AC4615-2021 (2021-01424-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC4615-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01424-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal y Diecinueve Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, atinente al conocimiento del proceso ejecutivo hipotecario incoado por el Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo contra Juan Esteban Raigoza Quintero. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada ante el \u00abJuez Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal-Risaralda\u00bb, de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n, entre otras, \u00abLibrar Mandamiento Ejecutivo en favor de FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO y a cargo de JUAN ESTEBAN RAIGOZA QUINTERO por las siguientes sumas de dinero contenidas en el Pagar\u00e9 No. 18.595.074\u00bb1, por el capital, los intereses de plazo y moratorios correspondientes. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial, \u00ab[\u2026] por el lugar de domicilio del demandado y la ubicaci\u00f3n del bien inmueble hipotecado\u00bb2. <\/p>\n
2. El proceso correspondi\u00f3 al Despacho Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, el cual, en prove\u00eddo de 10 de diciembre de 2020, decidi\u00f3 rechazarlo de plano por falta de competencia, de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 28 numeral 10\u00ba en concordancia con el 29 del C\u00f3digo General del Proceso, en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
(\u2026) En la demanda objeto de estudio, el apoderado determina la competencia el lugar de domicilio del demandado y la ubicaci\u00f3n del bien inmueble hipotecado dando aplicaci\u00f3n al precitado N\u00fam.7 del Art.28 del C. G. del P. e inobservando, ostensiblemente, el apartado del N\u00fam.10 del mismo art\u00edculo y el Art.29 ib\u00eddem pues, tanto en el escrito demandatorio como en el certificado de existencia y representaci\u00f3n aportado, se se\u00f1ala como domicilio de la entidad accionante la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., y en tal sentido, la competencia para conocer de la demanda incoativa de proceso ejecutivo hipotecario recae, exclusivamente, en el Juez Civil Municipal de Bogot\u00e1- Reparto-.\u00bb3. <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, el expediente fue asignado al Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogot\u00e1. Autoridad que, en resoluci\u00f3n de 02 de febrero de 2020, tambi\u00e9n rechaz\u00f3 la demanda ejecutiva, en raz\u00f3n a la cuant\u00eda y orden\u00f3 su remisi\u00f3n a los \u00abJuzgados de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple \u2013 Reparto \u2013 de esta ciudad\u00bb4. <\/p>\n
4. A su turno, el 7 de abril de 2021, el Juzgado Diecinueve Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, declar\u00f3 su falta de competencia para conocer de la controversia y suscit\u00f3 el conflicto de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la sala, \u00ab(\u2026) atendiendo la ubicaci\u00f3n del bien sobre el cual recae la garant\u00eda real que se pretende ejecutar, la naturaleza del proceso y la elecci\u00f3n emprendida, precisamente, por la misma demandante al momento de radicar la demanda, en virtud de lo establecido en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso.\u00bb5 <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero anotar que, como el conflicto planteado se ha suscitado entre dos despachos de diferente distrito judicial, Pereira y Bogot\u00e1, la Corte ser\u00eda la competente para definirlo, tal y como lo establece el art\u00edculo 16 de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administraci\u00f3n de justicia, reformado como qued\u00f3 por el art\u00edculo 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia, debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos. Tales criterios est\u00e1n vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde acontecieron los hechos, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros. <\/p>\n
3. De las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, la del numeral primero (1\u00ba) constituye la regla general, esto es, que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el pa\u00eds, ser\u00e1 competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el pa\u00eds o esta se desconozca, ser\u00e1 competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante\u00bb (se subraya). <\/p>\n
A su vez, el numeral 3\u00b0 dispone que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes. En efecto, al general, basado en el domicilio del demandado, se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones. Siendo as\u00ed las cosas, al presentarse convergencia entre dos factores de competencia por tratarse de la ejecuci\u00f3n de t\u00edtulos valores (numerales 1 y 3\u00b0 del art\u00edculo 28 del CGP), el actor, en principio, cuenta con la posibilidad de escoger, a prevenci\u00f3n, el juzgador que a bien le pareciera. <\/p>\n
Y, m\u00e1s a\u00fan, el numeral 10\u00b0 de la misma disposici\u00f3n prescribe que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 5 jul. 2012, rad. 2012-00974-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 16 sep. 2004, rad. n\u00b0 00772-00, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
(\u2026)\u2018[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026)\u2019\u00bb. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, en casos como los que nos ata\u00f1e en esta ocasi\u00f3n, habr\u00eda una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos ejecutivos hipotecarios en que una de las partes sea una entidad p\u00fablica, lo que implica que ha de ser la ley, y no el promotor, quien ha de elegir el juez competente para conocer de la controversia. <\/p>\n
Pues bien, para dirimir este tipo de controversias, la reciente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n se ha decantado por acudir al precepto contenido en el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed fue sentado en prove\u00eddo AC140-2020, en el cual, mutatis mutandi, en una controversia de imposici\u00f3n de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica, la Corte explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?6 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320) (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020). <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien. Sin embargo, en el evento de que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio. <\/p>\n
6. Aplicando las anteriores premisas al caso de marras, y partiendo de que el Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo es una \u00abEmpresa Industrial y Comercial del Estado, de car\u00e1cter financiero de Orden Nacional, con Personer\u00eda Jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y capital independiente, estar\u00e1 vinculado al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia\u00bb7, creada mediante el Decreto Ley No 3118 del 26 de diciembre de 1968, la competencia para conocer de la presente controversia radicar\u00eda en el juez de su lugar de domicilio, correspondiente a la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 impone, a efectos de determinar la competencia privativa del juez, que el convocante o convocado debe ser \u00abuna entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica\u00bb. En tal sentido, el precepto 68 de la ley 489 de 1998 prev\u00e9 que \u00abson entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos p\u00fablicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta (\u2026)\u00bb. Y adem\u00e1s, el par\u00e1grafo del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que \u00abse entiende por entidad p\u00fablica todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb. <\/p>\n
7. Por tanto, al tener la demandante la calidad de entidad p\u00fablica, corresponde el conocimiento del asunto al Juzgado de Bogot\u00e1, pues tal es designado en virtud del foro privativo demarcado por la ley. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Diecinueve Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO: La Secretar\u00eda librar\u00e1 los oficios correspondientes y dejar\u00e1 las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-7 Archivo 02Escritodemanda.pdf Expediente digital <\/p>\n
2\u0002 Folio 11 Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 20-21 Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-2 Archivo 03AutoRechazademandajpccm.pdf Expediente digital <\/p>\n
5\u0002 Folio 1-2 Archivo 08AutoRechazaYProponeconflicto.pdf Expediente digital <\/p>\n
6\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n
7\u0002 Folio 93 Archivo 01Anexos.pdf Expediente digital. Certificado de la Superintendencia financiera de Colombia <\/p>\n
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