AC4658-2021 (2016-00817-01)<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC4658-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-31-03-011-2016-00817-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n del libelo que sustenta el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante frente a la sentencia de 13 de agosto de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el juicio verbal que promovi\u00f3 Clara Teresa Posada Vanegas contra Inversiones Gabriel Arango y C\u00eda. S.C.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 declarar la nulidad absoluta de las compraventas que celebr\u00f3 con la convocada, plasmadas en las escrituras p\u00fablicas 1945 y 1957 otorgadas, en su orden, el 5 y 6 de octubre de 2006 en la Notar\u00eda Octava de Medell\u00edn, que tuvieron por objeto, la primera, tres predios distinguidos con los folios de matr\u00edcula n\u00fameros 020-0023488, 020-0000954 y 020-0002272 ubicados en el municipio de Rionegro (Antioquia); y la \u00faltima, el inmueble distinguido con la matr\u00edcula 222-0005614 localizado en Ci\u00e9naga (Magdalena). <\/p>\n
Por consecuencia, solicit\u00f3 condenar a la sociedad enjuiciada a devolver tales bienes, junto con los frutos civiles que percibi\u00f3 desde las fechas citadas, y ordenar la cancelaci\u00f3n tanto de los actos impugnados como de su inscripci\u00f3n. <\/p>\n
2. Para soportar esas s\u00faplicas anot\u00f3, en resumen, que aun cuando en los contratos atacados se plasm\u00f3 que la vendedora recibi\u00f3 el precio, realmente esto no ocurri\u00f3, tampoco se convino ning\u00fan plazo, por lo que fue asaltada en su buena fe. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que tales negocios jur\u00eddicos fueron suscritos por Diego Alejandro Arango Duque como apoderado general de la sociedad compradora, no obstante, este mandato contenido en la escritura p\u00fablica 4519 de 7 de diciembre de 2005 de la Notar\u00eda Tercera de Medell\u00edn, aparece conferido por Gabriel Dar\u00edo Arango Duque como persona natural, no en la condici\u00f3n que ostenta de representante legal de la sociedad adquirente. <\/p>\n
Por ende, a\u00f1adi\u00f3, las ventas de los bienes ra\u00edces est\u00e1n viciadas de \u00abnulidad absoluta por falta de uno de los requisitos necesarios establecido por ley para celebrar el acto o contrato, en este caso lo es la debida representaci\u00f3n (poder para celebrar el negocio), careciendo entonces de declaraci\u00f3n de voluntad por parte de la entidad compradora\u2026\u00bb <\/p>\n
3. Una vez vinculada al tr\u00e1mite, la demandada se opuso al petitum y propuso las excepciones de m\u00e9rito de \u00abcosa juzgada\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n\u00bb e \u00abinexistencia de causa para pedir\u00bb. <\/p>\n
4. Agotadas las fases del proceso, el 25 de junio de 2018 el Juzgado Und\u00e9cimo Civil del Circuito de Medell\u00edn dict\u00f3 sentencia en la que deneg\u00f3 \u00edntegramente lo pedido. <\/p>\n
5. Apelada tal decisi\u00f3n por la demandante, el Tribunal la confirm\u00f3 el 13 de agosto de 2020. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
En resumen, el juzgador ad-quem, tras recordar el ordenamiento jur\u00eddico que rige la nulidad absoluta y relativa de los actos, consider\u00f3: <\/p>\n
1. Tal cual lo razon\u00f3 la sentencia de primera instancia, la interpretaci\u00f3n de la demandada impon\u00eda concluir que lo deprecado fue la nulidad absoluta de las compraventas, por estimarlas carentes de la declaraci\u00f3n de voluntad de la adquirente, en tanto quien la represent\u00f3 estaba desprovisto de poder para obrar. <\/p>\n
En adici\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que, con independencia de la calificaci\u00f3n dada a la omisi\u00f3n del mandato a favor de quien suscribi\u00f3 los actos impugnados en nombre de la convocada, este yerro no genera la nulidad absoluta pedida ni cualquiera otra causa de ineficacia que pueda declararse de oficio, tal cual lo declar\u00f3 la falladora a-quo fundada en jurisprudencia que cit\u00f3 -la que se abstuvo de censurar la apelante-; de all\u00ed que no sea de recibo su alegato a cuyo tenor los estrados judiciales confunden el consentimiento de la sociedad con el de Gabriel Dar\u00edo Arango Duque; tampoco desconoci\u00f3 que el poder general conferido por este a Diego Alejandro Arango Duque es anterior a la creaci\u00f3n de Inversiones Gabriel Arango y C\u00eda. S.C.A. <\/p>\n
De otro lado, como lo consider\u00f3 el juzgado de primera instancia, el vicio de marras no configura la inexistencia de los negocios jur\u00eddicos impugnados, sino su inoponibilidad, la cual no fue pedida, tampoco puede ser declarada de oficio, am\u00e9n de que la vendedora demandante no adujo cu\u00e1l perjuicio le gener\u00f3 la ausencia del mandato que extra\u00f1a y en el que ella no es parte. <\/p>\n
Y la diferencia entre el capital suscrito de la sociedad compradora y el aval\u00fao de los bienes enajenados es asunto ajeno a la alzada y a la litis, al punto que la inconforme no solicit\u00f3 adici\u00f3n del prove\u00eddo del estrado judicial de primer grado para obtener pronunciamiento sobre tal tema. <\/p>\n
Ciertamente el precio de cada venta fue convenido, de donde concurre este elemento esencial al tenor del canon 1857 del C\u00f3digo Civil, desvirtu\u00e1ndose la inexistencia de los pactos; y como lo alegado es la falta de pago, esta negligencia no constituye causal de nulidad absoluta de un acuerdo de voluntades al tenor del art\u00edculo 1741 de la misma obra. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Fincada en la inicial causal de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, adujo que el fallo vulner\u00f3 por v\u00eda directa el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil en concordancia con el canon 1494 de la misma obra, por errada aplicaci\u00f3n, porque toda obligaci\u00f3n deriva del consentimiento manifestado y desprovisto de vicio alguno. <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite est\u00e1 acreditado que quien suscribi\u00f3 los contratos de compraventa en nombre de la adquirente carec\u00eda de poder, en raz\u00f3n a que le fue otorgado mandato general para que actuara en nombre de Gabriel Dar\u00edo Arango Duque como persona natural, no como representante legal de Inversiones Gabriel Arango y C\u00eda. S.C.A., lo cual muestra la ausencia de la manifestaci\u00f3n de voluntad de esta entidad mercantil, de donde el tribunal no debi\u00f3 otorgarle existencia jur\u00eddica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es pertinente indicar que, por entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagr\u00f3, en los art\u00edculos 624 y 625 numeral 5\u00ba, que los recursos, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse bajo \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, tal cual sucede con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en raz\u00f3n a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. <\/p>\n
2. El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que el escrito con que se promueve la casaci\u00f3n debe contener \u00ab[l]a formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa.\u00bb <\/p>\n
Y es que este recurso, por su naturaleza extraordinaria, impone al censor el respeto de reglas t\u00e9cnicas orientadas a facilitar la comprensi\u00f3n de los argumentos con que pretende rebatir los sustentos del prove\u00eddo atacado. De ello se deriva la aplicaci\u00f3n del principio dispositivo, en cuya virtud esta Corporaci\u00f3n no puede subsanar las deficiencias observadas en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene advertido la Sala al exigir que \u00ab[s]in distinci\u00f3n de la raz\u00f3n invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos\u00bb (CSJ AC7250 de 2016, rad. 2012-00419-01). <\/p>\n
No podr\u00eda ser de otra forma, pues la impugnaci\u00f3n se encuentra en manos del recurrente, quien establece los motivos y las razones que en su sentir pueden dar lugar a la casaci\u00f3n, sin que el \u00f3rgano de conocimiento pueda sustituir al legitimado en su argumentaci\u00f3n, ya que asumir\u00eda el rol de un juez de instancia y suplantar\u00eda al censor1. <\/p>\n
3. Visto el cuestionamiento concluye esta Corporaci\u00f3n que no cumple las exigencias formales que son imperativas para la casaci\u00f3n, por lo que se impone su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, el cargo no se\u00f1ala normas de derecho sustancial, connotaci\u00f3n que se predica de aquellas que a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica espec\u00edfica dan una consecuencia tambi\u00e9n concreta, esto es, declaran, crean, modifican o extinguen la relaci\u00f3n jur\u00eddica que media entre los intervinientes. <\/p>\n
Ciertamente, el precepto 1502 del estatuto sustancial en lo civil se limita a enumerar los requisitos necesarios para que una persona se obligue, pero no regula una situaci\u00f3n de hecho en relaci\u00f3n con la cual se siga una consecuencia jur\u00eddica, que es lo que le da a una norma la caracter\u00edstica referida. <\/p>\n
La Sala tiene dicho que ese mandato legal no posee la connotaci\u00f3n de sustancial, pues \u00abn\u00f3tese que los art\u00edculos (\u2026) 1502 y el 1517, regulan los actos y las declaraciones de voluntad; (\u2026) por lo que todos ellos, tanto individualmente considerados como en su conjunto, solo sirven como desarrollo de otras estipulaciones\u00bb. (CSJ AC de 10 ago. 2011, rad. N\u00ba 2003-03026-01). <\/p>\n
Igual sucede con el canon 1494 de la misma obra, respecto del que esta Sala decant\u00f3 que \u00ab[c]omo puede apreciarse, la norma jur\u00eddica en cuesti\u00f3n, se limita a enunciar las fuentes de las obligaciones, sin establecer, verbi gracia, la atribuci\u00f3n de un derecho subjetivo, que para el caso, guarde relaci\u00f3n con las pretensiones desestimadas al demandante, aqu\u00ed recurrente.\u00bb (CSJ AC195 de 2018, rad. 2011-00398). <\/p>\n
En otra oportunidad la Corte evoc\u00f3 jurisprudencia reiterando que la citada disposici\u00f3n legal no tiene el car\u00e1cter de sustancial: <\/p>\n
Sobre la conclusi\u00f3n de que la norma citada por la recurrente no tiene la connotaci\u00f3n pretendida, la Corporaci\u00f3n sostuvo que \u2018algunas de las much\u00edsimas normas que el censor denuncia como infringidas, ora por aplicaci\u00f3n o por aplicaci\u00f3n indebida, no son de estirpe sustancial. En efecto: (\u2026) los textos 745, 746, 1494, 1608, 1893 y 1915 ib\u00eddem, [C\u00f3digo Civil], se reducen a enumerar respectivamente, los requisitos para la validez de la tradici\u00f3n, las fuentes de las obligaciones, los supuestos en que el deudor se coloca en mora, los elementos que integran la obligaci\u00f3n de saneamiento por evicci\u00f3n y las caracter\u00edsticas que deben tener los vicios redhibitorios (\u2026)\u2019 (Sent. cas. civ. de 24 de octubre de 1975, G.J. CLI, p\u00e1g. 242 y ss. (CSJ AC, 4 abr. 2013, rad. 2005-00243-01, Resaltado impropio). <\/p>\n
Es que reiteradamente esta Corporaci\u00f3n doctrin\u00f3 que son normas de derecho sustancial las que \u00aben raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u00bb, as\u00ed como que no tienen esa connotaci\u00f3n aquellas que \u00abse limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u00bb. (CSJ AC de 18 nov. 2010, rad. 2002-00007-01. Resaltado ajeno). <\/p>\n
En esa misma providencia esta colegiatura precis\u00f3 \u00abque por normas de derecho sustancial debe entenderse las que declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas, es decir, las que se ocupan de regular una situaci\u00f3n de hecho, respecto de la cual deba seguirse una consecuencia jur\u00eddica, y no las que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a describir sus elementos, precisamente porque al ser tales, no pueden atribuir derechos subjetivos, tampoco las que regulan, como es natural entenderlo, determinada actividad procesal o probatoria. Presupuesto que es de vital importancia cumplirlo, porque de omitirse, al decir de la Sala, \u2018quedar\u00eda incompleta la acusaci\u00f3n, en la medida en que se privar\u00eda a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontaci\u00f3n con la sentencia acusada, no pudi\u00e9ndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulaci\u00f3n de los cargos, merced al arraigado car\u00e1cter dispositivo que estereotipa al recurso de casaci\u00f3n.\u00bb <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concl\u00fayese que los art\u00edculos invocados en el primer cargo de casaci\u00f3n no tienen la connotaci\u00f3n de ser normas de derecho sustancial, lo que basta para inadmitirlos, en raz\u00f3n a que el incumplimiento del requisito referido: <\/p>\n
(\u2026) deja incompleto el ataque, al decir de la Sala, \u2018(\u2026) en la medida en que se privar\u00eda a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontaci\u00f3n con la sentencia acusada, no pudi\u00e9ndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulaci\u00f3n de los cargos, merced al arraigado car\u00e1cter dispositivo que estereotipa al recurso de casaci\u00f3n\u2019. <\/p>\n
Desde luego, no cualquier precepto califica como sustancial, sino \u00fanicamente, cual lo tiene decantado esta Corporaci\u00f3n, si declara, crea, modifica o extingue una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, esto es, cuando regula una situaci\u00f3n de hecho, seguida de una consecuencia jur\u00eddica. Carecen de esa connotaci\u00f3n, por lo tanto, las normas que definen fen\u00f3menos jur\u00eddicos o describen sus elementos, pues al ser tales, en l\u00ednea de principio, no atribuyen derechos subjetivos; tampoco, por lo mismo, las que regulan determinada actividad procesal o probatoria. (CSJ AC481 de 2016, rad. n\u00ba 2007-00070). <\/p>\n
El defecto anotado basta para inadmitir el primer reproche del escrito sustentador del mecanismo extraordinario planteado por la accionante. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con apoyo en el motivo previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso se aduce la transgresi\u00f3n directa del art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil por indebido empleo, habida cuenta que la ausencia total de consentimiento que sirve de soporte a la nulidad absoluta suplicada obedece a que la normatividad que disciplina esta tipolog\u00eda de invalidaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos en materia civil, tambi\u00e9n es aplicable en trat\u00e1ndose de su inexistencia o inoponibilidad; lo que no sucede en el \u00e1mbito mercantil que s\u00ed cuenta con regulaci\u00f3n espec\u00edfica. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que en el sub judice era inviable el uso del ordenamiento comercial, por cuanto los intervinientes en las compraventas criticadas \u00fanicamente fueron personas naturales no comerciantes, esto es, Clara Teresa Posada Vanegas, como vendedora, y Diego Alejandro Arango Duque como comprador. <\/p>\n
Y como el estrado judicial de \u00faltima instancia coligi\u00f3 que la ausencia total de consentimiento no genera la inexistencia de las compraventas cuestionadas, interpret\u00f3 erradamente el precepto legal de marras, m\u00e1xime cuando esa omisi\u00f3n impide el nacimiento del contrato al tenor del art\u00edculo 1502 de la misma obra. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se funda este nuevo embate en que, al decir de la demandante, en las enajenaciones contenidas en las escrituras p\u00fablicas 1945 y 1957 otorgadas el 5 y 6 de octubre de 2006, respectivamente, en la Notar\u00eda Octava de Medell\u00edn, intervinieron \u00fanicamente personas naturales no comerciantes, ella como vendedora y Diego Alejandro Arango Duque como comprador, argumento que no fue expuesto en las instancias del proceso, en tanto s\u00f3lo aparece introducido en esta sede extraordinaria, omisi\u00f3n que impide a la Corte hacer un pronunciamiento de fondo. <\/p>\n
Ciertamente, la argumentaci\u00f3n de la promotora en las instancias del juicio se finc\u00f3, sin m\u00e1s, en que hubo ausencia de consentimiento de Inversiones Gabriel Arango y C\u00eda. S.C.A., quien fungi\u00f3 como compradora, porque quien otorg\u00f3 el poder general para la suscripci\u00f3n de los pactos fue Gabriel Dar\u00edo Arango Duque como personal natural, no en representaci\u00f3n de aquel ente comercial. <\/p>\n
Esa mutaci\u00f3n argumentativa, en desmedro del principio de lealtad procesal para con el estamento jurisdiccional y con su contendora, debe ser repelida en este escenario, por tratarse de un alegato sorpresivo que la doctrina denomina \u00abmedio nuevo\u00bb, esto es, aquel que uno de los litigantes guarda para erigirlo cuando han fenecido las oportunidades de contradicci\u00f3n previstas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Como lo ha puntualizado la Corporaci\u00f3n, avalar en el curso del juicio un alegato o una prueba, expresa o t\u00e1citamente, y criticarla sorpresivamente en este escenario extraordinario denota incoherencia en quien la enarbola, actuar que por desleal no es admisible comoquiera que habilitar\u00eda la conculcaci\u00f3n del derecho al debido proceso de su contraparte, habida cuenta que ver\u00eda cercenadas las oportunidades de defensa reguladas en las instancias del juicio, caracter\u00edstica que no tiene el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Esa falencia basta para la desestimaci\u00f3n del reclamo, pues este \u00f3rgano de cierre tiene doctrinado, de anta\u00f1o, que: <\/p>\n
Ahora, por cuanto el censor, adelant\u00e1ndose a que la Corporaci\u00f3n diera por estructurado tal fen\u00f3meno, adujo no estar incurriendo en el antitecnicismo de plantear medios nuevos tanto por los motivos discernidos en la acusaci\u00f3n como porque las normas procesales son de orden p\u00fablico y de obligatorio cumplimiento, ha de se\u00f1alar la Corte que si bien es cierto, en relaci\u00f3n con el sistema ecl\u00e9ctico que en este punto impera en el ordenamiento positivo, los fundamentos puramente jur\u00eddicos y los medios de orden p\u00fablico en puridad de verdad no constituyen hechos nuevos en el recurso extraordinario, no lo es menos que las razones en que se afincan los yerros achacados al sentenciador no ata\u00f1en, con estrictez, a esos conceptos, pues en este sentido la jurisprudencia ha sostenido que el cargo planteado con base en defectos rituales que se le imputan a la prueba, que antes no fueron discutidos, \u2018implica un medio nuevo, que no puede ser atendido por la Corte, cuya doctrina rechaza, como medio de esta especie, el hecho de que una sentencia haya tomado en consideraci\u00f3n elementos probatorios que como tales no tuvieron tacha alguna en tr\u00e1mites anteriores, acusaci\u00f3n que al ser admitida resultar\u00eda violatoria del derecho de defensa de los litigantes y re\u00f1ida con la \u00edndole y esencia del recurso extraordinario\u2019 (G.J. t. XCV, pag.497), posici\u00f3n que ha sido reiterada, entre otras, en sentencias de 16 de agosto de 1973(G.J. t. CXLVII, pag.26), 23 de enero de 1981 y n\u00famero 082 de 21 de septiembre de 1998 atr\u00e1s citadas. (CSJ SC de 27 sep. 2004 rad. 7479, reiterada en SC de 23 jun. 2011, rad. 2003-00388-01 y SC7978 de 23 jun. 2015, rad. 2008-00156-01). <\/p>\n
Y en otra oportunidad consider\u00f3 sobre dicha tem\u00e1tica que: <\/p>\n
(\u2026), aunque podr\u00eda obviarse, no puede la Corte dejar de se\u00f1alar que el reparo esgrimido frente al oficio de 17 de febrero de 1992 emanado de la Comisar\u00eda de Familia de Ibagu\u00e9 (C. 1, fl. 9), consistente en que \u201ces una copia simple, que no reviste la calidad de documento p\u00fablico, y que no ha sido autenticado, como ha debido serlo para haber sufrido la ritualidad de ser refutado; como tampoco es documento privado porque no proviene del actor en el proceso, por no estar autorizado por el mismo, ni tampoco aparece la firma impresa de dicho sujeto … \u201d, de donde el acusador colige la comisi\u00f3n de un \u201cerror de derecho por apreciaci\u00f3n err\u00f3nea\u201d (C. Corte, fls. 11, 15, 16 y 17), emerge como un tema novedoso y sorpresivo en casaci\u00f3n, pues no se aludi\u00f3 a \u00e9l con anticipaci\u00f3n, por lo que no puede sacarse a relucir a estas alturas, de modo m\u00e1s que extempor\u00e1neo. Ciertamente, nada dijo el censor cuando el documento cuestionado se aport\u00f3 junto con el escrito de formulaci\u00f3n de la excepci\u00f3n previa (C. 2, fls. 1 – 3), as\u00ed como tambi\u00e9n call\u00f3 de cara a los autos de 14 de junio de 2001 y 30 de enero de 2002, por los cuales el juez del conocimiento decidi\u00f3 tener tal elemento como prueba (C. 1, fls. 21 y 22; C. 2, fls. 7 y 8), actitud pasiva esta que, adem\u00e1s, observ\u00f3 en las restantes ocasiones que tuvo a disposici\u00f3n, en las que, como se dijo, no expuso ninguna objeci\u00f3n formal acerca del medio. En el punto, insistentemente se ha precisado que \u201ctoda alegaci\u00f3n conducente a demostrar que el sentenciador de segundo grado incurri\u00f3 en err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de alguna prueba por razones de hecho o de derecho que no fueron planteadas ni discutidas en las instancias, constituye medio nuevo, no invocable en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n.\u201d (CSJ SC-041 de 2005, rad. 2001-00198-01). <\/p>\n
En suma, el cargo padece de la aludida falla t\u00e9cnica que lo torna inadmisible. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Al amparo de la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la recurrente critica la sentencia del Tribunal por conculcar de forma indirecta los art\u00edculos 1740 y 1741 del C\u00f3digo Civil, debido a errores de derecho por desconocimiento de \u00abuna normas probatoria\u00bb. <\/p>\n
En sustento del reproche se\u00f1al\u00f3 la recurrente que la inoponibilidad esgrimida por el tribunal, como v\u00eda pertinente para auscultar el vicio alegado en el escrito introductor de la contienda, s\u00f3lo puede ser izada por un tercero afectado con los negocios impugnados, no por las partes que en \u00e9l intervinieron, lo que evidencia que carecen de legitimaci\u00f3n para incoarla Clara Teresa Posada Vanegas, como vendedora, e Inversiones Gabriel Arango y C\u00eda. S.C.A., como compradora. <\/p>\n
Adem\u00e1s, para declarar la inoponibilidad es indispensable la existencia y validez del negocio, lo que no concurre en el presente caso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se plantea, por la v\u00eda indirecta y acudiendo al error de derecho, que el Tribunal conculc\u00f3 los c\u00e1nones 1740 y 1741 del C\u00f3digo Civil, bosquejo que, de entrada, descubre carencia en su formulaci\u00f3n, pues no se dio cumplimiento al requisito contemplado en el inciso 3\u00b0 del literal a) del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor \u00ab[c]uando se trate de error de derecho, se indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas.\u00bb (Destacado ajeno). <\/p>\n
Sobre ese requisito la Corte ha sido reiterativa en manifestar que \u00ab(\u2026) \u2018en trat\u00e1ndose de un cargo montado por v\u00eda indirecta, en el que le endilgue al sentenciador la comisi\u00f3n de errores de derecho, el censor no s\u00f3lo ha de citar las normas de disciplina probatoria que estime infringidas sino, adem\u00e1s, sustentar c\u00f3mo ocurri\u00f3 ese quebranto\u2019 (\u2026)\u00bb (CSJ SC 18 ene. 2010, rad. n\u00ba 2005-00081, reiterada en AC 25 may. 2012, rad. n\u00ba 2002-00222-01. Se subraya). <\/p>\n
Por tanto era menester mencionar las normas de \u00edndole probatoria conculcadas, lo que no se hizo, y cumplir la tarea de describir los medios de prueba respecto de los cuales ocurri\u00f3 el error de derecho, para extraer de estos los aspectos f\u00e1cticos en que disinti\u00f3 el Tribunal y que hubiera llevado a una plataforma f\u00e1ctica distinta a la que se plante\u00f3 ese juzgador -lo que tampoco se acat\u00f3-. <\/p>\n
It\u00e9rase, porque viene al caso, que el juez puede quebrantar la ley sustancial de forma indirecta cometiendo: I) errores de hecho, que aluden a la ponderaci\u00f3n objetiva de las pruebas, o; II) de derecho, cuando de su validez jur\u00eddica se trata. <\/p>\n
La inicial afectaci\u00f3n -por faltas f\u00e1cticas- ocurre cuando el fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicci\u00f3n, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que s\u00ed est\u00e1 o tergiversa el que acertadamente encontr\u00f3, modalidad \u00e9sta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio porque la distorsi\u00f3n que comete el Juzgador implica agregarle algo de lo que carece o quitarle lo que s\u00ed expresa, alterando su contenido de forma significativa. <\/p>\n
As\u00ed lo ha explicado la Sala al se\u00f1alar que: <\/p>\n
Los errores de hecho probatorios se relacionan con la constataci\u00f3n material de los medios de convicci\u00f3n en el expediente o con la fijaci\u00f3n de su contenido objetivo. Se configuran, en palabras de la Corte, \u2018(\u2026) a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad s\u00ed existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que s\u00ed existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento (…)\u2019 (CSJ, SC9680 24 jul. 2015, rad. n\u00ba 2004-00469-01). <\/p>\n
La otra modalidad de yerro, el de derecho, se configura en el escenario de la diagnosis jur\u00eddica de los elementos de prueba, al ser desconocidas las reglas sobre aducci\u00f3n e incorporaci\u00f3n de los mismos, m\u00e9rito demostrativo asignado por el legislador, contradicci\u00f3n de la prueba o valoraci\u00f3n del acervo probatorio en conjunto. La Corte ense\u00f1\u00f3 que se incurre en esta falencia si el juzgador: <\/p>\n
Aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CSJ AC8674 de 2016, rad. 2011-00269-01, entre otras). <\/p>\n
En tal orden de ideas este ataque tampoco es admisible, porque no se formul\u00f3 guardando la t\u00e9cnica debida, lo que adem\u00e1s muestra que, de cara al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, debi\u00f3 invocarse por una senda distinta a la escogida por el recurrente, esto es, apelando a la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial. <\/p>\n
En suma, la demandante seleccion\u00f3 inadecuadamente el camino por el cual debi\u00f3 plantear este ataque, pues lo direccion\u00f3 como una transgresi\u00f3n indirecta de la ley sustancial pero argument\u00f3 situaciones que, de ser ciertas, a lo sumo podr\u00edan enmarcarse en la conculcaci\u00f3n por v\u00eda directa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el reproche no es admisible, puesto que no se formul\u00f3 guardando la t\u00e9cnica debida, al ser necesario que cada cargo invocado guarde correspondencia con la causal escogida, lo que desarrolla la autonom\u00eda de los motivos de casaci\u00f3n, toda vez que son: <\/p>\n
dis\u00edmiles por su naturaleza, lo cual implica que las razones alegadas para cuestionar la sentencia deban proponerse al abrigo exclusivo de la correspondiente causal, sin que por ende sea posible alegar o considerar en una de ellas situaciones que a otra pertenecen. De este modo, la parte que decide impugnar una sentencia en casaci\u00f3n no puede lanzarse a invocar promiscuamente las diversas causales, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro se cometi\u00f3, y luego, aducir la que para denunciarlo se tiene previsto. (CSJ AC6487 de 2016, rad. 2009-00244-01, entre otros). <\/p>\n
CONSIDERACI\u00d3N COM\u00daN PARA LOS CARGOS ANTERIORES <\/p>\n
No obstante que las falencias t\u00e9cnicas mencionadas son suficientes para obstruir la admisi\u00f3n de los tres reproches casacionales referidos precedentemente, la Corte observa, en adici\u00f3n, que lucen incompletos, valga anotar, no tocan la totalidad de los argumentos en que se ciment\u00f3 el prove\u00eddo de segundo grado. <\/p>\n
Ciertamente, la promotora no refut\u00f3 los planteamientos del fallador ad-quem, a cuyo tenor, con independencia de la nominaci\u00f3n dada al yerro alegado por ella (la carencia de poder de quien suscribi\u00f3 las compraventa en nombre de la demandada) el vicio no genera la nulidad absoluta deprecada o cualquiera otra causa de invalidaci\u00f3n declarable de oficio, sino la inoponibilidad de los negocios, la cual no fue pedida, am\u00e9n de que la demandante tampoco adujo cu\u00e1l perjuicio le gener\u00f3 tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
Estos argumentos est\u00e1n desprovistos de combate en los cargos por lo que, de afirmarse que el fallador colegiado incurri\u00f3 en los yerros a \u00e9l endilgados, la decisi\u00f3n atacada se mantendr\u00eda por cuanto esas supuestas falencias no desvirt\u00faan los an\u00e1lisis torales del Tribunal, que bastaban para desestimar la pretensi\u00f3n de nulidad absoluta solicitada. <\/p>\n
En tal orden de ideas, los reproches est\u00e1n llamados al fracaso porque no combaten todos los soportes del fallo criticado, cuesti\u00f3n frente a la cual la Corte ha indicado, en relaci\u00f3n con el recurso de que se trata, que: <\/p>\n
[su] especial naturaleza, extraordinaria y dispositiva, ha llevado al legislador, de antiguo, a exigir que la demanda que se presente ante el Tribunal de casaci\u00f3n cumpla con precisos y puntuales requisitos, que deben ser examinados al momento de su admisi\u00f3n y que, en caso de ser omitidos, impiden darle curso a tal pieza procesal para un estudio de fondo, pues el referido c\u00f3digo no permite -o habilita- la concesi\u00f3n de un plazo para que se subsanen las deficiencias que se observen en el escrito correspondiente. Sobre el particular esta Sala tiene dicho que \u2018\u2026el recurso de casaci\u00f3n debe contar con la fundamentaci\u00f3n adecuada para lograr los prop\u00f3sitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo as\u00ed la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, adem\u00e1s de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuesti\u00f3n, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos espec\u00edficos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relaci\u00f3n de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ah\u00ednco la doctrina cient\u00edfica, si la declaraci\u00f3n del vicio de contenido o de forma sometido a la consideraci\u00f3n del Tribunal de Casaci\u00f3n no tiene injerencia esencial en la resoluci\u00f3n jurisdiccional y \u00e9sta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecer\u00e1 entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendr\u00e1 que ser desechado\u2019 (\u2026) En la misma providencia, se a\u00f1adi\u00f3 que \u2018\u2026para cumplir con la exigencia de suficiente sustentaci\u00f3n de la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa\u2019. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u2026 (CSJ AC7629 de 2016, rad. n\u00ba 2013-00093-01. Subray\u00f3 la Sala). <\/p>\n
Por contera, los tres primeros ataques no cumplen otra exigencia formal necesaria para habilitar su admisi\u00f3n. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Con base en la tercera causal de casaci\u00f3n, la recurrente censura al tribunal por omitir declarar de oficio la nulidad absoluta solicitada por aplicaci\u00f3n del canon 1742 del C\u00f3digo Civil, no obstante considerar que quien suscribi\u00f3 los contratos de compra repelidos no ten\u00eda poder para actuar en representaci\u00f3n de la adquirente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, establece que \u00abla sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley. No podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en \u00e9sta\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed se desprende que al juzgador le est\u00e1 vedado imponer una condena que supere las s\u00faplicas del reclamante, pronunciarse sobre un objeto distinto al delimitado por los contendores o por una causa diferente a la invocada por ellos, al paso que est\u00e1 obligado a resolver los que s\u00ed fueron expuestos; todo sin menoscabo del ejercicio de sus facultades oficiosas. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esto la Sala ha decantado: <\/p>\n
(\u2026) son los involucrados en el conflicto, con sus escritos, quienes delimitan el contorno del debate, fijando las pautas a tener en cuenta al momento de desatar la litis y restringiendo, por ende, la labor del funcionario encargado de resolverla. De esa forma, el desconocimiento del querer explicitado se constituye en una irregularidad en la producci\u00f3n del fallo, ya sea por referirse a puntos no sometidos a discusi\u00f3n, acceder a menos de lo pedido o desbordando los alcances esbozados (\u2026) Al respecto la Sala en SC de 18 de diciembre de 2013, rad. 2000-01098-01, precis\u00f3 que (\u2026) validada la suficiencia del texto de la demanda, mediante su admisi\u00f3n, y concedida la oportunidad de contradecir a aquellos contra quienes se dirige, no puede el funcionario dirimir la disputa por fuera de los lineamientos que le imponen las partes, ya sea al hacer ordenamientos excesivos frente a las expectativas de \u00e9stas, al dejar de lado aspectos sometidos a su escrutinio o al resolver puntos que no han sido puestos a consideraci\u00f3n, salvo cuando procede en estricto cumplimiento de las facultades oficiosas conferidas por la ley (\u2026) Y en ese mismo pronunciamiento record\u00f3 como (\u2026) La Corporaci\u00f3n tiene dicho al respecto que \u2018[e]l principio dispositivo que inspira el proceso civil, conduce a que la petici\u00f3n de justicia que realizan las partes delimite la tarea del juez y a que \u00e9ste, por consiguiente, al dictar sentencia, deba circunscribir su pronunciamiento a lo reclamado por ellas y a los fundamentos de hecho que hubieren delineado, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso\u2019. (CSJ SC8410 de 2014, rad. 2005-00304). <\/p>\n
Como regla de principio, no incurre en incongruencia el fallador cuando desestima totalmente las s\u00faplicas de la demanda, porque tal decisi\u00f3n repele cualquier exceso u omisi\u00f3n en la resoluci\u00f3n del debate, habida cuenta que \u00ab(e)ste motivo de impugnaci\u00f3n, en principio, es ajeno a los fallos completamente adversos a quien provoca el conflicto, en la medida que brindan una soluci\u00f3n \u00edntegra frente a lo requerido y sus alcances totalizadores no dejan campo para la duda o la ambivalencia. En otras palabras, se niega lo que se pide y, por ende, no puede decirse que exista una contradicci\u00f3n por el s\u00f3lo hecho de que el reclamante insista en un prop\u00f3sito y el funcionario no encuentre soporte al mismo.\u00bb (CSJ SC de 18 dic. 2013, rad. 2000-01098-01). <\/p>\n
Sin embargo, excepcionalmente el juez puede incurrir en el vicio de incongruencia -a pesar de desestimar todo lo solicitado-, cuando toma un camino ajeno al debatido por los involucrados en la litis, es decir, desconoce abiertamente la situaci\u00f3n de facto sometida a su conocimiento y lo pedido con base en esta. <\/p>\n
Igual yerro comete el funcionario judicial si tiene por probadas defensas no esgrimidas en tiempo y que eran del resorte exclusivo de una de las partes, como la prescripci\u00f3n, la nulidad relativa y la compensaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte al considerar: <\/p>\n
(\u2026) en el caso de que la decisi\u00f3n absolutoria sea el producto de un desv\u00edo considerable de los hechos consignados en el libelo o haciendo caso omiso a los alegatos oportunamente presentados por los intervinientes, desbordando los l\u00edmites all\u00ed trazados al elaborar una interpretaci\u00f3n personal del asunto, que dista del querer expreso de las partes, tal proceder constituye un defecto que puede ser objeto de revisi\u00f3n. Lo que tambi\u00e9n ocurre si se tienen por probadas, de oficio, las defensas que omiti\u00f3 plantear el opositor al apersonarse del proceso, estando a su exclusivo cargo, como sucede con la prescripci\u00f3n, la nulidad relativa y la compensaci\u00f3n. (CSJ SC de 18 dic. 2013, rad. 2000-01098). <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, de nuevo la Sala concluye que el embate final radicado por la convocante adolece de fallas t\u00e9cnicas, como quiera que luce desenfocado, en la medida en que es de rigor para quien acude a este mecanismo de defensa orientar acertadamente sus cr\u00edticas, lo que implica que debe atacar las razones u omisiones, sean jur\u00eddicas o f\u00e1cticas, de la sentencia cuestionada. <\/p>\n
De all\u00ed que si para tales efectos son aducidas consideraciones ajenas a tal decisi\u00f3n, por una incorrecta o incompleta asunci\u00f3n de lo realmente plasmado en ella, la recriminaci\u00f3n no deba ser admitida, por no estar dirigida hacia los pilares de la providencia del juzgador ad-quem. <\/p>\n
Sobre el tema esta Corporaci\u00f3n ha establecido lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) \u2018la Corte ha se\u00f1alado que \u2018[d]e manera, pues, que en esas condiciones el reproche resulta desenfocado, en la medida en que no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar\u2019 (\u2026) o que \u2018resulta desenfocado, pues deja de lado la raz\u00f3n toral de la que se vali\u00f3 el ad quem para negar las pretensiones (\u2026) Ignorado fue, entonces, el n\u00facleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo una embestida carente de precisi\u00f3n, pues apenas comprende algunas de las periferias del asunto, lo cual anticipa su ineficacia para propiciar el pronunciamiento de la Corte.\u2019 (CSJ AC 23 nov. 2012, rad. 2006-00061-01). <\/p>\n
De tal falencia padece el cargo bajo estudio, porque la reclamante censura la decisi\u00f3n del Tribunal por olvidar la declaratoria oficiosa de la nulidad absoluta deprecada en la demanda. <\/p>\n
Sin embargo, brota n\u00edtido que respecto de esa decisi\u00f3n s\u00ed obra argumentaci\u00f3n en las consideraciones vertidas por la colegiatura judicial de segunda instancia, toda vez que tal prove\u00eddo dedujo: <\/p>\n
\u00ab\u2026indistintamente de la forma en que se haya enmarcado el yerro aducido como generador de nulidad, lo cierto es que, como acertadamente lo proces\u00f3 el juez de primera instancia, el fondo del asunto refiere a la falta de poder de quien suscribi\u00f3 en nombre de la sociedad compradora las escrituras denunciadas como nulas y ese yerro, ya ha sido abordado por la jurisprudencia nacional en el sentido de indicar que no constituye nulidad absoluta. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Siendo claro que la pretensi\u00f3n principal se invoc\u00f3 en forma inequ\u00edvoca por la nulidad absoluta por las deficiencias en el poder con el cual actu\u00f3 en nombre de la sociedad compradora el se\u00f1or Diego Alejandro Arango y por la falta de pago del precio, y que el fen\u00f3meno que se origina en la primera situaci\u00f3n es la inoponibilidad y, frente a la segunda es la posibilidad de resoluci\u00f3n, pedimentos que no se hicieron en este proceso; que no pueden ser declarados de oficio y, que incluso, el segundo ya fue decidido desfavorablemente en otro proceso, se impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia que en estos t\u00e9rminos se profiri\u00f3.\u00bb (P\u00e1gina 16). <\/p>\n
De all\u00ed se desprende que el fallador colegiado s\u00ed se pronunci\u00f3, contrariamente a lo esbozado en el cargo. Distinto es que tal sentencia fuera contraria a las aspiraciones de la promotora. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, hubo desestimaci\u00f3n de la nulidad absoluta, no ausencia de veredicto. <\/p>\n
Consecuentemente, se concluye que el agravio bajo estudio fue asim\u00e9trico, por estar dirigido a enjuiciar omisiones del fallo del Tribunal que en verdad son inexistentes, lo cual desemboca en su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
4. En conclusi\u00f3n, debido a las manquedades anotadas habr\u00e1n de inadmitirse los reproches planteados por la recurrente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Reconocer personer\u00eda al abogado Wbeimar Yedil Vel\u00e1squez Casta\u00f1o como apoderado judicial de la demandante en los t\u00e9rminos del poder a \u00e9l conferido. <\/p>\n
Tercero. Ordenar la devoluci\u00f3n por Secretar\u00eda del expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Jorge Nieva Fenoll. El recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, J.M. Bosh, Barcelona, 1998. <\/p>\n
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AC4658-2021 (2016-00817-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC4658-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-31-03-011-2016-00817-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n del libelo que sustenta el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-57964","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57964","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57964"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57964\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57964"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57964"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57964"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}