AC4989-2021 (2021-03609-00)<\/p>\n
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AC4989-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03609-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de La Virginia y Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio para conocer la acci\u00f3n popular promovida por Augusto Becerra Largo contra Bancolombia S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor acudi\u00f3 ante el primer despacho en procura de que se ordene a la entidad financiera disponer, en su establecimiento de comercio situado en la \u00abcalle 37 B # 19 -83\/Villavicencio Meta\u00bb, un ba\u00f1o p\u00fablico apto para ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas. <\/p>\n
2. En prove\u00eddo de 23 de marzo de 2021, la autoridad escogida admiti\u00f3 la demanda, corri\u00f3 traslado y orden\u00f3 notificar a la convocada y al Ministerio P\u00fablico, as\u00ed como a la Alcald\u00eda de Villavicencio, am\u00e9n de realizar la publicaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998 y oficiar a los juzgados civiles del circuito de esa capital para que informaran si ya tramitaban otra acci\u00f3n igual. <\/p>\n
Sin embargo, el 22 de abril siguiente anul\u00f3 todo lo actuado y rechaz\u00f3 el libelo por falta de competencia, pues en La Virginia no est\u00e1 \u00abel domicilio principal de la entidad bancaria y tampoco es el territorio donde se est\u00e1 produciendo la presunta vulneraci\u00f3n\u2026Conclusi\u00f3n a la que se arriba luego de haber accedido a la base de datos publicada por la Superintendencia Financiera, y evidenciado que el domicilio principal de la accionada corresponde a Villavicencio Meta\u00bb, a cuyos funcionarios remiti\u00f3 las diligencias; decisi\u00f3n que no repuso el 18 de junio siguiente. <\/p>\n
4. El estrado receptor tambi\u00e9n repeli\u00f3 la controversia, al advertir que su predecesora ya hab\u00eda avocado conocimiento y que, por lo tanto, no pod\u00eda deprenderse por iniciativa propia, en virtud del principio de la jurisdicci\u00f3n perpetua y conforme precedentes de esta Sala en casos an\u00e1logos. En consecuencia, suscit\u00f3 el conflicto y envi\u00f3 el expediente para que esta sede lo resuelva (20 sept. 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre juzgados de diferentes distritos judiciales, le corresponde a esta Corte resolverla en Sala Unitaria, como superior funcional com\u00fan, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
Esta disposici\u00f3n se complementa con el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 28 del Estatuto Procesal Civil vigente, para concluir que, si la accionada es una persona jur\u00eddica, por regla general es \u00abcompetente el juez de su domicilio principal\u00bb, pero cuando los hechos endilgados est\u00e9n vinculados a una \u00absucursal o agencia\u00bb, tendr\u00e1n atribuci\u00f3n, a prevenci\u00f3n, el juez de aqu\u00e9l y el de \u00e9stas, regla aplicable por virtud de la remisi\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 44 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
Cabe relievar que esa misma norma otorga al actor popular la posibilidad de optar entre los fueros concurrentes all\u00ed previstos, voluntad que como lo ha advertido esta Sala resulta vinculante para el juez ante quien se concreta esa elecci\u00f3n, siempre que se ajuste cabalmente a las prenotadas pautas (cfr. CSJ AC3261-2018, reiterada en AC2957-2021). <\/p>\n
En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia del sentenciador y \u00e9ste inadvierte esa situaci\u00f3n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci\u00f3n, el enjuiciado ser\u00e1 el \u00fanico facultado para discutir el tema a trav\u00e9s de los mecanismos procesales a su disposici\u00f3n; en caso contrario, la competencia permanecer\u00e1 inalterable, a menos que se materialice uno de los supuestos que contempla la legislaci\u00f3n adjetiva (cfr. arts. 16, 27 y 29 CGP); todo ello en virtud de la regla de \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb que le impide al juzgador separarse inopinadamente de los asuntos a su cargo, so pena de desatender los principios de celeridad, prevalencia del derecho sustancial, preclusi\u00f3n, entre otros. <\/p>\n
3. Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci\u00f3n del Juzgado de La Virginia al desligarse de una acci\u00f3n constitucional que sin reparo alguno asumi\u00f3 (23 mar. 2021), muy a pesar de las numerosas anomal\u00edas que con posterioridad descubri\u00f3 en la asignaci\u00f3n de competencia por parte de su promotor (22 ab. 2021), ninguna de las cuales acompasa con factores funcionales o subjetivos que avalaran tal proceder y, menos a\u00fan, han merecido reproche alguno por la sociedad accionada, cuya vinculaci\u00f3n, preciso es advertirlo, a\u00fan no se ha realizado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, sin necesidad de argumentos adicionales, se dispondr\u00e1 el retorno inmediato de las diligencias al estrado que se asignaron en un comienzo para que contin\u00fae adelantando su tr\u00e1mite. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia es el competente para seguir conociendo del tr\u00e1mite en referencia. <\/p>\n
Segundo: Remitir el expediente al citado juzgado e informar lo decidido al otro estrado involucrado en el conflicto. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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