AC4948-2021 (2021-02351-00)<\/p>\n
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AC4948-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02351-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Oralidad de la Ciudad de Medell\u00edn y Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, para conocer del juicio de imposici\u00f3n de servidumbre promovido por INTERCONEXI\u00d3N ELECTRICA S.A frente la SOCIEDAD INVERSIONES RODR\u00cdGUEZ FUENTES LTDA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Medell\u00edn, Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. solicit\u00f3 decretar \u201cla imposici\u00f3n\u201d a su favor de una servidumbre p\u00fablica de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica y tr\u00e1nsito con ocupaci\u00f3n permanente sobre el predio \u201cEL PROVENIR\u201d, ubicado en el Corregimiento \u201cAguas Blancas\u201d del Municipio de Valledupar, y de propiedad de la parte demandada. <\/p>\n
2. En el libelo inaugural, el conocimiento del asunto se atribuy\u00f3 a la referida dependencia judicial, en consideraci\u00f3n al factor subjetivo, pues la demandante \u201cse trata de una empresa de servicios p\u00fablicos mixta (\u2026) -que- se encuentra domiciliada en la ciudad de Medell\u00edn (\u2026)\u201d1\u201d. <\/p>\n
3. La dependencia de origen por medio de auto de 26 de marzo del a\u00f1o en curso, declar\u00f3 su falta de competencia para rituar el proceso, al advertir que en el libelo se solicit\u00f3 enviar copia de las diligencias, a la Fiscal\u00eda 33 de la Unidad Nacional de Fiscal\u00edas para la extinci\u00f3n del derecho de dominio y contra lavado de activos de Bogot\u00e1 \u201cquien decret\u00f3 una medida de embargo\u201d sobre el inmueble, a la Sociedad de Activos Especiales -SAE, \u201cquien tiene la administraci\u00f3n y posesi\u00f3n del predio objeto del proceso (\u2026)\u201d y a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de tierras Despojadas; en raz\u00f3n a que, sobre el lote en juicio \u201crecae una solicitud de inscripci\u00f3n en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por lo anterior, a pesar de que, en virtud del auto de unificaci\u00f3n proferido por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil AC140-2020, respecto de las colisiones de competencia suscitadas \u201centre los fueros concurrentes (sic, el legislador procesal los estableci\u00f3 como privativos) consagrados en los numerales 7\u00ba (real) y 10\u00ba (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u201d, se da prevalencia a la \u201ccompetencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes, esto es, por el acto subjetivo\u201d, y como en el caso bajo estudio \u201ccoexiste el fuero subjetivo prevalente en ambos extremos de la Litis (\u2026); es l\u00f3gico pensar que cuando se presenta concurrencia en ambos extremos y, al interior de uno de \u00e9stos, existe una parte plural de linaje p\u00fablico, se de prevalencia a esta \u00faltima (\u2026)\u201d; en consecuencia, orden\u00f3 remitir el expediente a los juzgados civiles del circuito de Bogot\u00e12. <\/p>\n
4. Arribadas las diligencias a la ciudad de destino, correspondi\u00f3 el tr\u00e1mite al estrado Veintiuno Civil del Circuito, el cual tampoco acept\u00f3 la atribuci\u00f3n, al se\u00f1alar que \u201c(\u2026) si bien es menester enterar del tr\u00e1mite a la Sociedad de Activos Especiales SAE administradora Fondo de Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha contra el Crimen Organizado \u2013FRISCO- y a la Unidad Administrativas Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, dicha circunstancia no altera la competencia territorial reglada por el numeral 10 del art. 28, dado que la entidad demandante Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. tiene su domicilio principal en la ciudad de Medell\u00edn\u201d3. <\/p>\n
5. Planteada as\u00ed la colisi\u00f3n, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer del presente juicio de constituci\u00f3n de servidumbre, en el que si bien los juzgadores en colisi\u00f3n est\u00e1n de acuerdo en que el foro privativo que se debe aplicar es el consagrado en el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, divergen en el estado que debe conocer el libelo, en consideraci\u00f3n a que la convocante es una entidad estatal y que dentro de la demanda se solicit\u00f3 informar del litigio a tres personas jur\u00eddicas de naturaleza p\u00fablica, unas y otras, con domicilio en diferentes ciudades del pa\u00eds. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre los estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros privativos cuando una de las partes es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico: <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
De conformidad con el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cen los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza\u2026 ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d. (Negrilla fuera del texto original). <\/p>\n
No obstante, el numeral d\u00e9cimo de la misma norma, indica que \u201cen los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que, cumple precisar que el estatuto procesal asign\u00f3 en ambos numerales una competencia territorial privativa, en el primero de tales, en raz\u00f3n de un fuero o foro real \u201cpor lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u201d, y el segundo a la calidad del sujeto, \u201cpor el domicilio de la entidad\u201d. <\/p>\n
En cuanto a la competencia privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Se desprende de lo anterior que, cuando se presenta una colisi\u00f3n de competencia entre dos fueros privativos como la que ahora concierne la atenci\u00f3n de la Sala, no es del resorte del actor elegir el lugar donde presentar el libelo genitor, sino que es la ley la que se\u00f1ala cu\u00e1l de los dos prevalece, pues, el art\u00edculo 29 ejusdem, precept\u00faa que \u201ces prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d4. <\/p>\n
Ahora bien, no puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u201c[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u201d. <\/p>\n
Tampoco es viable sostener ese otro criterio que privilegia el foro real (28-7) sobre el consagrado por el legislador en raz\u00f3n de la naturaleza de la persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico (28-10), ignorando la regla que el legislador previ\u00f3 para, precisamente, solucionar los casos en los que debe determinarse qu\u00e9 factor o fuero aplicar a un caso concreto. <\/p>\n
Y es que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u201cEs prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d sobre cualquier otra, y ello cobija, naturalmente, la disposici\u00f3n del mencionado numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa se determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
4. Criterio de Unificaci\u00f3n de la Jurisprudencia. <\/p>\n
La Sala con el prop\u00f3sito de zanjar la discusi\u00f3n frente a casos como el presente, dilucid\u00f3 reci\u00e9nteme en auto de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia de 24 de enero de 2020 (AC140-2020), que se convierte en indiscutible gu\u00eda para la soluci\u00f3n de este asunto y de todos los dem\u00e1s que en lo sucesivo se presenten, lo siguiente: <\/p>\n
Como se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente? Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u201d (AC4272-2018), as\u00ed como tambi\u00e9n que \u201cen esta clase de disyuntivas, la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa aplicable, dada su mayor estimaci\u00f3n legal, es la que se refiere al juez de domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n a la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido\u201d (AC4798-2018). <\/p>\n
5. El caso concreto <\/p>\n
Del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado con la demanda5 y de la informaci\u00f3n de p\u00fablico acceso que reposa en la p\u00e1gina web de la entidad, se observa que la convocante es una empresa de servicios p\u00fablicos mixta, constituida como sociedad por acciones con aportes estatales y de capital privado, de car\u00e1cter comercial, del orden nacional y vinculada al Ministerio de Minas y Energ\u00eda, con autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, en la cual el Estado posee por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social6, elementos que indican sin lugar a dudas su naturaleza p\u00fablica y que su domicilio es la ciudad de Medell\u00edn. <\/p>\n
De ah\u00ed que, de conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por \u201c[l]as sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta\u201d, por lo que es evidente que la gestora es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral d\u00e9cimo del canon 28 referido, el que resulta entonces aplicable. <\/p>\n
De otra parte, en el asunto bajo an\u00e1lisis, si bien en principio ser\u00edan predicables los fueros privativos de los numerales s\u00e9ptimo y d\u00e9cimo del precepto 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en consideraci\u00f3n a que el inmueble objeto de la litis se encuentra ubicado en Valledupar y a la naturaleza de derecho p\u00fablico de la gestora; siguiendo las orientaciones de esta Sala en el auto de unificaci\u00f3n referido en los p\u00e1rrafos precedentes, como acertadamente lo se\u00f1alaron los juzgadores en colisi\u00f3n de competencia, se debe atender el \u00faltimo de los mencionados, es decir, el relativo al domicilio de la entidad territorial, de la entidad descentralizada por servicios o de cualquier otra entidad que sea parte; y en consecuencia, debe descartarse el primero de tales. <\/p>\n
Con todo, a pesar de que en el sub examine la demandante manifest\u00f3 claramente en el libelo introductor que la demandada es la SOCIEDAD INVERSIONES RODR\u00cdGUEZ FUENTES LTDA, el Juez S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Medell\u00edn, asumi\u00f3 en virtud de la solicitud realizada por aquella de informar del presente litigio a la Sociedad de Activos Especiales, la Fiscal\u00eda 33 de la Unidad Nacional de Fiscal\u00edas para la extinci\u00f3n del derecho de dominio y contra lavado de activos de Bogot\u00e1 y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, que estas integraban la parte demandada, sin que efectivamente as\u00ed se haya conformado el extremo pasivo, y que por ser plurales, la demanda se deb\u00eda tramitar en el domicilio de estas, es decir, en la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Sin embargo, se hace necesario indicar, en primer lugar, que hasta el momento la gestora es la \u00fanica persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico que es parte dentro del juicio; pues, la convocada, como se dijo anteriormente, se trata solo de un sujeto procesal y de naturaleza privada, y en segundo lugar, que las precitadas entidades estatales, de las que se solicit\u00f3 a penas su enteramiento, no han sido reconocidas dentro del proceso como demandadas. <\/p>\n
Con todo, si en gracia de discusi\u00f3n se admitiera que las referidas hacen parte reconocida del extremo pasivo dentro el proceso en ciernes, es de considerar que cada uno de los entes p\u00fablicos tiene su domicilio en diferentes ciudades, Medell\u00edn y Bogot\u00e1; y, como el ordenamiento no prev\u00e9 una regla espec\u00edfica para priorizar alguno de ellos, lo pertinente es, ante una situaci\u00f3n tan especial, acudir a las reglas generales de atribuci\u00f3n de competencia, y a la vista de ellas, como la demandante opt\u00f3 v\u00e1lidamente por el foro subjetivo ateniente a su propio domicilio principal (numeral d\u00e9cimo ib\u00eddem), ser\u00e1 el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Medell\u00edn, el competente para conocer del juicio en menci\u00f3n; pues, el operador judicial a quien se le atribuye el conocimiento de un asunto, est\u00e1 llamado a respetar y atender el ejercicio leg\u00edtimo de la voluntad de la demandante. <\/p>\n
Frente a un caso similar al anterior supuesto, sostuvo la Sala que, <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala estima que en asuntos como el sub \u00e9xamine donde, iterase, est\u00e1n contrapuestas dos o m\u00e1s entidades de naturaleza p\u00fablica o semip\u00fablica, no es de aplicaci\u00f3n lo consignado en el aludido precepto, porque en rigor de verdad nada dice acerca de ello, debiendo entonces, a fin de determinar la competencia por el factor territorial, acudirse a las reglas generales estatuidas en el art\u00edculo 28 del Estatuto Adjetivo. (\u2026) Cuanto se ha dicho no desconoce, de ning\u00fan modo, las directrices fijadas por la Sala mayoritaria en el auto de unificaci\u00f3n de jurisprudencia AC140, de 24 de enero de 2020, porque el supuesto de ahora es enteramente distinto al ventilado en aquella oportunidad. N\u00f3tese que all\u00ed no concurr\u00edan, en ambos extremos procesales, entidades de las relacionadas en la regla 10\u00aa del art\u00edculo 28 del Estatuto Adjetivo. (CSJ, AC417-2020) <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn corresponde conocer el juicio de constituci\u00f3n de servidumbre promovido por Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A \u2013 ISA, frente a la sociedad Inversiones Rodr\u00edguez Fuentes Ltda. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 1 a 18 c. 0002 demanda completa. Exp. digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1 a5 c. 0004 auto rechaza demanda, ib. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1 a 2 c. 0009 auto rechaza conflicto competencia. ib. <\/p>\n
4\u0002 Criterio reiterado en CSJ AC 4273-2018 y en CSJ AC 4641 de 2019. <\/p>\n
5\u0002 Fls. 29 a 63, ib. <\/p>\n