AC4835-2021 (2021-01881-00)<\/p>\n
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AC4835-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01881-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de octubre dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civil del Circuito de Funza y Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer despacho, Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 S.A. E.S.P. demand\u00f3 a B\u00e1rbara Forero de Ramos, Luis Carlos, Lucila Elisa y Bernardo Antonio Forero Ramos en procura de obtener la imposici\u00f3n de una servidumbre legal de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre el predio con matr\u00edcula 50N-1096986, situado en el municipio de Subachoque, atribuy\u00e9ndole la competencia \u00abpor la ubicaci\u00f3n del inmueble en que se ejercita el derecho real\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La oficina escogida admiti\u00f3 el libelo, pero encontr\u00e1ndose pendiente de perfeccionar la notificaci\u00f3n de los llamados lo rechaz\u00f3 y dispuso remitirlo a sus pares de Bogot\u00e1 con sustento en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso y lo resuelto por la Corte en AC140-2020, entre otros prove\u00eddos (22 feb. 2021). <\/p>\n
3. Al recibir las diligencias, el otro estrado judicial involucrado tambi\u00e9n rehus\u00f3 el pleito y suscit\u00f3 conflicto de competencia, se\u00f1alando que la impulsora renunci\u00f3 \u00aba su fuero subjetivo, a fin de que prevalezca el fuero territorial\u00bb y que esta Corte ha admitido tal proceder en pronunciamientos posteriores al precitado. En consecuencia, remiti\u00f3 el expediente para esta sede para resolver la diferencia (26 may. 2021). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En atenci\u00f3n a que el conflicto de competencia surgi\u00f3 entre juzgados pertenecientes a diferentes distritos judiciales, le corresponde a esta Corporaci\u00f3n en Sala Unitaria resolverlo como superior funcional com\u00fan, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, el \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geograf\u00eda nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cu\u00e1l es el juez que en raz\u00f3n de la circunscripci\u00f3n debe conocer del litigio, y para concretarlo establece los \u00abforos o fueros\u00bb, de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al \u00abpersonal\u00bb al radicar la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia; adem\u00e1s, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina \u00abforum rei sitae\u00bb o \u00abreal\u00bb, referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicaci\u00f3n de los bienes objeto de la lid. Igualmente, impone el fuero contractual, seg\u00fan el cual es llamado a conocer el asunto el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa; empero, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando de forma precisa y categ\u00f3rica el funcionario que, con exclusi\u00f3n de cualquier otro, debe encarar el debate. <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo punto, en AC3744-2018, la Corte destac\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026) <\/p>\n
Ahora bien, atinente a las contiendas sobre servidumbre, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb asign\u00e1ndolas en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al juzgador del lugar donde est\u00e9 el bien involucrado en la litis, en cuanto prescribe que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) en los de\u2026servidumbre\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. Es pues, un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
No obstante, el numeral 10\u00ba \u00eddem previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter general que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de una provincia distinta de aquella donde se encuentra el inmueble sobre el que aspira adquirir el dominio, deviene palmario que en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros atributivos en comento. <\/p>\n
Ese dilema, desde mi perspectiva, debe solucionarse con preferencia por la ubicaci\u00f3n del bien en disputa y no a partir del domicilio de la entidad p\u00fablica involucrada. Esto, porque estimo que la pauta condensada en el art\u00edculo 29 ibidem, seg\u00fan la cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, impera en los casos que involucran el factor subjetivo, mas no los fueros del factor territorial, como aqu\u00ed acontece. Por consiguiente, no existe disposici\u00f3n expresa que sirva para dilucidar la antinomia y ello obliga acudir a los principios constitucionales, como par\u00e1metro de definici\u00f3n, para hallar la soluci\u00f3n m\u00e1s ajustada a la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Es as\u00ed como los postulados de igualdad, econom\u00eda procesal, concentraci\u00f3n e inmediaci\u00f3n, entre otros, cobran especial significaci\u00f3n en este contexto para equilibrar las cargas teniendo en cuenta que el ciudadano-demandado, por lo general, es el m\u00e1s d\u00e9bil de la relaci\u00f3n procesal y, por ende, no resulta justo ni acorde con el derecho de defensa, obligarlo a afrontar el juicio en un lugar distinto a su vecindad. Adem\u00e1s, la entrega anticipada que por mandato del legislador debe practicarse en esa clase de asuntos ofrece mayores ventajas para su realizaci\u00f3n cuando el juez de conocimiento tiene sede en el mismo sitio del bien, lo cual evita comisionar y agiliza la definici\u00f3n del pleito. Nada de lo cual ocurre si la asignaci\u00f3n recae en el fallador del lugar donde tiene asiento la entidad p\u00fablica. <\/p>\n
Sin embargo, no se puede desconocer que la Sala abord\u00f3 la situaci\u00f3n descrita y la resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en AC140-2020, cuya finalidad consisti\u00f3 en servir de \u00abgu\u00eda fiable tanto para la Corte como para los jueces y las partes de los procesos, en aras de respetar y garantizar la igualdad de trato de los justiciables ante la ley\u00bb, es decir, busc\u00f3 superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes Despachos al dirimir las colisiones originadas en id\u00e9nticas situaciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas. <\/p>\n
En efecto, en esa ocasi\u00f3n se concluy\u00f3 que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00ba (real) y 10\u00ba (subjetivo) de art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ibidem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb, y aunque el suscrito salv\u00f3 voto con cimiento en las razones all\u00e1 expuestas y compendiadas arriba, en esta oportunidad es preciso hacer referencia al criterio prevaleciente de la Sala como fiel reflejo del ejercicio democr\u00e1tico y, en especial, para salvaguardar la igualdad y la seguridad jur\u00eddica de los usuarios del sistema de justicia. <\/p>\n
3. El asunto que origin\u00f3 la colisi\u00f3n que se analiza concierne a una solicitud imposici\u00f3n de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un inmueble situado en Subachoque, municipio perteneciente al circuito judicial de Funza, que promueve Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 S.A. E.S.P., entidad cuyo domicilio principal se encuentra en esta capital, como se establece de su certificado de existencia y representaci\u00f3n legal. <\/p>\n
Adicionalmente, consultados sus estatutos sociales1, se advierte que <\/p>\n
(\u2026) es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994. La Sociedad tiene autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, ejerce sus actividades dentro del \u00e1mbito del derecho privado como empresario mercantil de car\u00e1cter sui generis, dada su funci\u00f3n de prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos domiciliarios. <\/p>\n
Par\u00e1grafo: Por la composici\u00f3n y el origen de su capital el Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A. ESP., es una sociedad constituida con aportes estatales y de capital privado, de car\u00e1cter u orden distrital, en la cual los entes del Estado poseer\u00e1n por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de su capital social, de conformidad con el acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogot\u00e1 (antes Concejo de Santa Fe de Bogot\u00e1), Distrito Capital, que autoriz\u00f3 su organizaci\u00f3n como sociedad por acciones en desarrollo de las disposiciones del art\u00edculo 17 de la Ley 142 de 1994 y del art\u00edculo 104 del Decreto ley 1421 de 1993\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, a luz del art\u00edculo 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, permite determinar el car\u00e1cter p\u00fablico del ente demandante, pues, de acuerdo con esta disposici\u00f3n ostenta tal naturaleza \u00ab\u2026todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb. <\/p>\n
Entonces, seg\u00fan lo expuesto, opera el privilegio reconocido por el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 citado a favor del ente demandante para que en su sede se adelante el litigio, independientemente de que lo haya incoado ante el juez del lugar donde se encuentra el bien objeto de la servidumbre y de que este haya asumido el conocimiento, por cuanto de conformidad con el precedente que el despacho aplica, dado que se trata de una competencia por el factor subjetivo, esas circunstancias no sirven para prorrogar la asumida indebidamente, sin perjuicio de recordar que el r\u00e9gimen procedimental prev\u00e9 que lo actuado conserva validez, excepto si se ha dictado sentencia. <\/p>\n
En ese mismo orden de ideas, cabe observar que se trata de una prebenda que, en los t\u00e9rminos en que est\u00e1 concebido el precedente que el Despacho atiende no admite renuncia, pues, ata\u00f1e a un asunto de orden p\u00fablico donde el legislador adjudic\u00f3 la controversia por un factor privativo que la hace indisponible; lo contrario, ser\u00eda, en \u00faltimas, consentir, en un caso que no lo admite, que la parte elija qui\u00e9n puede juzgar su causa. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico, en el prove\u00eddo que sirve de marco a esta determinaci\u00f3n, la Corte expuso que <\/p>\n
(\u2026) en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. <\/p>\n
Si bien, con posterioridad al AC140-2020, algunos despachos de la Sala han avalado la renuncia a la prerrogativa que confiere el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 procedimental, lo cierto es que no solamente se trata de una postura minoritaria, sino que, a juicio del suscrito y por lo acabado de explicar, no se aviene al criterio unificador que desde ninguna perspectiva deja margen para que un funcionario diferente al del domicilio de la entidad p\u00fablica conozca los procesos en que esta es parte. <\/p>\n
4. Por las razones anotadas, se ordenar\u00e1 la devoluci\u00f3n del expediente al Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, al que le corresponde instruir y resolver la acci\u00f3n incoada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Cuarenta Civil de Circuito de Bogot\u00e1 es el competente para asumir el conocimiento de la imposici\u00f3n de servidumbre referenciada. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite del proceso. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Civil del Circuito de Funza. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n