AC4840-2021 (2021-02652-00)<\/p>\n
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AC4840-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02652-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de Dabeiba y Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer estrado, atribuy\u00e9ndole la competencia \u00ab[p]or el lugar donde est\u00e1 ubicado el inmueble\u00bb, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) formul\u00f3 demanda de expropiaci\u00f3n contra los herederos de Rafael Antonio Echavarr\u00eda Urrego en procura de que se le autorice intervenir una zona de terreno que hace parte del predio de mayor extensi\u00f3n con matr\u00edcula inmobiliaria 007-48374, situado en Uramita (Antioquia). <\/p>\n
2. La oficina escogida repeli\u00f3 el asunto al advertir que la competencia recae en juez del domicilio de la actora, atendiendo su naturaleza jur\u00eddica, de conformidad con lo dicho por la Corte en AC232-2021, por lo que remiti\u00f3 la encuadernaci\u00f3n a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1 (10 may. 2021). <\/p>\n
3. El receptor tambi\u00e9n rehus\u00f3 tramitar el litigio, argumentando que la impulsora renunci\u00f3 v\u00e1lidamente al fuero establecido a su favor, conforme lo reconoci\u00f3 esta Sala en AC813-2020 y AC3252-2020, am\u00e9n de que la localizaci\u00f3n del bien tambi\u00e9n es un criterio atendible conforme el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. Por consiguiente, suscit\u00f3 la colisi\u00f3n y envi\u00f3 el expediente para que esta Corporaci\u00f3n la dirima (2 jun. 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En atenci\u00f3n a que el conflicto de competencia surgi\u00f3 entre juzgados pertenecientes a diferentes distritos judiciales, le corresponde a esta Corporaci\u00f3n en Sala Unitaria resolverlo como superior funcional com\u00fan, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, el \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geograf\u00eda nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cu\u00e1l es el juez que en raz\u00f3n de la circunscripci\u00f3n debe conocer del litigio, y para concretarlo establece los \u00abforos o fueros\u00bb, de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al \u00abpersonal\u00bb al radicar la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia; adem\u00e1s, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina \u00abforum rei sitae\u00bb o \u00abreal\u00bb, referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicaci\u00f3n de los bienes objeto de la lid. Igualmente, impone el fuero contractual, seg\u00fan el cual es llamado a conocer el asunto el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa; empero, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando de forma precisa y categ\u00f3rica el funcionario que, con exclusi\u00f3n de cualquier otro, debe encarar el debate. <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo punto, en AC3744-2018, la Corte destac\u00f3 que, <\/p>\n
Ahora bien, atinente a las contiendas sobre expropiaci\u00f3n, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb asign\u00e1ndolas en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al juzgador del lugar donde est\u00e9 el bien involucrado en la litis, en cuanto prescribe que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) en los de expropiaci\u00f3n\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. Es pues, un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
No obstante, el numeral 10\u00ba \u00eddem previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter general que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de una provincia distinta de aquella donde se encuentra el inmueble sobre el que aspira adquirir el dominio, deviene palmario que en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros atributivos en comento. <\/p>\n
Ese dilema, desde mi perspectiva, debe solucionarse con preferencia por la ubicaci\u00f3n del bien en disputa y no a partir del domicilio de la entidad p\u00fablica involucrada. Esto, porque estimo que la pauta condensada en el art\u00edculo 29 ibidem, seg\u00fan la cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, impera en los casos que involucran el factor subjetivo, mas no los fueros del factor territorial, como aqu\u00ed acontece. Por consiguiente, no existe disposici\u00f3n expresa que sirva para dilucidar la antinomia y ello obliga acudir a los principios constitucionales, como par\u00e1metro de definici\u00f3n, para hallar la soluci\u00f3n m\u00e1s ajustada a la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Es as\u00ed como los postulados de igualdad, econom\u00eda procesal, concentraci\u00f3n e inmediaci\u00f3n, entre otros, cobran especial significaci\u00f3n en este contexto para equilibrar las cargas teniendo en cuenta que el ciudadano-demandado, por lo general, es el m\u00e1s d\u00e9bil de la relaci\u00f3n procesal y, por ende, no resulta justo ni acorde con el derecho de defensa, obligarlo a afrontar el juicio en un lugar distinto a su vecindad. Adem\u00e1s, la entrega anticipada que por mandato del legislador debe practicarse en esa clase de asuntos ofrece mayores ventajas para su realizaci\u00f3n cuando el juez de conocimiento tiene sede en el mismo sitio del bien, lo cual evita comisionar y agiliza la definici\u00f3n del pleito. Nada de lo cual ocurre si la asignaci\u00f3n recae en el fallador del lugar donde tiene asiento la entidad p\u00fablica. <\/p>\n
Sin embargo, no se puede desconocer que la Sala abord\u00f3 la situaci\u00f3n descrita y la resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en AC140-2020, cuya finalidad consisti\u00f3 en servir de \u00abgu\u00eda fiable tanto para la Corte como para los jueces y las partes de los procesos, en aras de respetar y garantizar la igualdad de trato de los justiciables ante la ley\u00bb, es decir, busc\u00f3 superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes Despachos al dirimir las colisiones originadas en id\u00e9nticas situaciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas. <\/p>\n
En efecto, en esa ocasi\u00f3n se concluy\u00f3 que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00ba (real) y 10\u00ba (subjetivo) de art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ibidem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb, y aunque el suscrito salv\u00f3 voto con cimiento en las razones all\u00e1 expuestas y compendiadas arriba, en esta oportunidad es preciso hacer referencia al criterio prevaleciente de la Sala como fiel reflejo del ejercicio democr\u00e1tico y, en especial, para salvaguardar la igualdad y la seguridad jur\u00eddica de los usuarios del sistema de justicia. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aunque esa soluci\u00f3n se dio en un certamen de imposici\u00f3n de servidumbre, la regla de juicio que all\u00ed se emple\u00f3, esto es, la competencia prevalente del \u00abfactor subjetivo\u00bb en atenci\u00f3n a la calidad de los extremos, resulta aplicable a cualquier otro pleito en que sea parte una entidad de aquellas a que se refiere el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem. <\/p>\n
Si bien, con posterioridad al AC140-2020, algunos despachos de la Sala han avalado la renuncia a la prerrogativa que confiere el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 procedimental, lo cierto es que no solamente se trata de una postura minoritaria, sino que, a juicio del suscrito y por lo acabado de explicar, no se aviene al criterio unificador que desde ninguna perspectiva deja margen para que un funcionario diferente al del domicilio de la entidad p\u00fablica conozca los procesos en que esta es parte. <\/p>\n
3. Con ese panorama, se observa que el juzgado de Bogot\u00e1 se equivoc\u00f3 al rehusar el conocimiento de este asunto, comoquiera que no tuvo en cuenta la doctrina que la Sala sent\u00f3 en AC140-2020 y que respalda la posici\u00f3n del estrado de Dabeiba, toda vez que la promotora es una entidad p\u00fablica, por lo que resulta aplicable el fuero personal fijado en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, que en los t\u00e9rminos de dicho precedente contempla un evento constitutivo del factor subjetivo, el cual tiene prelaci\u00f3n (art. 29), torna improrrogable la competencia e impide que los contendores procesales y el juez puedan disponer por tratarse de un tema de orden p\u00fablico. <\/p>\n
4. Por tanto, al ser Bogot\u00e1 el domicilio de la gestora, seg\u00fan se desprende de la demanda y sus anexos, es ese y no otro el lugar donde debe ser adelantado el ritual, por lo que se ordenar\u00e1 remitir la actuaci\u00f3n al funcionario que gener\u00f3 el conflicto para que la asuma y se comunicar\u00e1 lo definido al otro. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 es el competente para conocer del tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad, y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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