la Ley 4 de 1973. <\/p>\n
(ii) Aunque la demanda se radic\u00f3 el 12 de junio de 2006, es decir, cuando ya se hab\u00eda introducido en nuestro ordenamiento la reducci\u00f3n de los plazos prescriptivos prevista en la Ley 791 de 2002, lo cierto es que el se\u00f1or Rivera Perdomo nunca solicit\u00f3 acogerse a esa normativa; y aunque se obviara tal escollo, conforme la regla de tr\u00e1nsito legislativo que consagra el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, \u00abla prescripci\u00f3n no empezar\u00e1 a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado \u00e1 regir\u00bb, pauta que, en este caso concreto, impedir\u00eda tambi\u00e9n el \u00e9xito del petitum. <\/p>\n
3.2.2. Contra los pilares argumentales antes compendiados, el demandante no plante\u00f3 ninguna censura. En su extensa disertaci\u00f3n, que se reprodujo parcialmente supra, se concentr\u00f3 en aspectos tangenciales del litigio, como la pretermisi\u00f3n de probanzas que evidenciaban la ejecuci\u00f3n de actos de \u00abexplotaci\u00f3n econ\u00f3mica del suelo por medio de hechos positivos propios de due\u00f1o, como las plantaciones o sementeras, la ocupaci\u00f3n con ganados y otros de igual significaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb; la existencia de varias irregularidades procesales, o la \u00abfalta de interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n\u00bb debido a la tard\u00eda integraci\u00f3n del contradictorio, argumentos que no se contraponen con los que expuso el tribunal en su sentencia. <\/p>\n
Expresado de otro modo, no existe simetr\u00eda entre las razones que se esgrimieron en los cuestionamientos que se estudian, y la motivaci\u00f3n del fallo de segunda instancia, contrariando as\u00ed el rigor t\u00e9cnico de este remedio excepcional, que reclama del recurrente la formulaci\u00f3n de <\/p>\n
\u00ab(\u2026) una cr\u00edtica concreta y razonada [que] guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (sentencia 06 de 26 de marzo de 1999); criterio que la Corte ha reiterado en muchos pronunciamientos, entre otros, en los fallos de 7 de noviembre de 2002, exp. 7587, y 28 de mayo de 2004, exp. 7101, para citar solo algunos\u201d (Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01)\u00bb (CSJ SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01). <\/p>\n
3.2.3. A ello cabe a\u00f1adir que el se\u00f1or Rivera Perdomo concentr\u00f3 sus esfuerzos en tem\u00e1ticas que hasta ahora eran ajenas a la litis \u2013y, por lo mismo, a la motivaci\u00f3n del fallo recurrido\u2013, de manera que, am\u00e9n de que la motivaci\u00f3n del tribunal se mantuvo al margen de la censura, resulta evidente que el grueso de los alegatos compendiados en los cargos que se analizan apenas vinieron a exteriorizarse en esta sede, lo que configura tambi\u00e9n una inobservancia de las pautas formales propias del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, conforme la jurisprudencia reiterada de la Corte, las razones que no fueron sometidas a consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n y de las dem\u00e1s partes a lo largo de la litis, constituyen un \u201cmedio nuevo\u201d, <\/p>\n
\u00ab(…) el cual es \u201cinadmisible en casaci\u00f3n, toda vez que \u2018la sentencia del ad quem no puede enjuiciarse \u2018sino con los materiales que sirvieron para estructurarla; no con materiales distintos, extra\u00f1os y desconocidos. Ser\u00eda de lo contrario, un hecho desleal, no s\u00f3lo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto del tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas\u2019 (Sent. 006 de 1999 Exp: 5111), al fin y al cabo, a manera de m\u00e1xima, debe tenerse en cuenta que \u2018lo que no se alega en instancia, no existe en casaci\u00f3n\u2019 (LXXXIII p\u00e1g. 57)\u201d (CSJ, SC del 21 de agosto de 2001, Rad. N.\u00b0 6108). <\/p>\n
En tiempo m\u00e1s reciente se precis\u00f3 que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u201cno puede basarse ni erigirse exitosamente\u201d en \u201celementos novedosos, porque \u00e9l, \u2018cual lo expuso la Corte en sentencia de 30 mayo de 1996, expediente 4676, \u2018no es propici[o] para repentizar con debates f\u00e1cticos y probatorios de \u00faltima hora; semejante irrupci\u00f3n constituye medio nuevo y es entonces repulsado (\u2026), sobre la base de considerarse, entre otras razones, que \u2018se violar\u00eda el derecho de defensa si uno de los litigantes pudiese echar mano en casaci\u00f3n de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habr\u00eda podido defender su causa. <\/p>\n
Pero promovidos ya cerrado el proceso, la infirmaci\u00f3n de la sentencia con apoyo en ellos, equivaldr\u00eda a la pretermisi\u00f3n de las instancias, de las formas propias del tr\u00e1mite requerido, con quebranto de la garant\u00eda institucional de no ser condenado sin haber sido o\u00eddo y vencido en juicio (LXXXIII 2169, p\u00e1gina 76)\u2019\u201d (CSJ, SC del 9 de septiembre de 2010, Rad. n.\u00b0 2005-00103-01)\u00bb (CSJ SC18500-2017, 9 nov.). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, la Sala insisti\u00f3 en la necesidad de rechazar los <\/p>\n
\u00ab(…) asuntos ajenos a las instancias que son ondeados de forma novedosa para cuestionar la decisi\u00f3n recurrida (SC, 16 jul. 1965, G. J. n.\u00b0 2278-2279, p. 106). Lo anterior, en salvaguardia de la finalidad excepcional del remedio extraordinario, que supone cuestionar la sentencia como thema decisum, sin que sea dable reabrir el debate de instancia o proponer lecturas novedosas de la controversia para buscar una decisi\u00f3n favorable. \u201cTotal que, seg\u00fan el transcrito numeral 3 del art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el embiste debe ser preciso, en el sentido de dirigirse con acierto contra las bases de la sentencia de instancia, sin que sea posible que se aleje de ellas para traer reflexiones de \u00faltimo minuto o aspectos que est\u00e1n por fuera de la discusi\u00f3n\u201d (negrilla fuera de texto, AC1014, 14 mar. 2018, rad. n.\u00b0 2005-00036-02). <\/p>\n
\u201cCon esta prohibici\u00f3n tambi\u00e9n se tutelan los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los no recurrentes, quienes podr\u00edan verse sorprendidos con un replanteamiento de la plataforma f\u00e1ctica que var\u00ede la causa petendi, sin que tuvieran la oportunidad de controvertirlo y, menos a\u00fan, hacer pedidos probatorios para su desestimaci\u00f3n. <\/p>\n
Agr\u00e9guese que, admitir argumentos nuevos en casaci\u00f3n, hiere la lealtad procesal, en tanto se espera que en los grados jurisdiccionales se discutan las materias f\u00e1cticas objeto de su ligio, sin que pueda aguardarse al final para izar t\u00f3picos con los que se pretende una resoluci\u00f3n favorable\u201d\u00bb (CSJ SC2779-2020, 10 ago.) <\/p>\n
3.2.6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En la totalidad de las censuras que se analizaron, la recurrente se concentr\u00f3 en debatir aspectos de la litis que no fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia del tribunal, lo que equivale a decir que esos cargos son desenfocados y, adem\u00e1s, contienen alegaciones novedosas. Por consiguiente, es imperativa la inadmisi\u00f3n de la demanda de sustentaci\u00f3n, conforme lo dispone el art\u00edculo 346-1 del estatuto procesal civil vigente. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por el convocante frente a la sentencia de 30 de enero de 2020, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Celestino Rivera Perdomo contra Mari\u00f1o Plata S. en C. y terceros indeterminados <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda, devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Previa remisi\u00f3n del expediente a ese distrito judicial por parte de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, como medida de descongesti\u00f3n (Acuerdo PCSJA19-11327 de 26 de junio de 2019, emitido por el Consejo Superior de la Judicatura). <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
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AC4207-2021 (2006-00157-02) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC4207-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 50001-31-03-004-2006-00157-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n que […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-57902","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57902","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57902"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57902\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57902"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57902"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57902"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}