AC4860-2021 (2021-03226-00) <\/p>\n
AC4860-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03226-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo de Familia de Oralidad de Itag\u00fc\u00ed y Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Viterbo, con la anotaci\u00f3n preliminar que los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios, en providencia paralela, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el proceso administrativo de restablecimiento de derechos que Consuelo Valencia Torres inici\u00f3 respecto de su nieto Mario S\u00e1nchez Valencia (Exp. n\u00b0 023-03-06-2020), el 5 de noviembre de 2020 la Comisar\u00eda Primera de Familia de La Estrella lo declar\u00f3 en \u00absituaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos\u00bb. <\/p>\n
En el mismo tr\u00e1mite, luego de tomar otras medidas preventivas y recibir la manifestaci\u00f3n juramentada de la madre y la abuela del adolescente de \u00abentregarlo en adopci\u00f3n\u00bb, mediante Resoluci\u00f3n n\u00b0 017-2021 (18 mayo), esa funcionaria sustituy\u00f3 la medida de \u00abubicaci\u00f3n en medio familiar\u00bb por la \u00abubicaci\u00f3n en Instituci\u00f3n de Atenci\u00f3n Especializada Discapacidad Psicosocial Modalidad Internado\u00bb y dispuso la remisi\u00f3n del expediente a la Coordinaci\u00f3n del Centro Zonal Aburr\u00e1 Sur de Itag\u00fc\u00ed para que el Defensor de Familia emitiera la \u00abresoluci\u00f3n de adoptabilidad\u00bb del menor. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda de Familia dispuso la devoluci\u00f3n de las actuaciones para el cumplimiento de formalidades, lo que aprovech\u00f3 la Comisar\u00eda para insistir ante la Central de Cupos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Antioquia, en la asignaci\u00f3n de una plaza para el internamiento ordenado, que finalmente se autoriz\u00f3 en la Unidad de Servicios de la Fundaci\u00f3n Vida, Desarrollo y Cambio Social \u201cFunvidecams\u201d, en Santa Rosa de Viterbo, donde se encuentra el adolescente desde el 16 de julio de 2021. <\/p>\n
3. El Defensor de Familia adscrito al Centro Zonal Aburr\u00e1 Sur, Regional Antioquia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, orden\u00f3 la remisi\u00f3n del diligenciamiento a los Jueces de Familia de Itag\u00fc\u00ed, por \u00abp\u00e9rdida de competencia\u00bb, al tenor del art\u00edculo 103 de la Ley 1098 de 2006 (13 julio 2021). <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo de Familia de dicha poblaci\u00f3n rechaz\u00f3 el asunto y lo remiti\u00f3 a su hom\u00f3logo en Santa Rosa de Viterbo, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 97 de la precitada normatividad, por tratarse del lugar \u00abdonde actualmente se encuentra el citado adolescente\u00bb (10 agosto 2021). <\/p>\n
5. El destinatario igualmente repeli\u00f3 el caso y provoc\u00f3 la colisi\u00f3n, pues consider\u00f3 que la \u00abcompetencia (\u2026) corresponde es al funcionario del lugar donde se encuentre el adolescente al momento en que se inicia la acci\u00f3n\u00bb, esto es, el de su predecesor, cuya variaci\u00f3n no constituye \u00abexcepci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb. Agreg\u00f3 que para garantizar los derechos del menor, este asunto debe tramitarse en el lugar donde \u00abtiene fijado su domicilio\u00bb la persona que ejerce la \u00abpotestad parental\u00bb, acorde con el art\u00edculo 288 del C\u00f3digo Civil, m\u00e1s a\u00fan porque con la \u00abmedida de restablecimiento de derechos\u00bb impuesta \u00abno se le cambi\u00f3 el lugar de su domicilio (\u2026) en el municipio de la Estrella, lugar donde tambi\u00e9n lo tiene su progenitora y quien (\u2026) viene ejerciendo en relaci\u00f3n con \u00e9l la potestad parental\u00bb (31 agosto 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la divergencia se plantea entre funcionarios de diferentes distritos judiciales, le corresponde a esta Corporaci\u00f3n en Sala Unitaria resolverla como superior funcional com\u00fan, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, el \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia contempla que para el tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos \u00ab[s]er\u00e1 competente la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u00bb, precepto que se extiende a las autoridades judiciales cuya intervenci\u00f3n contempla el inciso final del art\u00edculo 103 del mismo estatuto, como reiteradamente lo ha se\u00f1alado la Corte al precisar que <\/p>\n
(\u2026) aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder \u00e9stos la atribuci\u00f3n por no decidir dentro de los plazos se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ah\u00ed, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los \u00faltimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de \u201c[a]segurar la presencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en todas las actuaciones que sean de su inter\u00e9s y que los involucren\u201d as\u00ed como \u201c[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal\u201d, tal y como lo establece al ordinal 34, art\u00edculo 41 de la aludida ley. (CSJ AC, 19 jul. 2008, Rad. 2008-00649-00, reiterado, entre otros, en AC8150-2016 y AC1828-2019). <\/p>\n
La claridad de la referida disposici\u00f3n no remite a duda, en cuanto asigna la facultad al funcionario del sitio en que se \u00abencuentre\u00bb el menor, aludiendo as\u00ed simple y llanamente a su ubicaci\u00f3n f\u00edsica y, por tanto, dejando de lado otros conceptos cuya aplicaci\u00f3n en concreto pudiera generar duda. <\/p>\n
Predicamento que se acopla plenamente a los principios de inmediaci\u00f3n, econom\u00eda procesal y acceso real y efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, compendiados en el concepto de \u00abm\u00ednimo esfuerzo de la jurisdicci\u00f3n\u00bb, acorde con el cual se aspira a que el tr\u00e1mite se desarrolle lo m\u00e1s cerca posible a los involucrados en el conflicto, para facilitar su comparecencia, la aportaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y debate de las pruebas y el cumplimiento de las medidas encaminadas a la protecci\u00f3n del menor. <\/p>\n
Ahora, como en la cotidianidad no siempre es posible que la sede de todos los interesados confluya alrededor de un solo funcionario, es evidente que en aras de la prevalencia del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, la propia regla ha despejado cualquier duda, inclin\u00e1ndose por la localizaci\u00f3n de \u00e9ste, que de suyo involucra la de quien directa y actualmente se encuentra a su cuidado. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto que pas\u00f3 de la sede administrativa a la judicial, en el que la menor involucrada cambi\u00f3 de ubicaci\u00f3n, la Corte concluy\u00f3 que la competencia para proseguir con el tr\u00e1mite de ese proceso deb\u00eda asignarse teniendo en cuenta que \u00abel inter\u00e9s superior del menor tiene como objetivo, en el caso particular, evitar imponerle al menor o a quien se encuentre a cargo de su cuidado, que se desplace a un lugar distinto del de su residencia (CSJ AC, 4 julio 2013, Exp. 2013-00504, reiterado en AC1828-2019). <\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, comoquiera que el sujeto del procedimiento que origina este debate se localiza actualmente en Santa Rosa de Viterbo, con ocasi\u00f3n de la medida administrativa de restablecimiento de derechos de \u00abubicaci\u00f3n en Instituci\u00f3n de Atenci\u00f3n Especializada Discapacidad Psicosocial Modalidad Internado\u00bb decretada el 18 de mayo de 2021, es clara la conclusi\u00f3n que brota en relaci\u00f3n con el servidor que ha de avocar el conocimiento del asunto en sede judicial, vale decirlo, el Promiscuo de Familia de ese lugar. <\/p>\n
En tales circunstancias, no son de recibo argumentos como la permanencia de la familia y el entorno social del adolescente en una poblaci\u00f3n distinta, por cuanto la realidad f\u00e1ctica que se acopla a la preceptiva ya enunciada es que este se \u00abencuentra\u00bb en la Fundaci\u00f3n Vida, Desarrollo y Cambio Social de Santa Rosa de Viterbo, instituci\u00f3n que en este momento ostenta su cuidado y protecci\u00f3n. <\/p>\n
4. En consecuencia, se asignar\u00e1 el asunto al despacho que en segundo lugar le fue repartido y se comunicar\u00e1 lo definido a la otra sede judicial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Viterbo es el competente para conocer el proceso de restablecimiento de derechos al que se hizo menci\u00f3n a lo largo de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Segundo: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad, y comunicar lo decidido a la otro despacho inmerso en la colisi\u00f3n, a la Comisar\u00eda de Familia de La Estrella y al Centro Zonal Aburr\u00e1 Sur, Regional Antioquia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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