AC4245-2021 (2015-00217-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 68001-31-10-002-2015-00217-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda de Javier Eduardo Parra Reyes y \u00c1lvaro John Parra Moreno, herederos del causante Pablo Antonio Parra, presentada para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de 9 de abril de 2019, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, en el proceso verbal promovido por los recurrentes frente a Edy Rojas Jaimes. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. Petitum. Los actores solicitaron, en torno a la liquidaci\u00f3n de las sociedades, irregular de hecho, patrimonial marital y conyugal, surgidas entre el ahora fallecido y la demandada, excluir ciertas partidas al no tener el car\u00e1cter de sociales. En subsidio, seg\u00fan sea el caso, declarar un desequilibrio econ\u00f3mico en beneficio de la convocada o la nulidad absoluta o relativa de la partici\u00f3n. En cualquier evento, con las restituciones inherentes. <\/p>\n
1.2. Causa petendi. La sociedad de hecho tuvo lugar entre el 1\u00ba de septiembre de 1977 y el 30 de diciembre de 1990. La patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, derivada de una uni\u00f3n marital, tambi\u00e9n declarada judicialmente, desde el 31 de diciembre de 1990 y el 3 de mayo de 1996. Y la conyugal, a partir del 6 de noviembre de 2009, hasta el 14 de abril de 2011. Las dos primeras no han sido liquidadas y la \u00faltima, lo fue mediante escritura p\u00fablica 1069 de la Notar\u00eda D\u00e9cima de Bucaramanga. <\/p>\n
Durante el per\u00edodo comprendido entre el 4 de mayo de 1996 y el 5 de noviembre de 2009, ninguna relaci\u00f3n patrimonial existi\u00f3 entre la pareja. No obstante, los bienes adquiridos en ese lapso por Pablo Antonio Parra fueron incluidos en liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal. Lo mismo, un establecimiento de comercio que exist\u00eda desde 1969. <\/p>\n
En el momento de la partici\u00f3n el ahora fallecido padec\u00eda graves quebrantos de salud. Esto impidi\u00f3 que hubiese dado su consentimiento. Y si quiso donar, en el acto se omiti\u00f3 el requisito esencial de la insinuaci\u00f3n. <\/p>\n
1.3. La r\u00e9plica. La interpelada resisti\u00f3 las s\u00faplicas. Adujo como sociales y no propios del causante los bienes involucrados, el equilibrio econ\u00f3mico en el acto partitivo y la ausencia de nulidad absoluta o relativa y cosa juzgada. <\/p>\n
1.4. El fallo de primer grado. El Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga, el 30 de mayo de 2018, neg\u00f3 las pretensiones. En t\u00e9rminos generales, acogi\u00f3 los argumentos esbozados en la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
1.5. La sentencia de segunda instancia. Confirm\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n de los demandantes. En sentir del Tribunal: <\/p>\n
1.5.1. El negocio jur\u00eddico impugnado, contentivo de aspectos \u201cdisponibles y transigibles\u201d, constitu\u00eda fiel reflejo de la autonom\u00eda de la voluntad, \u201centendida como el poder que tiene cada quien de disponer de sus propios intereses\u201d. En ese orden, al no existir controversia sobre la liquidaci\u00f3n de las sociedades lo que proced\u00eda estudiar era \u201csu validez\u201d. <\/p>\n
1.5.2. La falta de capacidad de uno de los otorgantes resultaba improcedente. El tema ya hab\u00eda sido zanjado negativamente, mediante sentencia en firme en un proceso anterior, en el cual, otro demandante, hab\u00eda obrado para la misma sucesi\u00f3n. La cosa juzgada, por tanto, sal\u00eda avante. <\/p>\n
1.5.3. El vicio en la supuesta donaci\u00f3n, como es la ausencia de insinuaci\u00f3n, no se estructuraba. La convivencia de la pareja se extendi\u00f3 por largo tiempo y deb\u00eda presumirse que todo lo inventariado hab\u00eda sido fruto del trabajo rec\u00edproco durante la existencia de las tres sociedades: la de hecho, la patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes y la conyugal. Lo liquidado, entonces, fue el conflicto econ\u00f3mico de intereses de las partes desde el 1\u00ba de noviembre de 1977, hasta el 14 de abril de 2011. <\/p>\n
Esa conclusi\u00f3n se infer\u00eda de la inclusi\u00f3n de inmuebles en la masa partible que tambi\u00e9n estaban radicados en cabeza de la demandada, todo despu\u00e9s de disolverse la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, empero, sin declararse terminada la uni\u00f3n marital, y antes de las nupcias contra\u00eddas entre la misma pareja. Si hubo, por tanto, \u201cconvivencia y (\u2026) trabajo conjunto\u201d; y los socios \u201cquisieron liquidar toda la controversia econ\u00f3mica\u201d. <\/p>\n
Con todo, de manera alguna se acredit\u00f3 el valor de los bienes al momento de la partici\u00f3n a fin de establecer si hab\u00eda lugar a la insinuaci\u00f3n. Adicionalmente, ha debido verificarse si con la exclusi\u00f3n de los activos involucrados deven\u00eda una desproporci\u00f3n econ\u00f3mica. De presentarse, en este caso tan complejo, simplemente, significaba que los socios \u201cquisieron liquidar todo el aspecto econ\u00f3mico corrido\u201d. <\/p>\n
1.5.4. El a-quo acert\u00f3 igualmente al negar la lesi\u00f3n enorme en la partici\u00f3n. Se echaba de menos la prueba pericial sobre el justo precio de la totalidad de las partidas inventariadas. Solo as\u00ed se podr\u00eda verificar si al causante se le adjudic\u00f3 menos de un cuarto de su valor. <\/p>\n
1.5.5. La exclusi\u00f3n de bienes tampoco era de recibo. En la escritura de liquidaci\u00f3n los socios dispusieron liquidar las tres sociedades. As\u00ed lo consignaron en las cl\u00e1usulas tercera y cuarta, teniendo en cuenta las sentencias de declaraci\u00f3n de la sociedad de hecho y de la uni\u00f3n marital y sociedad patrimonial. Tarea en la cual ni siquiera hab\u00eda que contar con el \u201cvisto bueno de los hijos\u201d. <\/p>\n
La tesis de los actores, seg\u00fan la cual, hubo soluci\u00f3n de continuidad en las relaciones personales y patrimoniales de los socios, entre mayo de 1996 y noviembre de 2009, ca\u00eda por su propio peso. Si se incluyeron bienes que en ese lapso estaban en cabeza de cada uno de los integrantes de la pareja, se infer\u00eda que \u201cs\u00ed hubo convivencia y (\u2026) trabajo rec\u00edproco\u201d, al margen de si esos tratos fueron buenos, excelentes, interrumpidos o amorosos. <\/p>\n
En todo caso, el argumento para negar la exclusi\u00f3n de bienes consist\u00eda en su preclusi\u00f3n. En los t\u00e9rminos del art\u00edculo 505 del C\u00f3digo General del Proceso, la oportunidad se extend\u00eda hasta la partici\u00f3n. Despu\u00e9s, las acciones que cab\u00edan eran las de nulidad o de rescisi\u00f3n del negocio dispositivo (art\u00edculo 1405 del C\u00f3digo Civil). <\/p>\n
1.5.6. Por \u00faltimo, tocante con la venta de un establecimiento de comercio por el causante a Gilberto Mogoll\u00f3n, retornado a su haber, los precursores no pod\u00edan alegar inoponibilidad. Por el contrario, los vinculaba, al demandar, no en nombre propio, sino para la sucesi\u00f3n. <\/p>\n
1.6. La demanda de casaci\u00f3n. Contiene formulados siete cargos. <\/p>\n
1.6.1. En el primero, los recurrentes denuncian la transgresi\u00f3n directa del art\u00edculo 303 del C\u00f3digo General del Proceso. Sostienen, relacionado con la cosa juzgada, que el ad-quem asimil\u00f3 la \u201cfalta de capacidad del var\u00f3n\u201d, alegada en el proceso fallado negativamente, con el \u201cvicio del consentimiento del var\u00f3n\u201d, enarbolado en el presente litigio. Se trataba de dos cuestiones jur\u00eddicas con identidad propia. <\/p>\n
La capacidad se refiere a la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, as\u00ed como para su correspondiente ejercicio. Lo primero, se predica de toda persona natural por el simple hecho de su existencia, independientemente de su voluntad reflexiva. Lo segundo, se presume que puede ser realizado por todo sujeto, salvo cuando debe actuar por medio de terceros. <\/p>\n
El consentimiento, en cambio, alude a la expresi\u00f3n de esa voluntad. Si hay ausencia total, conduce a la nulidad absoluta o inexistencia del acto. Y si se encuentra expresada, pero afectada, conduce a un vicio relativo. <\/p>\n
En el caso no concurr\u00eda el elemento \u201ccausa\u201d entre el otrora sentenciado proceso y el ahora decidido. El Tribunal, por tanto, se equivoc\u00f3 al dar paso a la cosa juzgada. <\/p>\n
1.6.2. En el segundo, los impugnantes acusan violados indirectamente los art\u00edculos 2, 4 y 5 de la Ley 54 de 1990. <\/p>\n
Se\u00f1alan que la conclusi\u00f3n del juzgador colegiado, seg\u00fan la cual, la liquidaci\u00f3n comprend\u00eda a las sociedades irregular de hecho, patrimonial marital y conyugal, durante todo el tiempo del entramado econ\u00f3mico, es equivocada. En la escritura p\u00fablica contentiva de la partici\u00f3n se indic\u00f3 que cobijaba la conyugal, \u201cnacida el 6 de noviembre de 2009\u201d. La uni\u00f3n marital, seg\u00fan la sentencia de 3 de mayo de 1996, mediante la cual se declar\u00f3, se extendi\u00f3 hasta la fecha de ese fallo. Y, en ning\u00fan lado, se habl\u00f3 de convivencia entre el 4 de mayo de 1996 y el 5 de noviembre de 2009. <\/p>\n
El error garrafal del juzgador consisti\u00f3, dicen, en concluir que la uni\u00f3n marital no se declar\u00f3 terminada, cuando en la misma providencia se determin\u00f3 como l\u00edmite su misma fecha. Adem\u00e1s, al declarar la convivencia sin soluci\u00f3n de continuidad entre el 1\u00ba de septiembre de 1977 y el 14 de abril de 2011, cuando ello no era cierto. <\/p>\n
1.6.3. En el tercero y cuarto, los casacionistas denuncian infringidos los art\u00edculos 1502, 1503, 1508, 1602, 1740 y 1741 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia del error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda. Yerro que, agregan, condujo a omitir la valoraci\u00f3n de la historia cl\u00ednica sobre el estado de salud de Pablo Antonio Parra. <\/p>\n
Aseveran que las pretensiones del proceso fallado y del actual no ten\u00edan la misma causa y al confundirlas ah\u00ed radicaron las equivocaciones del Tribunal. El primero, se fundament\u00f3 en la \u201cfalta de capacidad\u201d. Y en el presente, se aleg\u00f3 la \u201causencia de consentimiento\u201d, ciertamente, a la saz\u00f3n, frente a los serios quebrantos de salud del ahora causante, todo incidente en su voluntad. <\/p>\n
1.6.5. En el sexto, los impugnantes reclaman, directamente, la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1388 del C\u00f3digo Civil. Se\u00f1alan que, contrario al l\u00edmite se\u00f1alado por el Tribunal para excluir bienes, el precepto permite ventilar cualquier controversia sobre la propiedad de los bienes inventariados, sin que ello retarde la partici\u00f3n. Solo que decididas en favor de la sucesi\u00f3n habr\u00eda lugar a repartirlos. <\/p>\n
1.6.6. En el s\u00e9ptimo, los censores denuncian la violaci\u00f3n del canon 1792 del C\u00f3digo Civil, a ra\u00edz de un error de hecho en la valoraci\u00f3n del contrato de enajenaci\u00f3n a Gilberto Mogoll\u00f3n de un establecimiento de comercio. Se\u00f1alan que se trataba de una mera promesa suscrita el 6 de mayo de 1978, la cual no se perfeccion\u00f3. El bien, por tanto, no pudo ingresar luego a ninguna sociedad, pues fuera de no existir ninguna evidencia sobre el particular, nunca sali\u00f3 del patrimonio del causante, quien lo ostentaba desde 1969. La tesis de la oponibilidad, en consecuencia, no aplicaba. <\/p>\n
1.7. Solicitan los recurrentes, en general, casar la sentencia impugnada y, en la de reemplazo, acoger las pretensiones de la demanda incoativa del proceso. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.1. El recurso de casaci\u00f3n no tiene por mira examinar libremente las cuestiones de hecho y jur\u00eddicas controvertidas, a la manera de las instancias. Su objeto preciso y directo lo constituye la sentencia impugnada bajo el entendido que el Tribunal acert\u00f3 al pronunciarla. <\/p>\n
Ese medio excepcional de defensa judicial, dice la Sala, es \u201c(\u2026) distante en mucho de los recursos propios de las instancias, pues la discusi\u00f3n ante la Corte procura demostrar las desarmon\u00edas del fallo recurrido frente al ordenamiento jur\u00eddico, y nunca convertirse en la oportunidad para recrear el debate gen\u00e9rico de que se ocup\u00f3 el proceso (\u2026)1. <\/p>\n
La raz\u00f3n de ser estriba en que es un mecanismo de impugnaci\u00f3n dispositivo y exceptivo. Responde a causales previstas por el legislador y se estructura en precisas hip\u00f3tesis normativas. De ah\u00ed, para diferenciarlo de los cauces ordinarios, el adjetivo de extraordinario. <\/p>\n
2.2. El art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, armonizado con la anterior, se\u00f1ala los requisitos que debe reunir una demanda de casaci\u00f3n en orden a admitirla y resolverla de fondo. En general, el numeral 2\u00ba, com\u00fan a todas las causales, obliga al censor a formular los cargos por separado \u201ccon la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n en forma clara, precisa y completa\u201d. <\/p>\n
2.2.1. La \u201cexposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n\u201d, permite identificar las discrepancias entre el juzgador y el recurrente acerca de lo juzgado. <\/p>\n
Como tiene sentado esta Corporaci\u00f3n, \u201cdesde el punto de vista t\u00e9cnico, no podr\u00eda hablarse de acusaci\u00f3n por sustracci\u00f3n de materia, en la medida en que por tal acci\u00f3n, la de acusar, se entiende la exposici\u00f3n de los cargos contra el acusado2 o contra lo acusado\u201d3. <\/p>\n
2.2.2. La claridad exige formular los cargos en forma inteligible y f\u00e1cil de comprender. No concurre esta exigencia, por ejemplo, cuando se entremezclan causales o se refunden las clases de errores admisibles en casaci\u00f3n. En cualquier caso, porque ello conduce a hacer inentendible la acusaci\u00f3n y a dificultar su contradicci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.3. El ataque completo impone no solo identificar los argumentos torales que, por s\u00ed, sostendr\u00edan la sentencia, sino combatirlos todos. El recurrente nada sacar\u00eda con acertar en aquello y pecar en esto \u00faltimo. La explicaci\u00f3n se encuentra en que los fundamentos basilares que se dejan enhiestos seguir\u00edan prest\u00e1ndole base firme a la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n, tiene sentado esta Corte, en doctrina aplicable, \u201c(\u2026) \u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed le presta apoyo suficiente al fallo impugnado, \u00e9ste debe quedar en pie, haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
2.2.4. La precisi\u00f3n, por su parte, exige simetr\u00eda entre los motivos nodales blandidos por el Tribunal y los impugnados. El censor debe ser correspondiente. Si desv\u00eda la atenci\u00f3n a cuestiones distintas, en \u00faltimas, no habr\u00eda cargos frente al acusado ni contra lo acusado. <\/p>\n
En casaci\u00f3n, un ataque preciso requiere, al decir de la Corte, que \u201c(\u2026) guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que objetivamente constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque (\u2026)5. <\/p>\n
El fundamento de lo anterior descansa en que, al confutarse argumentaciones intrascendentes, las que s\u00ed lo son, seguir\u00e1n en firme y con poder suficiente para sostener la decisi\u00f3n. Por consiguiente, la sentencia impugnada, al margen del juicio del ad-quem, continuar\u00eda abrigada por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto. <\/p>\n
2.3. Relacionado con los errores iuris in iudicando o facti in iudicando, tambi\u00e9n se precisan formalidades. <\/p>\n
2.3.1. Los primeros, suponen que la parte recurrente acepta las conclusiones f\u00e1cticas y probatorias del Tribunal. En ese evento, como se tiene decantado, la Corte trabaja es con los \u201c(\u2026) textos legales sustantivos \u00fanicamente, y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos est\u00e1n probados o no est\u00e1n probados, parte de la base de una u otra cosa, y s\u00f3lo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
La doctrina anterior, en la actualidad, se encuentra incluida en el art\u00edculo 344, numeral 2\u00ba, liberal a), inciso 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso. \u201cTrat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u201d. <\/p>\n
2.3.2. En caso de la comisi\u00f3n de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas o de la demanda o su respuesta, o de eficacia probatoria, el numeral 2\u00ba, literal a), inciso 2\u00ba del precepto citado, impone cumplir otras cargas. <\/p>\n
Asociado con los primeros, el recurrente debe identificar las faltas y singularizar las pruebas mal apreciadas; adem\u00e1s, \u201cdemostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u201d. Y, con los segundos, se\u00f1alar las normas probatorias transgredidas y explicar sucintamente la forma como fueron infringidas. <\/p>\n
2.4. El repaso general de los requisitos formales de toda demanda de casaci\u00f3n, resultaba necesario hacerlo. Esto con el fin de establecer si los recurrentes, en lo pertinente, los acataron. <\/p>\n
2.4.1. Recibida la cosa juzgada, esto significa que, asociando el proceso fallado en el pasado con el nuevo, para el Tribunal hab\u00eda identidad de sujetos, objeto y causa. El problema, entonces, no es de distinci\u00f3n de las instituciones jur\u00eddicas demandadas o aplicadas, consentimiento o capacidad, sino en los hechos en que fueron estructuradas esas identidades. En \u00faltimas, como se reafirma en el cargo primero, lo que \u201cno concurre [es] el elemento causa\u201d. <\/p>\n
Lo anterior pone de presente que el planteamiento de la acusaci\u00f3n peca de sustentaci\u00f3n y confusi\u00f3n. Lo primero, la v\u00eda directa implica aceptar las conclusiones probatorias del Tribunal, en el caso, la identidad de causa, y eso no se acepta, sino que se discrepa. Lo segundo, denunci\u00e1ndose problemas de subsunci\u00f3n normativa, se termina es investigando los hechos de la comentada identidad, necesarios para el ejercicio de adecuaci\u00f3n t\u00edpica, precisamente, lo discurrido en los cargos tercero y cuarto. <\/p>\n
2.4.2. No obstante, esos otros cargos apenas se enuncian, pero no se desarrollan. Se quedaron en la mitad del camino, en el p\u00f3rtico de la casaci\u00f3n. As\u00ed como la ausencia de voluntad reflexiva del ahora causante se hizo derivar en el presente proceso del \u201cgrave estado de salud\u201d al momento de celebrar el acto jur\u00eddico de liquidaci\u00f3n, tambi\u00e9n debieron se\u00f1alarse los hechos aducidos en otrora oportunidad como constitutivos de falta de capacidad. Se entiende, desde luego, la legal, la de obrar o de ejercicio, empero, no se hizo saber a la Corte las razones por las cuales el fallecido, para obligarse, a la saz\u00f3n, deb\u00eda obtener el ministerio o la autorizaci\u00f3n de otra persona. <\/p>\n
2.4.3. Los cargos segundo, quinto, sexto y s\u00e9ptimo resultan incompletos. En definitiva, relacionados con la exclusi\u00f3n de bienes, seg\u00fan las fechas en que se materializaron las sociedades de hecho, patrimonial marital y conyugal, el Tribunal concluy\u00f3 que la inclusi\u00f3n en la liquidaci\u00f3n de las partidas controvertidas hab\u00eda sido exprofeso de los socios. Inclusive, en el lapso en que se dice hubo soluci\u00f3n de continuidad de las relaciones entre la pareja, pero que, para el juzgador, si las hubo. <\/p>\n
Ahora, en ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad. Solo los socios, dijo, \u201c(\u2026) sab\u00edan que les correspond\u00eda (\u2026), as\u00ed es la vida, supieron que con la liquidaci\u00f3n se enjuagaron compensaciones, recompensas, deudas personales (\u2026), en fin; as\u00ed dispusieron de sus intereses econ\u00f3micos disponibles, pues, no se requer\u00eda contar ni con el visto bueno de los hijos (\u2026)\u201d. Y si ello es as\u00ed, al Estado, a trav\u00e9s de la administraci\u00f3n de justicia, le correspond\u00eda \u201c(\u2026) respetar esa disposici\u00f3n (\u2026), m\u00e1s cuando en esta liquidaci\u00f3n se inventariaron bienes que adquiri\u00f3 la se\u00f1ora Edith Rojas Jaimes durante el lapso que se afirma no hubo sociedad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La inclusi\u00f3n de tales activos en cabeza de la demandada, precisamente, el Tribunal lo tuvo como indicio de \u201cconvivencia y (\u2026) trabajo conjunto\u201d durante el lapso en que se sostiene no hubo ninguna relaci\u00f3n, entre mayo de 1996 y noviembre de 2009. Todo, acot\u00f3 el juzgador, al margen de \u201c(\u2026) c\u00f3mo fue esa convivencia, si buena, si excelente, si interrumpida, si amorosa, si desamorosa, porque no existe prueba; pero ese hecho s\u00ed permite inferir que eso fue lo que quisieron los negociantes, porque se trata de un negocio jur\u00eddico, el de la liquidaci\u00f3n de las sociedades (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Las anteriores deducciones no fueron combatidas en ninguno de los cargos rese\u00f1ados en este apartado. Las conclusiones de la autonom\u00eda de la voluntad y el indicio de convivencia y trabajo, por tanto, al margen del acierto del Tribunal, son suficientes para sostener la decisi\u00f3n confutada. Inclusive, en la hip\u00f3tesis de haberse incurrido en los yerros iuris in iudicando y facti in iudicando, en esas acusaciones enrostrados. Porque as\u00ed se hubiere incurrido en ellos, las otras consideraciones jur\u00eddicas y probatorias seguir\u00edan prest\u00e1ndole base firme a la sentencia. De ah\u00ed que ni siquiera hab\u00eda que examinarlos en su fondo o m\u00e9rito. <\/p>\n
Mientras no se desvirt\u00fae que la pareja, en ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad, inclusive dada la convivencia, pac\u00edfica o conflictiva, y trabajo en otro lapso distinto al de las tres sociedades en cuesti\u00f3n, no habr\u00eda lugar a calificar si los bienes inventariados son propios o sociales. Por el momento, as\u00ed sean propios del causante el establecimiento de comercio y las otras partidas involucradas, debe seguirse que, aun no siendo sociales, dada la complejidad y duraci\u00f3n de las relaciones, fue el querer de los interesados en incluirlos. As\u00ed lo concluy\u00f3 el Tribunal y como ello no fue controvertido en casaci\u00f3n, lo as\u00ed decidido sigue amparado por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto. <\/p>\n
2.5. Aunque lo discurrido es suficiente para inadmitir la demanda de casaci\u00f3n, no hay lugar a observar lo previsto en los art\u00edculos 16 de la Ley 270 de 1996 (modificado por el art\u00edculo 7 de la Ley 1285 de 2009), y 336, in fine, del C\u00f3digo General del Proceso, consagratorios de la casaci\u00f3n oficiosa y de la selecci\u00f3n positiva de ciertos fallos. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, a\u00fan frente a defectos formales de la demanda de casaci\u00f3n, cuando hay lugar a unificar o corregir la jurisprudencia, o a ejercer un control de legalidad. La oficiosidad, para defender los derechos constitucionales, el orden o el patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
En todo caso, para esos prop\u00f3sitos se requiere de la presencia de faltas superlativas que hayan trascendido a los derechos y garant\u00edas supralegales de la parte recurrente. Esto significa que el simple hecho de haberse obtenido decisiones adversas no impone, en el \u00e1mbito constitucional o de convencionalidad7, adoptar correctivos. <\/p>\n
2.5.1. En el plano adjetivo no se observan. Contrastada la actuaci\u00f3n, los impugnantes mantuvieron intactas las garant\u00edas de defensa y contradicci\u00f3n. Apelaron la sentencia del juzgado y la del Tribunal la recurrieron en casaci\u00f3n. Adem\u00e1s, en ninguna parte alegaron vicios insubsanables y, de existir otros, se entienden convalidados. <\/p>\n
2.5.2. Lo mismo ocurre en el campo de los hechos y de las pruebas, y en el escenario netamente jur\u00eddico. Al no confutarse las conclusiones sobre la autonom\u00eda de la voluntad y el indicio de convivencia y trabajo, se entiende que los recurrentes las aceptan. Por lo mismo, que la decisi\u00f3n del ad-quem no es caprichosa ni arbitraria, sino explicable. Con mayor raz\u00f3n, cuando ni siquiera se insinu\u00f3 que, dadas las circunstancias concretas en causa, en la eventualidad de haberse incluido bienes muebles e inmuebles propios de los socios en la liquidaci\u00f3n, ello iba en contrav\u00eda de normas imperativas. <\/p>\n
2.5.3. En la \u00f3ptica de la selecci\u00f3n positiva, tampoco hay lugar a la actuaci\u00f3n de la Corte. Ello, al no aparecer temas asociados con la aplicaci\u00f3n o alcance de una norma sustantiva, menos con diversidad de interpretaciones sobre un mismo punto de derecho ni con la necesidad de erradicar del ordenamiento el valor de un precedente. <\/p>\n
2.6. Como corolario, se impone inadmitir el libelo examinado, en aplicaci\u00f3n de lo previsto en los art\u00edculos 346, numeral 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara inadmisible la demanda de que se trata, y desierto el recurso de casaci\u00f3n en comento. En consecuencia, ordena devolver el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Presidente de la Sala) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
2\u0002 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa\u00f1ola. <\/p>\n
3\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Auto 323 de 15 de diciembre de 2000, expediente 8690; reiterado en providencia de 4 de noviembre de 2015, expediente 2010-00116. <\/p>\n
4\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia. Sentencia 027 de 27 de julio de 1999; reiterada en fallos de 7 de septiembre de 2006 y de 19 de agosto de 2015, y en auto de 22 de agosto de 2011, entre otros muchos. <\/p>\n
5\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia de 26 de marzo de 1999 (CCLVIII-294), reiterada en autos de 19 de diciembre de 2014(expediente 00147), 25 de febrero de 2013 (radicaci\u00f3n 00228), y 30 de abril de 2014 (radicado 00084), entre otros muchos. <\/p>\n
6\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Auto de 28 de febrero de 2013, expediente 00131, reiterando doctrina anterior. <\/p>\n
7\u0002 Convenci\u00f3n Americana sobre de Derechos Humanos o Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, aprobada mediante Ley 16 de 1972. <\/p>\n
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AC4245-2021 (2015-00217-01) LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n: 68001-31-10-002-2015-00217-01 (Aprobado en Sala virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda de Javier Eduardo Parra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-57910","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57910","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57910"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57910\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57910"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57910"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57910"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}