AC4956-2021 (2021-03696-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC4956-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03696-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
La Corte decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por MARTHA PAULINA MU\u00d1OZ LIZARRALDE, para obtener el exequ\u00e1tur de la sentencia de 8 de febrero de 2017, proferida por el Juzgado de Primera Instancia No. 85 de Madrid, Espa\u00f1a, que decret\u00f3 el divorcio entre aquella y JOS\u00c9 LUIS PASCUAL P\u00c9REZ. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso indica que deber\u00e1 rechazarse la petici\u00f3n de homologaci\u00f3n \u00absi faltare alguno de los requisitos exigidos en los numerales 1\u00ba a 4\u00ba del art\u00edculo precedente\u00bb, y, a su turno, el numeral 3\u00ba del canon 606 ib\u00eddem, establece como condici\u00f3n para que la providencia surta efectos en este territorio, que \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb. <\/p>\n
2. Bajo ese marco, al revisar en detalle la demanda presentada y los anexos adjuntos, se advierte que no se satisface el precitado requisito, toda vez que la parte solicitante no alleg\u00f3 prueba id\u00f3nea de la ejecutoria del fallo, que por haber sido dictado en Espa\u00f1a, debe acreditarse seg\u00fan lo pactado en el Convenio 134 de 30 de mayo de 1908, Sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles, entre el reino de Espa\u00f1a y la Rep\u00fablica de Colombia, que en lo pertinente prev\u00e9 como exigencia: \u00abLas sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales Comunes de una de las Altas Partes Contratantes, ser\u00e1n ejecutadas en la otra, siempre que re\u00fanan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el Pa\u00eds en que se hayan dictado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Atinente a c\u00f3mo se satisface este presupuesto, el art\u00edculo 2\u00b0 ib\u00eddem se\u00f1ala que \u00ab(\u2026) se comprobar\u00e1 por un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo, acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, no es id\u00f3nea la manifestaci\u00f3n realizada por la gestora en el ac\u00e1pite denominado \u00abEN DERECHO\u00bb del escrito de demandada, en el que se\u00f1ala que \u00ab(\u2026) como la sentencia dictada el d\u00eda 8 de febrero de 2017, por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA #85 de la ciudad de Madrid (Espa\u00f1a), declar\u00f3 disuelto por causa de divorcio el matrimonio civil celebrado entre el ciudadano espa\u00f1ol JOSE LUIS PASCUAL PEREZ y la ciudadana colombiana MARTHA PAULINA MU\u00d1OZ LIZARRALDE, la providencia qued\u00f3 en firme como se indica en anexos, es procedente la solicitud de exequ\u00e1tur impetrada\u00bb1; toda vez que, de conformidad con la exposici\u00f3n de motivos precedente, la constancia de ejecutoria debe emanar del Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia [Actual Subdirecci\u00f3n General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia], documento que no se encuentra en el expediente, de lo cual se desprende que no es procedente dar curso a esta demanda, es decir, se impone su rechazo frontal. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha dicho en casos similares2 que <\/p>\n
Se rechaza\u2026la anterior solicitud de exequ\u00e1tur respecto de la providencia del 4 de marzo de 2010, del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 3 de Torremolinos, Espa\u00f1a, mediante el cual decret\u00f3 el divorcio por mutuo acuerdo del matrimonio\u2026, por las siguientes razones: No aparece prueba de la ejecutoria de dicho pronunciamiento de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, que solo se acredita con el documento a que refiere el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 7\u00aa de 1908, mediante la cual se aprob\u00f3 el Convenio suscrito entre la Rep\u00fablica de Colombia y el Reino de Espa\u00f1a el 30 de mayo de 1908, es decir, con el \u00abcertificado expedido por el Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de estos legalizada por el correspondiente Ministerio de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste, a su vez por el agente diplom\u00e1tico respectivo, acreditado en el lugar de legalizaci\u00f3n\u00bb3. <\/p>\n
3. Adem\u00e1s, en el libelo genitor se omitieron algunos de los requisitos formales, que por lo menos dar\u00edan lugar a la inadmisi\u00f3n del escrito inicial. Ellos son, a saber: <\/p>\n
3.1. No se especific\u00f3 cu\u00e1l fue la causal por la que se decret\u00f3 el divorcio, necesaria para establecer la conformidad de la decisi\u00f3n for\u00e1nea con lo estatuido por el legislador civil en el orden jur\u00eddico interno. <\/p>\n
3.2. No se alleg\u00f3 el registro civil de nacimiento de la contrayente, en raz\u00f3n a que la oportunidad probatoria para adjuntar documentos de parte del accionante, en virtud de lo contemplado en los art\u00edculos 78-10 y 173, inciso segundo del C\u00f3digo General del Proceso, es con la presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
3.3 No se aport\u00f3 prueba de la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, record\u00e1ndose que seg\u00fan los art\u00edculos 78-10 y 173-2 de la nueva codificaci\u00f3n procesal, no es posible decretar pruebas que pudieron haberse obtenido directamente por el interesado mediante el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Puesto que, como la reciprocidad es un presupuesto neur\u00e1lgico del exequ\u00e1tur, su demostraci\u00f3n constituye carga del interesado4, por lo que el fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico de la demanda debe contener alusi\u00f3n sobre el particular, en la cual se sustente la existencia de correspondencia jur\u00eddica de orden diplom\u00e1tico o la subsidiaria de car\u00e1cter legislativo. Trat\u00e1ndose de la reciprocidad legislativa, se deber\u00e1 allegar la prueba id\u00f3nea de la ley extranjera en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en los art\u00edculos 606 y 607 ib\u00eddem, el Despacho, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO.- RECHAZAR la demanda mediante la cual se pretende el exequ\u00e1tur de la mencionada sentencia. <\/p>\n
SEGUNDO.- Devolver, por Secretar\u00eda, los anexos al demandante, sin necesidad de desglose. <\/p>\n
TERCERO.- Reconocer personer\u00eda al abogado Miguel Humberto Ram\u00edrez Montoya, en los t\u00e9rminos y para los efectos del poder a \u00e9l conferido. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Anexo 0001 Demanda; expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 CSJ, AC3779 de 14 junio de 2017. \u2013 CSJ, AC1899 de 15 de mayo de 2018. \u2013 CSJ, AC1286 de 9 de abril de 2019. \u2013 CSJ AC5145 de 3 de diciembre de 2019. <\/p>\n
3\u0002 CSJ, AC 2940 de 16 de mayo de 2016. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. SC 15495 de 11 de noviembre de 2015. <\/p>\n
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