AC4218-2021 (2017-00132-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC4218-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-31-03-010-2017-00132-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Navives Inversiones S.A.S., cesionaria de los derechos litigiosos del extremo actor, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida el 10 de junio de 2020 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso declarativo de pertenencia iniciado en contra del Parque Comercial e Industrial de Barranquilla V\u00eda 40 S.A. e indeterminados. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
El Grupo Construye S.A.S. solicit\u00f3 que, con citaci\u00f3n y audiencia de la compa\u00f1\u00eda Parque Comercial e Industrial de Barranquilla V\u00eda 40 S.A. y dem\u00e1s personas indeterminadas, se declarara que adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n ordinaria o, en su defecto, extraordinaria, la propiedad sobre el predio identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-448098, conocido como Bodega D6A, ubicado en la V\u00eda 40 No. 69-58 de la mencionada urbe (fol. 2 a 3, cno. 1 juzgado). <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. Navarro Vives e Hijos Ltda. (posteriormente Caf\u00e9 Universal S.A., hoy liquidada), ostentaba el derecho de dominio sobre el fundo con matr\u00edcula No. 040-0018941, cuyo lindero sur colindaba con el inmueble matriculado bajo el folio No. 040-0060955, de propiedad de Luisa Edith Puccini de Leal (q.e.p.d.) y Vilar\u00f3 V. & Vilar\u00f3 V. Abogados Asociados Ltda., quienes vendieron la heredad a la aqu\u00ed demandada, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica No. 2631 de 12 de octubre de 1995. <\/p>\n
2. El 12 de noviembre de 1996, la hoy demandante y la nueva due\u00f1a del fundo vecino, celebraron un contrato de transacci\u00f3n donde \u201cestablecieron y reconocieron las \u00e1reas, medidas y linderos de los predios de su propiedad\u201d. Para el efecto, la segunda se comprometi\u00f3 a vender a la primera, la bodega A12, pactando un anticipo de $216.000.000; sin embargo, el 27 de agosto de 1999, las contratantes reemplazaron el objeto de la negociaci\u00f3n descrita por \u201cla bodega localizada dentro del Parque Comercial e Industrial V\u00eda 40 S.A., ubicado en la v\u00eda 40 No. 69-58 de la ciudad de Barranquilla, distinguida con el n\u00famero D6A\u201d. <\/p>\n
3. Por medio de la escritura p\u00fablica No. 3701 de diciembre 16 de 1999, se dividi\u00f3 en dos partes el predio denominado D6, origin\u00e1ndose las bodegas Nos. D6A, con folio de matr\u00edcula No. 040-448098 y D6B. En el mismo documento se protocoliz\u00f3 la enajenaci\u00f3n prometida en favor de Navarro Vives e Hijos Ltda. (hoy Caf\u00e9 Universal S.A. Liquidada), transacci\u00f3n que solo fue registrada el 6 de mayo de 2009, por cuanto sobre el predio de mayor extensi\u00f3n exist\u00eda una medida cautelar ordenada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
4. Por escritura p\u00fablica No. 2818 de 2 de diciembre de 2004, Caf\u00e9 Universal S.A. fue escindida, fungiendo como beneficiaria la firma Inversiones Cantamar S.A., a cuyo patrimonio ingres\u00f3 el \u201cpleno derecho de dominio y posesi\u00f3n material, as\u00ed como tambi\u00e9n la totalidad de derechos reales, materiales e inmateriales\u201d sobre el bien materia de la lid. El 25 de agosto de 2011, Navives Inversiones S.A.S. (antes Inversiones Navarro Vives Ltda.), adquiri\u00f3 tales prerrogativas frente al terreno en comento, al serle transferidas a t\u00edtulo de aporte en especie, por la \u00faltima propietaria relacionada (E.P. 2032). <\/p>\n
5. Por su parte, el 25 de enero de 2012, la sociedad demandante compr\u00f3 a Navives Inversiones S.A.S. \u201cel derecho de dominio y posesi\u00f3n material incluy\u00e9ndose la totalidad de derechos reales, materiales e inmateriales\u201d respecto de la precitada bodega (E.P. 0095). <\/p>\n
6. El 11 de mayo de 2017 fue inscrito el oficio de fecha 25 de marzo de 2014, emitido por el Tribunal de Arbitramento constituido por Vilar\u00f3 V. & Vilar\u00f3 V. Abogados Asociados Ltda., Remberto Vilar\u00f3 Velilla, Jes\u00fas Alfonso, Iv\u00e1n Hernando, Mar\u00eda Luisa, Mar\u00eda In\u00e9s, Renzo Jos\u00e9, Sergio, Efra\u00edn Querub\u00edn y Ana Georgina Leal Puccini contra el Parque Industrial y Comercial de Barranquilla V\u00eda 40 S.A., Jos\u00e9 Gustavo Zea Fern\u00e1ndez y Daniel Abondano Capella, que dispuso dejar \u201csin efectos las anotaciones 7, 9, 11, 12, 13 y posteriores, de tal manera que se cancelaron los registros de los negocios jur\u00eddicos traslaticios de dominio celebrados sobre la bodega D6A\u201d, quedando como su titular la sociedad demandada, quien \u201chasta la fecha ni ha perturbado la posesi\u00f3n ni ha realizado actos tendientes a desvirtuar los de se\u00f1or y due\u00f1o ejercidos [por la reclamante] y [por] quienes con anterioridad poseyeron y figuraron como propietarios\u201d, por m\u00e1s de diecis\u00e9is a\u00f1os. <\/p>\n
7. Las diferentes tradiciones fueron debidamente inscritas ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la ciudad de Barranquilla y cada una de las empresas adquirentes ostent\u00f3 la posesi\u00f3n p\u00fablica y pac\u00edfica de la heredad en litigio, ejerciendo su se\u00f1or\u00edo a trav\u00e9s de la explotaci\u00f3n, el levantamiento de mejoras, adecuaciones, mantenimientos, pago de cuotas de administraci\u00f3n, impuestos, servicios p\u00fablicos, as\u00ed como la celebraci\u00f3n de contratos de arrendamiento con terceros y, \u201cen general, toda clase de actos de car\u00e1cter dispositivo y de posesi\u00f3n sobre la denominada bodega D6A\u201d, que continu\u00f3 desarrollando la demandante, cuyo justo t\u00edtulo \u201cconsiste en una escritura p\u00fablica otorgada por quien en su oportunidad figuraba como propietario del bien y quien hab\u00eda adquirido la titularidad como resultado de una cadena jur\u00eddica traslaticia de dominio por los due\u00f1os inscritos\u201d (fol. 1 a 7, cno.1 juzgado). <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n
<\/p>\n
1. Mediante auto de 18 de mayo de 2017 se admiti\u00f3 la demanda y se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de la demandada y los indeterminados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Arguyendo que el bien materia del litigio \u201cse encuentra embargado dentro del proceso ejecutivo que se adelanta ante el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla, mediante el cual se hace efectivo el laudo arbitral proferido por el tribunal convocado ante la C\u00e1mara de Comercio\u201d de esa ciudad, Remberto Vilar\u00f3 Velilla Jr., Jes\u00fas Alfonso, Mar\u00eda Luisa, Sergio, Efra\u00edn Querub\u00edn Imperio e Iv\u00e1n Hernando Leal Puccini y Vilar\u00f3 V. & Vilar\u00f3 V. Abogados Asociados Ltda., concurrieron a la litis manifestando oposici\u00f3n a la prosperidad del libelo. Para ello, el primero aleg\u00f3 la configuraci\u00f3n de cosa juzgada, falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y la ausencia absoluta del t\u00e9rmino para usucapir, tanto por v\u00eda ordinaria como extraordinaria; por su parte, los \u00faltimos esgrimieron las mismas defensas, aunada a la de \u201cinexistencia de causa para pedir\u201d (fol. 472 a 492, 543 a 582 cno. 2 primera instancia). <\/p>\n
El curador ad-litem designado para la representaci\u00f3n del Parque Comercial e Industrial V\u00eda 40 de Barranquilla S.A., manifest\u00f3 atenerse a lo que resulte probado en el litigio (fol. 614 a 617, ib). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Mediante auto de 11 de febrero de 2019, se acogi\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos litigiosos celebrada entre Grupo Construye S.A.S. y Navives Inversiones S.A.S., quien tom\u00f3 el lugar de la demandante (fol. 634 a 635, ib). <\/p>\n
4. En audiencia llevada a cabo el 8 de julio de 2019, el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla profiri\u00f3 sentencia favorable a las pretensiones principales de la promotora, desechando las excepciones planteadas por el extremo pasivo al hallar acreditados los requisitos necesarios para usucapir (fol. 1050 a 1051, ib). <\/p>\n
5. Los vinculados, Remberto Vilar\u00f3 Velilla Jr., Jes\u00fas Alfonso, Mar\u00eda Luisa, Sergio, Efra\u00edn Querub\u00edn Imperio e Iv\u00e1n Hernando Leal Puccini y Vilar\u00f3 V. & Vilar\u00f3 V. Abogados Asociados Ltda., apelaron la decisi\u00f3n. Como fundamento de su disenso expresaron que el soporte f\u00e1ctico del petitum, no era id\u00f3neo para acreditar los elementos estructurales de la acci\u00f3n incoada, pues sus oponentes no \u201cpueden afirmar que eran poseedores sino que gozaban de la condici\u00f3n de propietarios inscritos, disfrutando el goce y atributos propios que la titularidad del derecho de dominio real les confiere\u201d, condici\u00f3n que \u201cno sirve para probar posesi\u00f3n\u201d, por cuanto, de acuerdo con el precedente de esta Sala, ello equivaldr\u00eda a \u201crevelarse contra s\u00ed mismo, [adem\u00e1s,] el tiempo de su antecesor titular inscrito (sic), no se puede sumar al que se dice ser poseedor\u201d (Audiencia de 9 de junio de 2020, parte 1, cno. tribunal). <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
El ad quem revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n censurada, al considerar que las pruebas recaudadas no lograron acreditar los presupuestos axiol\u00f3gicos de las herramientas jur\u00eddicas invocadas en el escrito introductor, pues aunque la actora adquiri\u00f3 el bien en litigio cuando a\u00fan no figuraba en el folio de matr\u00edcula ning\u00fan gravamen que \u201cpudiera hacerl[a] dudar de que recib\u00eda el bien de quien era el verdadero due\u00f1o\u201d, no acredit\u00f3 el justo t\u00edtulo para usucapir, como quiera que el laudo proferido por el Tribunal de arbitramento convocado por los aqu\u00ed opositores, cancel\u00f3 las anotaciones 7, 9, 11, 12, 13 y siguientes, \u201ct\u00edtulos que sirvieron para ejercer la prescripci\u00f3n ordinaria\u201d; como tal decisi\u00f3n cobr\u00f3 ejecutoria por no haber sido cuestionada por los interesados, \u201c[n]o ser\u00eda el proceso de pertenencia el llamado a desconocer[la] o valorar alg\u00fan presunto error en la decisi\u00f3n proferida\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, en consonancia con los argumentos defensivos de los apelantes, concluy\u00f3 que \u201cel tiempo en que la sociedad demandante ejerci\u00f3 la titularidad no puede alegarse como posesi\u00f3n porque esta tiene como fuente el desconocimiento del dominio ajeno, y no se puede ser poseedor y propietario al mismo tiempo. El animus domini es totalmente diferente al del poseedor\u201d. <\/p>\n
Tampoco estim\u00f3 viable la suma de posesiones pretendida por la actora, porque \u201cal cancelarse todos los actos de las anotaciones 7 en adelante ya citadas no puede hablarse de justos t\u00edtulos que soportaran una pretensi\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria de dominio\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, destac\u00f3 que la determinaci\u00f3n arbitral ya aludida, \u201cmantuvo medidas cautelares que ya conoc\u00eda el demandante, porque desde 2009, mucho antes de adquirir el bien a trav\u00e9s de compraventa, exist\u00eda la medida de inscripci\u00f3n de la demanda, ordenada por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla, que si bien no saca los bienes fuera del comercio, ni interrumpe la prescripci\u00f3n, su finalidad era la publicidad del proceso\u201d, de donde se desprend\u00eda que la reclamante estaba enterada del eventual cambio de titularidad del inmueble. <\/p>\n
Basada en las anotadas disertaciones, enerv\u00f3 la decisi\u00f3n de m\u00e9rito dictada en primera instancia y, en su lugar, deneg\u00f3 los pedimentos de la prescribiente (folios 29 a 40, cno. tribunal). <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n presentada por la parte demandante se erigi\u00f3 sobre tres censuras encausadas por las v\u00edas de la violaci\u00f3n directa e indirecta de la ley sustancial (n\u00fam. 1\u00ba y 2\u00ba, art. 336 del C.G. del P.). <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se recrimin\u00f3 al fallador el quebranto directo de los art\u00edculos 740 a 746, 753, 756, 759, 762, 765, 766, 768, 769, 770, 1521, 2528 y 2531 del C\u00f3digo Civil, 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 42 de la Ley 57 de 1887, 590 y 591 del C\u00f3digo General del Proceso y la Ley 1563 de 2012, por inaplicaci\u00f3n de unos e interpretaci\u00f3n indebida de otros. <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, recrimin\u00f3 la hermen\u00e9utica del fallador en torno al \u00faltimo canon citado, pues, estableci\u00f3 que \u201cel \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o del poseedor es distinto al (\u2026) del propietario\u201d, cuando, en su sentir, debi\u00f3 concluir que \u201c[e]l animus dominus, es coincidente entre poseedor y propietario, ambos ejercen actos de se\u00f1or y due\u00f1o, y realizan actos de conservaci\u00f3n y no reconocen a terceros con mejor derecho sobre el bien\u201d, al punto que la norma no discrimina entre el \u00e1nimo de uno y otro, pues, de hacerlo, \u201cno podr\u00eda nunca ser alegada una pertenencia ordinaria para sanear un t\u00edtulo traslaticio de dominio\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, arguy\u00f3 que, como ninguno de los opositores controvirti\u00f3 \u201cel t\u00edtulo adquisitivo de dominio\u201d de la demandante, por cuanto no debatieron su validez, ni mencionaron, mucho menos acreditaron, la existencia de alg\u00fan tipo de fraude u otro yerro, el tribunal debi\u00f3 aplicar los art\u00edculos 764, 740, 745, 746, 747, 765, 766, 768, 770 y 1521 de la ley de enjuiciamiento civil, lo cual habr\u00eda permitido dar por demostrados \u201clos elementos para la prescripci\u00f3n ordinaria de dominio, porque en la posesi\u00f3n regular, se debe ver el \u00e1nimo que Grupo Construye ten\u00eda a la luz de la doctrina probable de la Corte Suprema de Justicia\u201d. <\/p>\n
Para la recurrente, la incursi\u00f3n del juzgador en las falencias descritas, incidi\u00f3 en la resoluci\u00f3n adversa de sus pretensiones, puesto que, amparado en su escritura de compraventa, Grupo Construye S.A.S. ejerci\u00f3 se\u00f1or\u00edo, coincidente con el de un propietario, sobre la heredad en litigio, adquiriendo el derecho a usucapirla. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Imput\u00f3 la transgresi\u00f3n de los mismos preceptos en los cuales se soport\u00f3 el primer embate a excepci\u00f3n de los c\u00e1nones 742 a 744 del ordenamiento civil y la Ley 1563 de 2012 y adicion\u00f3 el 747 del primer compendio, como consecuencia de errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciaci\u00f3n de las siguientes pruebas: <\/p>\n
1. El laudo arbitral dictado en el proceso, de esa naturaleza, iniciado por los opositores contra el Parque Comercial e Industrial V\u00eda 40 de Barranquilla S.A., cuyo contenido, en criterio de la recurrente fue tergiversado, pues con base en \u00e9l se dio por demostrado, sin estarlo, que la declaratoria de incumplimiento contractual e indemnizaci\u00f3n de perjuicios a favor de las all\u00e1 convocantes imped\u00eda \u201cconfigurar los elementos axiol\u00f3gicos de la pertenencia\u201d, cuando las pretensiones de ese tr\u00e1mite \u201ceran de car\u00e1cter personal y no real, por tanto, ni la demanda, ni el laudo, controvirtieron el t\u00edtulo\u201d, ni daban al traste con la prescripci\u00f3n adquisitiva reclamada, ya que \u201caun con la existencia de la decisi\u00f3n arbitral, el justo t\u00edtulo se ha mantenido inc\u00f3lume\u201d. <\/p>\n
Contrariando lo anterior, el tribunal concluy\u00f3 que esa prueba desvirtuaba su buena fe, por haber comprado un bien con una demanda inscrita, sin reparar en las pretensiones del laudo, lo cual \u201cle hubiera permitido concluir que lo pedido en dicha demanda, en nada involucraba al tradente de Grupo Construye, muy por el contrario solo cuestionaba, mediante una acci\u00f3n personal, un incumplimiento contractual de un propietario sobre un contrato de promesa de compraventa, en donde las peticiones, ninguna relaci\u00f3n guardaban con el bien\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, destac\u00f3, el juzgador plural consider\u00f3 que \u201cindependientemente de la pretensi\u00f3n sometida a consideraci\u00f3n del tribunal de arbitramento\u201d su decisi\u00f3n \u201cimped\u00eda la posibilidad de configurar el \u00e1nimo del demandante\u201d, afirmaci\u00f3n que desconoce el objeto de ese litigio y su ajenidad al mismo, sin que pudiera exig\u00edrsele, como lo hizo el ad-quem, impugnar el fallo que all\u00ed se dict\u00f3, olvidando que \u201clas decisiones judiciales y\/o arbitrales son vinculantes y pueden ser demandadas por quienes ostentan la calidad de parte procesal, un tercero, que no fue llamado a juicio, que no particip\u00f3 dentro del tr\u00e1mite, que no conoci\u00f3 el fallo, [no] debi\u00f3 promover recurso de anulaci\u00f3n en contra de dicha decisi\u00f3n que de forma extralegal y con un claro abuso del derecho, hoy afecta sus derechos de propiedad\u201d. <\/p>\n
Acto seguido, trajo a colaci\u00f3n un fragmento de la sentencia CSJ SC19903 de 2017, rad. 2011-00145-01, donde esta Corporaci\u00f3n abord\u00f3 el estudio de los efectos jur\u00eddicos producidos por la inscripci\u00f3n de la demanda, concluyendo que esta medida cautelar no pon\u00eda el bien fuera del comercio ni \u201ctorna en acto de mala fe la adquisici\u00f3n del derecho sujeto o dependiente de la misma, cuando el t\u00edtulo que contiene la negociaci\u00f3n es registrado con posterioridad a aquella; tampoco interrumpe la posesi\u00f3n\u201d, m\u00e1xime, cuando en el respectivo juicio no se debate el derecho real de dominio sino uno de orden personal. <\/p>\n
Destac\u00f3, igualmente que, en dicha providencia, la Corte clarific\u00f3 que la eventual cancelaci\u00f3n del registro de una escritura p\u00fablica de compraventa, afectar\u00eda el modo, pero no el t\u00edtulo mismo, en tanto y \u201cmucho menos envilece, la buena fe que ab initio o al momento de la adquisici\u00f3n se presentaba\u201d. <\/p>\n
Basada en lo anterior, la inconforme insisti\u00f3 en la indebida interpretaci\u00f3n del documento analizado por parte del colegiado, quien \u201cno valor\u00f3 las pretensiones pedidas en dicha demanda, solamente concluy\u00f3, sin an\u00e1lisis alguno que su existencia imped\u00eda el surgimiento de los requisitos de la prescripci\u00f3n, olvidando, que deb\u00eda analizar el hecho de que lo entonces pretendido era una acci\u00f3n personal y no real, y si bien, no pod\u00eda entrar a cuestionar y\/o a invalidar la decisi\u00f3n arbitral, tampoco pod\u00eda darle un alcance que no ten\u00eda\u201d, recrimin\u00e1ndole, adem\u00e1s, el hecho de no haber rebatido aquel pronunciamiento que calific\u00f3 de abiertamente contrario al ordenamiento jur\u00eddico, cuando jam\u00e1s fue vinculada a esa actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Para la censora, el fallador dio por probado, sin estarlo, que con el laudo arbitral ya rese\u00f1ado, se invalid\u00f3 la escritura p\u00fablica No. 095 de 25 de enero de 2012, mediante la cual su cedente adquiri\u00f3 el derecho de dominio sobre el fundo objeto de la litis, cuando, en realidad, la inscripci\u00f3n de la demanda no desvirtuaba la buena fe de Grupo Construye S.A.S. \u201cal momento de adquirir el bien y, por tanto, al invalidarse el modo, el t\u00edtulo no corre la misma suerte\u201d; luego, coligi\u00f3, estaban satisfechos los requisitos para usucapir. <\/p>\n
En ese sentido, critic\u00f3 la ausencia de valoraci\u00f3n a dicho instrumento notarial y al certificado de tradici\u00f3n y libertad del bien aportado a las diligencias, recalcando que el estudio del enjuiciador se centr\u00f3 en \u201cuna (1) prueba y de forma errada\u201d y dej\u00f3 de lado \u201cque el t\u00edtulo permanece inc\u00f3lume, incluso al modificarse o cancelarse el modo de adquisici\u00f3n del bien, conforme la legislaci\u00f3n y los diversos pronunciamientos que sobre este aspecto ha emitido la Corte Suprema de Justicia\u201d. <\/p>\n
Despu\u00e9s de volver a transcribir los apartes arriba descritos de la providencia SC19903-2017 de esta Corporaci\u00f3n, asever\u00f3 que el ad-quem \u201cal no valorar el certificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble y el contenido y alcance de la escritura p\u00fablica de transferencia de dominio, le dio una consecuencia a un justo t\u00edtulo que ni jur\u00eddica, ni probatoriamente, (\u2026) tiene\u201d, yerro que, de no haber ocurrido, le habr\u00eda permitido declarar la prescripci\u00f3n adquisitiva invocada. <\/p>\n
Soportada en las anteriores disertaciones, la casacionista denunci\u00f3 la violaci\u00f3n de las normas sustanciales mencionadas en su acusaci\u00f3n, con las conclusiones del tribunal, consistentes en que (i) \u201cla inscripci\u00f3n de una demanda proveniente de un proceso arbitral, con acci\u00f3n meramente personal, en contra de un propietario, que lo fue para el a\u00f1o 1998, ten\u00eda el valor suficiente para imposibilitar la configuraci\u00f3n de los requisitos de la casaci\u00f3n (sic), pero ello, no es posible (\u2026) porque ni la ley permite dicha hermen\u00e9utica, ni la jurisprudencia nacional, mediante el establecimiento de la doctrina probable, lo habilita\u201d y que (ii) \u201cincluso cuando judicialmente no se cuestion\u00f3 la titularidad de los derechos por parte de los propietarios anteriores a Grupo Construye S.A.S., el t\u00edtulo que a la fecha, por expresa disposici\u00f3n legal, ostenta la condici\u00f3n de justo, no pod\u00eda ser fundamento para la acci\u00f3n ordinaria\u201d. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Se enrostr\u00f3 a la determinaci\u00f3n adoptada el quebranto indirecto de las disposiciones 42 de la Ley 57 de 1887, 281, 302 \u201cy ss\u201d, 590 y 591 del C\u00f3digo General del Proceso, de la Ley 1563 de 2012 y del art\u00edculo 17 del compendio civil, \u201ccomo consecuencia de un error de derecho manifiesto y trascendente al desconocer las normas probatorias en cita, y darle alcances y efectos a un laudo arbitral que no los puede tener respecto del demandante en el proceso de pertenencia\u201d. <\/p>\n
Al desarrollar su ataque, recab\u00f3 en la indebida apreciaci\u00f3n del laudo arbitral tantas veces citado, se\u00f1alando que \u201cel error de derecho\u201d se produjo por dar por demostrado, sin estarlo, que: (i) \u201cel alcance de la decisi\u00f3n arbitral, en donde no se vincul\u00f3 ni intervino Grupo Construye S.A.S. y se (\u2026) debati[\u00f3] una acci\u00f3n subjetiva (\u2026) le es aplicable a la demandante por capricho del ad quem y contrariando los efectos inter partes de las decisiones judiciales\u201d, (ii) \u201cuna persona que no fue parte ni vinculada al proceso judicial, tiene la potestad de recurrir una providencia judicial y\/o arbitral\u201d, y (iii) \u201cen el laudo arbitral se debatieron derechos reales y no personales\u201d. <\/p>\n
Para la memorialista, la falta de confrontaci\u00f3n del veredicto del tribunal de arbitramento con las reglas 590 y 591 del C\u00f3digo General del Proceso, ocasion\u00f3 la decisi\u00f3n desfavorable a sus intereses, pues de haber llevado a cabo esa labor, el colegiado no habr\u00eda hecho extensible la medida cautelar inscrita en el folio de matr\u00edcula a quienes no intervinieron en ese decurso; siguiendo esa misma l\u00f3gica, si hubiese tomado en consideraci\u00f3n su ajenidad a dicha causa, no le habr\u00eda enrostrado la firmeza del laudo no impugnado (Demanda de casaci\u00f3n, cno. Corte, exp. digital). <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Caracter\u00edstica esencial de este instrumento de defensa es su condici\u00f3n extraordinaria, por lo que no constituye una instancia adicional, ni ata\u00f1e al aspecto f\u00e1ctico de la controversia judicial (thema decidendum); sin que pueda v\u00e1lidamente utilizarse como una nueva oportunidad para debatir el factum del litigio, am\u00e9n que su finalidad primordial es escrutar el contenido del fallo proferido por el ad-quem (thema decissus), con miras a visualizar los yerros denunciados y, as\u00ed, en una confrontaci\u00f3n id\u00f3nea, quebrar la providencia confutada, motivo por el cual, el simple descontento con lo dictaminado no permite analizar de fondo el veredicto objeto de cuestionamiento. <\/p>\n
Para tales fines, el legislador ha impuesto la carga de cimentar la censura en alguna de las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros indispensables para su tr\u00e1mite \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700; reiterado en CSJ AC703-2020, 2 mar., rad. 2015-00192-01). <\/p>\n
As\u00ed que, la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, que la impugnaci\u00f3n est\u00e9 soportada en las causales taxativamente contempladas en el art\u00edculo 336 de esa obra as\u00ed como la formulaci\u00f3n separada de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnador asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene acompa\u00f1ada la providencia. <\/p>\n
2. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros, la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb (indirecta). Los segundos, hacen referencia a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan (vicios de actividad). <\/p>\n
2.1. Sea que el reproche descanse en una presunta infracci\u00f3n por la senda recta o en una violaci\u00f3n indirecta, el quejoso deber\u00e1 se\u00f1alar los c\u00e1nones de derecho sustancial que estime inobservados, y para ello le basta con denunciar cualquier precepto de esa estirpe que, constituyendo base sustancial de la resoluci\u00f3n rebatida, o habiendo debido serlo, haya sido infringido. <\/p>\n
<\/p>\n
Es necesario recalcar que, a riesgo de la inadmisi\u00f3n y deserci\u00f3n del libelo, no puede el recurrente sustraerse de especificar aquellos con esa calidad, siendo tales, los que \u00abdebido a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC 943-2020, 19 mar., rad. 2016-00299-01; CSJ AC3484-2020, 14 dic., rad. 2016-00112-01; CSJ AC3661-2020,18 dic., rad. 2018-00094-01). <\/p>\n
<\/p>\n
Adem\u00e1s de la anotada connotaci\u00f3n de los mandatos presuntamente transgredidos, se requiere una especial conexi\u00f3n con la sentencia impugnada, a tal punto que las invocadas en la demanda fueron soporte esencial de la decisi\u00f3n, o al menos, en criterio del opugnante, debieron serlo. Por ello, no puede obviarse que \u00abel cargo ser\u00e1 inadmisible si se citan textos legales insustanciales o que, a pesar de ostentar esa naturaleza, carezcan de relaci\u00f3n con la controversia\u00bb (CSJ AC 943-2020, 19 mar., rad. 2016-00299; CSJ AC3484-2020, 14 dic., rad. 2016-00112-01). <\/p>\n
<\/p>\n
La postura de la Corte se justifica porque no es posible, en sede de casaci\u00f3n, completar el ataque, fijando las disposiciones desobedecidas, o establecer el alcance de la cr\u00edtica, pues la funci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n est\u00e1 delimitada por el se\u00f1alamiento del impugnante, de suerte que se confronten las previsiones legales aducidas con la decisi\u00f3n objeto del recurso, para establecer si se dio o no la inobservancia. <\/p>\n
En ese orden, la selecci\u00f3n de los preceptos en que el acusador funde su reproche no puede ser caprichosa \u00aben tanto que la menci\u00f3n que al respecto haga debe corresponder al fundamento jur\u00eddico medular del fallo cuestionado, o a aquel que estaba llamado a erigirse como tal, y que hubiese sido indebidamente aplicado, desconocido o err\u00f3neamente interpretado por el sentenciador\u00bb (CSJ AC2386-2019, 20 jun., rad. 2015-00692-01). <\/p>\n
2.2. Cuando se denuncia la trasgresi\u00f3n indirecta de normas sustanciales, el descontento del impugnante se dirige contra el ejercicio valorativo del juzgador, sea por error de evaluaci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 contrariando las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio, o por la indebida interpretaci\u00f3n que hace de la demanda o su contestaci\u00f3n, ora cuando supone, omite o altera el contenido de los elementos de convicci\u00f3n que le sirven de soporte a su resoluci\u00f3n, con la connotaci\u00f3n de ser manifiesta y trascedente, de suerte que la apreciaci\u00f3n realizada se muestre alejada de la realidad procesal, absurda, o sin justificaci\u00f3n, pero, adem\u00e1s, que influya en la manera en que se zanj\u00f3 el debate, generando as\u00ed la trasgresi\u00f3n de las disposiciones sustanciales llamadas a operar en la contienda sometida a la decisi\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n, que de no haber ocurrido el resultado ser\u00eda distinto. <\/p>\n
Para atender dicha carga deber\u00e1 enfrentar los razonamientos esenciales y los medios de prueba sobre los cuales ciment\u00f3 el fallador su decisi\u00f3n, con el objeto de desvirtuarlos, se\u00f1alando la incidencia de los yerros y la forma como estos llevaron a la desatenci\u00f3n de los preceptos materiales invocados, su contundencia e inconsistencia entre lo que objetivamente se desprende de tales probanzas y las conclusiones de la sentencia, am\u00e9n \u00abque no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casaci\u00f3n, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dial\u00e9ctico, as\u00ed sea acertado, frente a unas conclusiones tambi\u00e9n razonables del sentenciador, dejar\u00eda de ser evidente, pues simplemente se tratar\u00eda de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecer\u00eda el del juzgador, puesto que la decisi\u00f3n ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunci\u00f3n de acierto (CSJ SC de 9 de agosto de 2010, rad. 2004-00524-01\u00bb (subrayado no es del texto; CSJ SC1905-2019, 4 jun., rad. 2011-00271-01, reiterado en CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
2.2.1. Tocante al error de hecho se ha adoctrinado, \u00abque surge en la suposici\u00f3n o en la apreciaci\u00f3n o en la preterici\u00f3n de pruebas. Supone la prueba el juzgador que haya un medio en verdad inexistente, as\u00ed como aquel que distorsiona el elemento probatorio que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene; y resulta preterida, u omitida, la prueba cuya presencia cierta es ignorada en todo o cercenada en parte, esto \u00faltimo para asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa (\u2026)\u00bb (CSJ SC115 20 jun. 2001, rad. 5937, reiterada en CSJ SC3129-2021, 13 ago., rad. 2016-00124-01). <\/p>\n
Puntualmente, la Corte ha expresado que \u00abcuando endilgue al sentenciador violaci\u00f3n de la ley sustancial, a consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas-, m\u00e1s que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo -o debi\u00f3 extraer- el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ SC3142-2021 citada). <\/p>\n
2.2.2. A su turno, el error de derecho presupone que el sentenciador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia de la prueba y fijaci\u00f3n de su contenido, pero las apreci\u00f3 \u00absin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1gina 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01). <\/p>\n
De ah\u00ed que, cuando el ataque se perfile por este cauce, el discrepante deber\u00e1, adicionalmente, citar \u00ablas normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb. <\/p>\n
Consecuente con esto, a efecto de demostrar la ocurrencia del error de iure, el casacionista parte del supuesto de que la prueba \u00ab(\u2026) fue exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringi\u00f3 las normas legales que reglamentan tanto su producci\u00f3n como su eficacia (\u2026)\u00bb (CSJ SC de 24 de mayo de 2017, Exp. 2006-00234). <\/p>\n
2.2.3. El indicado yerro incorpora, asimismo, lo atinente a no sopesar conjuntamente las pruebas, como lo exige el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, precepto, seg\u00fan el cual, \u00ab[l]as pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb. <\/p>\n
Sobre este tipo de desatino, esta Corporaci\u00f3n ha acotado: <\/p>\n
(\u2026)en el sistema de la sana cr\u00edtica adoptado por nuestro ordenamiento procesal civil, la apreciaci\u00f3n probatoria es una operaci\u00f3n de car\u00e1cter cr\u00edtico y racional que no puede cumplirse de manera fragmentada o aislada, sino en conjunto, con base en las reglas de la l\u00f3gica, la ciencia y la experiencia, que, necesariamente, comprende el cotejo o comparaci\u00f3n de todos los medios suasorios allegados al proceso, con el fin de establecer sus puntos de convergencia o de divergencia. A partir de ese labor\u00edo, el Juez, en cumplimiento de esta exclusiva actividad procesal, le asigna m\u00e9rito a las pruebas de acuerdo al grado de convencimiento que le generen y emite su veredicto acerca de los hechos que, siendo objeto de discusi\u00f3n, quedaron demostrados en el juicio. <\/p>\n
Respecto a la trasgresi\u00f3n del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que impone la apreciaci\u00f3n de las pruebas en su conjunto, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que da lugar a un error de derecho, por desconocimiento de una prescripci\u00f3n legal instituida para evaluar las pruebas. No obstante, seg\u00fan se explic\u00f3 en SC 25. Nov. 2005, exp. 1998-00082-01, cuando se invoca esta causal de casaci\u00f3n, la labor del impugnante no puede limitarse a enunciar el presunto yerro, sino que debe demostrar que la valoraci\u00f3n probatoria fue realizada respecto de cada medio probatorio individualmente considerado, de manera aislada, sin conectarlo con los dem\u00e1s que obren en el plenario. (\u2026)\u00bb. (CSJ SC3249-2020, 7 sep., rad. 2011-00622-02). <\/p>\n
3. Dada esa desemejanza que tienen los diversos motivos autorizados por el legislador para denunciar una sentencia en casaci\u00f3n, no le ser\u00e1 dable al opugnante deambular entre las distintas causales o mixturar su contenido, dada la autonom\u00eda y caracter\u00edsticas dis\u00edmiles de cada una; incluso, cuando se acude a la segunda no podr\u00e1 entremezclar equivocaciones de hecho y de derecho, dado que \u00ab[l]as dos especies de error en la apreciaci\u00f3n de la prueba, de hecho y de derecho, son de naturaleza distinta y, por lo mismo, no se puede aducir en un mismo cargo la concurrencia de ambos respecto de id\u00e9nticos medios de prueba, ni resulta id\u00f3neo invocar el uno sustentado en elementos propios del otro, pues si se denuncia como de hecho y se fundamenta como de derecho, o viceversa, am\u00e9n de que el cargo se torna oscuro e impreciso, implica que en el fondo el vicio que se quiso delatar carece de fundamentaci\u00f3n\u00bb (CSJ, SC de 10 de agosto de 2001, Rad. 6898). <\/p>\n
Ciertamente, de forma reiterada se ha sostenido la inviabilidad de entremezclar, al interior de un mismo cargo y en relaci\u00f3n con unas mismas pruebas, el desacierto f\u00e1ctico y el de iure ya que, como antes se apunt\u00f3, el primero se refiere a la ponderaci\u00f3n objetiva de los medios de convicci\u00f3n, mientras que el segundo alude a su valoraci\u00f3n jur\u00eddica a la luz de las normas de disciplina probatoria, que gobiernan su producci\u00f3n y eficacia lo que, por ende, presupone su adecuada contemplaci\u00f3n material por el juzgador, circunstancias que los tornan excluyentes entre s\u00ed. <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha expresado que \u00ab{e}l art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso ordena que los cargos sean formulados de manera separada, esto es, sin mezcla entre las diversas causales, v\u00edas o errores; por tanto, cada acusaci\u00f3n debe responder a un motivo concreto y espec\u00edfico, fuera de divagaciones que puedan conducir a que la v\u00eda seleccionada sea inadecuada a la sustentaci\u00f3n esbozada. <\/p>\n
Regla explicable por la disimilitud de las causales, en tanto cada una de ellas est\u00e1 destinada a cuestionar t\u00f3picos particulares de la sentencia atacada, siendo incompatible su amalgamiento (\u2026)\u00bb (CSJ AC6341, 21 oct. 2014, rad. 2007-00145-01, CSJ AC 2707, 10 jul. 2019, rad. 2016-46013-01, reiterado en CSJ SC3172-2021, 28 jul., rad. 2015-00149-01; se subraya). <\/p>\n
4. Desde el p\u00f3rtico se advierte que las acusaciones no tienen vocaci\u00f3n de admisibilidad, por cuanto la impugnante incurri\u00f3 en diversos defectos de t\u00e9cnica que impiden franquear la senda de la s\u00faplica extraordinaria, de cara al descontento con la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
4.1. Tres fueron los reproches concretos expuestos en la primera censura, enderezada por la v\u00eda de la infracci\u00f3n directa: alegando la inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo Civil, la vencida en el juicio cuestion\u00f3 que el tribunal diera por sentado que la inscripci\u00f3n de una demanda, cuyas pretensiones eran subjetivas, imped\u00eda la configuraci\u00f3n del justo t\u00edtulo de que trata el art\u00edculo 765 ejusdem, para acceder a la prescripci\u00f3n ordinaria reclamada; cuestion\u00f3, en segundo lugar, la distinci\u00f3n hecha entre el se\u00f1or\u00edo que ejerce un propietario y el de un poseedor, cuando el canon 762 idem, no distingue entre uno y otro; y, por \u00faltimo, estim\u00f3 inaplicados los preceptos 764, 740, 745, 746, 747, 765, 766, 768, 770 y 1521 del mismo compendio, al no determinar que existi\u00f3 posesi\u00f3n regular al cumplirse el requisito de la buena fe al momento de la adquisici\u00f3n del bien, pese a que ello no fue materia de disputa en el pleito. <\/p>\n
Varios reparos encuentra la Corte frente a este ataque, empezando porque se evidencia una citaci\u00f3n indiscriminada de normas que, en su mayor\u00eda, no ostentan el car\u00e1cter sustancial requerido para soportar el ataque, como es el caso de las disposiciones 740 a 746, 756, 759, 762, 765, 766, 768, 769, 770, 1521, 2528, 2531 del ordenamiento civil y 590 y 591 del C\u00f3digo General del proceso, por tratarse de reglas encargadas de definir conceptos o enunciarlos, establecer requisitos de validez para instituciones jur\u00eddicas como la tradici\u00f3n, la posesi\u00f3n y las clases de t\u00edtulos adquisitivos de dominio y de regular lo concerniente a la aplicabilidad de algunas medidas cautelares en determinados juicios, nada de lo cual crea, modifica o extingue derechos u obligaciones concretas entre sujetos determinados, como lo ha decantado insistentemente la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n1. Otras, como la Ley 1563 de 2012, fueron citadas de manera gen\u00e9rica sin especificar cu\u00e1les de sus art\u00edculos fueron quebrantados por el fallador, mientras los c\u00e1nones 753 del ordenamiento civil y 58 de la Carta Pol\u00edtica, simplemente se mencionaron sin exponer en qu\u00e9 consisti\u00f3 su vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Aunque pudiera pensarse que el mandato 42 del ordenamiento civil2, cuya modificaci\u00f3n por el 2\u00ba de la Ley 38 de 1945 no puso de presente la censora, soporta suficientemente el ataque, lo cierto es que no se trata de la norma llamada a regular el asunto, sino, eventualmente, uno de los t\u00f3picos que la recurrente cuestiona al fallo y que est\u00e1 relacionado con el alcance, en su sentir, dado a la inscripci\u00f3n de la demanda en el folio de matr\u00edcula del predio de mayor extensi\u00f3n de donde fue segregado el lote ahora reclamado. <\/p>\n
Frente a este aspecto, observa la Sala un desatino de la impugnante al extraer la postura del ad-quem, pues \u00e9ste, en manera alguna, asever\u00f3 que tal medida desvirtuara la buena fe de la compradora, lo que concluy\u00f3, y en efecto, de manera desacertada, fue que el t\u00edtulo esgrimido por la demandante, qued\u00f3 sin piso con la emisi\u00f3n del laudo arbitral que dispuso cancelar las anotaciones s\u00e9ptima y siguientes del inmueble perseguido en pertenencia, cuando, en verdad, la anulaci\u00f3n de tales actos registrales \u2013modo-, en nada alteraba la existencia y validez de la escritura p\u00fablica de compraventa \u2013t\u00edtulo-, m\u00e1xime, cuando en aquel tr\u00e1mite arbitral no se debatieron derechos reales sobre tal heredad. <\/p>\n
Aunque total raz\u00f3n le asiste a la recurrente en este \u00faltimo aspecto, tal yerro del sentenciador no tiene la magnitud para derruir su veredicto, pues \u00e9ste goza de un argumento basilar que no fue debidamente confrontado por la inconforme y tiene que ver con la imposibilidad de que un propietario reclame la usucapi\u00f3n de su predio. Al respecto, consider\u00f3 el juzgador plural que \u201cel tiempo en que la sociedad demandante ejerci\u00f3 la titularidad no puede alegarse como posesi\u00f3n porque esta tiene como fuente el desconocimiento del dominio ajeno, y no se puede ser poseedor y propietario al mismo tiempo. El animus domini es totalmente diferente al del poseedor\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, este cuestionamiento se qued\u00f3 en un simple alegato de instancia que propone una interpretaci\u00f3n divergente a la del juez de segundo grado, pero sin demostrar el yerro en la hermen\u00e9utica utilizada en la sentencia. En efecto, la casacionista no puso de presente el fundamento de su particular entendimiento frente a este particular, es decir, no sustent\u00f3 jur\u00eddica ni jurisprudencialmente porqu\u00e9 es dable al due\u00f1o -y enti\u00e9ndase por tal a aquel en quien concurren el t\u00edtulo y el modo-, usucapir su propio bien, pues, prima facie, no se evidencia que pueda asimilarse el se\u00f1or\u00edo del propietario con el de un poseedor, ni la necesidad de tal equiparaci\u00f3n. <\/p>\n
Distinto es que quien ostente la posesi\u00f3n regular de una cosa determinada, acompa\u00f1ada de un justo t\u00edtulo, pero no la tradici\u00f3n formal de la misma, pueda acudir a la acci\u00f3n de pertenencia para obtenerla, tal como era el caso del Grupo Construye S.A.S. una vez cumplida la orden del tribunal de arbitramento, de cancelar las anotaciones s\u00e9ptima en adelante del respectivo folio de matr\u00edcula. Empero, para la admisi\u00f3n de su recurso extraordinario, le correspond\u00eda demostrar la trascendencia del error del fallador al haber desconocido la escritura p\u00fablica de compraventa mediante la cual la citada organizaci\u00f3n adquiri\u00f3 el inmueble, cosa que no se observa y que, en todo caso, debi\u00f3 hacerse por la senda de la causal segunda, en tanto tal prop\u00f3sito conlleva el examen del caudal probatorio adosado a esta actuaci\u00f3n, teniendo en cuenta que la equivocaci\u00f3n, solamente tendr\u00eda relevancia de encontrarse acreditado el t\u00e9rmino de posesi\u00f3n necesario para adquirir el dominio del fundo. <\/p>\n
4.2. En la segunda acusaci\u00f3n, estructurada, esencialmente, en las mismas normas que sirvieron de base al primer reproche a excepci\u00f3n de los c\u00e1nones 742 a 744 del ordenamiento civil y la Ley 1563 de 2012, la disidente enrostr\u00f3 al ad quem la comisi\u00f3n de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n del laudo arbitral emitido en el juicio promovido por los aqu\u00ed opositores a la demandada Parque Comercial e Industrial V\u00eda 40 de Barranquilla S.A., escritura p\u00fablica No. 095 de 25 de enero de 2012, el certificado de tradici\u00f3n y libertad del inmueble objeto del litigio, los testimonios de Luis Fernando Navarro Pulido y Carlos Fl\u00f3rez y las pruebas documentales allegadas a la foliatura. <\/p>\n
El reproche, adem\u00e1s de adolecer de los mismos defectos de t\u00e9cnica del primer ataque en cuanto a la determinaci\u00f3n de las normas que debieron servirle de fundamento, dej\u00f3 de lado la labor de contraste que le es exigible a quien pretende desvirtuar las conclusiones f\u00e1cticas de una sentencia, pues olvid\u00f3 explicitar el contenido objetivo de cada una de las pruebas mencionadas y contrastarlo con lo que de ellas dedujo el fallador para efectos de poner en evidencia su yerro, con caracter\u00edsticas de evidente y trascendente para la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la labor dial\u00e9ctica \u00abimplica la confrontaci\u00f3n entre lo que real y objetivamente fluye de la probanza respectiva y la conclusi\u00f3n que de ella deriv\u00f3 el sentenciador, pues (\u2026) s\u00f3lo as\u00ed podr\u00e1 la Corte, dentro de los confines exactos de la acusaci\u00f3n, establecer si en verdad se present\u00f3 el desatino que[,] con ribetes de protuberancia le endilga el casacionista\u00bb (G. J. l. CCXLVJ, Vol. 1. p\u00e1g. 270; CCXLIX, ll, p\u00e1g.1338). (\u2026)\u00bb (CSJ SC056, 8 abr. 2005, rad. 7730, reiterada en CSJ AC2203-2021, 9 jun., rad. 2016-00775-01). <\/p>\n
Adicionalmente, incurri\u00f3 en la falencia de entremezclar los cuestionamientos a la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el ad-quem, con cr\u00edticas encaminadas a refutar su postura jur\u00eddica frente a los efectos de la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda y su incidencia en la buena fe de quien adquiere un predio en esas condiciones, soportando sus embates en un pronunciamiento de esta Corporaci\u00f3n, donde se abord\u00f3 el estudio de dichos t\u00f3picos y los atinentes a la diferencia que existe entre el t\u00edtulo y el modo como elementos constitutivos del derecho de propiedad, cuando este ejercicio es propio de la causal primera de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Resta destacar el total descuido de la impugnante por demostrar los aportes que a la litis hicieron los testigos Luis Fernando Navarro Pulido y Carlos Fl\u00f3rez o las piezas documentales dejadas de analizar por el fallador, pues absolutamente nada dijo al respecto, de tal manera que no cuenta la Corte con los elementos necesarios para evidenciar la relevancia de tales probanzas y c\u00f3mo su apreciaci\u00f3n habr\u00eda variado la determinaci\u00f3n del juzgador plural. <\/p>\n
4.3. Lo propio sucede con el \u00faltimo ataque, en donde, por la v\u00eda de la infracci\u00f3n indirecta, por errores de derecho, se recrimin\u00f3 al juzgador: (i) haber hecho extensivos los efectos del laudo arbitral ya comentado, a la demandante cuando nada tuvo que ver en esa actuaci\u00f3n, (ii) reprocharle el no haberla recurrido, permitiendo as\u00ed su ejecutoria y, (iii) establecer que all\u00ed se debatieron derechos reales y no personales. <\/p>\n
Es palpable que la recurrente mezcl\u00f3 los yerros f\u00e1cticos que soportan su cr\u00edtica, en tanto acus\u00f3 a la sentencia de incurrir en error de derecho, pero al desarrollar la acusaci\u00f3n se controvirti\u00f3 la valoraci\u00f3n material de la decisi\u00f3n dictada por la autoridad arbitral, incurriendo en una mixtura inaceptable en sede de casaci\u00f3n, teniendo en cuenta la diferencia indiscutible que existe entre dichas categor\u00edas, por lo que \u00abesta diferencia permite decir que \u2018no es admisible para la prosperidad del cargo en que se arguye error de hecho, sustentarlo con razones propias del error de derecho, ni viceversa, pues en el fondo implica dejar enunciado el cargo pero sin la sustentaci\u00f3n clara y precisa que exige la ley; y, dada la naturaleza dispositiva del recurso de casaci\u00f3n, le est\u00e1 vedado a la Corte escoger a su libre arbitrio entre uno y otro yerro\u2019 para examinar las acusaciones\u2019 (CSJ SC077 15 sep. 1998, rad. 4886; CSJ SC 112 21 oct. 2003, rad. 7486, reiterada, entre otras, en CSJ SC2499-2021, 23 jun., rad. 2006-00135-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la casacionista nuevamente olvid\u00f3 exponer el contenido de la prueba que se dice indebidamente evaluada, pues, ninguna evidencia dej\u00f3 acerca de los fundamentos f\u00e1cticos ni jur\u00eddicos de ese pronunciamiento, de tal manera que se permitiera a esta Corporaci\u00f3n advertir cu\u00e1les fueron los aspectos en torno a los cuales gir\u00f3 la controversia all\u00e1 suscitada, con miras a poder determinar si fueron adecuados o no los alcances que el decisor colegiado deriv\u00f3 de ella. <\/p>\n
Con todo, lo que s\u00ed se observa con claridad es que en manera alguna el tribunal le cuestion\u00f3 a la parte convocante el no haber objetado el laudo, como tampoco es cierto que haya concluido que en ese escenario se discutieron derechos reales; todo lo contrario, en su providencia, el fallador se\u00f1al\u00f3 textualmente que \u201clos hoy opositores nunca pretendieron derecho de dominio sobre el bien\u201d en aquel asunto, no obstante, determin\u00f3 que \u201cla parte resolutiva del laudo es vinculante para todos los antecesores e inclusive para el demandante, porque cancela las anotaciones 7, 9 ,11, 12, 13 y siguientes\u201d. <\/p>\n
Ahora, el que en la decisi\u00f3n se indicara que dicho fallo \u201cqued\u00f3 en firme, toda vez que no fue cuestionado por los titulares antecesores y perjudicados con la decisi\u00f3n, a trav\u00e9s del recurso de anulaci\u00f3n\u201d, no significa que se le est\u00e9 criticando a la actora el no haber intervenido en ese procedimiento. <\/p>\n
Entonces, los asertos del juzgador de segundo nivel, si bien fueron criticados por la ahora recurrente, no fueron demolidos como lo impone la t\u00e9cnica en casaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la exposici\u00f3n clara y contundente del contenido de los elementos probatorios que contradijeran su postura, lo cual impide abrirle paso al recurso extraordinario. <\/p>\n
De manera reiterativa esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abla exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n no se satisface con la mera enunciaci\u00f3n de las pruebas que se tildan fueron indebidamente apreciadas o con las simples afirmaciones o negaciones generales sobre el tema decidido, ora con la descripci\u00f3n del supuesto yerro, dado que el reproche as\u00ed concebido no superar\u00eda el umbral de la casaci\u00f3n, se quedar\u00eda como un escueto alegato de instancia, sino que requiere que el censor lo demuestre, lo que de suyo impone al reclamante realizar una labor de contraste entre lo que el sentenciador extrajo de las pruebas que se reprochan err\u00f3neamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la preterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de estas con respecto a los t\u00e9rminos de la sentencia acusada (sentencia de 2 de febrero de 2001, 14 de mayo de 2001, entre otras)\u00bb (CSJ AC2129-2020, 7 sep., rad. 2017-00510-01); carga que no se advierte satisfecha con la argumentaci\u00f3n de la impugnante, pues, en general, se limit\u00f3 a enunciar las pruebas y emitir su propia apreciaci\u00f3n de lo que, a su juicio, se deb\u00eda extraer de ellas, sin revelar, como le correspond\u00eda, la ocurrencia del yerro endilgado y la forma en que \u00e9sta conllev\u00f3 a la trasgresi\u00f3n de las normas denunciadas, m\u00e1xime cuando al respecto, escasamente, se refiri\u00f3 al contenido de algunas de ellas. <\/p>\n
5. Aunado a los reparos que vienen de consignarse, el escrito introductor no satisface los presupuestos para su selecci\u00f3n de oficio, pues el fallo no vulner\u00f3 los derechos y garant\u00edas constitucionales de las partes, ni les irrog\u00f3 agravios injustificados que deban ser reparados, habida cuenta que la sola circunstancia de ser la decisi\u00f3n adversa a los intereses de la opugnadora no conlleva indefectiblemente dicha trasgresi\u00f3n; no amenaza la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, ni compromete el orden o el patrimonio p\u00fablico; y tampoco se requiere un pronunciamiento unificador de jurisprudencia respecto del tema discutido. <\/p>\n
6. Las razones anotadas ratifican la inadmisi\u00f3n del libelo. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada por Navives Inversiones S.A.S., cesionaria de los derechos litigiosos del extremo actor, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida el 10 de junio de 2020 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso rese\u00f1ado. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen. D\u00e9jense las constancias del caso. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, ver, entre otras CSJ AC6299-2017, 26 sep, rad. 2012-00162-01, CSJ AC5019-2019, 26 nov, rad. 2012-00015-01, CSJ AC 6 mar. 2013, rad. 2008-00162-01, CSJ AC2133-2019, 7 sep, rad. 2014-00410-01, CSJ AC1985-2018, 18 may, rad. 2011-00166-01, CSJ AC4858-2017, 2 ago, rad. 1998-01235-01, CSJ AC2272-2021, 16 jun, rad. 2015-00327-02. <\/p>\n
2\u0002 Cuyo car\u00e1cter sustancial fue reconocido en sentencia S-445 de 27 de octubre de 1988. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC4218-2021 (2017-00132-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC4218-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-31-03-010-2017-00132-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-57905","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57905","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57905"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57905\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57905"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57905"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57905"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}