AC4223-2021 (2018-00172-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC4223-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-31-03-010-2018-00172-01 <\/p>\n
(Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del diecis\u00e9is de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por AURA ESTHER AVENDA\u00d1O ACENDRA para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2019 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso declarativo especial de entrega de la cosa por el tradente al adquirente promovido en su contra por ATLANTIC CAPITAL S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el libelo introductorio del litigio se solicit\u00f3: i) ordenar la entrega material del bien inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-45588, con sus dependencias, accesiones y mejoras, ubicado en \u201cla Calle 90 No 44 \u2013 62 (\u2026) de Barranquilla\u201d; ii) en que caso de que esta no se haga por parte de la convocada, se realice por el Despacho o mediante comisionado; iii) condenar a la enjuiciada al pago de los siguientes conceptos: perjuicios materiales por lucro cesante equivalente a $375.638.411,oo y, por da\u00f1o emergente la suma de $80.000.000,oo; perjuicios por p\u00e9rdida de oportunidad por un valor de $80.000.000,oo; y iv) condenar en costas a dicho extremo procesal1. <\/p>\n
2. Como causa petendi, se expuso en lo esencial: <\/p>\n
2.1 A trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica No. 344 del 22 de febrero de 2016, protocolizada en la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Barranquilla, las partes en contienda suscribieron un \u201ccontrato de venta con pacto de retroventa\u201d, siendo objeto de este la propiedad referida, instrumento que se registr\u00f3 en su respectivo folio inmobiliario. <\/p>\n
2.2 El documento p\u00fablico est\u00e1 vigente, y el negocio jur\u00eddico consignado no ha sido resuelto, rescindido ni invalidado por causa legal alguna. <\/p>\n
2.3 La demandada, pese a obligarse a hacer entrega material del predio al comprador, una vez fenecido el t\u00e9rmino para hacer uso de la retroventa sin que hiciera uso de ella, no ha cumplido. <\/p>\n
2.4 Por su parte, la demandante \u201cha cumplido cabalmente las obligaciones a su cargo\u201d2. <\/p>\n
3. Una vez notificada y dentro del t\u00e9rmino de traslado, la convocada replic\u00f3 el escrito inicial, oponi\u00e9ndose a las pretensiones elevadas, y formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u201cABUSO DEL DERECHO\u201d y \u201cPRETENSIONES MANIFIESTAMENTE ILEGALES POR NACER DE UN DELITO\u201d. <\/p>\n
En sustento de tales defensas, se\u00f1al\u00f3 que la parte actora \u201cse aleja de los principios de la buena fe contractual, pues sabe la g\u00e9nesis ilegal y falsa del negocio jur\u00eddico, sabe que se trata de una acci\u00f3n delictiva mediante la cual se falsific\u00f3 la firma de la propietaria del inmueble y se dio en venta, sabe que la escritura (\u2026) que se registr\u00f3 en instrumentos p\u00fablicos es falsa, no es real, y a\u00fan as\u00ed pretende recibir el inmueble\u201d. <\/p>\n
De otro lado, indic\u00f3 que la sociedad demandante y su apoderado \u201cconocen el origen criminal del contrato espurio\u201d, al punto que denunciaron penalmente a la persona que se hizo pasar como apoderado general de la propietaria del inmueble; sin embargo, \u201cdesconociendo la constituci\u00f3n y la ley, pretende que esta jurisdicci\u00f3n proceda a [su] entrega\u201d3. <\/p>\n
4. La primera instancia se clausur\u00f3 con sentencia anticipada del 13 de junio de 2019, con la cual, el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201cPrimero: Desestimar todas las pretensiones de la demanda por los motivos expuestos. <\/p>\n
Segundo: Condenar en costas procesales al demandante (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
5. Como fundamento de la anterior determinaci\u00f3n, el juzgador de primer grado sostuvo, en lo cardinal, que las obligaciones consignadas en la referida escritura p\u00fablica No. 344 del 22 de febrero de 2016, no le son oponibles a la demandada, ya que el poder seg\u00fan el cual confer\u00eda facultades a su hijo Octavio de Jes\u00fas Bonnet Avenda\u00f1o para celebrar dicho acto, es falso, tal y como lo acreditan la comunicaci\u00f3n de 17 de abril de 2016 de la Notar\u00eda Once del C\u00edrculo de Barranquilla y el informe t\u00e9cnico de documentolog\u00eda del Grupo Regional de Polic\u00eda Cient\u00edfica y Criminal\u00edstica, lo cual descarta la presencia del mandato aparente aducido por la parte actora, menos que haya habido de parte de la convocada ratificaci\u00f3n, pues \u00e9sta ha sido clara en manifestar que no consinti\u00f3 u autoriz\u00f3, ni antes ni despu\u00e9s de celebrarse la misma, la susodicha venta, por ello denunci\u00f3 penalmente a su descendiente5. <\/p>\n
6. Inconforme con lo resuelto, la sociedad demandante la apel\u00f3, tras esgrimir un reparo contra esta, alusivo a que el juez del conocimiento realiz\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria de los elementos de convicci\u00f3n, lo que gener\u00f3 el desconocimiento de la cosa juzgada y la ruptura del principio de congruencia6. <\/p>\n
7. Al desatar la alzada en audiencia llevada a cabo el 19 de noviembre de 2019, el superior revoc\u00f3 lo resuelto por el a quo y, en su lugar, orden\u00f3 la entrega del bien inmueble objeto del litigio y conden\u00f3 en costas a la convocada7. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Sus argumentos se compendian, as\u00ed: <\/p>\n
1. Estim\u00f3 que la prueba pericial valorada por el fallador de primer grado, de la cual dedujo que la firma de la demandada expuesta en el poder general que se us\u00f3 para la venta del inmueble objeto de controversia era falsa, no se introdujo legalmente al juicio, por cuanto no se solicit\u00f3 y decret\u00f3 dentro de las oportunidades probatorias que establece el vigente Estatuto Adjetivo Civil, motivo suficiente para que dicha experticia no pueda ser considerada prueba trasladada, circunstancia que imped\u00eda que fuera estimada. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La recurrente, en el ac\u00e1pite correspondiente, formula dos cargos contra el fallo del Tribunal, fundamentados como pasa a verse. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Sobre la base de la causal tercera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la censora acusa el fallo combatido de \u201cno est[ar] en consonancia con las excepciones\u201d que formul\u00f3 frente a las pretensiones incoadas por la parte demandante. <\/p>\n
Para el desenvolvimiento del embate, la antagonista expuso, in extenso, los apartes que a continuaci\u00f3n se transcriben: <\/p>\n
\u201cEn su providencia la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, revoca la decisi\u00f3n de Primera Instancia, indicando que las excepciones, que de paso sea dicho est\u00e1n dirigidas a mostrar la ilicitud del contrato de compraventa, no est\u00e1n debidamente probadas en cuanto a que la prueba pericial arrimada como trasladada desde la Investigaci\u00f3n adelantada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, por los punibles de Fraude Procesal y Falsedad en Documento P\u00fablico, entre otros, radicado 080016001067201602649, Fiscal\u00eda 51 Delegada ante los Jueces del Circuito de la Unidad de Delitos Contra el Patrimonio Econ\u00f3mico y otros, que se\u00f1alan la falsedad de la firma y de la impresi\u00f3n dactilar de la se\u00f1ora AURA AVENDA\u00d1O ACENDRA, en los documentos que soportaron el cuestionado contrato de compra venta del inmueble, y que permiti\u00f3 que un Juez de Garant\u00edas Constitucionales, en audiencia preliminar ordenara la suspensi\u00f3n del poder dispositivo, ante el riego inminente de afectaci\u00f3n al derecho a la propiedad, fue extempor\u00e1nea, cuando ello no fue as\u00ed, ni se aleg\u00f3 tal condici\u00f3n por la Demandante en su momento procesal, dejando sin peso alguno las excepciones presentadas, que si fueron debidamente acreditadas, pues sumado al experticia t\u00e9cnico, el Juez de Primera Instancia valor\u00f3 documentos, testimonios e interrogatorio, entre otros medios probatorios y desde la \u00f3ptica de la libertad probatoria que se\u00f1ala en el art\u00edculo 165 del CGP. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Comprobadas las excepciones a trav\u00e9s de los diferentes medios, como ya lo hemos se\u00f1alado, el a-quo sustenta jur\u00eddica y probatoriamente su decisi\u00f3n de prosperidad de las mismas, empero al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla revoca sorpresivamente la decisi\u00f3n bajos los argumentos ya se\u00f1alados, incurriendo con ello en un yerro in procedendo, o de procedimiento, al no estar la sentencia en consonancia con las excepciones presentadas y probadas, pues en la declaraci\u00f3n de parte la Demandante reconoce el pago insignificante por un inmueble que sabe es de mayor valor, igualmente indica que lleg\u00f3 hasta la puerta del inmueble pero no ingres\u00f3 al mismo, lo que ri\u00f1e de tajo con la mediana escritura, pues nadie paga 650 millones de pesos por un inmueble cuyo interior no conoce, habiendo llegado hasta la puerta como \u00e9l mismo lo reconoce; las certificaciones expedidas por la Notaria, antes transcritas, indican que la correspondiente escritura P\u00fablica es falsa y su n\u00famero pertenece a otra escritura, el testimonio de la propietaria es preciso al indicar que no particip\u00f3 de negocio alguno y finalmente el experticio t\u00e9cnico se\u00f1ala la falsedad escritural por imitaci\u00f3n servil y la no coincidencia de las caracter\u00edsticas morfol\u00f3gicas de las crestas papilares entre la impresi\u00f3n del documento falso y las impresiones de la Demandada, propietaria legitima del inmueble. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De haber realizado la Sala Civil de segunda instancia, un an\u00e1lisis ponderado de las excepciones que prosperaron porque fueron debidamente probadas, debi\u00f3 mantenerse en la decisi\u00f3n recurrida y de esa forma no permitir que la Demandante obtenga reconocimiento por la judicatura a partir de un negocio cuya fuente es delictiva, amparando con ello el leg\u00edtimo derecho constitucional a la propiedad y reforzando los presupuestos legales, tanto del orden civil como comercial, que en los negocios mercantiles prima la voluntad de las partes, lo que no ocurri\u00f3 en el caso subjudice\u201d. <\/p>\n
Finalmente, pidi\u00f3 a la Corte \u201cdar aplicaci\u00f3n de lo presupuestado en el inciso final del art\u00edculo 336 del C.G.P\u201d10. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Postulado como \u201csubsidiario\u201d, se soporta en la causal segunda, al acusar la sentencia impugnada de violar indirectamente la ley sustancial, por \u201cerror de derecho\u201d, ya que el Tribunal \u201comiti\u00f3 analizar o apreciar las pruebas existentes en la foliatura\u201d. <\/p>\n
Al explicar el ataque, la impugnante aduce que dicha autoridad centra su decisi\u00f3n \u201cen la presunta llegada extempor\u00e1nea de la prueba pericial, apartando el resto del acervo probatorio frente al cual guarda absoluto silencio, de donde se desprende que aplic\u00f3 los par\u00e1metros de la tarifa legal, lo que se encuentra proscrito en (el) r\u00e9gimen jur\u00eddico probatorio y apart\u00e1ndose de la libertad probatoria expresada en el Art\u00edculo 165 inciso 1\u00b0 del C.G.P.\u201d. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, \u201c[e]n el expediente consta un documento, como lo se\u00f1ala el mismo Tribunal, proveniente de la Notaria 11 de Barranquilla, que indica la falsedad de la Escritura P\u00fablica N\u00b0 0081 del 2015, es decir que se demuestra que se trata de un documento ap\u00f3crifo, e igualmente en la Declaraci\u00f3n de Parte del Representante Legal de la Sociedad denominada \u201cATLANTIC CAPITAL S.A.S., con NIT 900.429.790-8 GELMAN ELMER TORRES DE CASTRO, con C.C. 72.230.228, quien suscribi\u00f3 la compraventa y quien reconoce el origen espurio del citado documento\u201d. <\/p>\n
Concluy\u00f3 entonces, que de no haber cometido el juez colegiado dicho \u201cerror de hecho\u201d (sic) manifiesto, \u201cel fallo hubiese sido adecuado a derecho, en cuanto a que le era imperioso al Tribunal indicar que efectivamente la falsedad se encuentra acreditada y como tal debi\u00f3 valorarla, m\u00e1s all\u00e1 del exceso de ritualidad aplicado\u201d11. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Norma aplicable. <\/p>\n
El examen de la presente demanda de casaci\u00f3n se har\u00e1 a la luz del C\u00f3digo General del Proceso, que rige de manera integral desde el 1\u00b0 de enero de 2016, pues, el litigio donde se dict\u00f3 la sentencia confutada fue rituado bajo dicha disposici\u00f3n, siendo aquel remedio extraordinario formulado adem\u00e1s el 25 de noviembre de 201912. <\/p>\n
2. Estudio formal y t\u00e9cnico de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En el marco del nuevo estatuto procesal civil, el de casaci\u00f3n sigue siendo, en l\u00edneas generales, un recurso extraordinario de naturaleza dispositiva y formal, toda vez que, en esencia, para su debida sustentaci\u00f3n el interesado debe enfilar su inconformidad dentro de las causales expresamente previstas por el legislador, que no son otras que las cinco relacionadas en su art\u00edculo 336, y mediante la introducci\u00f3n de una demanda que satisfaga las exigencias del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en el respectivo libelo, so pena de inadmisi\u00f3n, se impone para el extremo recurrente mencionar las partes de la controversia, sintetizar los hechos y pretensiones materia del litigio y formular por separado los cargos, con fundamentos claros, precisos y completos. <\/p>\n
Ahora bien, cuando se alega que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por la comisi\u00f3n de errores de hecho y de derecho, esto es, la causal segunda de casaci\u00f3n, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
En lo que toca con el primero de los mencionados desaciertos, que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n (aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n) se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio, la Corte ha dicho que \u201ces menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron\u201d (CSJ, AC2679-2020); pero, si se denuncia un yerro de aquel otro linaje, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente recaudadas en el juicio, se ha indicado que en la respectiva demanda \u201cdeber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n de su contenido material\u201d (Cit.). <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ha enfatizado que el ataque \u201cdebe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contrarias a toda evidencia\u201d (Ob.). <\/p>\n
Finalmente, trat\u00e1ndose de la causal tercera del rese\u00f1ado art\u00edculo 336 del nuevo estatuto procesal, que se presenta cuando: i) el juzgador decide el caso por fuera de las pretensiones o excepciones probadas en el caso (extra petita), o m\u00e1s all\u00e1 de lo pedido (ultra petita), o cercenando lo que fue objeto de alegaci\u00f3n y demostraci\u00f3n (citra petita); ii) cuando la sentencia no guarda correlaci\u00f3n con las \u201cafirmaciones formuladas por las partes\u201d, puesto que es obvio que el juez no puede hacer m\u00e9rito de un hecho que no haya sido afirmado por ninguna de ellas; y, iii) en los eventos en los que se presenta \u201cuna desviaci\u00f3n del tema que fue objeto de la pretensi\u00f3n deducida en la sustentaci\u00f3n del recurso\u201d (CSJ AC280-2021)13. <\/p>\n
Para demostrar la estructuraci\u00f3n del precitado motivo, se impone para el interesado realizar un cotejo o comparaci\u00f3n de la demanda, o de la contestaci\u00f3n o del pliego o acto de sustentaci\u00f3n de la alzada con el ac\u00e1pite resolutivo de la sentencia reprochada en casaci\u00f3n, poniendo en evidencia la falta de correspondencia alegada. <\/p>\n
As\u00ed pues, confrontadas las exigencias formales mencionadas, se advierte su incumplimiento en los dos cargos planteados, como pasa a explicarse en detalle. <\/p>\n
2.1. Respecto del primero. <\/p>\n
2.1.1. Por esta senda el recurrente acusa el fallo reprochado de no estar en consonancia con \u201clas excepciones\u201d que propuso contra las s\u00faplicas incoadas por la sociedad demandante, dado que, en resumen, el Tribunal centr\u00f3 su an\u00e1lisis en la prueba pericial acogida por el a quo, la que dijo haber sido aducida \u201cextempor\u00e1neamente\u201d, dejando de lado el estudio de tales defensas, \u201cdirigidas a mostrar la ilicitud del contrato de compraventa\u201d fuente de la obligaci\u00f3n exigida. <\/p>\n
Sin embargo, de entrada, se advierte que el censor no realiz\u00f3 la respectiva comparaci\u00f3n objetiva entre el libelo de r\u00e9plica a la demanda y la parte resolutiva de la sentencia reprochada en casaci\u00f3n, para poder demostrar as\u00ed la falta de correspondencia alegada, ejercicio obligado para la estructuraci\u00f3n del motivo enlistado en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 336 de la mentada codificaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
As\u00ed lo ha precisado la Corte, al se\u00f1alar que <\/p>\n
\u201c(…) los hechos y las pretensiones de la demanda, y las excepciones del demandado trazan en principio los l\u00edmites dentro de los cuales debe el juez decidir sobre el derecho disputado en juicio; por consiguiente, la incongruencia de un fallo se verifica mediante una labor comparativa entre el contenido de lo expuesto en tales piezas del proceso y las resoluciones adoptadas en \u00e9l, todo en armon\u00eda con el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; de ese modo se podr\u00e1 establecer si en verdad el juzgador se sustrajo, por exceso o por defecto, a tan precisas pautas (CSJ SC, 6 Jul. 2005, Rad. 5214; CSJ SC, 1\u00ba nov. 2006, Rad. 2002-01309-01)\u201d (negritas ajenas al texto, CSJ SC11331-2015, citada en AC2679-2020 y AC2501-2021). <\/p>\n
2.1.2. As\u00ed mismo, introdujo apreciaciones de \u00edndole probatoria, las cuales no son procedentes arg\u00fcir mediante este motivo, pues ac\u00e1 se trata de demostrar un desacierto en el procedimiento, y no en el juzgamiento. <\/p>\n
En efecto, como se extrae del pertinente compendio realizado l\u00edneas atr\u00e1s, la impugnante al tratar de demostrar el cargo, critic\u00f3 la labor valorativa del fallador de segundo grado, al se\u00f1alar con ah\u00ednco que las referidas excepciones \u201cs\u00ed fueron debidamente acreditadas\u201d, pues, adem\u00e1s de la se\u00f1ala experticia, \u201cel Juez de Primera Instancia valor\u00f3 documentos, testimonios e interrogatorio, entre otros medios probatorios\u201d, lo que no hizo aqu\u00e9l, argumentaci\u00f3n que por dem\u00e1s se asimila m\u00e1s a un alegato de instancia, proscrito en este medio extraordinario. <\/p>\n
En ese sentido, al actuarse de esta forma se gener\u00f3 una desconexi\u00f3n entre la senda escogida y su argumentaci\u00f3n, ya que, se reitera, a pesar de pretenderse la declaraci\u00f3n de un error in procedendo, la censora trat\u00f3 de sustentarlo bajo raciocinios aptos para exhibir yerros in judicando, sin tener en cuenta la disimilitud existente entre los mismos, motivo suficiente para inadmitir tambi\u00e9n el ataque. <\/p>\n
Sobre este tipo de pifia t\u00e9cnica, esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cLos diferentes reproches que se tengan respecto de la sentencia impugnada, debe proponerlos el recurrente en cargos separados, caracterizados por ser aut\u00f3nomos e individuales, lo que igualmente se infiere del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 336 del C.G.P.], premisas que le impiden entremezclar acusaciones de diferente naturaleza o confundir, al interior de una, el error de hecho con el de derecho\u201d (CSJ AC6341, reiterado en AC2707-2019). <\/p>\n
2.1.3. Ahora bien, aunque se calificara el embate as\u00ed propuesto con un criterio, si se quiere, menos r\u00edgido o estricto, y se aceptara que las exigencias formales y t\u00e9cnicas de esta causal fueron observadas por la impugnante, en la medida que por lo menos indic\u00f3, en t\u00e9rminos generales, el \u00e1mbito del error de procedimiento aducido, el numeral 2\u00ba del canon 347 de la aludida disposici\u00f3n autoriza a la Corte a inadmitir la demanda cuando \u201clos errores procesales aducidos no existen\u201d, supuesto de hecho que se configura en el caso concreto. <\/p>\n
Retomando el fundamento del cargo, se tiene que la impugnante aduce, en esencia, que el Tribunal incurri\u00f3 en un fallo citra petita, al cercenar lo que fue objeto de alegaci\u00f3n y demostraci\u00f3n (excepciones), ya que no abord\u00f3 su examen. <\/p>\n
Pues, bien, huelga recordar que, al adentrase el juez de primera instancia en el estudio del primero de los requisitos para la prosperidad de la entrega pretendida, esto es, la existencia de la obligaci\u00f3n de efectuar esta, estim\u00f3 que, pese a existir el t\u00edtulo que la conten\u00eda, es decir, la escritura p\u00fablica No. 344 del 22 de febrero de 201614, protocolizada en la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Barranquilla, esta no le era oponible a la demandada, ac\u00e1 inconforme, por cuanto el poder general seg\u00fan el cual confer\u00eda facultades a su hijo Octavio de Jes\u00fas Bonnet Avenda\u00f1o para celebrar ese tipo de negocio jur\u00eddico, es falso, seg\u00fan daban cuenta la comunicaci\u00f3n de 17 de abril de 2016 de la Notar\u00eda Once del C\u00edrculo de esa misma ciudad y el informe t\u00e9cnico de documentolog\u00eda del Grupo Regional de Polic\u00eda Cient\u00edfica y Criminal\u00edstica obrantes en el expediente, suficiente para negar lo pretendido, sin entrar en el estudio de las excepciones de m\u00e9rito propuestas15. <\/p>\n
Luego, el ad-quem al resolver el recurso de alzada, mem\u00f3rese, derrumb\u00f3 dicha tesis a la luz de dos argumentos, siendo el primero, que el aludido informe pericial no pod\u00eda ser valorado en el juicio, dado que no fue introducido al mismo de acuerdo con las reglas contenidas en el r\u00e9gimen probatorio del C\u00f3digo General del Proceso, prueba que adem\u00e1s no pod\u00eda tenerse como trasladada, mientras que el segundo, atinente a que la obligaci\u00f3n requerida existe y es vinculante para el extremo pasivo, comoquiera que no ha sido declarada ineficaz o invalida por la justicia ordinaria. <\/p>\n
Para la Corte, al contrastarse los fundamentos de las defensas meritorias formuladas16 con los demarcados planteamientos, luce evidente que las mismas devienen impr\u00f3speras, y por tal motivo, no resultaba necesario que el Tribunal as\u00ed lo informara, pues, a m\u00e1s que ello no constituye una formalidad de obligado cumplimiento, lo que interesa en definitiva es que el sustento de ellas hubiese sido objeto de pronunciamiento en la sentencia, como as\u00ed ocurri\u00f3, en la medida que el juez colegiado descart\u00f3 la ilicitud aducida como sost\u00e9n de las rese\u00f1adas excepciones. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es incuestionable que dicha autoridad no incurri\u00f3 en la incongruencia sugerida, y por ende, el cargo definitivamente resulta inadmisible. <\/p>\n
2.2. En cuanto al segundo <\/p>\n
2.2.1. Con este, la recurrente denunci\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por incurrir el Tribunal en error, al omitir valorar las pruebas existentes en el litigio, pues el an\u00e1lisis pertinente lo centr\u00f3 en \u201cla presunta llegada extempor\u00e1nea de la prueba pericial\u201d, guardando silencio frente al resto del acervo probatorio, particularmente, de \u201cun documento, (\u2026) proveniente de la Notaria 11 de Barranquilla que indica la falsedad de la Escritura P\u00fablica N\u00b0 0081 del 2015, (\u2026) e igualmente en la Declaraci\u00f3n de Parte del Representante Legal de la Sociedad denominada \u201cATLANTIC CAPITAL S.A.S., (\u2026) GELMAN ELMER TORRES DE CASTRO, (\u2026) quien suscribi\u00f3 la compra venta y quien reconoce el origen espurio del citado documento\u201d. <\/p>\n
Esa omisi\u00f3n, en consecuencia, impide que el cargo pueda ser llevado al siguiente estadio del recurso de casaci\u00f3n, porque el deber de indicar un precepto sustantivo se erige como insoslayable, trat\u00e1ndose del planteamiento de las dos primeras causales de casaci\u00f3n relacionadas en el canon 336 ejusdem. <\/p>\n
Tal exigencia legal, por lo dem\u00e1s, no se erige como injustificada o caprichosa, porque es a partir del conocimiento claro del derecho sustancial que esgrime el censor, como se puede entrar a analizar s\u00ed en verdad, el Tribunal lo infringi\u00f3 en el escenario de su aplicaci\u00f3n indirecta, como ac\u00e1 se denuncia, al valorar los hechos o el material probatorio. <\/p>\n
En vigencia del nuevo estatuto procesal, la Sala ha destacado sobre la importancia del referido requisito, que <\/p>\n
\u201cEn raz\u00f3n de que el recurso de casaci\u00f3n dentro de sus fines, conforme al art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso, incluye el de \u2018controlar la legalidad de los fallos\u2019, la formalidad preterida tiene gran importancia trat\u00e1ndose de acusaciones apoyadas en la infracci\u00f3n de las normas de derecho sustancial, porque son las que demarcan las condiciones o requisitos necesarios para el reconocimiento del derecho reclamado, o de la pretensi\u00f3n planteada, o en su caso, de la excepci\u00f3n de m\u00e9rito formulada, y por consiguiente, no se podr\u00eda cumplir aquella funci\u00f3n de control de legalidad, porque al no haberse identificado dichos preceptos legales, resulta imposible establecer la violaci\u00f3n directa o indirecta de los mismos, lo cual en su momento obstaculizar\u00eda el estudio de fondo de la respectiva acusaci\u00f3n\u201d (CSJ, AC6243-2016, citada en AC2563-2020 y AC2501-2021). <\/p>\n
Ahora, aunque en el desenvolvimiento del embate la antagonista mencion\u00f3 el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 165 de aqu\u00e9lla obra, tal precepto no es de la naturaleza atr\u00e1s referida, tal y como lo ha dejado claro la Sala en reiteradas oportunidades (CSJ AC3567-2019 y AC4186-2019, entre otros). <\/p>\n
2.2.2. De otro lado, si bien la casacionista cumpli\u00f3 con el deber de se\u00f1alar cu\u00e1les fueron las pruebas dejadas de apreciar, lo cierto es que no despleg\u00f3 la actividad necesaria en orden a acreditar el desatino (no es claro si de hecho o de derecho porque los cit\u00f3 ambos) que denuncia, puesto que olvid\u00f3 efectuar la obligada tarea de contraste con lo que sobre ellas debi\u00f3 decir el Tribunal, quedando de esta forma el error sin la necesaria demostraci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, se impone se\u00f1alar que ac\u00e1 la censora se limit\u00f3 a poner de presente su particular propuesta de valoraci\u00f3n de las pruebas que tild\u00f3 de preteridas, al expresar, llanamente, que con ellas se demuestra la falsedad de la escritura p\u00fablica No. 0081 de 2015 (poder general), reparo que as\u00ed formulado tiene la entidad propia de un alegato de instancia, incompatible con el recurso extraordinario que se estudia, como ya se dijo. <\/p>\n
En un caso donde se analiz\u00f3 un cargo de similares contornos, la Corte enfatiz\u00f3, lo siguiente: <\/p>\n
\u201cCiertamente, que en repetidas ocasiones la Corte ha se\u00f1alado que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no es una instancia m\u00e1s del proceso, y ello sigue siendo as\u00ed a\u00fan con la entrada en vigencia de una nueva codificaci\u00f3n procesal, por lo que para derruir la presunci\u00f3n de acierto con la que llega a esta sede la sentencia proferida por el Tribunal, le corresponde al casacionista, am\u00e9n de interponer el recurso de casaci\u00f3n, sustentarlo con una demanda que llene las exigencias m\u00ednimas de t\u00e9cnica y de forma previstas por el legislador. <\/p>\n
En ese contexto, precisamente, se entiende que, para combatir las cuestiones f\u00e1cticas consideradas en el fallo recurrido, campo donde opera el principio de la soberan\u00eda del juzgador en la valoraci\u00f3n de las pruebas, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso exija al recurrente, si de error de hecho se trata, singularizar con precisi\u00f3n y claridad las probanzas sobre las que recae, indicarse en que consiste, demostrarlo y poner de presente su trascendencia.\u201d (\u00e9nfasis de la Sala, CSJ, AC1569-2019, citado en AC2501-2021). <\/p>\n
2.2.3. Como tercer argumento para negar la admisi\u00f3n de este reproche, debe decirse que \u00e9ste no atendi\u00f3 el requisito contemplado en el numeral 2\u00ba del referido art\u00edculo 344, esto es, el de la formulaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n en forma \u201ccompleta\u201d, el cual exige que la respectiva censura contenga un reproche de todos los fundamentos esenciales que sirvieron al Tribunal para adoptar la determinaci\u00f3n impugnada, porque como es natural, con uno ellos que se mantenga en pie, ning\u00fan sentido tendr\u00eda la tramitaci\u00f3n y decisi\u00f3n de un recurso que, al final, no ser\u00eda \u00fatil para quebrar la decisi\u00f3n confutada, porque desprovistos de censura ciertos o algunos argumentos basilares, la presunci\u00f3n de legalidad que les asiste se mantiene y dejan a flote la resoluci\u00f3n dictada por dicha autoridad. <\/p>\n
Ello se explica, porque la demanda de casaci\u00f3n no envolvi\u00f3 todas las inferencias probatorias compendiadas con antelaci\u00f3n, ya que la casacionista centr\u00f3 su ataque en la supuesta falsedad del poder general otorgado a su descendiente, sin esgrimir ning\u00fan reparo frente al car\u00e1cter vinculante que le otorg\u00f3 el Tribunal a la citada escritura p\u00fablica No. 344 del 22 de febrero de 2016, la que dijo surt\u00eda plenos efectos frente a ella por no haber sido declarada ineficaz o nula, al punto que ya hay decisiones judiciales que negaron la declaratoria de este \u00faltimo aspecto, las que no se pod\u00edan desconocer, por lo que es ostensible que no result\u00f3 \u00edntegro el embate, al dejar de lado el segundo de los argumentos que sostienen la providencia que se persigue derribar. <\/p>\n
Sobre este requisito, ha dicho la Corte, lo siguiente: <\/p>\n
\u201ccuando la sentencia atacada se apoya en varios puntales, es necesario y adicionalmente imprescindible, que se combatan todos ellos para poder invalidarla, ya que si el ataque no involucra el grueso de los sustentos que le sirven de basamento, o si a\u00fan haci\u00e9ndolo queda por lo menos uno que sea suficiente para respaldar el fallo, \u00e9ste no puede ser quebrado, pues, sin lugar a dudas, en este caso el cargo no est\u00e1 ce\u00f1ido a la disciplina t\u00e9cnica del recurso en su formulaci\u00f3n\u201d (CSJ AC, 29 feb. 2012, Rad. 2009-00538-01, reiterado en AC2213-2020). <\/p>\n
2.2.4. Otro requisito formal que debe atender la demanda, es el de \u201cse\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u201d (literal a), inciso 3\u00b0 – parte final, ib\u00eddem), el cual tampoco se atendi\u00f3 cabalmente en el presente asunto, precisamente, porque al dejarse inc\u00f3lume el supuesto f\u00e1ctico atr\u00e1s referido, no se alterar\u00eda la suerte del litigio, dado que con \u00e9l se mantendr\u00eda a\u00fan en pie el fallo confutado, en la medida que la obligaci\u00f3n del tradente de hacer la entrega al adquirente qued\u00f3 intacta. <\/p>\n
Y, siendo ello as\u00ed, es inevitable el rev\u00e9s de la mentada providencia, ya que, como lo ha explicado la Sala, \u201cen sede casacional, los errores no s\u00f3lo deben ser evidentes, sino tambi\u00e9n trascendentes, lo que significa que el recurrente debe acreditar que el yerro \u2018fue determinante en relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n judicial que se combate\u2019 (cas. civ. de 27 de octubre de 2000; exp: 5395), \u2018hasta el punto de que su verificaci\u00f3n en el recurso conduzca por necesidad a la infirmaci\u00f3n del fallo con el fin de restablecer por este medio la legalidad sustancial quebrantada\u2019 (CCLII, p\u00e1g. 631), de donde se colige que, (\u2026) \u2018la Corte no debe ocuparse del examen de los errores delatados, dada su inocuidad\u2019 (CCXLIX. p\u00e1g., 1605)\u201d (resalto deliberado, CSJ SC17154-2015, reiterada en AC3839-2020). <\/p>\n
2.2.5. Ahora, as\u00ed se dejaran de lado las deficiencias atr\u00e1s anotadas, la Corte aprecia que en las consideraciones del Tribunal tampoco hay una grosera infracci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto, en lo que toca con la desestimaci\u00f3n del informe t\u00e9cnico pericial acogido por el juez del conocimiento, ciertamente este no pod\u00eda ser valorado en el proceso. <\/p>\n
En efecto, tal y como lo se\u00f1al\u00f3 dicha autoridad, el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 173 del C\u00f3digo General del Proceso es claro en establecer que, \u201c[p]ara que sean apreciadas por el juez las pruebas deber\u00e1n solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los t\u00e9rminos y oportunidades se\u00f1alados para ello en este c\u00f3digo\u201d, norma que advierte, en su inciso final, que \u201c[l]as pruebas practicadas por comisionado o de com\u00fan acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades p\u00fablicas o privadas, que lleguen antes de dictar sentencia, ser\u00e1n tenidas en cuenta para la decisi\u00f3n, previo el cumplimiento de los requisitos legales para su pr\u00e1ctica y contradicci\u00f3n\u201d (destaco ajeno al texto). <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, el canon 227 ejusdem prescribe que, \u201c[l]a parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deber\u00e1 aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el t\u00e9rmino previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podr\u00e1 anunciarlo en el escrito respectivo y deber\u00e1 aportarlo dentro del t\u00e9rmino que el juez conceda, que en ning\u00fan caso podr\u00e1 ser inferior a diez (10) d\u00edas. En este evento el juez har\u00e1 los requerimientos pertinentes a las partes y terceros que deban colaborar con la pr\u00e1ctica de la prueba\u201d, pericia que \u201cdeber\u00e1 ser emitido por instituci\u00f3n o profesional especializado\u201d. <\/p>\n
En el sub judice, la experticia atr\u00e1s referida no fue solicitada, decretada, practicada e incorporada dentro de los plazos y oportunidades previstas en el actual r\u00e9gimen probatorio, pues, se resalta, no hubo solicitud alguna por parte de la interesada para su decreto y pr\u00e1ctica17, no fue solicitada de oficio a la instituci\u00f3n que la realiz\u00f3 y tampoco fue practicada de com\u00fan acuerdo por las partes, siendo allegada antes que se diera inicio a la audiencia inicial de que trata el art\u00edculo 372 ib\u00eddem18, celebrada el 20 de mayo de 2019, sin que en el desarrollo de la misma se dejara constancia de ello, en tanto que fue con el prove\u00eddo de 28 de mayo siguiente que el juez de la causa la tuvo como tal, inexplicablemente19. <\/p>\n
Ahora, tal informe fue valorado por el juzgador de primer grado como \u201cprueba trasladada\u201d, lo que tambi\u00e9n constituye un dislate, como bien lo advirti\u00f3 el ad-quem, toda vez que, si bien el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 174 del estatuto procesal en cita prev\u00e9 que, \u201c[l]as pruebas practicadas v\u00e1lidamente en un proceso podr\u00e1n trasladarse a otro en copia y ser\u00e1n apreciadas sin m\u00e1s formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petici\u00f3n de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deber\u00e1 surtirse la contradicci\u00f3n en el proceso al que est\u00e1n destinadas (\u2026)\u201d, dicha pericia no proviene del proceso de nulidad de escritura promovido por la recurrente contra Capital Atlantic S.A.S. y su hijo Octavio de Jes\u00fas Bonnet Avenda\u00f1o con radicado No. 2016-00089-00, que curs\u00f3 en el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla, ni de ning\u00fan otro juicio. <\/p>\n
Es m\u00e1s, en aqu\u00e9l litigio, se decret\u00f3 y practic\u00f3 un dictamen pericial de documentolog\u00eda y lofoscopia forense, extra\u00f1amente, respecto de la escritura p\u00fablica No. 1027 del 22 de abril de 2015, protocolizada en la Notar\u00eda No. 8 de dicha urbe20, y no de la escritura p\u00fablica No. 0081 del 26 de enero de 2015, de la Notar\u00eda No. 11 del mismo c\u00edrculo territorial, que es la que contiene el poder general acusado de falso y que sirvi\u00f3 de soporte para que se realizara el contrato de compraventa con pacto de retroventa extendido en el memorada escritura p\u00fablica No. 344 del 22 de febrero de 2016, base del proceso donde se dict\u00f3 el fallo ac\u00e1 controvertido. <\/p>\n
De otro lado, se tiene que la demandada, aqu\u00ed actora, tampoco tach\u00f3 de falso dicho instrumento (Art. 269)21, para que de esta manera se habilitara el tr\u00e1mite para verificar su autenticidad (Art. 270) y, por ende, que el juez pudiera pronunciarse sobre la existencia de la falsedad alegada, lo que hizo, sin m\u00e1s. <\/p>\n
Bajo tal panorama, entonces, no le era dable al fallador de primera instancia tener como prueba el susodicho informe t\u00e9cnico, menos a\u00fan darle el car\u00e1cter de trasladada, al re\u00f1ir su aducci\u00f3n y estimaci\u00f3n con las normas procesales que rigen esa actividad, como tampoco era plausible que se adentrara a declarar una falsedad que no fue alegada seg\u00fan el cauce pertinente, m\u00e1xime cuando lo hizo al analizar el requisito de la existencia de la obligaci\u00f3n de entregar el bien inmueble objeto de controversia, lo que quiz\u00e1s hubiese sido tolerable con el estudio de la segunda de las excepciones propuestas22, pues, recu\u00e9rdese, no las examin\u00f3 ante dicha declaratoria. <\/p>\n
Por \u00faltimo, cabe decir, respecto del car\u00e1cter vinculante que le otorg\u00f3 el Tribunal al demarcado negocio jur\u00eddico, fuente de la obligaci\u00f3n reclamada, que este no ha sido despojado de aquella particularidad, por lo que es incontrovertible que est\u00e1 produciendo efectos entre las partes. <\/p>\n
En efecto, tal y como lo sostuvo el juez colegiado, dicho acto no ha sido declarado ineficaz -lato sensu- o nulo, de suerte que, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil, es \u201cley para las partes\u201d, de ah\u00ed que, las obligaciones en \u00e9l establecidas le son exigibles a \u00e9stas. <\/p>\n
Basta recordar que, en el expediente qued\u00f3 acreditado que la aqu\u00ed interesada instaur\u00f3 un proceso con aquel fin; sin embargo, esa pretensi\u00f3n le fue negada en ambas instancias por las autoridades judiciales que conocieron del mismo, estando pendiente la Sala de resolver sobre la admisibilidad de la demanda presentada para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que se admiti\u00f3 frente al fallo del Tribunal; luego, entonces, para la Corte es evidente que con tal argumento no se quebrant\u00f3 el ordenamiento jur\u00eddico, lo que descarta que pueda ser censurado a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
Con todo, ac\u00e1 se descarta que el mentado contrato le sea inoponible a la recurrente, toda vez que esta figura \u201cno tiene la virtud de destruir el contrato mismo, -porque su fundamento no est\u00e1 en hallarlo carente de validez; simplemente que los efectos dimanantes del contrato no alcanzan a los terceros\u201d23, calidad que no ostenta la impugnante. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el cargo segundo se torna ineludiblemente inadmisible. <\/p>\n
3. Para finalizar, cumple se\u00f1alar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer las deficiencias formales y t\u00e9cnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y el precepto 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, como lo fue, no se observa pues, vulneraci\u00f3n de derechos constitucionales, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
4. Colof\u00f3n de todo lo que antecede, es que se inadmitir\u00e1 la demanda auscultada y, como consecuencia de ello, se declarar\u00e1 desierta la opugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, INADMITE la demanda presentada por la demandada AURA ESTHER AVENDA\u00d1O ACENDRA para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia proferida en audiencia el 19 de noviembre de 2019 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso declarativo especial de entrega de la cosa por el tradente al adquirente promovido en su contra por ATLANTIC CAPITAL S.A.S. <\/p>\n
Contra la presente decisi\u00f3n no procede recurso alguno al tenor del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folios 3 a 7, archivo PROCESO CIVIL VERBAL 2018-00172 DE ENTREGA DEL TRADENTE(1).pdf, expediente digitalizado. <\/p>\n
2\u0002 Ejusdem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 65 a 75, Cit. <\/p>\n
4\u0002 Folio 151, Cfr. <\/p>\n
5\u0002 Archivo denominado 2018-00172 Instrucci\u00f3n y Juzgamiento.mpg., Min. 47:12 a Min. 1:01:10, CUADERNO CORTE. <\/p>\n
6\u0002 Ib\u00eddem, Min. 1:03:13 a Min. 1:04:50. <\/p>\n
7\u0002 Archivo nombrado 1. 42.318-120191119100338.wmv, CUADERNO TRIBUNAL. <\/p>\n
8\u0002 Efectivamente, por auto del 28 de junio de 2019 se admiti\u00f3 el remedio (AC2496-2019), pero est\u00e1 pendiente de resolver sobre la admisibilidad de la demanda. <\/p>\n
9\u0002 Ejusdem, Min. 00:00:05 a Min. 00.18:20. <\/p>\n
10\u0002 Archivo titulado 07.CASACION ENTREGA DEL TRADENTE.pdf. <\/p>\n
11\u0002 Cfr. <\/p>\n
12\u0002 Archivo PROCESO CIVIL VEBAL 2018-00172 CUADERNILLO DE APELACION DE SENTENCIA DE JUNIO 13 DE 2019(1).pdf, p\u00e1g. 12. <\/p>\n
13\u0002 Sobre la inconsonancia por este mismo aspecto, v\u00e9ase CSJ, SC14427-2016 y AC1385-2020. <\/p>\n
15\u0002 As\u00ed lo indic\u00f3 el funcionario judicial en la audiencia (Archivo 2018-00172 Instrucci\u00f3n y Juzgamiento.mpg., Min. 1:03:35 a Min. 1:03:44). <\/p>\n
16\u0002 Esto es, \u201cABUSO DEL DERECHO\u201d y \u201cPRETENSIONES MANIFIESTAMENTE ILEGAL POR NACER DE UN DELITO\u201d. <\/p>\n
17\u0002 Solo pidi\u00f3 el decreto y pr\u00e1ctica de una inspecci\u00f3n judicial a la Notar\u00eda 11 de Barranquilla y al proceso con radicado No. 2016-00089-00 (nulidad de escritura), tramitado en el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de esa misma ciudad, la cual fue negada. <\/p>\n
18\u0002 Archivo PROCESO CIVIL VERBAL 2018-00172 DE ENTREGA DEL TRADENTE(1).pdf, p\u00e1gs. 156 a 162. <\/p>\n
19\u0002 Ib\u00eddem, p\u00e1g. 165. <\/p>\n
20\u0002 Archivo COPIAS DEL PROCESO CIVIL 2016-089 DE NULIDAD DE ESCRITURA 344(1).pdf, p\u00e1gs. 163 a 175. <\/p>\n
21\u0002 Esta figura \u201csupone una querella que denuncia la falsedad en pos de destruir su existencia\u201d (CSJ, SC4419-2020). <\/p>\n
22\u0002 Lo cual tambi\u00e9n es discutible, pues habr\u00eda que dilucidar si era necesario que el delito estuviese declarado por la justicia penal o, en caso contrario, si pod\u00eda ser declarado con esta. <\/p>\n
23\u0002 CSJ, sentencia 015 del 18 de febrero de 1994, reiterada en SC4528-2020, 23 nov. 2020, Rad. 2006-00322-01. <\/p>\n
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AC4223-2021 (2018-00172-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente AC4223-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-31-03-010-2018-00172-01 (Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del diecis\u00e9is de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- Procede la Sala a decidir sobre la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-57908","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57908","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57908"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57908\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57908"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57908"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57908"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}