AC4890-2021 (2008-00203-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC4890-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-31-03-001-2008-00203-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de marzo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la que JOS\u00c9 FEDERICO CELY SIERRA dice sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia del 28 de mayo de 2018, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Tunja en el proceso que instaur\u00f3 contra la sociedad CARBONERAS LOS COCHINILLOS SIERRA Y CELY LTDA., su representante legal, el se\u00f1or ISRAEL SIERRA ESPITIA, y los se\u00f1ores \u00c1LVARO LEONIDAS CELY SIERRA, JORGE HUMBERTO CELY SIERRA, CESAR EDUARDO CELY SIERRA, VICTOR HUGO CELY VARGAS y BLANCA LIGIA CELY VARGAS, en su calidad de herederos del JOS\u00c9 DEL CARMEN CELY RODR\u00cdGUEZ, antiguo socio de la demandada. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n. Con demanda presentada al reparto el 6 de agosto de 2008 y asignada al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja, el demandante pretende que se declare que le \u00abpertenece el dominio, posesi\u00f3n pleno y absoluto\u00bb, por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva, del predio rural denominado \u201cLos Cochinillos\u201d ubicado en la vereda La Chorrera del Municipio de Samac\u00e1 -Boyac\u00e1, \u00abcon todas sus mejoras, anexidades, dependencias, servidumbres, usos y costumbres\u00bb. En consecuencia, solicit\u00f3 se ordene la \u00abinscripci\u00f3n de la sentencia en la oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y Privados del circuito de Tunja (\u2026). Igualmente se oficie al Juzgado Segundo de Familia de Tunja en donde se tramita el proceso de sucesi\u00f3n No. 2004-0122 de los causantes se\u00f1ores JOS\u00c9 DEL CARMEN CELY RODRIGUEZ y MAR\u00cdA ADELINA SIERRA DE CELY (\u2026)\u00bb (fl. 4). <\/p>\n
B. La causa petendi. Como sustrato f\u00e1ctico se alega, en s\u00edntesis, que ha pose\u00eddo de manera continua, pac\u00edfica y tranquila el bien inmueble con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o desde mayo de 1988. Agreg\u00f3 que ha ejercido el se\u00f1or\u00edo con una \u00abpermanente y adecuada explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del suelo y subsuelo, consistente, entre otros hechos ostensibles; el mantenimiento de cierros, hechura de potreros, siembra y tala de \u00e1rboles, construcci\u00f3n de campamentos, instalaci\u00f3n de electricidad, construcci\u00f3n de v\u00edas y servidumbres e infraestructura para la explotaci\u00f3n minera, tales como tolvas, construcci\u00f3n de t\u00faneles, montaje de maquinaria y equipos, dedicados a la extracci\u00f3n de carb\u00f3n mineral\u00bb. <\/p>\n
Refiere que tambi\u00e9n ha ejercido la defensa jur\u00eddica del inmueble, con lo cual actualmente cursan procesos de nulidad y restablecimiento de derechos del demandante contra Ecocarb\u00f3n ante el Consejo de Estado y de aqu\u00e9l contra Ingeominas frente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Adem\u00e1s, que ha sido receptor de varias querellas impuestas por Acer\u00edas Paz del R\u00edo. <\/p>\n
C. Actuaci\u00f3n procesal: Admitida la demanda, la parte pasiva se pronunci\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
Los se\u00f1ores V\u00edctor Hugo Cely Vargas y Blanca Ligia Cely negaron los hechos de la demanda, se opusieron a las pretensiones y propusieron las excepciones de m\u00e9rito denominadas \u00abFalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb y \u00abfalta de requisitos legales para usucapir\u00bb (fl. 77-81 y 196-201 Cdno. 1). En el mismo sentido contest\u00f3 el se\u00f1or Jairo Enrique Castiblanco Parra, quien particip\u00f3 como persona indeterminada, quien aleg\u00f3 \u00abinexistencia de actos posesorios y\/o explotaci\u00f3n econ\u00f3mica o de otro tipo por parte del demandante sobre la totalidad del predio a usucapir\u00bb; \u00abmala fe por parte del demandante\u00bb; y \u00abausencia de los requisitos legales para la existencia de la usucapi\u00f3n\u00bb (fl. 150-158 Cdno. 1). <\/p>\n
Raquel Gu\u00edo de Sierra, Luis Fernando Sierra Guio, Mar\u00eda Victoria Sierra Guio, Martha Elizabeth Sierra Guio y Myriam Sierra Guio, quienes act\u00faan en el proceso en su calidad de \u00abla primera c\u00f3nyuge sobreviviente, los restantes, como herederos del demandado ISRAEL SIERRA ESPITIA\u00bb, representante legal de la sociedad Carbonera Los Cochinillos Sierra y Cely Ltda., denunciaron la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa activa\u00bb y \u00abfraude procesal\u00bb (fl. 215-222 Cdno. 1). A su turno, propusieron demanda de reconvenci\u00f3n para que se ordene, en ejercicio de la acci\u00f3n de dominio, la restituci\u00f3n de la posesi\u00f3n del bien. <\/p>\n
Los se\u00f1ores \u00c1lvaro Le\u00f3nidas, Jorge Humberto y C\u00e9sar Eduardo Cely Sierra se allanaron (fl. 140 Cdno. 1). <\/p>\n
El curador ad litem de los herederos indeterminados de Jos\u00e9 del Carmen Cely Rodr\u00edguez, Israel Sierra Espitia y personas indeterminadas, dijo atenerse \u00aba lo que se logre probar a trav\u00e9s del proceso instaurado\u00bb (fl. 258 Cdno. 1). <\/p>\n
D. Decisi\u00f3n de primera instancia. Culmin\u00f3 con sentencia desestimatoria de las pretensiones1. Tal circunstancia motiv\u00f3 a que la parte actora interpusiera en tiempo recurso de apelaci\u00f3n, que el Tribunal desat\u00f3 con sentencia que modific\u00f3 aquella del a quo, en tanto deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda principal y las de la reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Luego del resumen de lo acontecido en el proceso, desde su origen hasta los argumentos de la apelaci\u00f3n contra el fallo recurrido, en lo medular dice el Tribunal: <\/p>\n
A. Las pruebas obrantes en el expediente (documentales y testimoniales) dan cuenta de que el bien sub examine fue aportado en su totalidad a la sociedad constituida por los difuntos Jos\u00e9 del Carmen Cely Rodr\u00edguez y por Israel Sierra Espitia. <\/p>\n
B. A su vez, resulta de especial relevancia la actuaci\u00f3n del demandante en el proceso sucesorio de Cely Rodr\u00edguez, pues da cuenta de que intervino, fue reconocido como heredero y le fue asignada una cuota sobre los aportes de la sociedad Carbonera Los Cochinillos Sierra y Cely Ltda. \u00aben un porcentaje de $25.000.000, con el agregado de que sobre ese mismo aporte en los Cochinillos tambi\u00e9n se le adjudic\u00f3 a los herederos Victor Hugo y Blanca Ligia Cely Vargas y Jos\u00e9 Humberto y Cesar Eduardo Cely Sierra; es decir se les adjudicaron cuotas sobre un mismo bien y ah\u00ed se configura tambi\u00e9n con ellos una copropiedad o coposesi\u00f3n\u00bb. Tal situaci\u00f3n fue, a su vez, reconocida y aceptada por todos los herederos. <\/p>\n
C. En vista de lo analizado, advierte que la posesi\u00f3n exclusiva deprecada es incoherente porque \u00abcuando una persona act\u00faa en un sucesorio, pretendiendo que se le reconozcan derechos sobre la propiedad del bien o los aportes, como \u00e9l dice, est\u00e1 reconociendo que ese bien no es de \u00e9l, que ese bien pertenece a otro, a un causante, y por ende deriv\u00f3 en un sucesorio\u00bb. Tal actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, fue desplegada hasta 2011, cuando recurri\u00f3 la sentencia proferida en el sucesorio. Por tanto, no tendr\u00eda el tiempo para usucapir extraordinariamente. <\/p>\n
D. Es as\u00ed como la misma conducta del actor infirma lo dicho por los testimonios practicados en el curso de la actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
E. Por su parte, frente a las presuntas falsedades alegadas por el convocante respecto a los actos jur\u00eddicos celebrados sobre el inmueble en cuesti\u00f3n, afirma que no conoce decisiones, judiciales o administrativas, que pongan en tela de juicio su validez. <\/p>\n
F. Sobre las pretensiones elevadas en la demanda reivindicatoria en reconvenci\u00f3n en torno al predio denominado \u201cEl Boquer\u00f3n de Arismendy\u201d2, manifest\u00f3 que no pudo ser identificado plenamente, comoquiera que hubo errores graves de identificaci\u00f3n al momento de realizar la inspecci\u00f3n judicial decretada. <\/p>\n
G. As\u00ed las cosas, se descarta la prosperidad de la declaraci\u00f3n de pertenencia por cuanto no se dan los requisitos que legalmente se establecen, en particular, el atinente a la posesi\u00f3n exclusiva durante el t\u00e9rmino para usucapir. As\u00ed mismo, tampoco se dan los elementos para acceder a lo pretendido por v\u00eda de la demanda de reconvenci\u00f3n, dado que no se identific\u00f3 el bien cuya reivindicaci\u00f3n se pretende, as\u00ed como el de mayor extensi\u00f3n del cual se desprende. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Con la finalidad de sustentar el recurso extraordinario propuesto, el impugnante eleva contra la sentencia resumida cuatro cargos, el primero y segundo por infracci\u00f3n a normas sustanciales, el tercero por incongruencia y el cuarto por la causal quinta de casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
A. PRIMER CARGO <\/p>\n
Con estribo en la causal primera de casaci\u00f3n, el recurrente acusa la sentencia de violaci\u00f3n directa de las normas sustanciales contenidas en los art\u00edculos 762 y 2518 del C\u00f3digo Civil. A su juicio, las disposiciones fueron indebidamente aplicadas como consecuencia \u00abde la apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de los testimonios rendidos por los se\u00f1ores ALFONSO ATARA PARRA, PABLO HERN\u00c1N ORTIZ MART\u00cdNEZ, V\u00cdCTOR JULIO SIERRA RAM\u00cdREZ y LUZ NELLY PE\u00d1A RIVERA\u00bb. <\/p>\n
En orden a su explicaci\u00f3n y demostraci\u00f3n, indica el casacionista que el \u00aberror de hecho\u00bb en la apreciaci\u00f3n de las pruebas se basa en no otorgarle a cada testimonio el valor probatorio que merece, \u00aben la medida que se trata de declaraciones completas que convergen a demostrar la posesi\u00f3n descrita en el art\u00edculo 762 del C.C. y la prescripci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 2518 del C.C.\u00bb. En tal sentido, afirma que las declaraciones dejadas de valorar acreditaron los supuestos de hecho descritos en las aludidas normas, a saber, la posesi\u00f3n notoria, real y efectiva del demandante sobre el predio denominado los Cochinillos. <\/p>\n
As\u00ed mismo, increpa la infracci\u00f3n directa de la ley sustancial \u00abproveniente de error en derecho, respecto de la apreciaci\u00f3n de los testimonios de los se\u00f1ores ya mencionados\u00bb. Considera que tales probanzas debieron haber sido estimadas conforme a los principios de la sana cr\u00edtica. No obstante, \u00abfueron obviados por el Tribunal, lo que demuestra la falta de control de legalidad oportuna al expediente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
B. SEGUNDO CARGO <\/p>\n
En este cargo se acusa a la sentencia de violar indirectamente las normas mencionadas en el cargo anterior como consecuencia de un error de derecho \u00abderivado del desconocimiento de las normas probatorias de los art\u00edculos 762 y 2518 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
El vicio lo concreta, al igual que en precedencia, en que el Tribunal obvi\u00f3 los medios convictivos que corroboraban la posesi\u00f3n material del demandante sobre el predio en cuesti\u00f3n. Omitieron que el convocante, en su calidad de minero tradicional, \u00abrespaldado con las diferentes legalizaciones otorgadas por la Autoridad Minera, vengo ejerciendo la actividad minera en el predio denominado Los Cochinillos, de manera ininterrumpida y permanente, desde hace m\u00e1s de treinta a\u00f1os\u00bb, para lo cual aludi\u00f3, una vez m\u00e1s, a los testimonios recaudados en el proceso. <\/p>\n
Arguye que se pas\u00f3 por alto el hecho de que en el tr\u00e1mite de la sucesi\u00f3n del se\u00f1or Jos\u00e9 del Carmen Cely Rodr\u00edguez no se incluy\u00f3, en los inventarios y aval\u00faos, el bien inmueble Los Cochinillos, tal como se evidencia al no haberse aportado en tal proceso la Escritura P\u00fablica 0046 del 14 de enero de 1971 ni el correspondiente certificado de libertad y tradici\u00f3n. Indica que \u00fanicamente se inventariaron los aportes sobre la sociedad Carboneras Los Cochinillos Sierra y Cely Ltda., \u00abpero en ning\u00fan momento se refirieron a la distribuci\u00f3n del terreno denominado Los Cochinillos por cuanto este no fue incluido en la sucesi\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
C. TERCER CARGO <\/p>\n
Con estribo en la causal tercera de casaci\u00f3n, acusa la sentencia del Tribunal de no estar en consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda o con las excepciones propuestas por los demandados o que el juez ha debido reconocer de oficio. <\/p>\n
Alude reiteradamente que tanto el folio de matr\u00edcula No. 070-19229 y la Escritura P\u00fablica No. 2060 del 30 de septiembre del 2008 elevada en la Notar\u00eda Tercera de Tunja3 son falsos, frente a lo cual manifiesta que existe una investigaci\u00f3n penal que cursa en la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, la oposici\u00f3n planteada por Castiblanco Parra no tiene fundamento legal y es un fraude procesal. <\/p>\n
Por otra parte, esgrime que los linderos s\u00ed quedaron debidamente comprobados a trav\u00e9s de la descripci\u00f3n hecha en la Escritura P\u00fablica No. 0046 del 14 de enero de 1971 de la Notar\u00eda Cuarta de Bogot\u00e1. Adem\u00e1s, destaca que el aludido bien estuvo por fuera del comercio por m\u00e1s de 21 a\u00f1os en virtud de un embargo practicado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, por lo que \u00abdurante todo ese tiempo no se pudo haber realizado venta alguna\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
D. CARGO CUARTO <\/p>\n
Con apoyo en la causal quinta del art\u00edculo 336 del CGP acusa la sentencia del Tribunal de estar viciada de nulidad \u00abderivada del art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb por darle validez a la Escritura P\u00fablica 1592 del 18 de septiembre de 1979 y a todas las escrituras que le siguieron, las cuales, a su juicio, son falsas. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, destaca la incursi\u00f3n en la \u00abnulidad derivada del art\u00edculo 14 del C.G.P.\u00bb en tanto que no se reconocieron los hechos y pruebas que obran en el expediente \u00aby demuestran la actividad minera ininterrumpida en predio objeto del proceso, dado que el suscrito demandante poseo la servidumbre minera desde mayo de 1988, de conformidad con lo establecido en el Cap\u00edtulo XVIII de la Ley 685 de 2001 (Ley Especial) y he ejercido con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o como un derecho adquirido derivado de la posesi\u00f3n pac\u00edfica y tranquila de m\u00e1s de 20 a\u00f1os\u00bb. La misma nulidad se predica por no haber tenido en cuenta las defensa que ha ejercido frente al predio ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa y la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, expuso nuevamente los hechos y circunstancias que le permiten concluir que s\u00ed ha ejercido la posesi\u00f3n exclusiva sobre un bien cuyos linderos est\u00e1n plenamente determinados. Asegura entonces que el Tribunal incurre en nulidad al no acceder a sus peticiones. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como bien se sabe, el recurso de casaci\u00f3n, por lo extraordinario y su naturaleza, impone al censor el acatamiento de un m\u00ednimo de requisitos tanto de forma como de t\u00e9cnica al momento de su formulaci\u00f3n y posterior sustentaci\u00f3n. Al ser desconocidos, adem\u00e1s de impedir que el fondo del debate sea abordado, lo condenan a la deserci\u00f3n. Su gestor, adicionalmente, no puede olvidar que este remedio procesal no ata\u00f1e al aspecto f\u00e1ctico de la controversia judicial (thema decidendum); menos est\u00e1 concebido como una nueva oportunidad para debatir el factum del litigio, tampoco constituye una tercera instancia. El objetivo principal es escudri\u00f1ar el contenido del fallo proferido por el ad-quem (thema decissus), tratando de visualizar los yerros denunciados y, as\u00ed, en una confrontaci\u00f3n id\u00f3nea, quebrar la sentencia proferida. <\/p>\n
Consecuente con lo indicado, la exposici\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n no puede quedar limitada a un escueto discurso ret\u00f3rico, especulativo o de confrontaci\u00f3n de criterios con los expuestos en la decisi\u00f3n censurada, cual si fuera un alegato de instancia. Ello am\u00e9n que, ante su car\u00e1cter excepcional, la perentoriedad y taxatividad de las causales que lo habilitan, en ella el recurrente tiene el duro labor\u00edo de enervar la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto que, en principio, cobija la sentencia impugnada. <\/p>\n
\u00abDe ah\u00ed, adem\u00e1s de la identificaci\u00f3n de los errores, toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida. <\/p>\n
\u00abEl discurrir extraordinario, por lo tanto, implica ir m\u00e1s all\u00e1 de las solas afirmaciones, cuya sustracci\u00f3n traduce en una simple protesta en grado funcional, parqueada en el p\u00f3rtico del recurso, sin adentrarse a su quintaesencia\u00bb (CSJ AC10-2016 de 12 de ene. de 2016, Exp n.\u00b0 1995-00229). <\/p>\n
2. Dentro de los motivos que habilitan el recurso de casaci\u00f3n previstos en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso est\u00e1n los contenidos en los numerales 1\u00b0 y 2\u00b0, referidos a la vulneraci\u00f3n de normas de estirpe sustancial, de manera directa o indirecta, esta \u00faltima por errores \u00abde derecho derivado del desconocimiento de una un norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n o de una determinada prueba\u00bb. <\/p>\n
2.1. En punto de la violaci\u00f3n directa, este yerro aparece cuando se trasgreden normas sustanciales, por errores de juicio sobre la existencia, validez, alcance o significado del precepto legal aplicable al caso, sin referencia a los hechos debatidos y probados, esto es, \u00abcuando, el funcionario deja de emplear en el caso controvertido, la norma a que deb\u00eda sujetarse y, consecuencialmente, hace actuar disposiciones extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace\u00bb (CSJ AC4048-2017 del 27 de jun. de 2017, Exp. n.\u00b0 2014-00173-01). <\/p>\n
Consecuente con esto, compete al recriminador \u00abcentrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o err\u00f3neamente interpretados, prescindiendo de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con las apreciaciones f\u00e1cticas del fallador, cuesti\u00f3n esta que s\u00f3lo puede abordarse por la v\u00eda indirecta\u00bb. (CSJ SC feb. 18 de 2004, Exp. n.\u00b0 7037, reiterado en CSJ, oct. 3 de 2013, Exp. n.\u00b0 2000-00896-01). <\/p>\n
Significa lo anterior, que cuando se censure una sentencia por la causal primera, a m\u00e1s de la aceptaci\u00f3n de todos los hechos que en ella se tuvieron por probados, deber\u00e1 el recurrente demostrar qu\u00e9 textos legales sustanciales resultaron inaplicados, aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados. <\/p>\n
Ha de advertirse que no basta indicar las normas sustanciales que se dicen violadas, en alguna de las modalidades referidas, sino que es perentorio acreditar que el juzgador realiz\u00f3 un juicio reglamentario completamente equivocado y alejado de lo que las normas reconocen, mandan o proh\u00edben, en la medida que esta causal es \u00abde pleno derecho, encaminada a develar una lesi\u00f3n producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, en la labor de escogencia y ex\u00e9gesis de la regulaci\u00f3n que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador\u00bb. (CSJ SC de 15 de nov. de 2012, Exp n.\u00b0 2008-00322-01, reiterada el 4 de abr. de 2013, Exp n.\u00b0 2004-00457-01). <\/p>\n
En consecuencia, si el recurrente encamina su acusaci\u00f3n por la v\u00eda directa (causal primera), el cargo debe quedar circunscrito a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica, lo que significa, se reitera, que no puede entrar en discrepancias con aspectos f\u00e1cticos (probatorios) definidos por el juzgador. <\/p>\n
2.2. La trasgresi\u00f3n indirecta de las normas sustanciales puede derivar de un error de hecho o de derecho. <\/p>\n
2.2.1. Y es que por la naturaleza extraordinaria de este medio de impugnaci\u00f3n, se impone como exigencia formal que en \u00abla acusaci\u00f3n en que se denuncia la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial como consecuencia de error manifiesto de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n o de las pruebas requiere, adem\u00e1s, que el recurrente se\u00f1ale con exactitud los elementos de juicio incorrectamente ponderados y, por sobre todo, que demuestre el yerro, para lo cual le resulta obligatorio indicar lo que de esos medios de convicci\u00f3n, de un lado, aflora objetivamente y, de otro, dedujo el sentenciador, a fin de que sea de esa labor comparativa de donde se infiera, sin dubitaciones, el desacierto delatado, am\u00e9n de que \u00e9l deviene trascendente\u00bb (CSJ Sent. 5 de nov. de 2003, Exp. n.\u00b0 6988). <\/p>\n
2.2.2. El error de derecho, \u00abdiversamente a lo que sucede con el de hecho, siempre se parte de que el juzgador es consciente de la presencia del medio, solo que al evaluarlo no lo hace con sujeci\u00f3n a la preceptiva legal\u00bb (CSJ SC 137 de 13 de oct. de 1995, Exp. n\u00b0 3986), o lo que es lo mismo, en este no se cuestiona la contemplaci\u00f3n material de las pruebas, sino el m\u00e9rito legal que a ellas se dio o debi\u00f3 darse. <\/p>\n
2.3 Si se opta por acusar la sentencia de disonancia (causal tercera) no son admisibles disquisiciones jur\u00eddicas o probatorias (lit. b, #2\u00ba del art. 334 CGP). Y si se invoca la constituci\u00f3n de nulidades (causal quinta) se debe precisar la adecuaci\u00f3n taxativa, es decir que el supuesto factico esbozado tenga referente normativo. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, cumple decir, desde ya, que la sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n no satisfizo las m\u00ednimas exigencias contempladas, tanto en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso como reiterados precedentes de esta Corporaci\u00f3n, que imponen su inadmisi\u00f3n, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen: <\/p>\n
3.1. En el cargo primero, el recurrente acusa la sentencia por violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 762 y 2518 del C\u00f3digo Civil \u00abnorma que fue indebidamente aplicada por el Tribunal Superior de Tunja Sala Civil \u2013 Familia, procediendo tal infracci\u00f3n de la apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de los testimonios rendidos por los se\u00f1ores (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y remata exponiendo que se viol\u00f3 directamente la ley por error de hecho y error de derecho, con lo cual no hace m\u00e1s que demostrar que confundi\u00f3 el actor las causales esgrimidas5. De manera que desplaz\u00f3 la censura a un desacuerdo en lo f\u00e1ctico y no en lo jur\u00eddico, que se aviene inadmisible por la v\u00eda directa de cuestionamiento, \u00ablo que implica que los cargos se desviaron del carril por el que deb\u00edan transitar\u00bb (AC3017-2020). <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que \u00ab[l]os diferentes reproches que se tengan respecto de la sentencia impugnada, debe proponerlos el recurrente en cargos separados, caracterizados por ser aut\u00f3nomos e individuales, lo que igualmente se infiere del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, premisas que le impiden entremezclar acusaciones de diferente naturaleza o confundir, al interior de una, el error de hecho con el de derecho\u00bb (AC6341, 21 oct. 2014, rad. n.\u00b0 2007-00145-01). <\/p>\n
3.2. Y esa misma la falencia la repite en el cargo segundo, que esgrimi\u00f3 al amparo de la causal segunda de casaci\u00f3n al aducir una vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos relatados 762 y 2518 del C\u00f3digo Civil. En efecto, de la lectura de los reparos se evidencia que el actor se encuentra constantemente entremezclando los errores de derecho y de hecho. <\/p>\n
Ciertamente, para introducir la exposici\u00f3n de los motivos de su inconformidad, comienza por decir que acusa la violaci\u00f3n indirecta de las citadas normas \u00abcomo consecuencia de un error de derecho\u00bb. \u2013 caso en el cual no se indicaron las normas probatorias ni menos las razones de su trasgresi\u00f3n. Sin embargo, los yerros que se aducen est\u00e1n relacionados con el desconocimiento probatorio de los medios de convicci\u00f3n que realiz\u00f3 el Tribunal mas no frente a la consagraci\u00f3n, oportunidad, regularidad, conducencia y apreciaci\u00f3n en conjunto de la prueba y, en suma, frente a la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de aquella. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el error de derecho \u00ab[S]e configuran, por consiguiente, cuando a un medio prohibido, incorporado extempor\u00e1nea o irregularmente al proceso, o inid\u00f3neo para acreditar determinado hecho, se le confiere, sin embargo, eficacia demostrativa; o cuando la valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas trasgrede las reglas de la l\u00f3gica, de la ciencia o de la experiencia. Igualmente, en contraste, en los casos en que se le niega tal m\u00e9rito, pese a estar permitido o ser regular, tempestivo, conducente o coherente con los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n\u00bb (CSJ SC7110-2017 de 24 de may. de 2017, Rad. 2006-00234-01), nada de lo cual es lo planteado en estas censuras. <\/p>\n
Reiteradamente el casacionista critica el no haberse tenido en cuenta las actuaciones en procura de la defensa del bien frente a los tribunales administrativo y la Fiscal\u00eda; la actividad minera ejercida en el predio; la obtenci\u00f3n de la servidumbre minera en su favor suscrito por explotador tradicional; y, la realidad sobre la transferencia de bienes surtida en la sucesi\u00f3n intestada del se\u00f1or Jos\u00e9 del Carmen Cely Rodr\u00edguez. <\/p>\n
Como se ve, tales desaciertos, calificados como de derecho, corresponden m\u00e1s a un alegato de instancia, toda vez que el impugnante se limit\u00f3 a sostener su particular opini\u00f3n en pro de la desestimaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de \u00abfalta de los requisitos legales para usucapir\u00bb acogida. As\u00ed las cosas, el gestor desconoci\u00f3 que en esta labor no es suficiente relacionar la prueba preterida o indebidamente apreciada, sino demostrar que ese yerro es de tal magnitud que torna absurda y contraevidente la decisi\u00f3n del Tribunal, lo que no se cumpli\u00f3. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en los referidos cargos (violaci\u00f3n directa e indirecta de la ley sustancial) las normas invocadas para habilitar el estudio de dichas causales, art\u00edculos 762 y 2518 del C\u00f3digo Civil, no son de naturaleza sustancial. Sobre el particular, se ha afirmado que \u00abfrente a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que ella contempla, declara crea, modifica o extingue derechos subjetivos o impone obligaciones6\u00bb. Se complementa tal descripci\u00f3n, se\u00f1alando que no tienen tal calidad aquellas que \u00absin embargo de encontrarse en los c\u00f3digos sustantivos, se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a describir los elementos integrantes de estos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco la tienen la tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo7\u00bb <\/p>\n
En ese sentido, en CSJ AC2194-2016 se expuso, en un caso en que fueron invocadas las mismas disposiciones, que: <\/p>\n
\u00abLos art\u00edculos 762 y 2518 del C\u00f3digo Civil, que se dicen vulnerados tanto directa como indirectamente, se refieren a la definici\u00f3n de la posesi\u00f3n y la descripci\u00f3n de las cosas susceptibles de usucapir; el 764 y el 768 ibidem, incluidos en la censura inicial, tratan de las \u00abclases de posesi\u00f3n\u00bb y el concepto de buena fe posesoria; mientras que el 2522 id, referido en la \u00faltima, se limita a puntualizar el concepto de \u00abposesi\u00f3n no interrumpida\u00bb. <\/p>\n
Quiere decir que todos ellos carecen del alcance sustancial que se les adjudica, pues, son meramente descriptivos o enunciativos y, como de anta\u00f1o tiene precisado la Corte\u00bb. <\/p>\n
3.3. En consecuencia, quedando hu\u00e9rfanos los cargos de un elemento esencial de su estructuraci\u00f3n, cu\u00e1l es la denuncia de la norma sustantiva, punto a partir del cual la Corte ejerce su labor de control de legalidad en sede casacional, no es viable su admisi\u00f3n. <\/p>\n
4. En lo que ata\u00f1e con el cargo tercero, se advierte que el recurrente incluy\u00f3 apreciaciones probatorias contra lo previsto en el literal b), numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del proceso, lo que traduce de entrada la inadmisi\u00f3n del cargo. En efecto, el actor reproch\u00f3 el an\u00e1lisis por parte del Tribunal frente a las escrituras p\u00fablicas 046 del 14 de enero de 1971 y 2060 del 30 de septiembre del 2008, las que considera falsas. Adicionalmente, vuelve una y otra vez sobre la existencia de elementos de juicio \u00abdocumentos aportados al expediente y con los testimonios recepcionados a la parte demandante8\u00bb que le permiten al juez concluir que s\u00ed ha ejercido la posesi\u00f3n ininterrumpida sobre el inmueble por m\u00e1s de 20 a\u00f1os. Ello implica un estudio f\u00e1ctico y apreciaciones probatorias, prohibidas a la luz de la citada disposici\u00f3n que a su tenor literal indica que \u00ablos cargos por las causales tercera y cuarta no podr\u00e1n recaer sobre apreciaciones probatorias\u00bb. <\/p>\n
5. En el cargo cuarto, el actor ataca la providencia del ad quem bajo el presupuesto de que se incurri\u00f3 reiteradamente en nulidades procesales al omitir las probanzas que acreditaban la posesi\u00f3n exclusiva por un periodo superior a 20 a\u00f1os. Sin embargo, se evidencia que las hip\u00f3tesis f\u00e1cticas que plantea no se adec\u00faan a ninguna de las causales establecidas por el legislador como detonantes de una irregularidad sancionada con esa invalidaci\u00f3n perseguida, ni en el cargo se menciona alguna de las prescritas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Y es que la que ser\u00eda procedente en trat\u00e1ndose de aspectos probatorios, esto es, la consistente en haberse omitido la oportunidad para practicar pruebas (numeral 5\u00ba del art\u00edculo 133 del CGP: el proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 5\u00ba: cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas\u2026\u201d) no fue siquiera enunciada. Por el contrario, el casacionista se limit\u00f3 a enunciar nuevamente los errores de juicio cometidos por el Tribunal para concluir que la ausencia de acreditaci\u00f3n de los presupuestos de la pertenencia implic\u00f3 la incursi\u00f3n de las \u00a8nulidades\u00a8 previstas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en el \u00abart\u00edculo 14 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que esta Corte, en auto AC2811-2020, precis\u00f3 que: <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante dictamin\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab2.1. El primer embiste, formulado al amparo de la causal quinta de casaci\u00f3n, desconoce los preceptos de taxatividad y legitimaci\u00f3n que regentan la invalidaci\u00f3n de los tr\u00e1mites a la luz de los art\u00edculos 133 y 135 del C\u00f3digo General del Proceso, de acuerdo con los cuales, respectivamente, el proceso civil \u00fanicamente puede invalidarse ante la presencia de alguna de las causales de nulidad consagradas como tales de manera expresa por las normas positivas, adem\u00e1s de que se invoque por quien result\u00f3 afectado en su derecho al debido proceso y que no dio lugar a la irregularidad\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como no se cumplieron los presupuestos citados sobre la invalidaci\u00f3n procesal, resulta justificado inadmitir el cuarto cargo. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: INADMITIR la demanda con la que los demandantes dicen sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia del 28 de mayo de 2018, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Tunja en el proceso identificado en el ep\u00edgrafe de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Segundo: Ordenar que el expediente regrese a la oficina judicial de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 El juzgado de conocimiento no encontr\u00f3 demostrados los requisitos para la prosperidad de la acci\u00f3n de prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva. En particular, evidenci\u00f3 que los actos de se\u00f1or y due\u00f1o fueron desarrollados por el actor a la par de los que fueron desplegados, por un lado, por el se\u00f1or Israel Sierra Espitia y, por el otro, con los que de manera mancomunada con fueron desplegados por los herederos restantes de Jos\u00e9 del Carmen Cely Rodr\u00edguez. Adicionalmente, las pruebas obrantes en el plenario lo llevaron a descartar la existencia de un solo inmueble denominado \u201cLos Cochinillos\u201d; por el contrario, se evidencia la coexistencia de dos predios, uno de los cuales (El Boquer\u00f3n de Arismendy) decide reivindicar a los demandantes en reconvenci\u00f3n y otro cuya situaci\u00f3n jur\u00eddica se encuentra pendiente de legalizar. <\/p>\n
2\u0002 El cual se desprende del denominado \u201cLos Cochinillos\u201d. <\/p>\n
3\u0002 De Compa\u00f1\u00eda Comercial Montana S.A. a Jairo Enrique Castiblanco Parra. <\/p>\n
4\u0002 Folio 7 demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
5\u0002 Folio 12 demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
6\u0002 CSJ.S.C de 30 oct. 1970, G.J CXXX, P\u00e1gina. 68. <\/p>\n
7\u0002 CSJ S.C del 24 de octubre de 1975, G J Tomo CLI p\u00e1gina 254. <\/p>\n
8\u0002 Folio 17 demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC4890-2021 (2008-00203-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente AC4890-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-31-03-001-2008-00203-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de once de marzo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58056","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58056","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58056"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58056\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58056"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58056"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58056"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}