AC4949-2021 (2021-02589-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC4949-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02589-00 <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1 y Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, para conocer la demanda de privaci\u00f3n de la patria potestad instaurada por Rita Liliana Bueno Badillo contra Gerardo Maldonado Garc\u00eda, en relaci\u00f3n con una menor de edad, de la cual ellos son sus padres. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante Defensor de Familia, Rita Liliana Bueno Badillo solicit\u00f3 privar a Gerardo Maldonado Garc\u00eda, de la patria potestad que legalmente ejercen respecto de su peque\u00f1a hija. <\/p>\n
2. En el libelo introductor se se\u00f1al\u00f3 como lugar de domicilio y notificaciones del convocado, la ciudad de Barrancabermeja, y se atribuy\u00f3 la competencia a los Jueces de Familia de Bogot\u00e1, \u201cpor la naturaleza del asunto y el \u00faltimo sitio de residencia de la ni\u00f1a en Colombia (\u2026)\u201d1. (Subrayado fuera de texto). <\/p>\n
3. El asunto se reparti\u00f3 al Juzgado Diecinueve de Familia de la capital del pa\u00eds, que, por auto de 11 de diciembre de 2020, declar\u00f3 su incompetencia para conocerlo y lo remiti\u00f3 al Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, argumentando que conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de acuerdo a lo previsto en el numeral 1 del art\u00edculo 28 del C.G.P., <\/p>\n
\u201cel factor determinante para la competencia en este asunto no es el domicilio de la ni\u00f1a (\u2026) teniendo en cuenta la direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n del demandado visible a folios 1 y 4 del plenario, advierte el Despacho que carece de competencia para resolver el presente asunto\u201d. <\/p>\n
4. La oficina judicial de destino tambi\u00e9n se declar\u00f3 incompetente, planteando el conflicto negativo de competencia, aseverando que las <\/p>\n
\u201cDe acuerdo con la competencia territorial, seg\u00fan lo dispuesto en el inc. Segundo, de la regla 2. del Art. 28 del C\u00f3digo General del Proceso y en seguimiento al precedente jurisprudencial, el juez que debe conocer de la presente demanda es donde est\u00e9 ubicado el domicilio de la ni\u00f1a, en este caso en la ciudad de Bogot\u00e1, D.C..\u201d2. <\/p>\n
5. Planteada as\u00ed la disputa, llegaron las actuaciones a la Corte para dirimirla. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la discusi\u00f3n planteada involucra dos autoridades judiciales de diferente distrito judicial, Bogot\u00e1 y Barrancabermeja, corresponde dirimirla a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser la superior funcional com\u00fan a ambos, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 139 de la ley 1564 de 2012 (C\u00f3digo General del Proceso), y 16 de la ley 270 de 1996 -modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Los factores de competencia determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
3. La regla general para determinar la competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos es la consagrada en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del citado compendio, esto es, que \u201ces competente el juez del domicilio del demandado\u201d; no obstante, dicho fuero no excluye la aplicaci\u00f3n de otros criterios que el mismo legislador previ\u00f3, como en los pleitos por la patria potestad, pues, el inciso segundo del num. 2 del mismo canon se\u00f1ala, que cuando \u201c\u2026el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel\u201d. Tambi\u00e9n, el art\u00edculo 97 de la Ley 1098 se\u00f1ala, que \u201cSer\u00e1 competente la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente (\u2026). <\/p>\n
Sobre esta \u00faltima preceptiva, la Sala ha expresado, que si bien consagra la competencia territorial de las autoridades administrativas para conocer de las actuaciones que se adelanten en procura de salvaguardar los derechos de los menores, puede ser aplicada a los casos que conozcan las autoridades jurisdiccionales, puesto que: <\/p>\n
\u201c[E]l prop\u00f3sito de las normas adoptadas en torno de conflictos en los que resulten vinculados o involucrados menores de edad, es beneficiar su posici\u00f3n brind\u00e1ndoles la prerrogativa, precisamente por su condici\u00f3n, de que dichos conflictos se puedan adelantar en su domicilio o residencia\u201d (Exp. 2007-01529-00); y que \u201cen orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente \u2018la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2019, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder \u00e9stos la atribuci\u00f3n por no decidir dentro de los plazos se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ah\u00ed, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los \u00faltimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de \u2018[a]segurar la presencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en todas las actuaciones que sean de su inter\u00e9s y que los involucren\u2026\u2019 as\u00ed como \u2018[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal\u2019, tal y como lo establece al ordinal 34, art\u00edculo 41 de la aludida ley\u201d (Exp. 2008-00649-00) (CSJ AC 4 jul. 2013, rad. n.\u00ba 2013-00504-00). <\/p>\n
\u2026cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio, pues acorde con la amplia normatividad existente a nivel internacional, en nuestro medio se debe partir del postulado de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual \u201clos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u201d (CSJ STC7351, 7 Jul. 2018, rad. 2018-00141-01). (Resaltado ajeno al texto. AC897-2019, 14 mar., rad. n.\u00ba 2019-00465-00). <\/p>\n
4. En el caso examinado, se narra en la demanda, que los padres de la menor sobre la que se reclama la p\u00e9rdida de la patria potestad, tuvieron una relaci\u00f3n por \u201cel t\u00e9rmino de cuatro meses\u201d, que la ni\u00f1a naci\u00f3 en Bogot\u00e1 y fue registrada con los apellidos de su madre, que su padre fue denunciado ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por inasistencia alimentaria y que \u201cno le colabora econ\u00f3micamente, no visita la ni\u00f1a \u201cno la llama, no ha demostrado inter\u00e9s alguno por saber del estado de salud f\u00edsica o mental de la ni\u00f1a\u201d, que la madre y la menor son vecinos de la ciudad de Bogot\u00e1 y que el padre tiene su domicilio en la diagonal 59 No. 19-33 Barrio Buenavista en Barrancabermeja3. <\/p>\n
Pues bien, de los t\u00e9rminos en los que se plante\u00f3 la demanda y de los anteriores elementos, es posible colegir que la demanda que aqu\u00ed concierne se formul\u00f3 en inter\u00e9s de una menor de edad, para garantizar sus derechos y facilitar el cumplimiento de los deberes que impone la patria potestad. <\/p>\n
Y, en ese orden de cosas, m\u00e1s all\u00e1 de que no sea directamente la menor la que ejercita el derecho de acci\u00f3n, sino un tercero, el juzgador que ha de conocer de tal libelo, por mandato legal que es reflejo del principio que vela por el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, es el del domicilio o residencia de la peque\u00f1a, en este caso, Bogot\u00e1. <\/p>\n
Por lo tanto, m\u00e1s all\u00e1 de que en algunas oportunidades la Sala haya indicado que a los enfrentamientos sobre la patria potestad entre \u201cpadres\u201d no aplica la regla consignada en el inciso 2\u00ba del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, sino el \u201cfuero personal contemplado en el numeral 1\u00ba de disposici\u00f3n en cita\u201d (AC2412-2019), lo cierto es que un detenido an\u00e1lisis de este caso, impone que en garant\u00eda del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, el tr\u00e1mite judicial y la decisi\u00f3n respectiva se adopte en su residencia o domicilio, en donde se facilita el examen de las pruebas, sobre las condiciones en las que es llevado su cuidado y custodia. <\/p>\n
Precisamente, evidenciando la primac\u00eda de ese inter\u00e9s superior y frente a una demanda de patria potestad elevada por la abuela de un ni\u00f1o, la Corte asign\u00f3 el conocimiento de ella al juzgador del domicilio del peque\u00f1o, al razonar: <\/p>\n
\u201cLas anteriores premisas descendidas al caso bajo examen permiten advertir que, aun cuando la ni\u00f1a M.P.O. no ostenta la condici\u00f3n de demandante ni de demandada en el libelo de privaci\u00f3n de patria potestad; no puede pasarse inadvertido que desde el 1\u00ba de julio de 2009 se encuentra domiciliada en Medell\u00edn con su ascendiente por l\u00ednea paterna, debido a que sus progenitores entregaron su custodia y cuidado personal, mediante acuerdo realizado en esa misma fecha ante el Centro de Conciliaci\u00f3n de la Alcald\u00eda de Popay\u00e1n, tal y como se desprende de lo consignado en la demanda y sus anexos. Tal circunstancia fuerza interpretar la regla de competencia privativa contenida en el inciso 2\u00ba, numeral 2\u00ba, art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en favor de los intereses de la menor involucrada en el presente caso, para asignar el conocimiento del juicio de privaci\u00f3n de patria potestad al funcionario de familia de la capital antioque\u00f1a, por ser el correspondiente al domicilio actual de la ni\u00f1a en cuyo inter\u00e9s se formul\u00f3 la solicitud\u201d4. <\/p>\n
5. De conformidad con lo expuesto, se equivoc\u00f3 la Juez Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1 al declinar el conocimiento de la controversia, por lo que se ordenar\u00e1 remitirle el expediente para que le d\u00e9 el tr\u00e1mite que legalmente le corresponda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, se\u00f1alando que, al Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1 corresponde conocer de la demanda de privaci\u00f3n de patria potestad que promovi\u00f3 Rita Liliana Bueno Badillo contra Gerardo Maldonado Garc\u00eda, en relaci\u00f3n con su hija. <\/p>\n
En consecuencia, devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina para lo de su competencia e inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n, mediante oficio, al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 1 a 5 anexo 01 privaci\u00f3n patria potestad. Exp. Digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1 a 3 anexo 07 auto que decreta conflicto de competencia. Exp. digital. <\/p>\n
3\u0002 Anexo 01 privaci\u00f3n patria potestad. Exp. digital. <\/p>\n
4\u0002 CSJ AC2332-2019. <\/p>\n
<\/p>\n
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